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El Real Decreto-ley 36/2020: un Decreto para la recuperación de España

El Real Decreto-ley 36/2020: ¿una revolución en las ayudas y los contratos públicos?

Una nota en relación con el Real Decreto-ley 36/2020: ¿una revolución en las ayudas y los contratos públicos?

El Real Decreto-ley 36/2020: ¿una revolución en las ayudas y los contratos públicos?

El 31 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RDL 36/2020).Debido a la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), que implicará una dotación para España de en torno a unos 140.000 millones de euros, las Administraciones públicas adquirirán un papel protagonista en el impulso, seguimiento y control de los proyectos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, y para la necesaria absorción de los Fondos europeos derivados del Instrumento Europeo de Recuperación. Esta absorción será el reflejo del éxito de la ejecución de dicho Plan con las correspondientes transferencias de ingresos al presupuesto nacional.Consecuentemente, nuestro país se enfrenta a un reto que involucrará tanto al sector público como al privado en lo relativo a la necesidad de desarrollar proyectos cumpliendo una serie de requisitos, hitos y objetivos en un corto periodo de tiempo, en el que, sin embargo, se canalizarán grandes inversiones. Por lo tanto, dado que las Administraciones públicas deberán jugar un papel clave en la justificación relativa a la solicitud de reembolsos y absorción de fondos europeos se precisa la adopción de medidas que permitan contar con una Administración ágil que responda eficientemente a los retos planteados por el Instrumento Europeo de Recuperación.

1.1 Se recupera la figura de las agencias estatales como organismos públicos superando así su supresión formal por la Ley 40/2015, en la medida en que se trata de un tipo organizativo dotado de gran autonomía y flexibilidad de gestión dirigido al cumplimiento de una serie de objetivos prefijados de forma eficiente. 1.2 Por otro lado, se simplifica la tramitación de los convenios administrativos tras la incorporación, por medio de la Ley 40/2015 de excesivos trámites preceptivos, que condicionaron su eficacia para la cooperación entre Administraciones y sujetos del sector privado. Para ello, se eliminan determinadas diligencias que no afectan a los mecanismos de control de los convenios, se reducen los plazos para la emisión de informes preceptivos y se determina su eficacia desde el consentimiento de ambas partes. Asimismo, se admite la tramitación hasta la fase de formalización de convenios a ejecutarse en ejercicios posteriores y se alarga su duración máxima, adaptándola así a los requerimientos de los proyectos del Instrumento Europeo de Recuperación.

2.1 Por otro lado, se introducen los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES) como nueva forma de colaboración público-privada. Esta figura, pese a su vocación de permanencia, destacará en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con ella, se pretenden reforzar los proyectos estratégicos con potencial de arrastre para el resto de la economía incluidos en dicho Plan y que contribuyan al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad. Adicionalmente, se prevé la creación de un registro de entidades interesadas en los PERTES para articular dichos proyectos estratégicos.

3.1 Para garantizar la eficacia del Plan y que el mismo cuente con instrumentos de ejecución y de control ágiles, se crean cinco nuevos órganos de gobernanza que garantizarán la transparencia y coherencia de las actuaciones relacionadas con el mismo, garantizándose así un proceso participativo para la incorporación de principales agentes económicos, sociales y políticos y los necesarios mecanismos de coordinación con los distintos niveles de administración. 3.2 En particular, se crea la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, presidida por el Presidente del Gobierno y de rango ministerial en la gran mayoría de sus miembros, que ostentará las competencias en relación con la política económica del Gobierno, sin perjuicio de aquellas otras competencias que correspondan al Consejo de Ministros.

4.1 Se recogen las especialidades de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, se flexibilizan las reglas de gestión de gasto previstas para los fondos procedentes del Plan de Recuperación que deban transferirse a las CCAA.4.2 Se adapta la normativa reguladora de la función interventora de aquellos expedientes adscritos al Plan para agilizar su tramitación. Se garantiza además la prioridad de dichos expedientes sobre cualquier otro, estableciéndose un plazo de cinco días para el pronunciamiento del órgano de control. Si no pudieran cumplirse dichos plazos, deberán adoptarse las medidas necesarias por la Intervención General de la Administración del Estado para asegurar dichos plazos, previéndose incluso técnicas de muestreo para la fiscalización e intervención previa de los expedientes.

5.1 Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia prevista en la Ley 50/1997, 27 de noviembre, del Gobierno para la elaboración de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos en el ámbito de la Administración General del Estado y se declara la tramitación urgente de todos aquellos procedimientos administrativos vinculados a los fondos recogidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto-ley. 5.2 Asimismo, se prevé una reducción de plazos para la suscripción de convenios con la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados en lo relativo a la emisión de informes recogidos en la Ley 40/2015.

6.1 Se prevé la tramitación urgente y consiguiente reducción de plazos de aquellos contratos financiados con fondos percibidos por España en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado. Asimismo, se promueve también la elaboración de pliegos-tipo que incorporen criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de responsabilidad social que se consideren necesario para facilitar la tramitación de los órganos gestores y se revisa el régimen de autorizaciones e informes para simplificar el procedimiento de contratación y se modifican los plazos para la interposición y pronunciamiento en el recurso especial en materia de contratación para agilizar su resolución.Se posibilita que las entidades contratantes ejecuten directamente las prestaciones de los contratos en cuestión con medios propios a cambio de las tarifas establecidas legalmente y se flexibiliza tanto el régimen de autorizaciones como las posibilidades de subcontratación en estos supuestos.6.2 Por otro lado, se prevé el otorgamiento de subvenciones de concurrencia no competitiva con cargo al Fondo de Recuperación para financiar actuaciones que no requieran de valoraciones comparativas con otros proyectos, lo que conllevará que se dicten resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes una vez comprobados los requisitos exigidos, hasta agotar los presupuestos asociados a cada convocatoria. También se simplifica la documentación a enviar por los solicitantes de subvenciones para justificar la aplicación de las mismas.No será exigible la autorización del Consejo de Ministros prevista en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para las subvenciones financiables con fondos europeos de cuantía superior a 12 millones de euros.6.3 En materia de evaluación ambiental, se introduce una reducción de plazos de resolución del órgano ambiental así como de determinados trámites relativos al órgano sustantivo en el ámbito de la Administración General del Estado para aquellos proyectos que permitan impulsar la reactivación económica, especialmente en el marco de los planes de inversión en las áreas de las tecnologías limpias, el uso de energías renovables y de eficiencia energética del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.El RDL 36/2020 crea dos fondos carentes de personalidad jurídica (FCPJ) en materia ambiental y energética (mediante la modificación de las Leyes 42/2007 y 2/2011 respectivamente): el Fondo de restauración ecológica y resiliencia (FRER) que financiará medidas en materia de aguas, costas, cambio climático y economía circular, entre otras; y el Fondo de carbono para una economía sostenible» (FES-CO2), centrado en la generación de actividad económica relacionada con la descarbonización. El FES-CO2 apoyará proyectos emblemáticos de desarrollo tecnológico con un potencial significativo para la descarbonización del sector de generación eléctrica o de la industria. Los términos de la financiación, que podrá incluir subvenciones, se desarrollarán reglamentariamente.

7.1 Finalmente, se regulan las Agrupaciones para la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas para actividades vinculadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución de dicho Plan, en el que los miembros tendrán de manera conjunta la consideración de beneficiarios de la subvención, y serán responsables solidariamente de las obligaciones contraídas; y se incorpora un régimen especial de los consorcios para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que no requerirán la autorización legal exigida por la Ley 40/2015, sino informe favorable del Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE.

Por fin se ha publicado en el BOE del 31 de diciembre el Real Decreto-Ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la ..

REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE.

Por fin se ha publicado en el BOE del 31 de diciembre el Real Decreto-Ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

En lo que a contratación pública se refiere, el Real Decreto-Ley no modifica directamente la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, sino que excepcionará la aplicación de la normativa de contratación en aquellos proyectos financiados a través del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación de la UE, con los llamados fondos next generation UE.

El presente Real Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado: 1 de enero de 2021.

El Capítulo III del Título IV está dedicado a las especialidades en materia de contratación administrativa.

Se dispone que a todos los contratos financiados con los Fondos percibidos por el Reino de España en el marco del plan de recuperación les sea de aplicación el régimen excepcional de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización del procedimiento.

Artículo 49. Autorización para contratar

Los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia quedan excepcionados del requisito de la autorización para contratar prevista en el artículo 324 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Artículo 50. Tramitación de urgencia

1. Al licitar los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los órganos de contratación deberán examinar si la situación de urgencia impide la tramitación ordinaria de los procedimientos de licitación, procediendo aplicar la tramitación urgente del expediente prevista en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En aquellos casos en los que los órganos de contratación justifiquen el recurso a la tramitación urgente, las siguientes especialidades podrán ser de aplicación:

a) Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto podrán reducirse hasta la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que los órganos de contratación podrán reducir hasta un mínimo de quince días naturales contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.

b) Se mantendrán sin cambios los plazos establecidos en el artículo 159 apartados 3 y 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, respecto a la tramitación del procedimiento abierto simplificado ordinario, de conformidad con lo señalado en el apartado 5 de dicho artículo, excepto el plazo de presentación de proposiciones que será de un máximo de quince días naturales en todos los casos. Asimismo, en los supuestos en que se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a cuatro días naturales, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.

c) El plazo establecido en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para la presentación de proposiciones será de un máximo de ocho días naturales. No obstante, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de cinco días naturales.

d) Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento restringido y del procedimiento de licitación con negociación podrán reducirse hasta la mitad por exceso; salvo el plazo de presentación de solicitudes, que los órganos de contratación podrán reducir hasta un mínimo de quince días naturales, y el de presentación de las proposiciones que en ningún caso será inferior a diez días naturales.

e) La aplicación de las reducciones de plazos contempladas en los apartados a) y d) anteriores a los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada requerirá que en el expediente se incluya la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada, motivación que deberá ser incluida igualmente en el anuncio de licitación. Dichas reducciones de plazos no se aplicarán en la adjudicación de los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios sujetos a regulación armonizada cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado, no siendo los plazos a que se refieren dichos apartados, en estos contratos, susceptibles de reducción alguna.

2. Los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en todo caso gozarán de preferencia para su despacho sobre cualquier otro contrato por los distintos órganos que intervengan en su tramitación. Asimismo, los plazos para emitir los respectivos informes quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna de este plazo.

Se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado, de modo que resulten aplicables a un mayor número de contratos, lo que permitirá la agilización en su tramitación.

Artículo 51. Procedimiento abierto simplificado abreviado

A los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros y a los contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior a 100.000 € que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, les podrá ser de aplicación la tramitación prevista en el apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Artículo 52. Procedimiento abierto simplificado ordinario

En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado ordinario previsto en los apartados 1 a 5del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

Se prevé la ampliación excepcional del plazo de duración de los contratos de suministro y de servicios de carácter energético y se regula el periodo de recuperación de la inversión en los contratos de concesión de obras y de servicios.

Artículo 53. Ampliación del plazo de vigencia de los contratos.

Excepcionalmente, en los contratos de suministro y de servicios de carácter energético se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, con un máximo de diez años, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación.

Artículo 56. Contratos de concesión de obras y de servicios.

En los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios que se financien con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el período de recuperación de la inversión a que se refiere el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, será calculado de acuerdo con lo previsto en dicho artículo así como con lo establecido en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, mediante el descuento de los flujos de caja esperados por el concesionario, si bien la tasa de descuento a aplicar en estos casos será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del estado a treinta años incrementado en un diferencial de hasta 300 puntos básicos.

El instrumento de deuda y el diferencial anteriores que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento podrán ser modificados por Orden de la Ministra de Hacienda previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, para adaptarlo a los plazos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público.

Se promueve la elaboración de pliegos-tipo de cláusulas técnicas y administrativas correspondientes a los contratos a celebrar, incorporando todos los criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de responsabilidad social que se consideren necesarios, con el fin de facilitar su tramitación por los órganos gestores.

Artículo 54. Elaboración de pliegos-tipo de contratación.

Se recoge la posibilidad de que las entidades contratantes ejecuten de manera directa las prestaciones de los contratos en cuestión valiéndose de un medio propio, mediante el correspondiente encargo, a cambio de la tarifa legalmente procedente, flexibilizándose en estos casos el régimen de autorizaciones requerido, así como la posibilidad de subcontratación con terceros.

Artículo 55. Encargos a medios propios.

Para la aplicación de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia los poderes adjudicadores y las entidades contratantes podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obra y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de un medio propio en aplicación de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, previo encargo a éste, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o al artículo 25 del Real Decretoley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, según proceda, no siendo exigible en estos casos la autorización del Consejo de Ministros previa a la suscripción de un encargo prevista en el artículo 32.6.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Se revisa el régimen de autorizaciones e informes a recabar en los procedimientos de contratación, simplificándolo, así como los plazos para la interposición y pronunciamiento en el recurso especial en materia de contratación para agilizar su resolución, al tiempo que se crea una nueva sección en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para reforzar su composición.

Artículo 57. Instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Corresponderá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado resolver las dudas que se puedan plantear sobre la interpretación de las normas sobre contratación

pública de este real decreto-ley. Asimismo, se habilita a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para dictar las Instrucciones que resulten necesarias para coordinar la aplicación de las disposiciones anteriores a fin de la correcta tramitación de los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las cuales serán obligatorias para todos los órganos de contratación del sector público estatal.

Artículo 58. Recurso especial en materia de contratación

En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y siempre que los procedimientos de selección del contratista se hayan tramitado efectivamente de forma electrónica:

a) El órgano de contratación no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación, la resolución de adjudicación del contrato. En este mismo supuesto, el plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación, cuando proceda, será de diez días naturales y se computará en la forma establecida en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

b) El órgano competente para resolver el recurso habrá de pronunciarse expresamente, en el plazo de cinco días hábiles desde la interposición del recurso, sobre la concurrencia de alguna de las causas de inadmisibilidad establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y sobre el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, incluidos los supuestos de suspensión automática.

referencia :
www.ashurst.com
www.infonalia.es

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