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La «utilidad pública», la clave para que el Gobierno blinde los indultos a los líderes del procés

La «utilidad pública», la clave para que el Gobierno blinde los indultos a los líderes del procés

La medida de gracia será revisada por la Sala Tercera del Supremo, que tendrá que decidir quién está legitimado para recurrir y si la medida está justificada o es arbitraria.

El camino del indulto a los líderes del procés empieza y termina en el Tribunal Supremo, pero no en la misma Sala. Los magistrados que juzgaron y condenaron por sedición, desobediencia y malversación a 12 de los dirigentes que protagonizaron la intentona independentista de octubre de 2017 ya han manifestado de forma unánime su rechazo a la concesión de la medida de gracia, pero serán otros magistrados, los de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, los que tendrán que valorar si el acto del Ejecutivo es legal o debe ser revocado.

El Gobierno no tiene ninguna duda de que los indultos son la única forma de intentar solucionar los problemas de convivencia que el procés lleva años provocando en la sociedad catalana. Este mismo viernes, la vicepresidenta Carmen Calvo ha defendido -en contra de las voces críticas que se han alzado en algunos sectores del PSOE, como las de Felipe González o Alfonso Guerra- que se trata de «un instrumento legítimo, legal, constitucional y democrático» y que la decisión final ya no está en el terreno de la justicia, sino en el de la política.

El paso, por tanto, tendrá que darlo en las próximas semanas el Consejo de Ministros, que aprobará los decretos de indulto a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Fuentes ministeriales consultadas por laSexta señalan que se está trabajando en un expediente individual para cada uno de los 12 condenados que resolverá todas las peticiones de indulto que se han registrado. Y son varias.

El indulto no ha sido solicitado personalmente por ninguno de los afectados, sino por partidos políticos como la Lliga Democrática, abogados penalistas, particulares y un grupo de reclusos de la cárcel de Lledoners, en la que permanecen los dirigentes varones que fueron condenados por el Supremo. El sindicato UGT también ha reclamado el perdón para la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa; los expresidentes del Parlament de Catalunya Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol, lo han pedido para su homóloga Carme Forcadell, y la Fundació Catalana de l’Esplai lo ha hecho para Jordi Turull.

«Todas estas peticiones se aunarán en un solo expediente para cada persona», explican desde el Ministerio de Justicia, de forma que el Gobierno motivará de forma individualizada las razones que, a su juicio, existen para conceder la medida de gracia a los condenados. A pesar de que el Supremo habló de «autoindulto» por el hecho de que «algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno», lo cierto es que la mayoría de los beneficiarios pertenecen a Junts per Catalunya y el PdeCat, partidos que no han apoyado las principales decisiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado en esta legislatura. Es el caso de Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez, Meritxell Borràs y Santi Vila, a los que hay que sumar al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que no pertenece a ninguna formación. Otros cinco de los condenados sí militan en ERC, que apoyó los presupuestos del Gobierno: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Carles Mundó.

¿Quién recurrirá y quién decidirá?

Los decretos del Gobierno mencionarán los informes preceptivos pero no vinculantes que han presentado la Fiscalía y el Tribunal Supremo y que en ambos casos rechazan los indultos tras constatar que los presos del procés no han manifestado su «arrepentimiento» por los hechos acaecidos en octubre de 2017, una circunstancia que, según la ley, no constituye un requisito indispensable para su concesión sino que únicamente tiene que hacerse «constar» si se hubiera producido.

Una vez que los indultos se aprueben por el Gobierno y sean publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la rúbrica del rey Felipe VI, se abrirá la posibilidad de que sean recurridos ante la Sala Tercera del Supremo, que ha revocado en los últimos años varios indultos que no se ajustaban a la legalidad, como el del banquero Alfredo Sáenz o el de una mujer maltratada que incumplió los requisitos de custodia de sus hijos. El caso más llamativo fue el de un conductor kamikaze que fue indultado tras ser condenado a 13 años de cárcel por haber causado un accidente en Valencia en el que murió un joven de 25 años. El Supremo consideró que ese indulto había sido «arbitrario» por su falta de motivación.

En el caso de los condenados por el procés, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tendrá que decidir primero quién está legitimado para poder recurrir los indultos. La mayoría de los expertos consultados por laSexta consideran que la Fiscalía y Vox podrían hacerlo porque la jurisprudencia contempla esta posibilidad para quien haya ejercido la acusación en la causa en la que los beneficiarios del indulto fueron condenados, pero existen muchas dudas acerca de la legitimación de otros partidos, asociaciones o particulares que no hayan participado en el proceso judicial previo. Sería el caso del Partido Popular (PP) y Ciudadanos, que también han manifestado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo si el Gobierno finalmente acuerda los indultos.

para validar el indulto se tiene que determinar que no ha sido arbitrario»

«Lo primero a analizar es la legitimación del partido, y luego todo lo demás», explica una fuente del Tribunal Supremo, que señala que lo que tendrán que valorar los integrantes de la Sala Tercera es «si se ha seguido el procedimiento y los trámites» establecidos por la Ley de Indulto para la concesión de esta medida y si está «motivada y justificada suficientemente». En resumen, «para validar el indulto se tiene que determinar que no ha sido arbitrario».

Otra cuestión crucial será si el asunto es decidido por una sección de la Sala Tercera o el asunto se avoca al Pleno, como ocurrió en noviembre de 2018, cuando la decisión inicial sobre el pago del impuesto de las hipotecas que había acordado una sección que dio la razón a los consumidores fue revisada por todos los integrantes de la Sala, que tras dos días de maratonianas reuniones acabaron fallando a favor de la banca.

Las razones de «utilidad pública» del Gobierno

La ley establece tres criterios a la hora de valorar la motivación de un indulto: que existan razones de justicia, de equidad o de conveniencia o utilidad pública. Las dos primeras, explican fuentes jurídicas, «se justifican cuando existe una convicción por parte del legislador de la necesidad de suavizar los preceptos del Código Penal que se aplicaron al caso analizado». El Gobierno, precisamente, ha planteado la reforma a la baja de los tipos penales de rebelión y sedición, pero su aprobación en las Cortes sería más lenta que el indulto y requeriría de la negociación con los grupos parlamentarios. La tercera vía, la de la «conveniencia pública», es la que podría blindar el indulto ante el Tribunal Supremo, según estas fuentes.

Y en esa clave es en la que se centrarán los esfuerzos del Gobierno en las próximas semanas para tratar de convencer a la opinión pública de la necesidad de conceder los indultos, tal y como ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió esta semana en el Congreso que «hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia». En esa línea sumó sus esfuerzos el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que comparó el rechazo que están suscitando los indultos con el que en su día provocaron la aprobación del matrimonio homosexual o las conversaciones para lograr el final de ETA. «La democracia debe tener la iniciativa. ¿Qué queremos, volver a 2017?».

referencia:
www.lasexta.com

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