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¿Se puede grabar a un policía durante una actuación policial?

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La fuerza de las imágenes en casos de abuso policial

El Constitucional anuló la censura previa de material audiovisual contemplado en la ‘ley mordaza

La fuerza de las imágenes en casos de abuso policial

Las imágenes tomadas en directo sobre presuntos abusos policiales —como las de la ‘patada en la puerta’ al piso de la calle Lagasca de Madrid donde se celebraba una fiesta— son un material de indiscutible valor para el mejor conocimiento de los hechos y para valorar su legalidad. En algunos casos, este tipo de grabaciones han resultado determinantes para establecer si una determinada actuación de los agentes ha podido ser irregular o incluso delictiva. De ahí que, en diversas etapas —en España, por ejemplo, por medio de la Ley de Seguridad Ciudadana— se haya pretendido obstaculizar o impedir su obtención y su difusión.

El artículo 36.23 de la conocida como ley mordaza estableció como falta grave “el uso no autorizado de imágenes” de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pudieran poner en peligro su seguridad personal “o en riesgo el éxito de una operación”. Este precepto fue anulado por el Constitucional en noviembre tras una deliberación sobre la que influyeron decisivamente las grabaciones de la muerte del ciudadano norteamericano George Floyd a manos de policías en la ciudad de Minneapolis. Aquellas imágenes conmovieron a millones de personas, generaron una oleada de protestas en Estados Unidos y en ciudades de todo el mundo, y están siendo ahora trascendentales en el juicio en curso sobre unos hechos calificados como asesinato.

Al abordar el valor de las grabaciones de presuntos abusos policiales, la sentencia del Constitucional sobre la ley mordaza subrayaba la relevancia de la libertad de información en una sociedad democrática, y la trascendencia que para el debate público puede tener la existencia de materiales que recojan el desarrollo de episodios controvertidos. En el mismo sentido consideró que la toma de determinadas imágenes —no ya por profesionales de la información, sino por ciudadanos comunes— puede constituir una aportación relevante para el proceso de formación de opinión sobre un episodio concreto.

Sin duda, en el caso del asalto policial al piso de la calle Lagasca, las imágenes del uso del ariete policial empleado para derribar la puerta han constituido un factor de especial relevancia para el mejor conocimiento de los hechos. La posibilidad de la irrupción de agentes en una vivienda, tras hacer saltar la puerta de acceso sin autorización judicial y sin constancia de la comisión de un delito flagrante en el interior, queda descrita en esa secuencia con toda la objetividad que trasladan las propias imágenes.

La prosa administrativa del atestado policial palidece frente a la fuerza de los impactos del ariete, junto a las voces de la Policía pidiendo a cualquiera que pudiese hallarse tras la puerta que cambiara de ubicación, todo ello seguido del estallido de cerradura y marco. Ahora bien, llama la atención que en dicho atestado figura que lo primero que hicieron los agentes tras cruzar el umbral, fue reparar en que estaban siendo grabados, a lo que respondieron con advertencias sobre las responsabilidades añadidas en que podrían incurrir los presentes por el uso que dieran a tales imágenes, todo ello —dijeron— precisamente con arreglo a lo dispuesto en la ley de Seguridad Ciudadana.

El relato de dicho atestado deja constancia, tras el derribo de la puerta, de que “la ahora detenida Alexia ha grabado la intervención policial desde dentro del inmueble”. Y añade que se le dijo que “se abstuviera de difundir dichas imágenes en redes sociales u otros medio de comunicación”, por cuanto “dicha difusión podría dar lugar a una infracción grave de la ley orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana”. También se le precisa que se le había permitido grabar lo ocurrido “a los solos efectos de, si considera que existe una actuación abusiva por parte de los funcionarios, poder aportarla al juez como medio de prueba”.

Las imágenes, en definitiva, pudieron obtenerse y difundirse porque el Constitucional había considerado lesivo para el derecho a la información el inciso por el que la ley mordaza consideraba falta grave el “uso no autorizado” de este tipo de material. A partir de ese fallo, la Policía dejó de tener la posibilidad de impedir la grabación de actuaciones presuntamente abusivas de sus agentes, que en este caso se difundieron además ampliamente.

Excluido el aval a prácticas de censura previa, lo que el tribunal de garantías estableció es que para exigir hipotéticas responsabilidades a posteriori por la difusión de unas determinadas imágenes, había que sopesar “los elementos de cada caso singular”. Obviamente, no es lo mismo publicar imágenes de unos supuestos malos tratos, por ejemplo, que otras en que se muestren los rostros de policías infiltrados en una organización criminal en una operación destinada a desmantelarla. Para el tribunal, lo esencial es que se tuviera siempre en cuenta el “principio de proporcionalidad”, para sopesar tanto los factores que aumenten “como los que reduzcan la necesidad de protección del derecho a la información”. En el bien entendido de que para ello es preciso “el examen de qué relevancia pública tiene la difusión de esas imágenes o datos, atendiendo a las circunstancias fácticas y en particular a la presencia o no de un suficiente interés general en conocer esas imágenes o datos”.

En su fallo sobre la ley mordaza, el Constitucional se planteó, por tanto, el problema de la grabación de actuaciones policiales como un caso de “colisión entre la necesidad de asegurar el normal desenvolvimiento y eficacia de la acción policial” y el “derecho de los ciudadanos a difundir imágenes o datos que, afectando a las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, consideren relevantes para el interés general”. Añadía que la cuestión “adquiere mayor trascendencia, si cabe, en una sociedad en la que se han multiplicado las posibilidades de captación —vía telefonía móvil— y difusión —redes sociales— de información —imágenes y datos— de toda clase”.

La sentencia estableció que la protección de la libertad de información abarca no solo la esencia de las ideas, sino también “la forma en que se transmiten”. El argumento se completó diciendo que esa labor de amparo “alcanza a internet, dada su capacidad para conservar y difundir gran cantidad de datos e informaciones, lo que contribuye a mejorar el acceso del público a las noticias y la difusión de información en general”.

La conclusión del tribunal de garantías fue que la Constitución prohíbe que la libertad de información se pueda restringir mediante algún tipo de censura previa, es decir, por el “sometimiento a un previo examen” de “determinado material”, para conceder “el plácet a la publicación”. La prohibición de este tipo de conducta —dejó establecido el fallo— debe extenderse “a cuantas medidas pueda adoptar el poder público que no solo impidan o prohíban abiertamente la difusión de cierta opinión o información, sino cualquier otra que simplemente restrinja o pueda tener un indeseable efecto disuasor sobre el ejercicio de tales libertades”.

Un juez de Pamplona considera que un ciudadano no puede subir en directo a las redes sociales una actuación policial

Un juez de Pamplona considera que un ciudadano puede grabar con su móvil una intervención policial como…

Un juez de Pamplona considera que un ciudadano no puede subir en directo a las redes sociales una actuación policial

El procesado, que incumplía las restricciones impuestas por la Covid-19, increpó a los policías que iban a sancionarle y grabó

PAMPLONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) –

Un juez de Pamplona considera que un ciudadano puede grabar con su móvil una intervención policial como garantía para evitar un posible abuso de autoridad, pero en cambio sostiene que no puede subir en directo a las redes sociales esa misma acción puesto que ello supone «una exposición mediática sin motivo alguno» de los agentes intervinientes.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona condena a un acusado a 3 meses de prisión por un delito de resistencia con la concurrencia de la atenuante de embriaguez, así como a indemnizar a una agente de la Policía Municipal con 125,28 euros.

El juez explica que «la grabación no era en ese momento una garantía para evitar un posible abuso policial sino una exposición mediática sin motivo alguno de los agentes actuantes y, más en concreto, de la agente a la que el acusado grabó de cerca y cuya identidad puede correr como la pólvora por las redes sociales sin motivo para ello».

Todo ello hace, según la sentencia, que la orden de dejar de grabar no sea arbitraria, supuesto que sí que hubiera ocurrido si el inculpado se hubiera limitado a grabar la actuación sin hacer mención a su divulgación en las redes sociales y si su conducta no hubiera sido violenta con insultos a los agentes actuantes.

«Por lo tanto, insistimos, la conducta del acusado hubiera sido conforme a la normativa administrativa antes referida si se hubiera limitado a grabar la actuación policial para prevenir cualquier posible abuso policial», reitera el magistrado.

Sobre las 23.30 horas del 7 de noviembre del pasado año, el acusado, J.P.B., se encontraba con un grupo de personas tomando cervezas en la confluencia entre la calle Erletokieta y la avenida de Zaragoza de Pamplona. Por el lugar patrullaban agentes de la Policía Municipal que, al observar la situación, se acercaron a identificar a los participantes y proceder a sancionarlos administrativamente.

El inculpado comenzó a grabar la intervención policial con su teléfono móvil al tiempo que increpaba los agentes y les decía que iba a subir la actuación a las redes sociales. Ante esta circunstancia, los policías le separaron del resto del grupo para identificarlo, lo que fue aprovechado por él «para grabar con su móvil de cerca a una agente de la Policía Municipal, quien le requirió para que se apartara de ella y dejara de grabarla».

«Al hacer caso omiso a la agente, ésta le pidió el teléfono, comprobó que se encontraba grabando un vídeo, detuvo la grabación y se lo devolvió al acusado», recoge la sentencia, que añade que el encausado, en ese momento, «propinó un fuerte empujón a la agente en el pecho», por lo que tuvo que ser reducido por los policías actuantes. La víctima sufrió un traumatismo ungueal y dolor en la región cubital de la mano derecha. Requirió una primera asistencia facultativa y se recuperó en cuatro días.

En el juicio, el Ministerio Fiscal solicitó una pena de 21 meses de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad y una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones, así como una indemnización de 125,28 euros para la agente agredida. La defensa, por su parte, reclamó la absolución.

En la sentencia, el magistrado considera que el acometimiento violento, el empujón en el pecho que provocó la caída al suelo de la agente, «no tuvo carácter grave, pues afortunadamente ninguna lesión sufrió la perjudicada, por lo que estamos en sede de delito menos grave de resistencia» y, por tanto, no de atentado.

Tampoco considera el juez que las lesiones sufridas fueran consecuencia de la acción violenta del procesado, sino que las mismas fueron causadas en su posterior detención, por lo que decreta la absolución del delito leve de lesiones imputado, ha informado el TSJN.

Una vez determinado el delito, el juez analiza profusamente «por su importancia» la «importante cuestión» planteada por la defensa de si la acción de la agente, al retirar el teléfono móvil de su cliente, tiene soporte legal, ya que, a su entender, ella se excedió en sus funciones. En ese supuesto, siempre según la defensa, la reacción posterior del inculpado no constituiría delito de atentado, ni tampoco de resistencia, puesto que los hechos no serían punibles.

Al respecto, el magistrado deslinda la conducta imputada de la labor desarrollada por los medios de comunicación cuando graban intervenciones policiales, puesto que éstos están ejerciendo el derecho a la información.

El juez estima que un particular puede grabar una actuación policial como «una posible garantía en aras a evitar o poder alertar de algún abuso policial, pero con los límites fijados en la normativa reguladora».

«Sin embargo, prosigue el magistrado, lo que no se puede hacer es un ulterior uso irregular de los datos o imágenes, auténtico elemento objeto de discusión como veremos pues la referencia a la incorporación inmediata de la grabación a las redes sociales puede, en determinadas situaciones como en este caso, constituir un uso irregular de las imágenes», sostiene el magistrado.

En cuanto al hecho en sí de las grabaciones en las actuaciones policiales, el juez apunta que existe una corriente que aboga por que sean los propios agentes quienes graben, por sí o por dispositivos incorporados a su uniforme o a sus vehículos, las actuaciones practicadas, así como por la colocación de sistemas de grabación en las dependencias comunes de las distintas comisarías.

Desde luego, argumenta el magistrado, sería «una práctica sana» que serviría de garantía tanto para los agentes como para los ciudadanos y, de hecho, las pistolas táser (eléctricas) llevan la cámara incorporada para cuando entran en funcionamiento.

Respecto al caso concreto, el juez señala un hecho indiscutido: el procesado comenzó a grabar la actuación policial y la agente actuante le requirió para que dejara de hacerlo.

«Y ahora llega un dato de suma importancia apuntado por la agente, pues ha incidido en que el acusado, mientras grababa, le informaba de que estaba subiendo la grabación a las redes sociales», destaca el magistrado, que añade que esta conducta, como señala una sentencia del Tribunal Constitucional citada por él en sus fundamentos, «podría constituir un uso irregular de los datos o imágenes captadas».

Es decir, concluye el juez, puede ser discutible la petición de cese en la grabación de la agente al ciudadano, pues se puede considerar que pensó erróneamente que se ponía en peligro su seguridad en la actuación al subirla a las redes sociales, pero la inicial intervención policial fue totalmente conforme a derecho al infringir el acusado la normativa sanitaria.

«Así, la orden de cese de la grabación por la agente y la toma del terminal para la finalización de la misma, inmediatamente seguido de la devolución del teléfono a su propietario, puede ser una acción discutible para la defensa (no para este juzgador), pero ello no ampara el dato del violento empujón que llevó al suelo a la agente que en ningún momento puede ser asestado por quien está inmerso en una legítima actuación policial que él mismo y sus amigos han provocado (extremo que como hemos reiterado no ha sido discutido)», razona el juez, que da por acreditado el delito de resistencia.

referencia:
elpais.com
www.europapress.es

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