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Socorro, la jefa de la primera Unidad postCovid de España: El día que caminan no tiene precio

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Medidas especiales COVID

Medidas especiales COVID

Capítulo 1

Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el Proyecto de Ley que traslada algunos feriados a los lunes, con el fin de reactivar el turismo

El 18 de junio de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente legislativo N° 21.941, que adiciona un transitorio al artículo 148 bis del Código de Trabajo, para trasladar los feriados a los lunes con el fin de promover la visitación interna y el turismo durante los años 2020 y 2021.

Por una única vez, el disfrute del feriado correspondiente a las fechas 25 de julio, 2 de agosto y 15 de agosto del 2020, se trasladará al día lunes inmediato posterior, y el correspondiente a las fechas 15 de setiembre y 1 de diciembre del 2020, al día lunes inmediato anterior. El disfrute del feriado correspondiente a las fechas 11 de abril, 1 de mayo, 25 de julio y 15 de agosto del año 2021 se trasladará al lunes inmediato anterior, y el correspondiente a las fechas 15 de setiembre y 1 de diciembre del 2021 al viernes inmediatamente anterior, todo con el propósito de fomentar la visitación interna y la reactivación económica en todas las regiones del país, particularmente del sector turismo.  

Las actividades oficiales correspondientes a las conmemoraciones referidas para las fechas indicadas cuando así proceda se realizarán el propio día dispuesto.

Por medio de Comunicado de Prensa N° CP-028-2020-MTSS, el Ministerio de Trabajo y Seguridad comunicó la firma de la Directriz MTSS-DMT-CIR-5-2020 que permite a los empleadores a solicitar una extensión en la medida de suspensión del contrato laboral a causa del COVID-19.

La Directriz permitirá a los empleadores a solicitar la extensión del plazo inicial de tres meses hasta por un periodo igual adicional, siempre que se mantenga la afectación en su giro económico. La solicitud debe hacerse de forma virtual a través del formulario disponible en el sitio web del Ministerio, y deberán indicarse que las condiciones económicas de la empresa se mantienen tal como hace tres meses, cuando se realizó la solicitud inicial.

En el caso de las reducciones de jornada laboral, la normativa vigente prevé la extensión del plazo de acuerdo con las necesidades de las empresas, siempre con base en las afectaciones económicas que puedan tener. 

Por medio de resolución N° RES-DGA-270, de la Dirección General de Aduanas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 04 de junio de 2020, se emitió el Protocolo para la realización de audiencias virtuales de regularización y de procedimientos administrativos por medios tecnológicos.

Según indica la Resolución, el protocolo dispone las pautas a seguir para que las audiencias de regularización y las audiencias efectuadas dentro de la tramitación de procedimientos administrativos que actualmente se realizan de forma presencial, se lleven a cabo por medio de la plataforma virtual Microsoft Teams, garantizando los derechos constitucionales y procesales establecidos en la normativa, así como la legitimidad y seguridad de las mismas.

Para estos efectos, los participantes deberán contar con una computadora, dispositivo móvil o Tablet con conexión a Internet, micrófono y cámara. Por su parte, la tramitación del procedimiento administrativo respectivo se desarrollará conforme a la normativa vigente, siendo que el protocolo únicamente adecúa la realización de las audiencias de la modalidad presencial a la modalidad virtual.

Se podrán realizar audiencias presenciales, tanto de oficio o a petición de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado.

El Protocolo entrará a regir a los 10 días hábiles de su publicación en La Gaceta. 

El viernes 29 de mayo, 2020, mediante resolución número MS-DM-4467-2020, el Ministerio de Salud anunció las siguientes medidas sanitarias aplicables del 1 de junio al 19 de junio, 2020:

Según comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, de 26 de mayo, la Dirección General de Aduanas publicó la lista de depositarios aduaneros que se encuentran autorizados para atender el tránsito terrestre de mercancías centroamericanas para importación y exportación, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia por COVID-19.

Estos depositarios, según se indica, recibirán carga terrestre de manera temporal y contarán con áreas delimitadas, claramente identificadas y separadas para clasificar las mercancías, según sean para exportar o importar. Asimismo, deben contar con una constancia de que cumplen con los lineamientos de salud, emitida por la autoridad competente en materia sanitaria.  

Mediante el Decreto Ejecutivo 42353 MGP-H-S, Costa Rica modificó el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo 42238-MP-S del 17 de marzo de 2020, para establecer un programa piloto con Panamá de permitir a los transportistas internacionales trasladar mercancías entre ambos países. Según el decreto, su objetivo es monitorear constantemente a los transportistas internacionales y evitar la propagación de COVID-19. El decreto entró en vigor el 22 de mayo de 2020.

El Decreto Ejecutivo 42353-MGP-S autoriza a los transportistas internacionales a ingresar y salir del territorio nacional de Costa Rica por tierra, aire y mar bajo un protocolo de salud y seguridad que permita que las mercancías se muevan a lugares debidamente autorizados. El decreto permite que los transportistas internacionales terrestres de mercancías ingresen al territorio nacional únicamente por los puestos fronterizos terrestres que tengan la capacidad operativa definida por las autoridades competentes.

Adicionalmente, el decreto autoriza el ingreso de transportistas internacionales que requieran ingresar al país para el tránsito internacional terrestre entre los puertos fronterizos de norte a sur. El decreto también permite el ingreso de personas extranjeras que conduzcan medios de transporte internacional sin mercancía que se encuentren regresando a su país de origen.

Para el caso en el que no se esté efectuando un tránsito internacional, el decreto autoriza el ingreso hasta las instalaciones de uno de los depósitos aduaneros habilitados temporalmente por la Dirección General de Aduanas. Los conductores internacionales que no requieran el uso de depósitos aduaneros podrán ingresar a las zonas aduaneras primarias de Peñas Blancas, Paso Canoas, Las Tablillas y Sixaola para realizar únicamente las operaciones logísticas permitidas por la Dirección General de Aduanas.

En todas las modalidades de ingreso permitidas se emitirá y notificará a las personas extranjeras que formen parte del personal de medios de transporte internacional terrestre de mercancías una orden sanitaria de acatamiento obligatorio, que deberán acatar durante su permanencia en el país, junto con los lineamientos previamente establecidos por el Ministerio de Salud para la prevención del contagio del COVID-19.  

El 22 de mayo, 2020, comenzó a regir el Decreto Ejecutivo 42353-MGP-H-S, en el cual se reforma al artículo 5 del Decreto Ejecutivo 42238-MGP-S del 17 de marzo 2020, denominado “Medidas sanitarias en materia migratoria para prevenir los efectos del COVID-19”. Asimismo, en este decreto se autoriza el ingreso de los transportistas a territorio nacional, bajo un protocolo sanitario que permitirá trasladar las mercancías a lugares debidamente autorizados.

A los transportistas se les permitirá el ingreso bajo la categoría migratoria de No Residentes, subcategoría Personal de medios de transporte internacional de pasajeros y mercancías, previa verificación por parte de las autoridades sanitarias en el puesto fronterizo y hasta por un número de horas que determine la Dirección General de Migración y Extranjería.

También se agilizan los trámites en frontera para minimizar el tiempo de espera de los transportistas y el monitoreo de camiones por medio de GPS que permite supervisar las rutas programadas y el tiempo del transportista en el país.

Además, se mantienen alternativas vigentes como el enganche y desenganche de remolques o el cambio de conductores para el traslado de la carga en el país, según la necesidad del transportista.

Estos controles son tanto para ingreso como para salida de los camiones en nuestro territorio. El propósito del operativo es evitar que las fronteras se conviertan en focos de contagio por el COVID-19.

Según comunicado de prensa de Casa Presidencial, el Gobierno de Panamá y de Costa Rica llegaron a un acuerdo para la implementación de un plan piloto entre autoridades de ambos países para atender la situación que se presenta en los territorios fronterizos de la región. Este acuerdo autoriza el ingreso de transportistas a territorio nacional bajo un protocolo sanitario y de seguridad que permitirá trasladar las mercancías a lugares autorizados.

El plan piloto permitirá el ingreso de transportistas a un grupo de almacenes fiscales que mostraron interés en participar en la iniciativa y que serán previamente evaluados por las autoridades en materia de salud. En dichos almacenes se realizará la carga y descarga de mercancías en un plazo reducido. La fase incluye además el establecimiento de una ruta fiscal controlada desde las fronteras hasta esos lugares y el uso de paradas autorizadas, asegurando las condiciones de seguridad y salud de los transportistas.

La ruta segura deberá incorporar el uso de escoltas/convoyes o dispositivos de trazabilidad de la unidad de transporte, aspecto que aun se encuentra en desarrollo, según se indica en el Comunicado.

El 21 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la resolución de la Dirección General de Aduanas N° DGA-245-2020, que rectifica errores de forma en la resolución RES-DGA-239-2020 y dispone que los beneficiarios del régimen de importación temporal categoría turista deberán actualizar las garantías rendidas como condición necesaria para que aplique la prórroga establecida en la resolución N° RES-DGA-239-2020.

Esta última resolución dispone una prórroga hasta el 17 de julio de 2020, los certificados de importación temporal categoría turista para vehículos terrestres, aéreos o acuáticos que ingresaran al territorio después del 17 de diciembre de 2019. 

El 15 de mayo de 2020, Costa Rica emitió los Decretos Nos. 42351-H y 42350-MGP-S que define las condiciones de ingreso de los transportistas extranjeros al territorio nacional para evitar la propagación de COVID-19. El Decreto N ° 42350-MGP-S establece medidas sanitarias migratorias restrictivas dirigidas a los transportistas que se quedan solo en el área aduanera primaria. El Decreto N ° 42351-H modifica las zonas primarias y secundarias en Peñas Blancas y Paso Canoas.

Según el Gobierno, estas medidas se tomaron después de que 31 transportistas internacionales dieran positivo para COVID-19. Los decretos entraron en vigencia el 18 de mayo de 2020,

Los decretos establecen que los transportistas solo podrán ingresar a las instalaciones en los puestos fronterizos terrestres costarricenses para llevar a cabo las operaciones logísticas necesarias para garantizar las importaciones y exportaciones del país. Únicamente los transportistas costarricenses o extranjeros con estatus legal en el país podrán transferir las mercancías al interior del país. También, se permitirán los transportistas internacionales que transportan mercancías de frontera a frontera. Los transportistas internacionales estarán bajo un estricto seguimiento y vigilancia policial, para lo cual el Ministerio de Seguridad Pública proporcionará acompañamiento y custodia durante todo el trayecto.

Para garantizar las importaciones y exportaciones, se definieron diferentes estrategias en la coordinación interinstitucional que permiten la entrada de mercancías bajo tres modalidades.

Desenganche: Primero, el conductor del camión transportaría el contenedor / carga a la zona primaria y lo desengancharía del cabezal.

Gancho: Posteriormente, un transportista costarricense engancharía el contenedor / carga a su cabezal y transportaría la mercancía, ya sea al territorio nacional o a la región centroamericana.

Relevo: Finalmente, el camión sería desinfectado y limpiado antes de que el nuevo conductor lo ocupe.

Por medio de resolución N° RES-DGA-234-2020, dictada por la Dirección General de Aduanas el 13 de mayo de 2020, se aclara entre otros aspectos que el pago de tributos de la obligación tributaria aduanera sujetos al beneficio de la moratoria contenida en la Ley de alivio fiscal ante el COVID-19, son:

Todos los demás impuestos, tasas y timbres se pagarán mediante talón adicional, previo a la autorización del levante de las mercancías.

Por medio de resolución N° RES-DGA-239-2020, de la Dirección General de Aduanas, se dispuso autorizar hasta el 17 de julio de 2020, sin que medie solicitud expresa del beneficiario, la prórroga del plazo de permanencia en el país de vehículos terrestres, aéreos o acuáticos que cuenten con un certificado de importación temporal categoría turista, otorgados a extranjeros y costarricenses residentes en el exterior que ingresaron al país y que fueran expedidos por el Servicio Nacional de Aduanas.

El 19 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el Proyecto de Ley de exoneración temporal del Impuesto sobre el Valor Agregado a los productos de higiene y limpieza, expediente legislativo N° 21.911. De conformidad con lo dispuesto en el Proyecto de Ley, se exoneraría del pago del Impuesto sobre el Valor Agregado por un periodo de nueve meses contados a partir de la publicación de la ley a los siguientes productos: jabones desinfectantes y antibacteriales en pastilla, líquidos, en barra y en polvo, desinfectantes en spray y líquidos, sanitizantes, detergentes, alcohol líquido, alcohol en gel, cloro, toallas desinfectantes y guantes de látex o similares. 

El 16 de mayo, 2020, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley de “Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar el programa de apoyo presupuestario con base en reformas de políticas para apoyar el Plan de descarbonización de Costa Rica”, expediente legislativo N° 21.871.  

En este proyecto se aprueba el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el monto de 230 millones de dólares y el crédito otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por el monto de 150 millones de dólares, para un total de 380 millones de dólares. En un inicio, el crédito estaba previsto para financiar proyectos de descarbonización pero finalmente se decidió utilizar este crédito para atender la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19. Asimismo, se acordó destinar de este crédito, 60 millones de dólares a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Con estos recursos se buscará mitigar el impacto de la rebaja en la base mínima contributiva. El saldo que existiera al 15 de diciembre, 2020 se deberá de transferir al Ministerio de Hacienda para pagar el servicio de la deuda. Este empréstito tiene un plazo de amortización de 20 años, un período de gracia de 5 años y medio y una tasa basada en la LIBOR (London InterBank Offered Rate). 

El 14 de mayo de 2020, el Gobierno firmó la directriz N°085 Mideplan-MEIC “Sobre las medidas para acelerar la simplificación de trámites, requisitos o procedimientos que impactan de manera favorable a la persona ciudadana y al sector productivo”, a través de la cual se pone en práctica la declaración jurada para la realización de trámites definidos, la Ventanilla Única de Inversión (VUI) y los Planes de Mejora Regulatoria Institucionales. En detalle:  

La Asamblea Legislativa aprobó el 14 de mayo de 2020, en primer debate, el Proyecto de Ley para autorizar la transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del Estado, expediente legislativo N° 21.908.

A través de esta Ley se autoriza por una única vez al Instituto Nacional de Seguros a girar 75 mil millones de colones de su capital acumulado, el cual será depositado en las cuentas del Ministerio de Hacienda para la atención de la declaratoria de emergencia con ocasión del COVID-19 y se utilizará exclusivamente para transferencias en beneficio de las personas que se han visto económicamente afectadas por la emergencia. 

A través de la Circular N° 100-2020 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, se dio a conocer el Acuerdo de Corte Plena tomado en la Sesión N° 26-2020, de 13 de mayo, relacionado con la atención de la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

La Corte Plena acordó prorrogar los efectos del Acuerdo de la Sesión N° 19-2020, a partir del 16 de mayo y hasta el 31 de mayo de 2020, adoptando las siguientes disposiciones, entre otras:

El 11 de mayo de 2020, mediante comunicado de prensa de la Casa Presidencial, se dieron a conocer las medidas de restricción que aplicarán del 16 al 31 de mayo de 2020. Según el comunicado, las disposiciones incluyen:

Restricción vehicular

No circulan fines de semana: sábado: placas 0, 2, 4, 6 y 8; y domingo: placas 1, 3, 5, 7 y 9.

Medidas aplicables al transporte público

Se mantiene el funcionamiento de manera regular, sin personas de pie.

Medidas aplicables a establecimientos sanitarios con permiso de funcionamiento

De lunes a viernes: De las 5:00 horas a las 22:00 horas. Se habilita:

Sábados y domingo: Los fines de semana únicamente podrán funcionar los locales autorizados de manera excepcional por el Ministerio de Salud, tales como:

Se mantiene cierre de concentraciones masivas y espectáculos públicos, salas de eventos, bares, discotecas, casinos y actividades de azar, Teatro Nacional y Teatro Melico Salazar, turnos y ferias comunitarias, así como parques de diversiones y similares.

Medidas aplicables a actividades deportivas

Se habilita el funcionamiento de lunes a domingo de:

Medidas de apertura de parques nacionales

Reapertura de los siguientes parques nacionales limitando el ingreso de visitantes a un 50% de su capacidad:

Medidas aplicables a instituciones públicas

Se mantiene el plan básico de funcionamiento al 20% y medidas de teletrabajo.

El 08 de mayo de 2020, el Gobierno de la República, a través de la Ministra de Planificación y Política Económica y coordinadora del equipo económico, anunció una serie de medidas tendientes a la recuperación de la economía nacional, dadas las afectaciones que se han generado consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Las medidas propuestas como parte de la “Planificación de la Ruta Económica Post Covid-19”, según se detalle en Comunicado de Prensa de la Casa Presidencial de 08 de mayo, incluyen:

Asimismo, las medidas incluyen la declaratoria de interés público de la actividad empresarial de la industria médica y de bienestar.

Mediante conferencia de prensa del 07 de mayo de 2020, el Ministro de Seguridad Pública comunicó que las medidas dispuestas de cierre de fronteras y restricción de ingreso de personas al país por vía aérea, marítima, terrestre o fluvial se mantendrán hasta el próximo 15 de junio de 2020.

Inicialmente, esta medida estaba prevista hasta el 15 de mayo de 2020, según prórroga decretada por medio de Decreto Ejecutivo N° 42327-MGP-S.

El 06 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el Proyecto de Ley para adicionar un transitorio al artículo 148 bis del Código de Trabajo, para trasladar los feriados a los viernes, con el fin de promover la visitación interna y el turismo durante los años 2020 y 2021, expediente legislativo N° 21.941.

De conformidad con el Proyecto de Ley, por una única vez, el disfrute del feriado correspondiente a las fechas 25 de julio, 2 de agosto y 15 de agosto del 2020, se trasladará al día viernes inmediato anterior, y el correspondiente a las fechas 15 de setiembre y 1 de diciembre del 2020, al día viernes inmediato posterior.  El disfrute del feriado correspondiente a las fechas 11 de abril, 1 de mayo, 25 de julio y 15 de agosto del año 2021 se trasladará al viernes inmediato anterior, y el correspondiente a las fechas 15 de setiembre y 1 de diciembre del 2021 al viernes inmediatamente posterior, todo con el propósito de fomentar la visitación interna y la reactivación económica en todas las regiones del país, particularmente del sector turismo.  

Las actividades oficiales correspondientes a las conmemoraciones referidas para las fechas indicadas cuando así proceda se realizarán el propio día dispuesto.

Por medio del Decreto Ejecutivo N° 42323-MEIC, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de abril de 2020, el Gobierno aprobó una prórroga de la vigencia de la condición de PYME por el plazo de nueve meses a partir de la entrada en vigencia del Decreto, para aquellas PYMEs cuya condición tiene como fecha de vencimiento los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, en razón de la situación que vive el país por el COVID-19.

El 29 de abril de 2020, se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta, los Decretos Ejecutivos N° 42327-MGP-S y 42328-MOPT-S, a través de los cuales se extienden las medidas migratorias y de restricción vehicular hasta el 15 de mayo de 2020. 

El 28 de abril de 2020, el Ministerio de Salud publicó los lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19. El documento tiene como fin el establecimiento de las líneas generales que permitan reactivar, de una forma segura, las actividades humanas en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Los lineamientos dictados son de acatamiento obligatorio en todo el territorio nacional y forman parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la emergencia sanitaria. Asimismo, estarán sujetos a revisión periódica por parte de las autoridades.

Como parte de los lineamientos generales indicados, se mencionan los siguientes en cada lugar de actividad humana:

En relación con las instalaciones, los lineamientos generales publicados por el Ministerio de Salud disponen que se debe:

Por otra parte en lo que se refiere al uso del espacio, los lineamientos establecen:

El documento puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineam_generales_reactivar_activ_hum_medio_covid_19_v2_28042020.pdf

Por medio de comunicado de prensa N° CP-306-2020, del 27 de abril de 2020, el Gobierno dio a conocer las nuevas medidas que aplicarán desde el 28 de abril hasta el 15 de mayo de 2020. Las medidas anunciadas serán graduales y dependerán del comportamiento de los casos de COVID-19 en el país. De ser necesario, se implementarán nuevamente restricciones y el 11 de mayo se evaluará si hay más cambios.

Por otra parte, la restricción vehicular se mantiene sin cambios.

De igual forma se emitió una directriz a los jerarcas de la Administración Central y Descentralizada, para la generación de protocolos específicos con medidas de prevención y mitigación que permitan la reactivación y continuidad de los centros de trabajo, actividades y servicios.

Asimismo, se dio a conocer una lista de lineamientos generales que señala que cada lugar de actividad humana deberá:

Toda actividad que se encuentre incumpliendo los lineamientos y protocolos establecidos, se les suspenderá su permiso sanitario de funcionamiento por un mes calendario. Si se reincide en el incumplimiento, se suspenderá la actividad de forma indefinida.

Adicionalmente, las medidas nuevas medidas incluyen entre otras disposiciones:

El 23 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la resolución de la Dirección General de Tributación (DGT) N° DGT-R-09-2020, que regula el procedimiento de facilidades de pago para aquellos contribuyentes que se acogieron a la moratoria del Impuesto sobre el Valor Agregado e Impuestos Selectivos de Consumo contenidos en la Ley de alivio fiscal ante el COVID-19, y prevean una imposibilidad o dificultad de pago de estos impuestos a más tardar al 31 de diciembre de 2020.

Quienes deseen solicitar una facilidad de pago ante la Administración Tributaria, deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

En caso de que el solicitante no posea firma digital, debe imprimir la solicitud y firmarla tal como aparece en su documento de identidad. Una vez firmada debe escanearla o tomarle una foto, así como a su documento de identidad por ambos lados y remitirla al correo indicado previamente.

Una vez cumplidos los requisitos de la solicitud, la Administración Tributaria resolverá y notificará al obligado tributario de su aprobación o denegatoria dentro de los 10 días hábiles siguientes a su presentación. El oficio que apruebe la facilidad de pago debe indicar las condiciones de la facilidad de pago, plazo, fechas de vencimiento y montos de cuotas. Contra el acto que deniegue la facilidad de pago, no procede recurso alguno.

Asimismo, la resolución dispone que el otorgamiento de la facilidad de pago evita que inicie el cómputo de la sanción por morosidad, siempre que se cumplan con las condiciones establecidas en la facilidad otorgada.  Igualmente, las facilidades no podrán exceder más de seis meses.

Por otra parte, en todos los casos en que se apruebe una facilidad de pago, la cancelación de la prima y las cuotas mensuales debe hacerse mediante el sistema de conectividad bancaria. Si al mes siguiente del vencimiento de la cuota, se verifica en la cuenta corriente que no existe el pago, se tendrá por revocada la facilidad de pago sin necesidad de comunicación alguna.

En caso de que se incumpla con una facilidad de pago, deberá certificarse el saldo de la deuda, incluyendo intereses contados a partir del 01 de enero de 2021; deberá remitirse a la Oficina de Cobro Judicial para su ejecución en vía judicial; y no se suspende el cómputo de la sanción por morosidad, la cual se calculará a partir del 01 de enero de 2021.

Para aplicar a las condiciones establecidas en esta resolución, los contribuyentes deberán presentar su solicitud a más tardar al 15 de octubre de 2020. Aquellos contribuyentes que la presenten con posterioridad a esta fecha, deberán estarse a lo dispuesto en el procedimiento regulado el Reglamento de Procedimiento Tributario para estos efectos.

Por medio de Decreto Ejecutivo N° 42317-MTSS-S, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2020, el Ministerio de Salud decretó la activación de protocolos y medidas sanitarias en los centros de trabajo por parte de las comisiones y oficinas o departamentos de salud ocupacional ante el COVID-19.

El Decreto tiene como objetivo promover que las comisiones y oficias o departamentos de salud ocupacional colabores con la divulgación e implementación de los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, Poder Ejecutivo y demás autoridades públicas en materia sanitaria. Asimismo, rige para todo el país y es de aplicación obligatoria en todos los centros y ligares de trabajo, públicos o privados.

Las personas empleadoras deberán:

Asimismo, quienes conformen las comisiones y oficinas o departamentos de salud ocupacional deberán:

Por su parte, el Decreto señala que las personas trabajadoras deberán:

El Decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

El 20 de abril de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente legislativo N° 21.909, denominado Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19.

El Proyecto de Ley crea un subsidio para la atención de condición de desempleo, suspensión temporal del contrato de trabajo o reducción de jornadas laborales en favor de las personas trabajadoras del sector privado, trabajadores informales y trabajadores independientes que han visto sus ingresos afectados como consecuencia de las medidas adoptadas durante la fase de respuesta y rehabilitación de la emergencia por el COVID-19.

Podrán optar por el beneficio quienes:

El subsidio aplicará por tres meses a partir de la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, y puede ser prorrogable de forma inmediata, mediante decreto ejecutivo, por una única vez, por un plazo de tres meses.

El subsidio se financiará con el traslado que haga la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) de la diferencia que se produzca entre los precios de plantel y el menor precio de venta que resulte de la aplicación de la metodología de precios aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). En el momento en que no exista dicho diferencial, RECOPE dejará de transferir los recursos al Ministerio de Hacienda.

El 20 de abril, 2020, mediante conferencia de prensa, el Ministro de Salud, Daniel Salas, anunció la prórroga de la medida sanitaria referente al cierre de fronteras para extranjeros hasta el 15 de mayo, 2020.

Al país solamente podrán ingresar costarricenses o residentes que hayan salido del país antes de que se decretara el estado de emergencia nacional.

La Asamblea Legislativa se encuentra conociendo de una iniciativa presentada por varios diputados y diputadas bajo el expediente legislativo N° 21.927, denominado Proyecto de Ley especial de pago de arrendamientos y subarrendamientos de vivienda y locales comerciales por emergencia nacional, declarada por COVID-19.

Entre otros, el Proyecto de Ley establece que las partes arrendantes, que tengan contratos de arrendamiento y subarrendamiento de vivienda o local comercial, con arrendatarios que demuestren una disminución en sus ingresos ocasionados por la emergencia nacional declarada por COVID-19 y se encuentren al día en el pago del arrendamiento, deberán negociar un nuevo monto a pagar por concepto de alquiler.

De igual forma, señala las condiciones, vigencia, montos y medios probatorios para demostrar la disminución de ingresos consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Por otra parte, suspende durante todo el 2020, cualquier aumento en los contratos de alquiler de vivienda y de locales comerciales afectados por la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19 y decreta una suspensión, durante el periodo de vigencia de la ley, de la ejecución de nuevos desalojos.

El Proyecto deberá ser aprobado en dos debates para convertirse en Ley de la República.

Por medio de una modificación al Reglamento a la Ley de alivio fiscal ante el COVID-19, el Ministerio de Hacienda aclara que la exoneración del Impuesto sobre el Valor Agregado para alquileres comerciales, aplica a bienes muebles o inmuebles y el término “actividades comerciales” se refiere a actividades económicas o lucrativas en sentido amplio. 

Antecendentes

El artículo 6 de la Ley de alivio fiscal ante el COVID-19, Ley N° 9830, estableció una exoneración del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para arrendamientos utilizados para actividades comerciales en los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Por medio del Decreto Ejecutivo N° 42271-H, denominado Reglamento a la Ley de alivio fiscal ante el COVID-19, se dispuso que la exoneración aplicaría para arrendamientos de locales en los que se realizaran actividades comerciales.

Lo anterior generó dudas ante la discordancia entre ambas normas, ya que por un lado la norma legal estableció la exoneración de forma amplia para arrendamientos utilizados para actividades comerciales; no obstante, el Reglamento limitaba la exoneración únicamente a arrendamientos de locales en que se realizaran actividades comerciales.

Por medio del Decreto Ejecutivo N° 42292-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 14 de abril de 2020, el Ministerio de Hacienda modifica el Reglamento a la Ley de alivio fiscal ante el COVID-19, Ley N° 9830, con el fin de aclarar que la exoneración de IVA para arrendamientos utilizados en actividades comerciales debe entenderse en el sentido de que aplica para cualquier inmueble o mueble, estos últimos tangibles o intangibles.

Asimismo, aclara que la expresión actividades comerciales se refiere a todas las actividades económicas o lucrativas en sentido amplio.

El Decreto entró en vigencia a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta

El Tribunal Fiscal Administrativo comunicó que a partir del 13 de abril de 2020, se reanuda el cómputo del plazo para la presentación de escritos de conclusión o ratificación de argumentos ante el Tribunal, previsto en el párrafo segundo del artículo 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

El Gobierno de Costa Rica tomó la decisión de ampliar la restricción vehicular del 13 al 30 de abril de 2020. La restricción, según información publicada por la Casa Presidencial, funcionará de la siguiente forma:

De lunes a viernes:

Fines de semana

Según Comunicado de Casa Presidencial, de 11 de abril de 2020, se aprobó el Decreto Ejecutivo N° 42291-MEIC-S-COMEX, a través del cual se establece de forma excepcional y temporal, una restricción a la exportación de los siguientes productos:

Producto

Descripción

Monogafas

Monogafa de seguridad de ventilación indirecta, lente transparente, marco recubierto de espuma y banda para la cabeza ajustable. Diseño ergonómico y panorámica

Mascarilla

Mascarillas N95

Guantes

Guantes de Nitrilo (talla S, M y L)

Batas

Batas descartables

Mascarillas

Mascarillas quirúrgicas descartables.

La norma contiene excepciones, por ejemplo, para empresas procesadoras que desarrollan actividades de manufactura de dispositivos para la industria médica y sus componentes, entre otras.

Quienes deseen exportar estos productos y no se encuentren dentro de las excepciones, deberán contar con una licencia de exportación, expedida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, quien verificará con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, si existe una situación de desabasto de los productos mencionados, necesarios para la atención de la emergencia sanitaria.

Disposiciones especiales para trámites de Registro Sanitario

El Ministerio de Salud ha anunciado medidas preventivas para los trámites de registros sanitarios de los productos, debido a la emergencia nacional con la finalidad de brindar protección a las personas por la pandemia del COVID-19. En razón de lo anterior, emitió la Directriz N° DM-RM-0838-2020, denominada  “Disposiciones administrativas relativas a los trámites de inscripción, renovación y cambios post registro de productos de interés sanitario en la plataforma Regístrelo”.

Estas son las medidas contempladas a la fecha:

En la más reciente actualización del Ministerio de Salud a los lineamientos generales que deben acatar los condominios de todo tipo ante la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID – 19), se restringe de forma expresa el uso de las áreas comunes, quitándole a la administración del condominio la facultad que se le había dado en los lineamientos anteriores de establecer ellos las medidas a seguir.

Las restricciones para el uso de las áreas comunes establecen:

Se le da a la administración o Junta Administradora del condominio la potestad de restringir el uso o tomar medidas adicionales en caso de incumplimiento de los lineamientos indicados.

Por último, se recomienda rotular los ascensores para que únicamente residentes de la misma filial vayan en cada viaje del ascensor y de esta forma reducir posibilidades de contagio entre filiales.

Por medio de Decreto Ejecutivo N° 42287-MGP-S, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 08 de abril de 2020, el Gobierno aprobó prorrogar las medidas de restricción de ingreso al territorio nacional de las personas extranjeras bajo categoría migratoria de no residentes, Residencia Permanente, Residencia Temporal, entre otras, hasta las 23:59 horas del 30 de abril de 2020.

El 04 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley de entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por la crisis económica, Ley N° 9839.

Tendrán derecho a retirar el Fondo de Capitalización Laboral aquellos trabajadores a los que se haya suspendido temporalmente la relación laboral, según lo dispuesto en el artículo 74 del Código de Trabajo, o bien, a los que se haya aplicado una reducción de la jornada ordinaria, que implique una disminución de su salario, de conformidad con la Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional.

Para tales efectos, el patrono deberá entregar en soporte físico o digital, una carta en la que conste la suspensión o reducción de jornada y del salario.

Una vez solicitados los recursos del Fondo de Capitalización Laboral por el trabajador, la operadora de pensiones tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la solicitud, para girar los recursos en la cuenta bancaria en colones indicada por el trabajador. 

El 04 de abril de 2020, se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta, las Leyes N° 9837 y 9838, a través de las cuales se aumentan las multas por incumplimiento de ordenes sanitarias de aislamiento y el aumento en las multas y sanciones aplicables a quienes incumplan con la restricción vehicular en caso de emergencia nacional, respectivamente.

Por infracción de la restricción vehicular además de una sanción pecuniaria de aproximadamente ¢107.000, se aplicará un rebajo de seis puntos en la licencia y el reitro de las placas del vehículo.

En el caso de las sanciones para quienes infrinjan las ordenes sanitarias de aislamiento, serán aplicables las siguientes: i) un salario base para quienes tengan factor de riesgo; tres salarios base, a quienes tengan sospecha de tener la enfermedad; y, cinco salarios bases a quienes infrinjan la orden sanitaria de aislamiento y tengan un diagnóstico positivo de la enfermedad. 

Para el periodo comprendido hasta el 07 de abril, estarán excluidos de la restricción vehicular los siguientes supuestos:

Por medio de resolución N° DM-RM-0852-2020, del 01 de abril del año en curso, el Ministerio de Salud ordenó el cierre temporal de todos los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento clasificados como sitios de reunión pública, del 03 de abril de 2020 a las 17:00 horas, hasta las 23:59 horas del 12 de abril.

Se encuentran exceptuadas de dicha orden de cierre temporal las siguientes:

El Gobierno anunció una serie de medidas que se tomaran de cara al inicio de la Semana Santa, entre ellas, la ampliación de la restricción vehicular sanitaria. Para los días comprendidos entre el 03 y el 12 de abril, aplicará la siguiente restricción vehicular:

Del viernes 03 de abril a partir de las 17 horas, hasta el 07 de abril:

Se ampliará la restricción vehicular nocturna de las 17:00 horas hasta las 5:00 horas. Asimismo, se restringe el transporte público de larga distancia y se ordena el cierre de establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público. No obstante, se permiten los servicios a domicilio y el servicio de taxi.

Del sábado 04 de abril a partir de las 5:00 horas y hasta el martes 07 de abril:

Restricción vehicular diurna con distribución de placas desde las 5:00 horas hasta las 17:00 horas. Podrán circular las placas que terminen con los siguientes números:

Del miércoles 08 de abril al domingo 12 de abril:

Restricción vehicular total y de transportes públicos, salvo transporte bajo la modalidad de taxi y transportes especiales de actividades productivas esenciales. Podrán circular las placas que terminen con los siguientes números y únicamente para atender necesidades básicas (ej. supermercados y farmacias):

El lunes 13 de abril, cesarán estas medidas y volverán a aplicarse las restricciones que al miércoles 1 de abril se encontraban vigentes.

El 01 de abril, 2020, se aprobó en primer debate la reforma a la Ley de Tránsito y aumento a las multas por la violación a la restricción vehicular durante la emergencia por el COVID-19, expediente legislativo N° 21.895.

Con la modificación propuesta, se introduce la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte restricción vehicular en casos de emergencia nacional, indicando las áreas, los días u horas y las excepciones y deberá de informarlo de manera previa.

No estarán sujetos a esta restricción las ambulancias, vehículos del Cuerpo de Bomberos y del Cuerpo de Policías y Organismo de Investigación Judicial.

Adicionalmente, se aumentan las multas a ¢107.000 aproximadamente a quienes incumplan, junto con otras sanciones como el rebajo de seis puntos en la licencia y el retiro de las placas del vehículo.

EL 01 de abril de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente legislativo N° 21.894, a través del cual se promueve la reforma a las multas establecidas en la Ley General de Salud contra quienes violenten o incumplan las órdenes sanitarias de aislamiento.

Con la reforma, las sanciones que aplicarán serán las siguientes:

El 31 de marzo de 2020, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) emitió comunicado de prensa en el que da a conocer el Acuerdo de Junta Directiva N° SJD-092-2020, a través del cual se aprueba una moratoria para los meses de abril, mayo, junio y julio, a las empresas que adeudan impuestos.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo, los procesos de cobro administrativo y traslado de cuentas a cobro judicial que se los meses de marzo, abril, mayo y junio, serán aplazados por un plazo de tres meses.

En cuanto a la moratoria tributaria sobre los impuestos de $15% y 5% sobre los boletos aéreos, la misma será otorgada a las empresas que presenten solicitudes de no pago por problemas de liquidez durante los meses de abril, mayo, junio y julio. La fecha máxima para realizar el pago será el 30 de noviembre de 2020, sin intereses ni inicio de procesos de cobro administrativo o judicial.

Como requisito, las empresas deberán estar al día con sus pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda, al 29 de febrero de 2020.

De igual forma, con independencia de la moratoria, se mantiene el deber formal de presentar las declaraciones juradas de dichos impuestos para los periodos cubiertos. Quienes no califiquen para aplicar a la moratoria, podrán solicitar arreglos de pago.

Por otra parte, para aquellas empresas que tienen arreglos de pago con el ICT, se acordó aplazar la cancelación de las cuotas correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio, sin cobro de intereses moratorios ni gestión alguna de cobro administrativo o judicial. Estas cuotas deberán cancelarse mensualmente a partir de la fecha fina del arreglo de pago formalizado.

Estas medidas podrán ser prorrogadas según se considere oportuno, atendiendo a la realidad económica nacional y efectos del COVID-19 en el país.

El 27 de marzo, el Ministerio de Salud de Costa Rica emitió la tercera versión de los lineamientos generales que deben acatar los condominios tanto residenciales como comerciales y mixtos ante la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID – 19). Mediante esta actualización, se eliminan ciertas  restricciones que se habían indicado en las versiones anteriores:

El 29 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo N° 42271-H, a través del cual se reglamenta la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 (la “Ley”), Ley N° 9830.

Dicha Ley contiene una moratoria sobre el Impuesto sobre el Valor Agregado, Impuesto Selectivo de Consumo y aranceles, durante los meses de abril, mayo y junio. Asimismo, contiene una dispensa del pago parcial del Impuesto sobre las Utilidades para los meses de abril, mayo y junio, así como una exoneración del Impuesto sobre el Valor Agregado para alquileres comerciales.

El Reglamento a la Ley contiene los términos y condiciones a los que deben estarse los contribuyentes con el fin de aplicar las medidas contenidas en la misma.

En ese sentido, regula, entre otros:

Por medio de comunicado de prensa de la Casa Presidencial, el Gobierno anunció el pasado 27 de marzo que propondrá a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario de ¢ 225 mil millones, para poder apoyar a 375 mil familias durante tres meses, con un monto de ¢ 200 mil por hogar.

Para financiar dicho apoyo, el Gobierno anunció que recortará gastos del Estado en al menos ¢100.000 millones, y la utilización del diferencial de precios de los combustibles.

De igual forma, anunció que de ser necesario apoyar una mayor cantidad de familias y extender el plazo por más de tres meses, se contempla la posibilidad de remitir un proyecto de ley que cree un aporte solidario de los salarios y pensiones que superen el ¢1.000.000 mensuales.

Mediante Decreto Ejecutivo N°42253-MOPT, del 24 de marzo del 2020, se implementó la medida sanitaria de restricción vehicular de lunes a domingo de las 22:00 horas a las 5:00 horas. No obstante, en relación con esta medida, el 27 de marzo, el Ministro de Seguridad Pública anunció en conferencia de prensa la ampliación la restricción vehicular para los fines de semana, a partir de las 20:00 horas hasta las 5:00 horas, de viernes a lunes.

Quienes incumplan dicha restricción serán sancionados igualmente con una multa de ¢22,383.18.

En fecha 30 de marzo del 2020, la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense de Drogas informaron que a partir del periodo 2020, el mes para presentar las declaraciones anuales en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales será setiembre y no abril. Esta fecha también aplicará a las personas jurídicas que se inscriban entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2020. Además, la declaración del 2019 se precargará automáticamente en el sistema, por lo que las personas jurídicas solo deberán modificar aquella información que haya cambiado. Asimismo, informaron que el plazo para presentación de las declaraciones del 2019 vence este 31 de marzo. Quienes cumplan con esta obligación en abril se les aplicará el 50% de la sanción y a partir de mayo, la totalidad (entre ¢ 1,350,600 y ¢ 45,020,000).

Según comunicado de prensa de la Casa Presidencial, el Gobierno anunció que con el fin de mitigar el gasto en el sector público, se dispondrá la permanencia de un máximo de 20% de funcionarios en las instituciones, así como una abstención en el aumento salarial.

Las instituciones cuentan con un plazo de 48 horas contado desde el 24 de marzo, para enviar al Ministerio de Planificación un plan de servicio básico de funcionamiento, de forma que se garantice la continuidad de las labores necesarias para asegurar el fin público de la institución.

El personal no requerido deberá aplicar la modalidad de teletrabajo en todo puesto que sea teletrabajable; de igual forma, se podrá otorgar vacaciones a quienes cuenten con periodos acumulados, o bien, adelantar las mismas a quienes no cuenten con periodos acumulados.

Por último, no se hará efectivo el aumento anual a los funcionarios públicos, con excepción de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad y Gobernación.

El 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto Ejecutivo N° 42253-MOPT-S, a través del cual se establece una medida de restricción vehicular en horario nocturno para mitigar el impacto del COVID-19.

Según el Decreto, desde el 24 de marzo y por lo que dure el “Estado de Emergencia” sanitaria por el COVID-19, los vehículos no podrán circular entre las 22:00 horas y las 5:00 horas, con excepción de los siguientes:

El 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional, Ley N° 9832. 

Esta ley permitirá autorizar la reducción temporal de jornadas de trabajo pactadas entre las partes, cuando los ingresos brutos de las personas se vean afectados en razón de una declaratoria de emergencia nacional, como por ejemplo, la declarada por el COVID-19.

El Poder Ejecutivo dispone de dos días hábiles desde la entrada en vigencia de la Ley para modificar el Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo para incluir este procedimiento.

El Tribunal Fiscal Administración informó mediante resolución N° TFA-RES-PRES-004-2020, de 23 de marzo de 2020, que queda suspendido, hasta nuevo aviso, el cómputo del plazo procesal para presentación de escrito de agravios (alegatos y pruebas en defensa de sus derechos) por parte de los interesados, según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Asimismo, informó que no brindará el servicio al público del 24 de marzo al 12 de abril, en acatamiento de las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. 

Mediante comunicado de prensa de la Casa Presidencial, el Gobierno anunció la adopción de nuevas medidas sanitarias con el fin de disminuir el contagio por COVD-19. Las medidas incluyen:

Ministerio de Salud publicó los “Lineamientos Generales para Condominios Comerciales, Condominios con Espacios Comerciales y Residenciales, Condominios Residenciales debido a la Alerta Sanitaria por Coronavirus (COVID-19)”. Dichos lineamientos establecen lo siguiente:

El 20 de marzo, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley N° 9830, denominada Ley de alivio fiscal ante el COVID-19. La Ley contiene una moratoria de tres meses en el pago de Impuesto sobre el Valor Agregado, pagos parciales del Impuesto sobre las Utilidades, Impuesto Selectivo de Consumo y aranceles a la importación, así como una exoneración del Impuesto sobre el Valor Agregado, por el mismo plazo, para alquileres comerciales.

La Ley entró en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional. El Proyecto permitirá la autorización en la reducción temporal de jornadas de trabajo pactadas entre las partes, cuando los ingresos brutos de las empresas se vean afectados en razón de una declaratoria de emergencia nacional.

Por medio de Decreto Ejecutivo N° 42248-MTSS, publicado el 20 de marzo en el Diario Oficial La Gaceta, se emitió el Reglamento para el procedimiento de suspensión temporal de contratos de trabajo en casos relacionados con los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo.

El Reglamento tiene como fin dar una aplicación adecuada a la figura de suspensión de contratos de trabajo, en el contexto de una emergencia nacional, como lo es el COVID-19.

Por medio de Directriz N° 075-H, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de marzo, el Ministro de Hacienda insta a los bancos comerciales del Estado a adoptar las medidas necesarias y efectivas para lograr una recaudación de los créditos, sin exponer el funcionamiento óptimo de la institución bancaria.

La Directriz insta a valorar al menos las siguientes medidas:

Asimismo, promueve a los bancos comerciales del Estado para que esta Directriz favorezca principalmente a deudores de los sectores económicos más afectados por la emergencia nacional.

El 19 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley de alivio fiscal ante el COVID-19.  Dicha iniciativa contiene medidas tales como moratoria en el pago de adelantos parciales del Impuesto sobre la Renta, Impuesto Selectivo de Consumo, Impuesto sobre el Valor Agregado y aranceles por nacionalización, durante los meses de abril, mayo y junio.

Adicionalmente, contempla una exoneración del Impuesto sobre el Valor Agregado en arrendamientos comerciales para los meses de abril, mayo y junio.

Los contribuyentes deben verificar las condiciones establecidas con el fin de determinar si pueden aplicar estas medidas.

El 19 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N° 21.854 denominado “Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo Ante la Declaratoria de Emergencia Nacional” (el “Proyecto”).

Este Proyecto, una vez convertido en Ley, permitirá al patrono modificar los contratos de trabajo para reducir hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes, siempre y cuando el patrono haya visto una disminución de al menos un 20% en sus ingresos brutos. En el caso de las empresas donde la disminución de sus ingresos alcance un 60% con relación al mismo mes del año anterior y como consecuencia inequívoca del hecho generador que origina la declaratoria de emergencia nacional, se podrá autorizar la reducción temporal de hasta un 75% de las jornadas de trabajo pactada entre las partes.

La reducción en la jornada ordinaria de trabajo afectará el salario de la persona trabajadora en la misma proporción en la que se disminuya su jornada.

Dentro de los 3 días posteriores al inicio de la reducción de la jornada, se deberá enviar una solicitud de autorización a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aportando una declaración jurada en la cual se compruebe la reducción de los ingresos. En caso de que la Inspección de Trabajo rechace la solicitud, la persona trabajadora tendrá derecho al pago de las diferencias salariales correspondientes al salario que habría percibido por su jornada ordinaria y podría dar por terminado su contrato con responsabilidad para el patrono.

La medida de suspensión se establecerá por un plazo de hasta 3 meses, prorrogable por un periodo igual en caso de que se mantengan las condiciones que motivaron la suspensión.

Para el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones laborales establecidas en los artículos 28, 29, 31 y 98 del Código de Trabajo, se considerarán los salarios percibidos durante los últimos 6 meses o fracción de tiempo menor si no hubiera ajustado dicho plazo contados con anterioridad a la autorización de la reducción de la jornada. Para cualquier otro cálculo de derechos laborales se tomará en cuenta el salario efectivamente percibido por el trabajador. El mismo proyecto de ley establece una serie de sanciones por el uso indebido de las medidas y procedimientos de reducción de jornada.

Se presentó ante la Asamblea Legislativa, un Proyecto de Ley que pretende suspender hasta por treinta días, la libertad de tránsito y el derecho de reunión, con el fin de que el Poder Ejecutivo pueda aplicar las medidas de contención necesarias para evitar la propagación del COVID-19.

Quedan exceptuados de esta medida las siguientes personas:

El Poder Ejecutivo deberá emitir la reglamentación en un plazo máximo de tres días naturales posteriores a la aprobación de la Ley.

Según Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda, de 20 de marzo, a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, se restringirá la atención presencial y se facilitarán sus servicios vía digital en sus dependencias, por medio de plataforma web, uso del correo electrónico y líneas telefónicas.

Con el fin de garantizar la continuidad de los servicios, se podrán hacer las gestiones en el horario habitual, de lunes a viernes, entre las 8:00 horas y las 16:00 horas, por los siguientes medios:

Dependencia: Correo electrónico 1 Número telefónico  Dirección General de Tributación: infoyasistencia@hacienda.go.cr | Cuenta de facebook institucional | calvoca@hacienda.go.cr  y  fernandezbj@ hacienda.go.cr (solo para requerimientos sobre valoraciones) Departamento de Exoneraciones: exoneraciones@hacienda.go.cr | 2539-4225 Departamento de Cobro Judicial: consultascobroj@hacienda.go.cr | 2539-6067

Quienes realicen trámites ante la Dirección General de Tributación deben indicar en el asunto del correo, el nombre de la administración tributaria a la que corresponde su requerimiento, según sea su domicilio fiscal, y detallar la siguiente información:

En caso de que los usuarios de los servicios del Ministerio no cuenten con acceso a las plataformas digitales o necesiten entregar un documento físico, se ha dispuesto de personal en horario regular para que puedan recibir los documentos y procesar las solicitudes en las oficinas correspondientes.

Las Aduanas continuarán su operación habitual, siguiendo los protocolos de prevención del Ministerio de Salud.

El Gobierno anunció que ha entregado órdenes sanitarias a más de 300 costarricenses y residentes que han ingresado al país con el fin de que permanezcan en cuarentena por los próximos 14 días.

Adicionalmente, la Fuerza Pública emitió 181 órdenes sanitarias por incumplimiento de directrices del Ministerio de Salud, referente a locales comerciales y bares que han seguido en funcionamiento, después de que se ordenó su clausura.

Violar la orden sanitaria constituye un delito sancionado con prisión de 1 a 3 años o con multa de 50 a 200 días, según el artículo 277 del Código Penal.

Según comunicado conjunto de la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, se pone en conocimiento de las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas lo siguiente en relación con la implementación del teletrabajo ante la emergencia nacional por COVID-19:

Según Comunicado de Casa Presidencial, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó una serie de medidas con el fin de contener la morosidad por cuotas de patronos y trabajadores independientes, así como incentivar la continuidad del empleo ante la emergencia nacional por COVID-19. Estas medidas incluyen:

El Servicio Nacional de Aduanas emitió la directriz N° DGA-003-2020, a través de la cual se controla la exportación o reexportación de productos de uso quirúrgico, con el fin de evitar un desabastecimiento que agrave la situación de emergencia que se vive en el país. Se incluye entre las mercancías:

Esta lista podrá ser ampliada, según determinen las autoridades de Salud para la atención de la emergencia nacional.

Asimismo, la Directriz es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios aduaneros, auxiliares de la función pública aduanera, importadores y exportadores y rige hasta por el plazo de vigencia de la emergencia nacional.

El 17 de marzo de 2020, en horas de la noche, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el Proyecto de Ley de alivio fiscal ante el COVID-19 (el “Proyecto”).

El Proyecto contiene medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en la economía costarricense tales como moratoria en el pago de adelantos parciales del Impuesto sobre la Renta, Impuesto Selectivo de Consumo, Impuesto sobre el Valor Agregado y aranceles por nacionalización, durante los meses de abril, mayo y junio.

No obstante, los contribuyentes deberán cumplir con sus obligaciones formales dentro de los plazos establecidos, siendo que el pago de los impuestos correspondientes lo podrán realizar hasta antes del 31 de diciembre de 2020, sin intereses ni sanciones. Los contribuyentes deben verificar las condiciones establecidas en el Proyecto con el fin de determinar si se pueden beneficiar de las mismas.

Adicionalmente, el Proyecto contempla la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en arrendamientos comerciales -utilizados para actividades comerciales-, para los meses de abril, mayo y junio de 2020, siempre y cuando el arrendatario y el arrendador estén inscritos en el Registro Único Tributario, en el Régimen General o en el Régimen Especial Agropecuario.

El Gobierno convocó dentro de la agenda de la Asamblea Legislativa, el expediente legislativo N° 21.522, denominado “Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales”, bajo el cual se pretende condonar multas, intereses y sanciones a trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos que tengan deudas con la CCSS, siempre y cuando se cumplan las condiciones de regularización que se establecen.

El día 11 de marzo del 2020, la Junta Directiva adiciona el artículo 10 bis en el Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como norma excepcional y temporal para asegurados. Se aprobó una nueva modalidad de incapacidad para personas con contactos asintomáticos de COVID-19, que tengan una orden sanitaria para aislamiento domiciliario, de modo de que se pueda conceder el reconocimiento del subsidio por incapacidad a dichos casos.

Además, ese mismo día, el Instituto Nacional de Seguros (INS) comunicó que la póliza del Seguro de Riesgos del Trabajo, cubre casos de COVID-19, donde el contagio de este fue en consecuencia de la prestación de los servicios o las funciones contratadas en el marco de una relación de trabajo, a pesar de que esta sea considerada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este caso, los patronos deben seguir el procedimiento establecido por el INS, llevar a cabo el aviso de accidente y presentar la justificación de porqué el caso debe considerarse como un riesgo de trabajo.

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que presentará una serie de medidas con el fin de mitigar el impacto a nivel económico y social que tendrá el COVID-19.

Estas medidas incluyen, entre otras:

El 16 de marzo de 2020, el Gobierno de Costa Rica firmó el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, a través del cual se declara “Estado de Emergencia Nacional” por la afectación provocada por el COVID-19. Según se indica en el Comunicado de Prensa de la Casa Presidencial, se adoptarán las siguientes medidas, entre otras:

El Gobierno de Costa Rica presentó el Proyecto de Ley denominado “Proyecto de Alivio Fiscal ante el COVID-19” (el “Proyecto”) por medio del cual se establecen una serie de medidas para mitigar el impacto económico provocado por la propagación del “COVID-19”.

Moratoria aplicable al Impuesto sobre el Valor Agregado

El Proyecto establece una moratoria al pago del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), que permitirá declarar sin efectuar el respectivo pago del impuesto correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020.

El Proyecto aclara que los contribuyentes que se acojan a esta posibilidad deberán ingresar el impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre de 2020, sin incurrir en el pago de intereses ni multas.

Moratoria aplicable al Impuesto sobre la Renta

En cuanto al Impuesto sobre la Renta (“ISR”), se concede a los contribuyentes la posibilidad de no realizar los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades que les correspondiera efectuar en los meses de abril, mayo o junio de 2020.

Esta medida no aplica para aquellos contribuyentes que, por contar con un período fiscal especial previamente autorizado por la Administración Tributaria, deban declarar y pagar el respectivo impuesto en los meses cubiertos por la moratoria.

Moratoria aplicable al Impuesto Selectivo de Consumo Adicionalmente, el Proyecto concede una moratoria del impuesto selectivo de consumo (“ISC”) a los contribuyentes de este impuesto que estén inscritos como contribuyentes en el Registro Único Tributario. La moratoria permitirá a estos contribuyentes presentar la declaración y no realizar el pago del impuesto correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Los contribuyentes que se acojan a esta posibilidad deberán ingresar el impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre 2020, sin incurrir en el pago de intereses ni multas. 

Medidas aplicables a la importación

Finalmente, el Proyecto concede a los importadores que se encuentren inscritos como contribuyentes en el Registro Único Tributario, la posibilidad de nacionalizar mercancías sin pago de aranceles correspondientes durante abril, mayo y junio de 2020. Quienes se acojan a esta posibilidad, deberán ingresar el impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre de 2020, sin incurrir en el pago de intereses ni multas.

El Proyecto autoriza al Poder Ejecutivo para que por medio de Decreto Ejecutivo amplíe en un mes las medidas descritas anteriormente.

Según decisión tomada el 16 de marzo de 2020, en sesión de Corte Plena, la Corte Suprema de Justicia acordó disponer la suspensión temporal de juicios y audiencias judiciales en el periodo comprendido entre las 00:00 horas del 17 de marzo hasta las 23:59 horas del 03 de abril, en todo el país. Quedan excluidas de esta medida los juicios o audiencias que ya hubieran iniciado, así como casos excepcionales con carácter urgente como medidas cautelares en materia penal.

Capítulo 2

Se autoriza la reactivación, operación y movilización de personas en algunas actividades a nivel nacional

Mediante el Decreto Ejecutivo 1142 de 2020 se autoriza, a partir del 12 de octubre de 2020; la reactivación, operación y movilización de personas en determinadas actividades, a saber:

Estas actividades deberán cumplir con los siguientes parámetros:

Operarán todos los días excepto los horarios de toque de queda y cuarentena total

Cumplirán con los lineamientos para el retorno a la normalidad establecidos por las autoridades sanitarias

Proveerán a sus trabajadores de todos los implementos de bioseguridad necesarios

Las personas que realicen estas actividades deberán cumplir con los lineamientos de bioseguridad post COVID-19

No se permitirán actividades bailables, fiestas privadas, discotecas ni espectáculos Las piscinas podrán operar al 25% de su capacidad

Sanciones aplicarán en caso de darse contravenciones a las disposiciones de la norma.

Mediante la Resolución 01-7016 de 2020 se extiende el pazo para la presentación de multa del Informe de Compras e Importaciones de Bienes y Servicios. La norma es emitida en vista de la reapertura gradual de diversos bloques económicos que se mantenien cerrados producto de la cuarentena decretada por el COVID-19.

La Resolución establece que los contribuyentes tendrán hasta el 31 de octubre de 2020 para presentar el Informe de Compras e Importaciones de Bienes y Servicios cuyo periodo a reportar corresponda a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020.

Además, se modifica el Decreto Ejecutivo 507 de 2020 para establecer que, a partir del 14 de septiembre, un toque de queda en todo el territorio nacional, desde las 11:00 pm hasta las 5:00 am de lunes a sábado, con excepción de las provincias de Colón, Bocas del Toro y Chiriquí. Se mantiene la cuarentena total los domingos en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

De acuerdo con el Decreto, se mantendrán las zonas epidemiológicas, los cercos sanitarios y puestos de control establecidos por las autoridades sanitarias.

Ante la eminente reapertura de nuevos grupos y actividades económicas, la cual fue dada a conocer en conferencia de prensa celebrada el martes 25 de agosto de 2020, la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Migración considera necesario, con el fin de reactivar la economía Nacional, permitir el ingreso y la presentación de sus trámites a extranjeros previamente contratados para realizar labores dentro de las Sede de Empresas Multinacionales (SEM) con licencia en Panamá, para lo cual emitió la Resolución Número 13139 de 4 de septiembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial No. 29108 de 8 de septiembre de 2020

Este pre-registro del Permiso de Residencia Temporal en Calidad de Personal Contratado por una empresa con licencia SEM, podrá realizarse de forma previa a la llegada al Territorio Nacional del ejecutivo.

Los siguientes documentos deberán ser presentados para la solicitud de Permiso de Residencia Temporal en Calidad de Personal Contratado por SEM:

Si el ejecutivo tuviese dependientes, deberán presentarse algunos documentos adicionales.

De igual manera, mediante esta Resolución 13139 de septiembre de 2020, se ordena que el Representante Legal de la empresa con Licencia SEM, presente una declaración Jurada y Notariada donde se compromete y se hace responsable, de presentar ante el Servicio Nacional de Migración, todos los requisitos para optar al Permiso de Residencia Temporal en Calidad de Personal Contratado por SEM, una vez el ejecutivo ingrese al territorio nacional.

Una vez el ejecutivo ingrese al país, tendrá un término de 45 días calendario, para completar el expediente presentado ante el Servicio Nacional de Migración, los documentos necesarios, vigentes y conforme a lo establece la Ley.

Esta resolución estará vigente mientras dure el Estado de Emergencia Nacional.

El 2 de septiembre de 2020 se publica en la Gaceta Oficial número 29104, la Ley 160 de 1 de septiembre de 2020 (“Ley 160”), la cual modifica la Ley 99 de 2019 relativa a la Amnistía Tributaria para el pago de Tributos y al Código de Procedimiento Tributario, y dicta otras disposiciones.

La Ley 160, en primera instancia, modifica el artículo 3 de la Ley 99 de 2019, estableciendo que podrán acogerse al período de amnistía tributaria los contribuyentes, personas naturales y/o jurídicas, así como los bienes inmuebles, morosos de pago de los impuestos, tasa y contribuciones especiales causados al 29 de febrero de 2020. Por tanto, quedan incluidos:

En efecto, la Ley 160 modifica el Artículo 5 de la Ley 99 de 2019, indicando que el período de Amnistía Tributaria se concede hasta el 31 de diciembre de 2020, sujeto a las condiciones:

En relación a los arreglos de pago, la Ley 160 modificó el artículo 7 de la Ley 99 de 2019 que regula esta figura, disponiendo que el contribuyente u obligado al pago de los tributos en condición de morosidad, y aquellos que al momento de acogerse a la Ley 99 de 2019 hubieren acordado con anterioridad un arreglo de pago, podrán desistir de éste y, en ambos casos suscribirán un convenio de pago, siempre que abonen el 25% del impuesto nominal adeudado al momento de suscribir el referido convenido de pago, y se sujeten a las siguientes condiciones.

Es importante advertir que, de acuerdo con la Ley 160, el plazo para el cumplimiento total del arreglo de pago realizado hasta el 29 de febrero de 2020 se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. Por su parte, los arreglos de pago que se realicen con posterioridad al 29 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 deberán ser cancelados en su totalidad hasta el 30 de abril de 2021.

Por último, los saldos morosos que, por cualquier razón, no se hubieren cancelado dentro del período de amnistía o al vencimiento de su respectivo arreglo de pago, estarán sujetos a los intereses, recargos y multas previstos por la Ley.

Por otra parte, la Ley 160 modifica el artículo 89 de la Ley 76 de 2019, la cual establece el Código de Procedimiento Tributario, estableciendo que los términos de prescripción de las obligaciones tributarias regirán para los impuestos causados a partir del 1 de enero de 2022.

Asimismo, la Ley 160 modifica el artículo 392 de la Ley 76 de 2019 disponiendo que el Código de Procedimiento Tributario comenzará a regir el 1 de enero de 2022, salvo por lo dispuesto en los artículos 1,2,3,4,5,6,9, 11,65 y 78; el numeral 3 del artículo 88, los artículos 100, 101, 127, 208, 259, 262, 273, 284, 285, 286, 287 y 288, y el numeral 11 del artículo 324, que entrarán a los 90 días de su promulgación y los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 60, 80,81, 82, 83, 84, 85, 103, 104, 105, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 158, 175, 176, 298, 299, 300 y 301 que entrarán en vigencia a partir de la promulgación de la Ley 76 de 2019.

La ley 160 también modifica los artículos 8 y 9 de la Ley 134 de 2020, señalando que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2020, se establece el plazo para presentar ante la DGI los formularios que debieron presentarse hasta el 29 de febrero de 2020, exentos de sus respectivas multas correspondientes a:

Asimismo, es importante destacar que el impuesto que resultare de una actualización y/o declaración de renta y que corresponda a períodos anteriores al 29 de febrero de 2020, deberá recibir los beneficios de la Ley de Amnistía, aplicándolos al estado de cuenta de acuerdo con el período en que se causaron, evitando el débito adicional que se establece ahora sin darle el tratamiento correcto en cuanto al período en que se causaron. Igualmente, aquél contribuyente que tuviere omiso algún tributo podrá hacer el pago total o acogerse a un arreglo de pago por la deuda que tenía a febrero de 2020.

Otra de las novedades que contempla la Ley 160 es que la DGI podrá colaborar con los bancos a fin de que éstos consideren otorgar facilidades crediticias a los contribuyentes para el pago de sus tributos.

La Ley 160 es de orden público e interés social y tendrá efecto retroactivo. Los artículos 5 y 7 de la Ley 99 de 2019 regirán hasta el 15 de octubre de 2019. Por último, la Ley 160 comenzará a regir desde su promulgación, esto es, a partir del 02 de septiembre de 2020.

En conferencia de prensa celebrada el martes 25 de agosto de 2020, se anunció la aprobación por parte del Consejo de Gabinete del plan actualizado de reapertura nacional-provincial, que se adopta con base en los indicadores de bioseguridad efectiva de casos y la capacidad de camas disponibles a nivel nacional.

Conforme al plan presentado por el Ministro de Comercio e Industrias, desde el próximo 7 de septiembre reabrirá la industria de la construcción y actividades relacionadas (i.e., ingenieros, arquitectos, administradores de proyecto, contratistas, servicios de mudanza, acarreos), Área Económica Especial Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón y zonas francas, marinas privadas y pesca deportiva, sastrerías y modisterías, zapaterías y lava autos.

El próximo 14 de septiembre, se levanta la restricción de movilidad por género y quedan sin efectos los salvoconductos, a excepción de las compañías que, por su actividad económica, requieran movilidad de sus trabajadores en horarios de toque de queda. En ese sentido, el toque de queda se establece en un horario de 11:00 pm a 5:00 am de lunes a sábado y cuarentena total el domingo.

Siguiendo con el plan, el 21 de septiembre reabrirán las actividades federativas, sin público. El 28 de septiembre abren, con presencia al público, las siguientes actividades: el comercio al por menor, los restaurantes y fondas, los servicios profesionales pendientes de abrir, los servicios administrativos y generales, la aviación nacional, las actividades familiares de playa, ríos, parques naturales (por provincia) y el hipódromo, sin público.

El 12 de octubre se levanta el toque de queda, inclusive el día domingo. En dicha fecha, abre la aviación internacional, hoteles, moteles, hostales rurales, sitios de hospedaje, servicios complementarios, actividades turísticas, transporte no esencial (recreativo), industrias creativas y culturales, academias de música y arte, bibliotecas, piscinas y la Lotería Nacional.

Asimismo, se anunció que, hay actividades que quedan pendientes de asignar una fecha para su reapertura, a saber: escuelas, colegios, universidades e instituciones de tercer nivel, jardines de infancia y los CAIPI. Tampoco hay fecha para abrir los cines, teatros, museos, galerías y sitios turísticos de estructuras cerradas, gimnasios, salas de diversión infantil, casinos, bares, cantinas, jardines, discotecas y similares, conciertos, patronales, ferias, procesiones, carnavales.

Mediante Resolución 766 de 2020 se establecen las medidas sanitarias que deberán cumplir todos los pasajeros que ingresen al país mientras dure el Estado de Emergencia. Dichas medidas son las siguientes:

Se exceptúan de las medidas a las tripulaciones técnicas, tripulaciones auxiliares, mecánicos y personal humanitario, los cuales deberán usar obligatoriamente mascarillas y cumplir las demás medidas bioseguridad.

De acuerdo con la Resolución, los vuelos comerciales y los vuelos humanitarios requerirán previa autorización del Ministerio de Salud. Mientras que, los vuelos de transporte de productos, equipos y similares artículos podrán llevarse a cabo sin autorización previa. 

Mediante la Ley 156 de 2020 se establecen medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de Panamá.  Los beneficios contenidos en la Ley serán aplicables a las personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, las personas a las que se les haya suspendido o cesado su contrato laboral, trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se haya visto afectada por las medidas sanitarias dictadas por las autoridades competentes.  En ese sentido, las personas que continúen percibiendo salario fijo o ingreso regular no podrán acogerse a la norma.

La Ley establece la moratoria de préstamos otorgados por bancos, cooperativas y financieras (privadas o públicas) hasta el 31 de diciembre para las personas naturales y jurídicas afectadas por la crisis económica dada la pandemia del COVID-19. 

Para estos efectos, será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago de los compromisos señalados anteriormente, la presentación de declaración jurada en papel simple o ante notario púbico para las personas naturales, jurídicas e independientes en la que hagan constar la afectación de sus ingresos, así como carta de despido, suspensión de contrato de trabajo o disminución de la jornada laboral.

La norma establece que una vez vencido el término de la moratoria, los acreedores de común acuerdo con el deudor deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor-cliente pueda retomar y prorratear el pago de sus compromisos, sin que ello conlleve el cobro de intereses, recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en su referencia de crédito.

De acuerdo con lo estipulado en la norma, los historiales de crédito de las personas no se verán afectados durante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y hasta sesenta días después de que esta se levante.

Adicionalmente, se establece que las entidades bancarias, cooperativas o financieras no efectuarán cobros ni podrán aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier otro interés por falta de pago respecto de los créditos antes listados, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020. La Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio e Industrias y demás autoridades competentes estarán obligadas a velar por el cumplimiento de esta medida y aplicarán las sanciones correspondientes. Esta medida sólo aplicará a las personas que han sufrido afectaciones en sus ingresos a partir de la crisis causada por la pandemia del COVID-19.

La norma comienza a regir a partir de su publicación en Gaceta Oficial, es decir, 1 de julio de 2020.

Mediante la Resolución 157 de 2020, la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) prorroga a partir del 18 de junio hasta el 8 de julio de 2020 la suspensión de términos judiciales en trámites penales y administrativos, todo esto como respuesta a la situación que actualmente se vive en la República de Panamá producto del COVID-19.

Quedan exceptuados de esta suspensión los términos establecidos en el procedimiento de mercancías afectadas por derecho de propiedad intelectual de competencia de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Mediante Resolución 027-2020 se habilita el uso de medios electrónicos para para el procedimiento administrativo de Verificación Previa de Concentraciones Económicas y recibir en línea solicitudes de los agentes económicos interesados en someter previamente la operación de concentración al concepto de ACODECO.  Para estos efectos, se habilita el correo electrónico concentraciones@acodeo.gob.pa

Mediante Resolución 029-2020 se implementa el uso de medios electrónicos para el proceso de investigación de agentes económicos, regulado en el artículo 49 del Decreto Ejecutivo 46 de 2009.  Asimismo, se habilita la presentación electrónica de denuncias sujetas a dicho proceso. Para estos efectos, se habilita el correo electrónico descargos@acodeco.gob.pa.

Dirección General de Ingresos prorroga la suspensión de términos respecto de recursos administrativos, requerimientos, solicitudes o citaciones en procedimientos que versen ante la entidad

Mediante Resolución 201-3530 de 2020 se prorroga la suspensión de términos respecto de recursos administrativos, requerimientos, solicitudes o citaciones en procedimientos de competencia de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.  La prórroga se establece hasta el 10 de julio de 2020 y podrá ser aplazada según recomendación de las autoridades sanitarias.

Municipio del Distrito de Panamá concede prórroga para presentar la Declaración Jurada Anual

Mediante el Acuerdo Municipal 99 de 2020, el Municipio del Distrito de Panamá concede una prórroga hasta el 31 de julio de 2020 el plazo, que tienen los contribuyentes para la presentación de la Declaración Jurada Anual a que hace referencia el numeral 3 del artículo 6 del Acuerdo Municipal 40 de 2011.  Ello, sin que implique la imposición de sanciones.

Municipio del Distrito de Panamá establece un régimen especial para el cobro de impuestos como medida transitoria de alivio económico para los contribuyentes de la institución

Mediante el Acuerdo 100 de 2020, el Municipio de Panamá autoriza a todos los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas para realizar arreglos de pago especiales, a partir de la fecha hasta el 31 de julio del año en curso, bajo condiciones transitorias especiales, establecidas previamente en el acuerdo. Luego del 31 de julio, los arreglos de pagos, no se realizarán bajo estas condiciones especiales.

El Acuerdo establece lo siguiente:

En todo caso, el incumplimiento de los arreglos de pago implicaría que la no aceptación del convenio o el incumplimiento de sus condiciones, por lo cual quedaría sin efecto dicho convenio y la deuda quedaría nuevamente activa.

El Decreto Ejecutivo 730 de 2020 y sus disposiciones entrarán a regir a partir del 22 de junio de 2020.

Que mediante la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0002-2020 de 2020 se establece los lineamientos temporales para la divulgación de información de los clientes a las agencias u oficinas procesadoras de datos para los fines operativos del Plan Panamá Solidario creado para mitigar la crisis por COVID-19. 

Dado que el apoyo solidario en modalidad de Bono Solidario será entregado a través de un instrumento financiero aprobado por la Comisión Interministerial y que el Vale Digital será entregado a través de la cédula de identidad personal ya no será necesaria la implementación de los lineamientos establecidos mediante la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0002-2020 de 2020, por lo que es emitida la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0006-2020 con la finalidad de derogarla en todas sus partes.

Mediante Acuerdo 193 de 2020 emitido por la Corte Suprema de Justicia se decreta la suspensión de términos judiciales y las labores en el Juzgado de Circuito Mixto del Circuito Judicial de la Provincia de Darién hasta el 28 de junio de 2020.

Asimismo, por medio de Acuerdo 194 de 2020 emitido por la Corte Suprema de Justicia se decreta la suspensión de términos judiciales y las labores en el Juzgado de Circuito Civil de la Provincia de Bocas del Toro y en el Juzgado Municipal de Bocas del Toro hasta el 21 de junio de 2020.

Mediante Acuerdo 209 de 2020 se establece un horario de despacho respecto de todos los tribunales que tengan sede en distrito capital y en distrito de Taboga, Balboa, Chepo, Chimán, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján, Capira, Chame y San Carlos; en un horario de 8:00 am a 12:00 md y 2:00pm a 5:00 pm.  

Que mediante el Decreto Ejecutivo 244 de 2020 se ordenó, por razones de salud pública, la suspensión de los vuelos internacionales durante 30 días calendarios a partir del 22 de marzo de 2020. Que en dicho Decreto se establece que el plazo antes mencionado podrá ser prorrogado mediante Resolución establecida por la Dirección General de la Autoridad Aeronáutica Civil (la Dirección), si así se requiriese.

Por ello, la Dirección emite la Resolución 080-DG-DJ-AAC a fin de prorrogar la suspensión de vuelos internacionales establecida mediante Resolución 068-DG-DJ-AAC de 14 de mayo de 2020, por 30 días calendarios adicionales, los cuales serán contados a partir del 22 de junio de 2020.

Se exceptúan de esta medida, los vuelos humanitarios y aquellos necesarios para transportar insumos, productos, equipos y demás artículos necesarios para afrontar el COVID-19.

La Resolución DM-161-2020 emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ordena la suspensión de los términos y tramites contenidos en el Código de Trabajo que versan ante Dirección General de Trabajo y en las Direcciones Regionales hasta el 21 de junio de 2020.  Además, se restablecerán los tramites y términos antes detallados a partir del 22 de junio de 2020.

Por su parte, las audiencias de los procesos judiciales que se llevan a cabo de la Dirección General de Trabajo y en las Direcciones Regionales serán programadas a realizarse a partir del 1 de julio de 2020.

La Resolución DM-162-2020 emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ordena la suspensión de los términos y tramites contenidos en el Código de Trabajo que versan ante las Juntas de Conciliación y Decisión ubicadas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste hasta el día 21 de junio de 2020.  Se restablecerán los tramites y términos antes detallados a partir del 22 de junio de 2020.

Mediante Resolución 026-2020 se habilita el uso de medios electrónicos para la presentación y recepción por medios electrónicos de las quejas en contra de los agentes económicos por presuntas infracciones a las normas de la Dirección Nacional de Protección al Consumidor de la Autoridad.

Las quejas que se ventilen utilizando medios electrónicos deberán ser por escrito o por medio de los formularios establecidos por la Autoridad. Además, las quejas debidamente admitidas por la Autoridad se notificarán a los agentes económicos quienes tendrán cinco días luego de efectuado el traslado de la queja, para presentar la contestación de la queja. 

La Resolución también establece que, las audiciencias podrán ser realizadas por medios electrónicos y mediante éstas se podrán aportar las pruebas y alegatos necesarios.  Todo lo actuado será recogido en un acta por la Autoridad y las partes involucradas deberán acudir a las oficinas de la entidad para firmar dicha acta dentro de los tres días hábiles siguientes.

Mediante publicación en noticiero de la localidad se comunica a la población que el Consejo Municipal del Distrito de Panamá aprobó hasta el 31 de julio, el acuerdo de extensión de moratoria respecto del pago de todos los tributos ante el Municipio de Panamá.

En la publicación, también se establece que recientemente la Alcaldía de Panamá anunció que presentarían ante los concejales, un acuerdo para extender el plazo a los contribuyentes cuyas placas vehiculares habían venido durante los meses de marzo, abril, mayo, también hasta el 31 de julio.

Por medio del artículo 6 de la Resolución 118 de 2020 se estableció la vigencia del procedimiento especial de importación bajo la modalidad de envío de socorro hasta el 7 de abril de 2020, sin embargo, se consideró oportuna la extensión de dicho plazo por lo que fue emitida la Resolución 121 de 2020.  La Resolución 121 de 2020 prorrogaba hasta el 7 de junio de 2020 la vigencia de dicho procedimiento.

En ese sentido, se emite la Resolución 147 de 2020 para prorrogar la vigencia del procedimiento especial de importación bajo la modalidad de envío de socorro por un término de dos meses que culminan el 8 de agosto de 2020.

Mediante Resolución SBP-RG-0006-2020, la Superintendencia de Bancos prorroga suspensión de términos procesales y administrativos hasta el 28 de junio de 2020, sin que ello implique el cierre de la Superintendencia ni la suspensión de sus labores. 

Mediante Decreto Ejecutivo 693 de 2020, el Ministerio de Salud deja sin efecto el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 644 de 2020 el cual ordenaba dejar sin efecto a partir del 8 de junio de 2020 la suspensión de los términos dentro de los procesos administrativos seguidos en las diferentes instituciones de Gobierno, ordenada mediante el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 507 de 24 de marzo de 2020. 

Por tanto, la suspensión de los términos dentro de los procesos administrativos seguidos ante las diversas instituciones del Gobierno Central y entidades autónomas y semiautónomas queda extendido hasta el día 21 de junio de 2020, exceptuando aquellos procedimientos de selección de contratistas efectuados para la contratación de obras, compras de equipos, bienes e insumos hospitalarios, así como medicamentos y otros bienes, siempre que hayan superado la etapa de presentación de propuestas.

Mediante la Resolución AN 1082-ADM de 2020 prorroga la suspensión de los términos en procesos administrativos y recursos que se encontraban en trámite al 11 de marzo de 2020 ante la entidad hasta el lunes 22 de junio de 2020, sin que ello implique el cierre de las oficinas de la Autoridad de los Servicios Públicos (la Autoridad).

Se exceptúan de la suspensión, los actos administrativos desarrolladas por la Autoridad en el ejercicio de la función fiscalizadora y durante el Estado de Emergencia Nacional, así como las actuaciones llevadas a cabo a través del Sistema de Administración de las Telecomunicaciones (SATEL) y aquellas llevadas dentro de los expedientes administrativos que cuenten con un procedimiento transitorio aprobado por la Autoridad que permita el trámite de manera electrónica o digital, así como la recepción de reclamaciones de clientes.

A través de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas se emite la Resolución Ministerial 008-2020 de 2020 (la Resolución) a fin de establecer las condiciones de la emisión de letras del tesoro con vencimiento el 11 de junio de 2021.

La Resolución establece las siguientes condiciones:

Mediante Resolución 492 de 2020 es emitida por el Ministerio de Salud con el fin de restringir la movilidad de las personas utilizando como base para ello, el sexo y número de cédula en el caso de nacionales, y el sexo y número de pasaporte para los extranjeros que se encuentren dentro de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

En ese sentido, las personas del sexo femenino podrán circular en el horario que les corresponda de acuerdo al último número de su cédula o pasaporte, durante los días lunes, miércoles y viernes; mientras que los de sexo masculino durante los martes, jueves y sábado. Los días domingo no podrá circular ninguna persona, salvo por motivos de salud o por el ejercicio de su actividad laboral.

Asimismo, los fines de semana del mes de junio, ambas provincias tendrán toque de queda a partir del día sábado a las 5:00 pm hasta el día lunes a las 5:00 am.

Los adultos mayores de sesenta años y personas con discapacidad podrán movilizarse con el propósito exclusivo de abastecerse de víveres o medicamentos dentro del horario de 7:00 am a 10:00 am, bajo los mismos parámetros de sexo y día de semana.

Mediante Decreto Ejecutivo 466 de 2020 se publica el protocolo para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral del sector público frente a la pandemia del COVID-19.  En el Decreto se establece que las entidades autónomas y semiautónomas que integran la administración descentralizada deben regresar a sus labores de forma gradual, con un máximo del 30% de individuos que integren el personal de cada institución.

De igual forma, se establece que en las distintas entidades se deberá conformar un Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19.  El Comité deberá estar constituido por un representante de la oficina institucional de recursos humanos, un representante de la dirección de administración y finanzas, un representante de cada una de las direcciones que integren la institución y el médico de la clínica institucional, en caso de tenerlo.

Las guías fueron emitidas por el Ministerio de la Presidencia, a través de la Dirección General de Carrera Administrativa.  Específicamente, el protocolo desarrolla los siguientes aspectos:

Mediante Resolución 201-3005 de 2020 se prorroga la suspensión de términos respecto de recursos administrativos, requerimientos, solicitudes o citaciones en procedimientos de competencia de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.  La prórroga se establece hasta el 30 de junio de 2020 y podrá ser aplazada según recomendación de las autoridades sanitarias.

Dado el Resuelto 1404-A se autoriza de manera transitoria, la implementación de la educación a distancia con sus diversas modalidades: semi presencial, no presencial, virtual y tele presencial.

Específicamente, se establecen las características que debe reunir la educación a distancia, el formato con que deberán contar los materiales didácticos a utilizar, las variantes de los planes y programas de estudio a distancia, los aspectos que se deben considerar para el establecimiento de las horas de formación a distancia, entre otros.  

Mediante Resolución 740-2020-DNMySC de 2020, emitida por la Contraloría General de la República para aprobar el manual de procedimientos para la ejecución y distribución del apoyo solidario, modalidad “Vale Digital” del Plan Panamá Solidario. En la Resolución se establecen los procedimientos específicos para la asignación del fondo a los beneficiarios del Vale Digital, los reembolsos a los comercios; incluyendo, mapas con detalles paso a paso de estos procedimientos.

Mediante la Resolución 1421 de 2020, el Ministerio de Salud establece un procedimiento temporal de inspección remota para la certificación sanitaria de los bancos de nuevo abanderamiento. En ese sentido se establecen que, para solicitar la certificación, los agentes residentes deberán presentar la solicitud de manera habitual y en un USB deberán aportar la documentación requerida dependiendo del tipo de embarcación (i.e., barcos nuevos, barcos de nuevo abanderamiento proveniente de otra bandera).

En adición, se establece que la documentación deberá presentarse completa, refrendada por el capitán del banco y apostillada. En caso de satisfacer la revisión pertinente, se procederá a emitir el certificado sanitario, mientras que, si la documentación no es satisfactoria, se comunicará mediante nota el incumplimiento y el certificado sanitario se emitirá una vez se resuelvan las inconformidades. Cabe resaltar que, una vez se levante el Estado de Emergencia Nacional se deberá solicitar la inspección sanitaria in situ.

Mediante Resolución 025-2020 se habilita el uso de medios electrónicos como las plataformas de skype, zoom y otras para la celebración de reuniones entre los consumidores, agentes económicos y los abogados del Departamento de Defensoría de Oficio de la Dirección Nacional de Protección al Consumidor de la Autoridad. Las reuniones deberán pactarse mediante las cuentas de correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que conste en los expedientes administrativos.

Asimismo, se habilita el uso de un equipo de computación para aquellos consumidores, agentes económicos que no tengan acceso a internet o herramientas digitales para llevar a cabo las reuniones virtuales.

La Resolución establece que el consumidor deberá enviar toda la documentación requerida para la elaboración de la demanda o cualquier otro documento relacionado a su representación legal solicitada al Departamento de Defensoría de Oficio, a través de la cuenta de correo electrónico de abogado asignado al expediente administrativo de queja. En los casos en que el proceso de conciliación al consumidor fuese realizado por medios electrónicos, el consumidor deberá remitir la solicitud de defensoría y sus documentos anexos, en formato PDF a los medios electrónicos habilitados por la Autoridad para estos fines.

En adición, se establece que las transacciones o acuerdos extrajudiciales a los que lleguen el consumidor con el agente económico estarán sujetas a los requisitos y formalidades establecidos por la Ley.

Mediante Decreto de Gabinete 18 de 2020, el Consejo de Gabinete autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud a suscribir el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre Panamá y el Banco Centroamericano de Integración Económica referente a la donación de 26,000 pruebas de COVID-19 por un monto de hasta USD. 300,000.00 incluyendo gastos de logística.   En adición, en el Decreto se autoriza individualmente al Ministro de Economía y Finanzas, Ministra de Salud o en su defecto al embajador de Panamá en Estados Unidos para que suscriban en nombre de la República de Panamá, el Convenio en cuestión.

Mediante Resolución SBP-RG-0005-2020, la Superintendencia de Bancos prorroga suspensión de términos procesales y administrativos hasta el 7 de junio de 2020, sin que ello implique el cierre de la Superintendencia ni la suspensión de sus labores.

Mediante Resolución SBP-ADM-0015-2020, la Superintendencia de Bancos modifica, de manera temporal, el horario de la entidad a partir del 1 de junio de 2020, de la siguiente manera:

Mediante Acuerdo Municipal 85 de 2020, el Consejo Municipal del Distrito de Panamá ordena a la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá suspender provisionalmente los permisos de construcción, uso de acera y estructuras temporales por motivos de la suspensión temporal de la actividad de construcción.  

Mediante comunicado publicado en la página web del Ministerio de Comercio e Industrias (el Ministerio) anunció que las autoridades del Ministerio iniciaron gira de visitas a empresas para verificar el proceso de apertura y adaptación de la forma de operar a los lineamientos y guías sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud de Panamá.

Con la reactivación del bloque dos del plan de reapertura y al permitir la operación de dichas empresas se estima que más de 80 mil personas podrán retomar gradualmente sus empleos y apoyar el flujo comercial indispensable para la economía.

De acuerdo con el comunicado, en el plan de recuperación económica, está establecido la reapertura gradual y asimétrica de las diferentes actividades económicas, por lo que el Gobierno Nacional mantendrá el seguimiento detallado del comportamiento de los diferentes indicadores y variables que permitirán la reapertura de los siguientes bloques.

En página web del Ministerio de Comercio e Industrias (el Ministerio), mediante comunicación se establece que la apertura progresiva en bloque de actividades económicas en concordancia con el cumplimiento de las medidas sanitarias es un paso que contempla el plan de reactivación de la economía lo cual es un compromiso que ha llevado al Gobierno Nacional a fortalecer las estrategias, tanto locales como internacionales a fin de ponerlas en ejecución y lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

En adición, el comunicado indica que, el Gobierno Nacional a través del MICI trabajará en cuatro focos: la industria nacional; la inversión extranjera y equiparación logística; las micro, pequeñas y medianas empresas; y la promoción, fortalecimiento e incremento de la oferta exportable panameña en mercados claves.

En cuanto a la industria Nacional, el Ministerio impulsará el Programa Nacional de Competitividad Industrial (PNCI), en el cual se trabajará de manera articulada con todas las instancias y organizaciones afines. El programa prevé, entre otras cosas, facilitar incentivos no fiscales, es decir acciones concretas que propicien el desarrollo de todas las empresas que involucren la transformación de materia prima.

De otro lado estará la captación y la retención de inversiones extranjeras. Para ello, se ha diseñado un nuevo régimen especial para las Empresas Multinacionales de Servicios Relacionados a la Manufactura (EMMA); emulando el esquema exitoso que ha tenido las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM).

En adición, el MICI trabajará junto con la Autoridad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), con la Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF) y Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (UNPYME) a fin de tomar medidas para evitar la caída de la actividad y la merma de los ingresos las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Otro aspecto contemplado es la reactivación de las exportaciones, en la identificación de oportunidades, agilización de procesos, mejora en las condiciones y marco legal internacional. En este sentido, el Gobierno Nacional buscará aprovechar eficientemente las ventajas de los tratados de libre comercio firmados por Panamá, así como la identificación de mercados claves de la mano de la tecnología.

Con el propósito de paliar los efectos derivados de la situación económica que vive el país tras el brote del COVID-19, se crea el Plan Panamá Solidario como un apoyo para mitigar la necesidad de alimentos, productos de higiene y medicamentos en los ciudadanos más afectados del país.

En ese sentido, se emite la Resolución 001 de 2020 del Ministerio de la Presidencia a fin de aprobar el reglamento de esquema de funcionamiento y los parámetros de asignación y distribución de los apoyos solidarios para la ejecución del Plan Panamá Solidario.

El Reglamento incluye disposiciones para establecer la estructura organizativa y las funciones de ésta, definiciones, equipos de trabajo dependiendo del beneficio otorgado (i.e., equipos de bolsas de comida, equipos de vale digital, equipos de bonos solidarios) y sus respectivas funciones. 

El Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Seguridad Pública emite la Resolución 8189 de 2020 a fin de extender hasta el 7 de junio de 2020, la vigencia de los permisos de residencia de extranjeros vencidos a partir del 13 de marzo de 2020.  Se extienden también los tramites de carné de permisos en trámite, carné de permisos provisionales, visas de no residentes, carné de estadía judicial, carné de regularización migratoria. 

En adición a lo anterior, se ordena el levantamiento de la suspensión de términos legales aplicables a los procesos administrativos migratorios en curso, a partir del 8 de junio de 2020.  También, se otorga una extensión de hasta tres meses a las personas cuyo permiso de residente temporal, permiso de regularización migratoria y visa de turismo cuya vigencia expiró durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo al 7 de junio, para la presentación de solicitudes, sin que ello genere multas y recargos.

La Resolución establece que se reconoce como vigente la documentación previamente expedida y que haya expirado durante el periodo comprendido entre el día 13 de marzo y 7 de junio de 2020 hasta un periodo de tres meses.  Con excepción de las cartas de referencias bancarias y certificados de salud.

Tanto usuarios como colaboradores del Servicio Nacional de Migración deberán seguir los lineamientos y guías sanitarias para las operaciones post COVID-19 emitidas por las autoridades competentes.

Mediante Resolución 024-2020 se adopta el uso de medios electrónicos para el procedimiento administrativo de conciliación al consumidor con la habilitación de la presentación electrónica de quejas para los casos que se llevan en el Departamento de Conciliación dentro de los procesos administrativos de conciliación al consumidor. Tanto la comunicación y las notificaciones pertinentes se harán por los medios electrónicos correspondientes, mientras que las audiciencias se procurarán establecer de forma presencial.

El acta de conciliación será emitida por el Departamento de Conciliación y se enviará por el mismo medio electrónico para el conocimiento de las partes.  La firma del acta se hará de manera presencial.

Que mediante el Decreto Ejecutivo 612 de 2020 se otorgó a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) la facultad de ejecutar y velar por el cumplimiento de la regulación temporal en la venta de bebidas alcohólicas, así como aplicar las sanciones correspondientes. En ese sentido, se emite la Resolución 023-2020 con el fin de habilitar temporalmente la presentación electrónica del escrito de descargos y las pruebas en las investigaciones administrativas seguidas a los respectivos agentes económicos.

La Resolución establece que se ha habilitado un correo electrónico descargos@acodeco.gob.pa para la presentación y recepción electrónica del escrito de descargos y pruebas en los procesos e investigaciones administrativas que se inicien en contra de los agentes económicos infractores. La documentación deberá enviarse en formato PDF identificando el proceso al que se refiere.

Los agentes económicos también podrán realizar presentaciones de recursos de apelación y reconsideración que agoten la vía gubernativa, a través del correo electrónico apelaciones@acodeco.gob.pa. La documentación que se presente deberá remitirse en formato PDF, con constancia que quien suscribe es el representante legal o persona autorizada para ello y adjuntar imagen del aviso de operación firmado o del certificado de Registro Público vigente.

La Resolución revoca la Resolución A-018-2020 de 20 de marzo de 2020.

Mediante la Resolución 1420 de 2020 se ordena el uso obligatorio de mascarillas o barbijos a nacionales y extranjeros para circular en todo el territorio nacional.  En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes por las autoridades competentes.

El Ministerio de Salud con la finalidad de modificar el Decreto Ejecutivo 507 de 2020 que establecían el toque de queda a nivel nacional y otras medidas para la mitigación y control de la pandemia del COVID-19, procedió a promulgar el Decreto Ejecutivo 644 de 2020 (El Decreto).

El Decreto modifica el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 507 de 2020 para fijar toque de queda en todo el territorio nacional desde las 7:00 pm hasta las 5:00 am a partir del 1 de junio de 2020. En ese sentido, se deja sin efecto las restricciones de movilidad de las personas atendiendo al sexo y número de cédula de identidad personal / número de pasaporte para nacionales y extranjeros.

Asimismo, se deja sin efecto, a partir del 8 de junio de 2020, la suspensión de los términos dentro de los procesos administrativos seguidos ante las diferentes instituciones del Gobierno. 

El Decreto también establece que se mantienen vigentes las zonas epidémicas, los cercos sanitarios y puestos de control establecidos por el Gobierno Nacional.

Mediante la Resolución 453 de 2020, el Ministerio de Salud autoriza la reactivación, operación y movilización de las siguientes actividades contenidas en el segundo bloque de la “Ruta hacia la nueva normalidad” a partir del 1 de junio de 2020:

Asimismo, la Resolución 453 modifica diversos artículos de la Resolución 399 de 2020 a fin de ampliar los horarios de atención de las ferreterías, así como el horario de entrega de productos de los comercios dedicados a las ventas en línea o través de plataformas digitales.

Mediante el Decreto Ejecutivo 97 de 2020, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral dispuso prorrogar de manera automática, por segunda vez, por un periodo de un mes (i.e., 30 días calendarios), la autorización de la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo otorgados en concordancia con las medidas preventivas ordenadas por las autoridades gubernamentales dentro del Estado de Emergencia Nacional.

Las prorrogas de la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajos correspondientes las empresas no incluidas dentro de la automatización de la prórroga, deberán gestionar sus procedimientos de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 95 de 2020.

Esta medida durará hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional.

La Resolución DM-156-2020 emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ordena la habilitación de los trámites y términos judiciales que versan ante la Dirección General de Trabajo y las Direcciones Regionales de todo el país, a partir del 15 de junio de 2020.  Las audiencias de los procesos judiciales que se llevan a cabo de la Dirección General de Trabajo y en las Direcciones Regionales serán programadas a realizarse a partir del 1 de junio de 2020.

La Resolución también establece que se continuará brindando el servicio de las orientaciones laborales a través de los medos digitales (MITRADEL DIGITIAL) y comunicación telefónica.

La Resolución DM-157-2020 emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ordena la reapertura de las Juntas de Conciliación y Decisión a nivel nacional desde el día 8 de junio de 2020.  La reactivación de los términos y atención al público será a partir del 15 de junio de 2020. Las audiencias que se lleven a cabo antes estos entes serán programadas para realizarse a partir del 1 de junio de 2020.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral emite la Resolución DM-158-2020 de 2020 a fin de extender hasta el 15 de junio de 2020, la vigencia de todos los permisos de trabajo vencidos y suspende los trámites de filiación, presentación, seguimiento, entrevistas matrimoniales, notificación, expedición de carné de permiso de trabajo hasta el 15 de junio.

Igualmente, se suspenden los términos judiciales de los procesos y actuaciones dentro del Departamento de Migración Laboral y demás direcciones regionales hasta el 15 de junio.

En vista que la Dirección General de Ingreso mediante Resolución 201-1498 de 17 de febrero de 2020 resolvió extender hasta el 31 de mayo de 2020, el plazo de presentación de los registros de préstamos y/o registro de modificaciones de préstamos hipotecarios preferenciales, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2019 y enero. febrero, marzo del año 2020, y dada la situación actual que se vive en el país producto del COVID-19, decidió mediante la Resolución 201-2753 de 2020 extender hasta el 30 de septiembre de 2020

el plazo de presentación de los registros de préstamos y/o registro de modificaciones de préstamos hipotecarios preferenciales, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre. diciembre del año 2019 y enero, febrero, mazo, abril, mayo, junio, julio del año 2020.

Desde el 1 de junio, las actividades de minería no metálica y las industrias, los proyectos de construcción de infraestructura pública priorizada con aprobación del Ministerio de Salud (MINSA), podrán reactivar operaciones, bajo el cumplimiento de los lineamientos sanitarios establecidos.

El ministro de Comercio e Industrias en conferencia de prensa detalló que entre las actividades de minería no metálica autorizadas están las concesiones de exploración y extracción no metálica otorgadas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Mientras que en el sector industrial reabrirán todas aquellas empresas cuyas actividades no fueron exceptuadas en los decretos anteriores, ya que se dedican la fabricación de productos no esenciales. La validación de salvoconductos para el personal de las empresas activas no será requerida desde el 1 de junio.

 Las empresas que forman parte del bloque dos solo podrán laborar de lunes a sábado, y deberán seguir los protocolos para el retorno a la normalidad establecidos mediante la Resolución 405 de 2020 y las guías sanitarias para las operaciones post Covid-19, emitidas por el MINSA.

El proceso de reapertura también alcanza en esta etapa a los lugares de culto, parques, áreas deportivas y áreas sociales (de los edificios residenciales y al aire libre de clubes privados). En ese sentido y con relación a estas áreas, sólo se permitirá su ocupación hasta el 25% de capacidad y con distanciamiento físico de 2 metros. Igualmente, se deberán seguir los lineamientos de la Resolución 405 de 2020 y los horarios serán establecidos por el MINSA.

Mediante Decreto Ejecutivo 637 de 25 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud de Panamá prorroga por quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, la cual había sido suspendido originalmente por espacio de treinta (30) días calendario a partir del 24 de marzo de 2020, a través del Decreto Ejecutivo 506 de 24 de marzo de 2020, término éste posteriormente prorrogado por espacio de otros treinta (30) días calendario adicionales, esto es, a partir del 24 de abril de 2020 según Decreto Ejecutivo 548 de 24 de abril 2020. 

Cabe señalar que el Decreto Ejecutivo 637 de 25 de mayo de 2020 dispone que durante el período de suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, el Ministerio de Salud podrá ordenar mediante resolución la reactivación de la operación, actividad y movilidad de empresas que desarrollen proyectos y presten servicios a alguna entidad pública, cuya suspensión temporal de la actividad obedezca a órdenes dictadas por el Órgano Ejecutivo en razón de la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.

Basado en las políticas de medidas para aliviar el impacto económico producto del Estado de Emergencia en Panamá establecidas mediante el Decreto Ejecutivo 251 de 24 de marzo de 2020, la Dirección General de Ingresos emitió la Resolución 201-2752 de 25 de mayo de 2020, la cual extiende hasta el 31 de julio de 2020 el plazo para la presentación del Informe de Planilla 03 correspondiente al período fiscal 2019, mismo que, conforme a la normativa actual debía ser presentado dentro de los primeros cinco (5) meses del año siguiente al que se declara en el formulario (i.e. 30 de mayo de 2020). Informe de Planilla 03 es el que permite al contribuyente, ya sea natural o jurídico, presentar la información de todos sus trabajadores, en concepto de las retenciones del impuesto sobre la renta.

Mediante la Resolución 134 de 25 de mayo de 2020, la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) prorroga hasta el 17 de junio de 2020 la suspensión de términos judiciales en trámites penales y administrativos, previamente establecidas por las Resoluciones 116 de 23 de marzo de 2020, 123 de 6 de abril de 2020 y 126 de 4 de mayo de 2020, todo esto como respuesta a la situación que actualmente se vive en la República de Panamá producto del Covid-19 y el Estado de Emergencia decretada por el gobierno. Quedan exceptuados de esta suspensión los términos establecidos en el procedimiento de mercancías afectadas por derecho de propiedad intelectual de competencia de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Mediante la Resolución FGC-29-20 se extiende la suspensión de términos judiciales en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de Cuentas y mantiene la interrupción de la atención al público del 18 de mayo al 5 de junio de 2020.

Mediante la Resolución 051-2020 se aprueban las condiciones para el programa de crédito Panamá Solidario para la actividad agrícola.  Dentro de estas condiciones se establece que los beneficiarios serán los clientes establecidos en el Banco que se encuentren en estado vigente, que no se encuentren dentro de los programas de refinanciamiento, ni bajo la Ley 24 de 2001 ni Ley 25 de 2001.  Igualmente, podrán ser beneficiarios del programa los productores nuevos que cumplan con los requisitos de créditos del Banco.

La Resolución establece que la fuente de los recursos del financiamiento provendrá del otorgamiento de los programas de crédito del Banco, conforme a la disponibilidad del presupuesto de inversión vigente.  Asimismo, se establece que el monto del programa será de cien mil dólares (USD. 100,00.00).

El programa va dirigido al micro, pequeño y mediano productor para las siguientes actividades agrícolas:

La tasa de interés con la que se mantendrán los créditos aprobados bajo este programa será del cero por ciento (0%) y en cuanto a los plazos y las amortizaciones, las mismas estarán sujetas a la disponibilidad de ingresos que se obtengan de la actividad financiada.  Por su parte, el proceso de desembolso se hará a través de:

Requisitos y condiciones generales aplicarán a las personas / clientes interesados a obtener este crédito.

Mediante la Resolución 052-2020 se aprueban las condiciones para el programa de crédito Panamá Solidario para la actividad pecuaria.  Dentro de dichas condiciones se establece que los beneficiarios serán los clientes establecidos en el Banco que se encuentren en estado vigente, que no se encuentren dentro de los programas de refinanciamiento, ni bajo la Ley 24 de 2001 ni Ley 25 de 2001.  Igualmente, podrán ser beneficiarios del programa los productores que cumplan con los requisitos de créditos establecido en el Manual Normativo del Banco.

La Resolución establece que la fuente de los recursos del financiamiento provendrá del otorgamiento de los programas de crédito del Banco, conforme a la disponibilidad del presupuesto de inversión vigente.  Asimismo, se establece que el monto del programa será de cien mil dólares (USD. 100,00.00).

El programa busca brindar financiamiento a las actividades contempladas bajo las normas y cumplimientos contenidos en el Manual Normativo de Crédito del Banco.  Se apoyará al micro, pequeño y mediano productor para las siguientes actividades pecuarias:

La tasa de interés con la que se mantendrán los créditos aprobados bajo este programa será del cero por ciento (0%) y a partir del cuarto año se ajustará a una tasa de dos por ciento (2%).  En cuanto a los plazos y las amortizaciones, las mismas estarán sujetas a la disponibilidad de ingresos que se obtengan de la actividad financiada.  Por su parte, el proceso de desembolso se hará a través de:

Requisitos y condiciones generales aplicarán a las personas / clientes interesados a obtener este crédito.

Mediante Resolución 187 de 17 de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas exceptúo el registro sanitario de productos de higiene necesarios para prevenir el COVID-19 y permitir el acceso de productos a la población.  En ese sentido, se emite la Resolución 290 de 6 de mayo de 2020 para prorrogar en todas sus partes la Resolución 187 de 2020, hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional.

A través de la Resolución DM-154-2020 el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral adopta y publica el formulario de requisitos básicos para el cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas POST COVID-19.

El formulario debe ser completado con la información que se detalla en el documento (i.e., datos generales de la empresa, datos del comité de higiene y sus miembros y otros datos adicionales).  Una vez completado, la empresa deberá enviar el formulario a las plataformas digitales del Ministerio, junto con los protocolos y guías, como anexo a los Planes de seguridad, salud e higiene o planes de prevención y gestión de Riesgos Profesionales, según aplique dada la actividad económica de la empresa.

La Dirección General de Inspección revisará la documentación remitida y el Ministerio de Salud realizará las debidas inspecciones para validar el cumplimiento de los protocolos a fin de luego emitir la certificación del sello Panamá Saludable.

La Resolución también establece que además de cumplir con cada uno de los protocolos, guías y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, las empresas deberán:

Mediante Resolución 201-2401 de 2020, la Dirección General de Ingresos extendió el plazo de presentación de ciertos informes debido a la situación que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, se hace necesario prorrogar nuevamente los plazos establecidos para la presentación de dichos reportes tomando en cuenta que muchos plazos están por vencer y que hasta el momento la cuarentena se mantiene, imposibilitando a muchos contribuyentes de cumplir con estos plazos.

Por ello, se emite la Resolución 201-2722 de 2020 para modificar el artículo primero y segundo de la Resolución 201-2401.  Las modificaciones del artículo primero extienden el plazo hasta el 31 de julio de 2020, para la presentación de los formularios cuyo periodo a reportar corresponda a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2020, específicamente respecto de los siguientes informes:

Los cambios hechos al artículo segundo de la Resolución 201-2401 de 2020 buscan extender el plazo hasta el 17 de julio de 2020 para la presentación de los siguientes informes:

Mediante la Resolución AN 1081-ADM de 15 de mayo de 2020 prorroga la suspensión de los términos solo en aquellos procesos administrativos y recursos que se encontraban en trámite al 11 de marzo de 2020 ante la entidad hasta el lunes 8 de junio de 2020, sin que ello implique el cierre de las oficinas de la Autoridad de los Servicios Públicos (la Autoridad).

Se exceptúan de la suspensión, los actos administrativos desarrolladas por la Autoridad en el ejercicio de la función fiscalizadora y durante el Estado de Emergencia Nacional, así como las actuaciones llevadas a cabo a través del Sistema de Administración de las Telecomunicaciones (SATEL), aquellas llevadas dentro de los expedientes administrativos que cuenten con un procedimiento transitorio aprobado por la Autoridad que permita el trámite de manera electrónica o digital, así como la recepción de reclamaciones de clientes.

Mediante la Resolución AN 1077-ADM de 22 de abril de 2020 se aprueba un procedimiento transitorio a fin de atender de manera electrónica, los reclamos que se den por motivo de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, con la misma validez y reconocimiento legal que el procedimiento presencial.  Para estos propósitos, se emite la Resolución AN 1080-ADM de 15 de mayo de 2020 (la Resolución) y modificar el procedimiento aprobado mediante Resolución AN 1077-ADM. 

Los cambios introducidos mediante la Resolución se materializan a fin de garantizar el debido proceso en los reclamos recibidos por los prestadores de servicios públicos y por la Autoridad, estableciendo etapas y plazos, así como para velar por la confidencialidad de la información de los clientes.

Mediante Resolución N° 441-2020-DG de 2020 la Caja de Seguro Social modifica la Resolución 382-2020-DG a efectos de suspender los términos judiciales de la jurisdicción coactiva y los términos legales de todos los procesos administrativos de la institución, hasta el 7 de junio de 2020.

Dada la situación en el país por la pandemia del COVID-19, las empresas financieras han adoptado medidas especiales y temporales para el cobro de las obligaciones a aquellas personas que se han visto afectadas ante la crisis económica causada por el virus. 

En ese sentido, el Ministerio de Comercio e Industrias emite la Resolución 38 de 2020 a fin de autorizar a las empresas financieras reguladas por la Dirección General de Empresas Financieras el Ministerio, a utilizar los medios o modalidades de comunicación tales como: correo electrónico, mensaje de texto vía celular como medios de constancia escrita, mediante el cual la empresa financiera hace de conocimiento del usuario o consumidor financiero, de las facilidades otorgadas ya sea en concepto de periodos de gracia, ajustes en la tasa de interés, modificación del plazo de financiamiento y/o cualquiera otra disposición para la implementación de las medidas acordadas.

En adición, la Resolución establece que las medidas especiales y temporales sólo serán aplicadas a aquellos clientes que se han visto afectados por la crisis económica causada por el COVID-19; es decir, aquellas personas a las que se le haya suspendido o cesado su contrato laboral, trabajadores independientes. 

Mediante Resolución N° 39 de 2020, el Ministerio de Comercio e Industrias prorroga la vigencia de la Resolución 27 de 2020 y sus prórrogas, que ordenan la suspensión de los términos de todos los procesos administrativos y judiciales que se surten ante cualquier dirección, departamento y/o unidad del Ministerio de Comercio e Industrias desde el 19 de mayo hasta el 7 de junio de 2020. 

La medida podría ser prorrogada según lo sugiera el Gobierno Nacional. 

Mediante comunicado, la Corte Suprema de Justicia indica que por medio de Acuerdo 168 de 2020 se prorrogará la suspensión de términos judiciales a partir del 18 de mayo hasta el 7 de junio de 2020.  Adicionalmente, se solicita la continuidad en la reorganización de los tribunales mientras que las labores estén suspendidas.

Además, se establece que se reanudará la atención al público en los despachos judiciales de todo el país, la semana del 1 al 5 de junio en un horario de 8 am a 5 pm, periodo en el cual podrán consultar expedientes, presentar escritos, nuevas demandas y lo que se considere necesario para el mejor proveer de los procesos.

En entrevista con un noticiero de la localidad, el Director General de Ingresos de Panamá indicó que los compromisos de la declaración jurada de rentas podrían prorrogarse del 30 de mayo hasta el 17 de julio de 2020, según lo establecido en la propuesta de norma que se le presentará al presidente de la República.

Además, estableció que la Dirección General de Ingresos no ha cesado sus labores durante la pandemia.  También, señaló que si bien antes se tenían 60 trámites a través de medios digitales, hoy día se tienen 120, lo cual ha dado muchas más opciones a los contribuyentes panameños.

El Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Seguridad Pública emite la Resolución 7538 de 2020 a fin de extender hasta el 31 de mayo de 2020, la vigencia de los permisos de residencia de extranjeros vencidos a partir del 13 de marzo de 2020.  Se extienden también los tramites de carné de permisos en trámite, carné de permisos provisionales, visas de no residentes, carné de estadía judicial, carné de regularización migratoria. 

En adición a lo anterior, se suspenderán los términos en los procesos y actuaciones que se gestionen ante el Servicio Nacional de Migración y sedes regionales hasta el 31 de mayo 2020. Asimismo, se suspende la atención al público en la sede principal y sedes regionales hasta dicha fecha.  

La Resolución también establece que solo se permitirá el ingreso al territorio nacional de vuelos humanitarios y aquellos necesarios para transportar carga y productos, equipos médicos, medicamentos, vacunas y cualquier otro insumo relacionado con salud pública.  La tripulación o conductores de empresas de transporte aéreo, marítimo o terrestre podrán ingresar al territorio nacional siempre que estén debidamente autorizados para ello por las autoridades competentes.

Mediante Resolución de Gabinete 16 de 2020 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas suscribir un contrato de préstamo entre la República de Panamá y la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de trescientos cincuenta millones de dólares con 00/100 (USD.350,000,000.00) sujeto a las siguientes condiciones:

Que mediante el Decreto Ejecutivo 244 de 2020 se ordenó, por razones de salud pública, la suspensión de los vuelos internacionales durante 30 días calendarios a partir del 22 de marzo de 2020. Que en dicho Decreto se establece que el plazo antes mencionado podrá ser prorrogado mediante Resolución establecida por la Dirección General de la Autoridad Aeronáutica Civil (la Dirección), si así se requiriese.

Por ello, la Dirección emite la Resolución 068-DG-DJ-AAC a fin de prorrogar la suspensión de vuelos internacionales establecida mediante Resolución 053-DG-DJ-AAC de 14 de abril de 2020, por 30 días calendarios adicionales, los cuales serán contados a partir del 22 de mayo de 2020.

Se exceptúan de esta medida, los vuelos humanitarios y aquellos necesarios para transportar insumos, productos, equipos y demás artículos necesarios para afrontar el COVID-19.

Mediante Decreto Ejecutivo 96 de 2020, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (el Ministerio o MITRADEL) establece que para la operación y reactivación gradual de las empresas y/o actividades comerciales decretadas por el Ministerio de Salud, las empresas deberán informar a la Dirección General de Trabajo y/o Regionales del Ministerio, los datos requeridos para el reintegro de los trabajadores en base al formulario digital creado para estos fines.  Los empleados y empleadores podrán revisar el estado de la suspensión mediante la plataforma digital de verificación del MITRADEL.

La Dirección de Inspección de Trabajo del Ministerio luego de la orden de reapertura gradual, podrá verificar que las listas de trabajadores reintegrados entregadas a la Dirección corresponden a aquellos que se encuentren trabajando.

Adicionalmente, se establece que el incumplimiento de las medidas sanitarias conllevará con la imposición de sanciones según corresponda.

El Decreto también establece que las empresas que reactiven sus operaciones autorizadas por el Ministerio de Salud podrán acordar con sus trabajadores una reducción en las jornadas laborales de éstos mientras dure el Estado de Emergencia Nacional.

Mediante el Decreto Ejecutivo 114 de 2020 se estableció el margen bruto máximo de venta en toda la cadena de comercialización en Panamá, respecto de artículos de aseo personal, limpieza y consumo, que sean de primera necesidad.  Dado que, como medida emitida por el Ministerio de Salud para la mitigación del COVID-19 se ha establecido el uso obligatorio de las mascarillas al salir de casa, se emite el Decreto Ejecutivo 152 de 2020.

El Decreto Ejecutivo 152 de 2020 modifica el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 114 de 2020 para establecer temporalmente por tres meses, el porcentaje de margen bruta máximo en comercialización de las mascarillas desechables.  El nuevo porcentaje será de 15% de margen bruto máximo.

Asimismo, se modifica el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 114 de 2020 para establecer a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) será la autoridad competente de velar por el cumplimiento de la medida y de la aplicación de las sanciones correspondiente.

Mediante Decreto Ejecutivo 291 de 2020 se reglamenta la Ley 152 de 2020 que adopta medidas sociales especiales para la suspensión temporal del pago de servicios públicos. En ese sentido, el Decreto establece que se suspende a nivel nacional por cuatro meses contados a partir del 1 de marzo de 2020, el pago de los servicios públicos de electricidad, telefonía fija, telefonía móvil e internet, como medida especial en atención a la emergencia sanitaria nacional.

Dicha suspensión temporal no podrá desmejorar la calidad de los bienes y servicios suministrados por los proveedores, quienes deberán adoptar condiciones de un trato equitativo y digno a favor de los clientes.

El Decreto también establece que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberán establecer los parámetros para que aquellos que se acojan a la Ley 152 de 2020, retomen el pago de los compromisos dejados de pagar.  Los parámetros deberán contener:

Las medidas contenidas en la Ley 152 de 2020 serán aplicables a personas que se hayan visto afectadas, específicamente a:

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá expedir las reglamentaciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

Mediante la Resolución 423 de 2020 el Ministerio de Salud autoriza la reactivación, operación y movilización de las siguientes actividades contenidas en el primer bloque de la estrategia “Ruta hacia la nueva normalidad” a partir del 13 de mayo de 2020:

La actividad de comercio electrónico al por menor únicamente podrá realizar su operación mediante ventas en línea o a través de plataformas digitales.  Además, podrán prestar sus servicios conforme a lo siguiente:

Las actividades de talleres de mecánica y relacionados, empresas de repuestos, servicios técnicos y casas controladoras de plagas podrán operar atendiendo a lo siguiente:

La antes mencionada reactivación se hará a la luz de lo establecido en los lineamientos, protocolos y guías sanitarias que para tales efectos han sido emitidas por las Autoridades Sanitarias.  Asimismo, las personas que se dediquen a estas actividades deberán contar con su respectiva certificación para ejercer la profesión o aviso de operación emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias.

El incumplimiento de las medidas sanitarias implicaría la aplicación de sanciones penales y civiles, según corresponda.

Mediante la Resolución 126 de 2020 se ordenó la suspensión de los términos judiciales en todos los trámites administrativos y penales de la jurisdicción aduanera a nivel nacional.  En ese sentido, la Autoridad Nacional de Aduanas emite la Resolución 130 de 2020 para modificar el artículo 1 de la Resolución 126 de 2020 y prorrogar por quince días la suspensión de términos ante la institución, los cuales serán contados a partir del vencimiento de la Resolución 123 de 2020.

Adicionalmente, la Resolución establece que se exceptuará de esta suspensión, los términos establecidos en el procedimiento de mercancías afectadas por derechos de propiedad intelectual de competencia de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Dada la situación actual y atendiendo al Estado de Emergencia Nacional decretado producto del COVID-19, muchas empresas están requeridas de liquidez para afrontar sus obligaciones y presentan un crédito acumulado del ITBMS excesivo, producto de las retenciones practicadas a proveedores contribuyentes declarantes de este impuesto, por lo que se hace necesario flexibilizar los términos de la aplicación de tales créditos.

Es por ello que, se emite la Resolución 201-2427 de 2020 para establecer el procedimiento de aplicación de los créditos de ITBMS reconocidos por la Dirección General de Ingresos y que han sido generados producto de las retenciones practicadas por los agentes de retención de ITBMS. 

De acuerdo con la Resolución, este crédito sólo será reconocido a las personas jurídicas o sociedades sin personería jurídica que por sus características actúen como agente de retención o como retenido y que presenten solicitud donde comprueben que se mantienen operativamente inactivos o que haya culminado con la obra o proyecto para el cual fueron credos por lo que se les hace difícil recuperar y aplicar el crédito. Para solicitar este reconocimiento del crédito en concepto de ITBMS, el contribuyente deberá estar al día con el pago de todas sus obligaciones tributarias.

Adicionalmente, la Resolución establece que dicho crédito fiscal de ITBMS, podrá ser aplicado en el periodo fiscal en que se reconoce y el periodo siguiente.

Este crédito podrá ser aplicado a otros dos contribuyentes obligados de ITBMS, para el pago de una deuda por este impuesto, previo acuerdo de partes. Para ello, se deberá presentar formal solicitud ante la Dirección General de Ingresos, señalando las generales de los contribuyentes a quienes desea sea aplicado el crédito, el porcentaje cedido, el porcentaje que se aplicará y el periodo.

Dicho crédito no podrá ser utilizado en un porcentaje mayor al cincuenta por ciento (50%) por periodo fiscal.

La Resolución deja sin efectos la Resolución 201-1914 de 2019 y la Resolución 201-7728 de 2019.

Mediante Resolución No. 201- 2222 de 2020, se establecieron las condiciones para la presentación de ciertas solicitudes ante la Dirección General de Ingresos en relación a las exoneraciones de impuesto de inmueble y otros. Por ende, el Departamentos de Sistemas de Información Tributaria realizó las adecuaciones respectivas en el módulo de inmuebles del sistema informático e-tax 2.0, de manera que permita al contribuyente realizar en línea la presentación de declaraciones por transferencia de inmuebles y la conciliación con sus respectivos pagos.

Tomando en cuenta los antecedentes mencionados, la Dirección General de Ingresos publica instructivo para establecer paso a paso el proceso a seguir para realizar las presentaciones de las declaraciones por transferencia de inmuebles.  El instructivo también establece los pasos para realizar las conciliaciones de pagos correspondientes.

El instructivo se encuentra en la página web de la Dirección General de Ingresos, en la sección habilitada por motivos del COVID-19:  https://dgi.mef.gob.pa/Coronavirus/Instructivo20.html

A través de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas se emite la Resolución Ministerial 006-2020 de 2020 (la Resolución) a fin de establecer las condiciones de la emisión de letras del tesoro con vencimiento el 14 de mayo de 2021.

La Resolución establece las siguientes condiciones:

Mediante la Resolución 406 de 2020 el Ministerio de Salud autoriza la reactivación, operación y movilización de la industria pesquera y la pesca artesanal, de embarcaciones de bandera panameña, de servicio interior, que cuenten con licencia de pesca, en todo el territorio nacional.

La antes mencionada reactivación se hará a la luz de lo establecido en los lineamientos, protocolos y guías sanitarias que para tales efectos han sido emitidas por las Autoridades Sanitarias.

El incumplimiento de las medidas sanitarias implicaría la aplicación de sanciones penales y civiles, según corresponda.

En entrevista del 12 de mayo de 2020, el Ministro de Economía y Finanzas comentó que dado el proceso de desaceleración económico que enfrentaba el país desde el año 2011, la aceleración en el nivel de desocupación e informalidad y que, ante la situación de la economía mundial, la cual no está respondiendo a lo que se esperaba, se estableció una política anticíclica que implicaba el incremento de los límites de deudas que se tenía por año. Esto, daba la posibilidad de incrementar el gasto público e inyectar más dinero procedente del extranjero a la economía.

El Ministro señaló que, si la pandemia no se hubiese dado, tras la emisión de bonos a inicios de este año se habría tenido casi todo el presupuesto del 2020.  En ese sentido, y a la luz de la situación actual del país ante la pandemia del COVID-19, se ha tenido que reestructurar el presupuesto del sector público para lo que se ha tenido que extraer dos mil millones del presupuesto de las entidades a fin de redirigirlo a las necesidades que han surgido por la crisis sanitaria.

En cuanto a recaudación, el Ministro establece que para el mes de marzo y abril cayeron los ingresos recaudados en un 45% debajo de las proyecciones. Además, acotó que se espera que para los próximos meses haya un comportamiento similar en las bajas de las recaudaciones en comparación a lo proyectado.

 

Mediante Resolución Administrativa 011-2020 de 2020 prorroga por treinta días calendario contados a partir del 8 de mayo de 2020 (i.e., fecha de publicación de la norma), el término para la presentación de los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTEs) y Cuasi-efectivo, así como la Declaración Jurada Definitiva por la no realización de transacciones en efectivo o cuasi-efectivo, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 de sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y aquellos profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión que hayan cerrado, suspendido sus actividades o reducido significativamente sus operaciones producto de las medidas emitidas en relación al Estado de Emergencia Nacional declarado por el COVID-19.

Los sujetos obligados que pertenecen a una actividad económica cuyas operaciones han sido cerradas o suspendidas dado el Estado de Emergencia Nacional, así como cualquier otra medida, podrán acogerse esta prorroga de manera automática.

Por su parte, los sujetos obligados cuyas actividades económicas no hayan sido cerradas o suspendidas podrán acogerse a esta prorroga mediante solicitud escrita y previa aprobación de la Unidad de Análisis Financiero indicando las razones por la cual no pueden cumplir con el término para la presentación de los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTEs) y Cuasi-efectivo, así como la Declaración Jurada Definitiva por la no realización de transacciones en efectivo o cuasi-efectivo.

Las comunicaciones respectivas deberán hacerse al correo electrónico: info_uaf@uaf.gob.pa en el caso de los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTEs), y al correo electrónico: djuradadefinitiva@uaf.gob.pa en los casos de las Declaraciones Juradas Definitivas.

Igualmente, los bancos que no hayan sido suspendidas o cerradas no podrán acogerse a esta prórroga.

La Resolución también prorroga por treinta días calendarios a partir del 11 de julio de 2020, el término para la presentación de la Declaración Jurada Semestral correspondiente al semestre que termina el 30 de junio de 2020 para sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión que ocasionalmente efectúen operaciones en efectivo o cuasi-efectivo.

Asimismo, prorroga por quince días calendarios después de la reapertura o reinicio de sus operaciones o actividades, el término para la presentación, entrega o remisión de cualquier información adicional o requerimiento que la Unidad de Análisis Financiero haya realizado a un sujeto obligado financiero, sujetos obligados no financieros y aquellos profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión que hayan cerrado, suspendido sus actividades o reducido significativamente sus operaciones producto de las medidas emitidas en relación al Estado de Emergencia Nacional declarado por el COVID-19.

Para ello, se deberá remitir a la Unidad de Análisis Financiero, copia de la comunicación, resolución, acuerdo o similar entre el sujeto y el respectivo ente regulador mediante el cual declara el cierre o suspensión temporal de actividades, de igual manera deberá remitir copia del documento o comunicación mediante la cual se establece la reapertura o reinicio de operaciones. Ambas comunicaciones deben hacerse al correo electrónico: info_uaf@uaf.gob.pa.

Mediante Comunicado 76 de 2020, el Ministerio de Salud (MINSA) valida los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-COVID-19 en Panamá.

En dicha comunicación, se establece que la nueva normalidad será gradual, asimétrica y con participación social, lo que incluye a todos los sectores de la sociedad. En tanto, el MINSA ha culminado el proceso de validación de los lineamientos sanitarios generales para la reapertura de empresas post COVID-19, y la guía sanitaria para las operaciones post COVID-19 para ventas al por menor con modalidad en línea de entrega a domicilio.

De acuerdo a lo señalado por la Ministra, el combate contra la pandemia del COVID-19 ha sido una tarea compleja a nivel mundial y nacional, que ha obligado a las naciones implementar distintas herramientas en materia de innovación, adecuación de procesos, tanto sociales, como económicos y de salud.

En materia de salud, es evidente la necesidad de una reorganización del sistema público de salud panameño, dentro de la coordinación efectiva entre el MINSA y la Caja de Seguro Social (CSS), que se ha evidenciado con la llegada del COVID-19 para lograr mejores resultados en la cobertura y atención de los pacientes y optimización de recursos.

Por ello, el MINSA seguirá fortaleciendo la vigilancia y la trazabilidad de los casos COVID-19 que se presenten de una manera dinámica y con la participación de las empresas y distintas organizaciones, para que evitemos un rebrote en nuestro país.

Próximamente, se aprobará un presupuesto adicional para COVID-19 el cual se utilizará para nombrar 120 profesionales de la salud que serán preparados para lograr una trazabilidad más activa de los casos en el país.

Los lineamientos y guías para la reapertura están dirigidas a los productores, distribuidores y consumidores; las microempresas, medianas empresas, grandes empresas y sus clientes los cuales están obligados a cumplir las normas establecida por las autoridades sanitarias con el fin de mitigar la expansión del virus.

En dicho documento, se incluyen protocolos específicos e integrales de acción, prevención y control para el adecuado abordaje de las medidas frente al riesgo de infección por COVID19 en las empresas o relacionado con la actividad laboral, sea formal o informal. 

A través del artículo 7 del Decreto Ejecutivo 507 de 24 de marzo de 2020 establecía la prohibición de la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. En ese sentido, se emite el Decreto Ejecutivo 612 de 8 de mayo de 2020 para modificar dicho artículo y establecer que la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas queda sujeta a las disposiciones emitidas por el Órgano Ejecutivo.  Dado esto, se permite la venta y consumo controlado de bebidas alcohólicas siguiendo ciertos parámetros incluidos en la norma.

Asimismo, se prohíbe la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en las comunidades que están bajo cercos sanitarios. Se prohíbe, también, la utilización del bono solidario, subsidios o ayudas otorgadas por el Gobierno Nacional para la compra de este tipo de bebidas.

El Decreto mantiene la vigencia del cierre temporal de los lugares y locales deportivos, esparcimiento y/o recreación tal como se estableció en el Decreto Ejecutivo 489 de 2020.

 

Mediante comunicado publicado el 8 de mayo de 2020 en la página web del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (www.mici.gob.pa) se anuncia que aproximadamente unas 38 empresas agremiadas a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIFI) extenderán el periodo de gracia para los pagos de préstamos de aquellos clientes que no estén recibiendo ingresos a causa de la crisis del COVID 19.

La medida se anunció luego de una reunión entre directivos del gremio y el ministro de Comercio e Industrias, quien destacó la solidaridad de este sector, que también está siendo impactado económicamente por la pandemia.

El Ministro indicó que las empresas financieras no son parte del acuerdo de moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020 sobre el pago de préstamos, alcanzado entre el Gobierno y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

Dentro de las alternativas que ofrecieron las instituciones financieras a sus clientes el pasado mes de marzo están el aplazamiento de las letras mensuales, el no cobro de cargos por morosidad y aceptar pagos parciales sin perjuicios de su crédito a quienes puedan abonar sus letras. Todo lo anterior, para no afectar sus referencias crediticias.

Por su parte, las empresas financieras aglutinadas en la Asociación Nacional de Mueblerías e Instituciones de Crédito (ANAMIC), anunciaron que igualmente que extenderán las medidas de apoyo a sus deudores.

En atención a la evolución de la pandemia en el país y dada la necesidad de brindar algunos servicios esenciales para la cotidianidad de la población, el Ministerio de Salud emite la Resolución 399 de 2020 a fin de autorizar la reactivación, operación y movilización de las actividades comerciales de ferretería.

Asimismo, se establecen parámetros para que las ferreterías puedan operar:

La Resolución también establece que queda prohibido la venta de materiales de construcción, movilización de equipos de construcción, servicio de instalaciones, reparaciones, mantenimientos o cualquier otra actividad que implique la entrada al domicilio de sus clientes.

Cualquier incumplimiento de lo establecido en la Resolución conllevará la imposición de las sanciones correspondientes.

Mediante la Resolución 126 de 2020 emitida por la Autoridad Nacional de Aduanas se prorroga la suspensión de los términos dentro de la jurisdicción aduanera a nivel nacional por quince días hábiles contados a partir del vencimiento de la Resolución 123 de 6 de abril de 2020.

Mediante el Acuerdo Municipal 81 de 2020, el Municipio del Distrito de Panamá concede una prórroga hasta el martes 30 de junio de 2020 el plazo, que tienen los contribuyentes para la presentación de la Declaración Jurada Anual.  Ello, sin que implique la imposición de sanciones.

El contribuyente podrá presentar, desde el viernes 1 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020, la Declaración Jurada Anual del monto de sus ventas o ingresos brutos, obtenidos producto de sus operaciones en el Distrito de Panamá, lo cual deberá constar debidamente sustentado en sus registros contables.

Se exceptúan del requerimiento, a las empresas o establecimientos comerciales que realizan   actividades comerciales que tengan incidencia fuera del Distrito de Panamá; o declaren sus impuestos, tasas o contribuciones sobre la base de una norma especial con rango de Ley.

Debido a la situación actual por la pandemia del COVID-19 y atendiendo a la declaración de Estado de Emergencia Nacional en el país, se aprueba y publica en Gaceta Oficial la Ley 152 de 2020 que busca adoptar medidas sociales especiales dada la crisis sanitaria decretada en el país por el Órgano Ejecutivo.

La Ley establece la suspensión del pago de los servicios públicos de energía eléctrica, telefonía fija y móvil e internet, por el término de cuatro meses a partir del 1 de marzo de 2020.  Se reanudará el pago de estos servicios cuando venza el plazo de cuatro meses y será prorrateado en tres años.

Las medidas contenidas en la Ley serán aplicables a personas que se hayan visto afectadas, específicamente a:

Asimismo, la Ley establece que el Estado asumirá el pago de un bono solidario a cada trabajador de aquellas personas naturales o jurídicas dedicadas a actos de comercio cuyos negocios hayan sido cerrados temporalmente y que hayan optado por la suspensión provisional de los efectos de los contratos de sus trabajadores por un máximo de 90 días. 

La norma tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de marzo de 2020, al ser una Ley de orden público

Ante la situación que atraviesa el país por el COVID-19 y su impacto en diversos sectores de la economía, incluyendo el sector financiero; los bancos de Panamá acuerdan extender y adoptar nuevas medidas de alivio financiero en atención a la solicitud realizada por el Presidente de la República.  Estas medidas son las siguientes:

Mediante Resolución AN 1078-ADM de 2020 (la Resolución), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (la Autoridad) prorroga la suspensión de términos sólo para aquellos procesos administrativos y recursos que se encontraban en trámite al 11 de marzo de 2020 ante la institución.  En ese sentido, se prorroga la suspensión hasta 18 de mayo de 2020, sin que ello implique el cierre de las oficinas de la Autoridad.

El alcance de la Resolución exceptúa a los actos y actuaciones administrativas que lleve a cabo la Autoridad en el ejercicio de la función fiscalizadora y durante el periodo de Emergencia Nacional.  Incluyendo, las actuaciones llevadas a cabo del Sistema de Administración de Telecomunicaciones (SATEL), así como las reclamaciones de clientes.

La crisis sanitaria producto de la pandemia causada por el COVID-19, ha resultado en la pérdida de empleos, suspensión de los efectos de los contratos y actividades comerciales e industriales, cuyos efectos, entre otros, imposibilita el pago de los cánones de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a habitación, uso comercial, profesional, industrial y docente, de allí que el gobierno de Panamá emitió el Decreto Ejecutivo 145 de 2020 (el Decreto). 

El Decreto suspende por el término que dure el Estado de Emergencia Nacional, los efectos jurídicos del Decreto Ejecutivo 294 de 1994 y Decreto Ejecutivo 7 de 1995, que versan sobre los contratos de arrendamientos. Asimismo, se dispone que mientras dure el Estado de Emergencia, y hasta dos meses posteriores al levantamiento de esta medida, se congelan los cánones de arrendamientos, las clausulas de incrementos y/o penalización por terminación unilateral del contrato, así como aquellas relativas a intereses por mora.

Adicionalmente, el Decreto suspende todos los trámites de los procesos de lanzamiento y desalojo de bienes inmuebles destinado para uso de habitación, uso comercial, profesional, industrial y docente sin distinción del canon de arrendamiento mientras dure el Estado de Emergencia declarado por el Órgano Ejecutivo.  Los contratos de arrendamiento que terminen durante el periodo en el que se encuentren suspendidas las medidas de lanzamiento y desalojo, quedarán extendidos, manteniendo las mismas condiciones contractuales por el periodo que dure el Decreto.

El Decreto contempla que aquél arrendador que mediante acciones de hecho suspenda el suministro de gas, agua, electricidad y otros, como medida de presión al arrendatario para desalojar el inmueble, será penalizado con multas que van desde USD.10.00 a USD.1,000.00 e incluso con penas de 30 a 90 días de arresto.  Asimismo, el arrendatario que no haya sido afectado en sus ingresos y no cumpla con su obligación de pagar el canon de arrendamiento igualmente le será aplicable las sanciones antes mencionadas.

Por último, las sanciones serán impuestas por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial e ingresarán a la cuenta del Fondo de Asistencia Habitacional de la entidad.

Mediante el Decreto Ejecutivo 605 de 2020, el Ministerio de Salud de Panamá autoriza la utilización de vuelos humanitarios para el retorno al territorio nacional de panameños y extranjeros residentes que se encuentren fuera de Panamá. Cada caso y vuelo será evaluado previamente.

También, se autoriza la utilización de vuelos humanitarios para la salida del territorio nacional de extranjeros que requieran retornar voluntariamente a su país de origen. Igualmente, se autoriza la entrada y salida de los vuelos humanitarios cuya finalidad sea la de transportar equipos, medicamentos, vacunas y cualquier otro recurso necesario para afrontar la pandemia del COVID-19.

El Ministerio autorizará o negará el ingreso al país de cada vuelo humanitario atendiendo al nivel de propagación del virus en el territorio nacional, estatus epidemiológico en el país de embarque, la cantidad y condición de salud de los pasajeros, entre otras condiciones.

Ante la situación actual del país por la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (El Ministerio) emitió la Resolución No. DM-149-2020 de 2020 que extendía hasta el 30 de abril de 2020, la vigencia de los permisos de trabajo vencidos para los trabajadores extranjeros.  Sin embargo, dadas las recomendaciones de las Autoridades de Salud, se requiere prorrogar la extensión establecida, a fin de facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas hasta el momento. 

En ese sentido, el 30 de abril de 2020, el Ministerio emite la Resolución DM-153-2020 de 2020 a fin de extender hasta el 30 de mayo de 2020, la vigencia de todos los permisos de trabajo vencidos.

Asimismo, se suspenden los trámites de filiación, presentación, seguimiento, entrevistas matrimoniales, notificación, expedición de carné de permiso de trabajo hasta el 30 de mayo. Igualmente, se suspenden los términos judiciales de los procesos y actuaciones dentro del Departamento de Migración Laboral y demás direcciones regionales hasta el 30 de mayo.

Mediante Resolución DM-151-2020 de 2020, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral establece la suspensión de los términos judiciales en procesos y actuaciones ante la Dirección General de Trabajo y demás direcciones regionales desde el 1 de mayo hasta el 30 de mayo de 2020.

Asimismo, se resuelve suspender y reprogramar las audiencias y conciliaciones que deberían efectuarse dentro del plazo antes mencionado.

Conforme a lo establecido en la Resolución, se continuará brindando el servicio de las orientaciones laborales a través de los medios digitales (i.e., Mitradel Digital) y comunicación telefónica.

Mediante Resolución DM-152-2020 de 2020, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral prorroga la suspensión de los términos judiciales en las Juntas de Conciliación y Decisión en todo el país, desde el 30 de abril hasta el 30 de mayo de 2020. 

Asimismo, se prorroga la suspensión y reprogramación de las audiencias que deberían efectuarse dentro del plazo antes mencionado. 

El 29 de abril de 2020, a través de un comunicado publicado en la página web de la Dirección General de Ingresos, la institución informa que, en atención al Estado de Emergencia Nacional decretado producto del COVID-19, la retención del pago del impuesto de inmuebles de todas las fincas en general, correspondiente a la primera partida con vencimiento el 30 de abril de 2020, será prorrogada.  De ahí que, todos los agentes de retención del impuesto de inmuebles ya sean bancos, financieras y cooperativas, no estarán ejerciendo la retención de este impuesto.

Adicionalmente, se informa que próximamente se comunicará y publicará el fundamento legal de esta medida la cual se tomó en conjunto con los agentes de retención del impuesto, con la finalidad de dar apoyo a los contribuyentes ante la situación actual que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19.

Mediante artículo 4 del Decreto Ejecutivo 251 de 2020 se autoriza a la Director General de Ingresos para que, durante el término de vigencia del Estado de Emergencia Nacional, pueda expedir paz y salvos refrendados a contribuyentes que presenten morosidad o inconsistencias en su cuenta corriente, siempre que presenten solicitud debidamente motivada y sustentada.

Para estos propósitos, la Dirección General de Ingresos emite la Resolución 201-2422 de 2020 la cual establece el procedimiento para solicitar electrónicamente paz y salvos refrendados durante el Estado de Emergencia Nacional.

La referida Resolución establece que las solicitudes y la documentación que debe ir adjunta a la misma, deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico: consultapazysalvo@mef.gob.pa.

Los documentos por presentar para solicitar el paz y salvo refrendado, son los siguientes:

Cabe destacar que, la Dirección General de Ingresos podrá solicitar cualquier otro documento a fin de validar y aprobar la solicitud formalizada.  

Adicionalmente, los documentos que deban ser autenticados ante Notario Público podrán ser presentados cumpliendo con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 201-2402 de 2020 emitida por la Dirección General de Ingresos.  Esto es, en caso de poderes, éstos deberán ser firmados por el representante legal y apoderado legal, y podrán ser enviados vía electrónica entendiéndose como presentados personalmente.  Además, se deberá adjuntar copia del certificado de idoneidad del apoderado legal.  Respecto a documentos privados, certificaciones contables o informe del contribuyente; éstos podrán ser presentados debidamente firmados por el representante legal y refrendados por la persona que elaboró el documento con copia de su idoneidad, ya sea para ejercer la abogacía en Panamá o ejercer como contador público autorizado, según sea el caso.

La Resolución establece que la Dirección General de Ingresos analizará las solicitudes, evaluando los elementos que motivan la misma, y emitirá aprobación o rechazo a dichas solicitudes.  Se tomará en consideración los siguientes elementos:

Una vez recibida la solicitud y enviada la confirmación de recepción de la misma por parte de la Dirección, se establece un término de 48 horas para dar respuesta a lo solicitado.  En los casos en que la Dirección requiera información adicional, el tiempo iniciará a computarse una vez se confirme la recepción de lo pedido.

En caso de paz y salvos de inmuebles o fincas, si el contribuyente mantiene solicitud de exoneración, igualación de valores o arreglos de pago, el paz y salvo se generará con la observación que el mismo no es válido para venta, segregación o traspaso de la finca.

No podrán solicitar paz y salvos refrendados, los contribuyentes que mantengan procesos de evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá emite la Resolución 7051 de 2020 que extiende hasta el 15 de mayo de 2020, la vigencia de los permisos de residencia de los extranjeros que vencieron a partir del 13 de marzo de 2020, incluyendo todos los trámites que se llevan ante dicha entidad.

Asimismo, se suspenden los términos de los procesos y actuaciones que se peticionen ante el Servicio Nacional de Migración y sus sedes regionales, hasta el 15 de mayo de 2020. También, se suspende por el mismo periodo, la atención en la sede principal y sedes regionales del Servicio Nacional de Migración.

Mediante la Resolución Gerencial 22-2020 de 2020, la Caja de Ahorros de Panamá prorroga suspensión de términos dentro de procesos por cobro coactivo en trámite desde el lunes 13 de abril hasta el 30 de abril de 2020. Este plazo podrá ser prorrogado de ser necesario.

Mediante Resolución General SBP-RG-0003-2020 de 2020, la Superintendencia de Bancos de Panamá prorroga la suspensión de los términos procesales y administrativos establecida en la Resolución General SBP-RG-0001-2020, prorrogada mediante Resolución General SBP-RG-0002-2020 por quince días hábiles adicionales prorrogables.  El término computará a partir de las 8:00 am del 4 de mayo de 2020 sin que ello implique que la entidad cese sus labores. 

Dada la situación actual del país y el toque de queda decretado durante las 24 horas del día por motivos de la pandemia del COVID-19, la Dirección General de Ingresos emite la Resolución 201-2419 de 2020 a fin de habilitar las notificaciones mediante correo electrónico registrado por cada contribuyente en el sistema tributario de e-tax 2.0.

En ese sentido, la Dirección General de Ingresos publica un instructivo para solicitar la actualización de correo electrónica en el sistema tributario e-tax 2.0, aplicable para personas naturales y jurídicas. El instructivo incluye de manera detallada, el procedimiento “paso a paso” para la solicitud. 

El instructivo reposa en el website de la Dirección General de Ingresos de Panamá: https://dgi.mef.gob.pa/Coronavirus/Instructivo20.html

Mediante la Resolución AN 16061-Elec de 2020 emitido por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, se ordena a las empresas Elektra Noreste S.A. (ENSA), Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET) y a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) a que, durante el estado de emergencia, no se suspenda el suministro eléctrico en ningún inmueble que se encuentre habitado.  Asimismo, no se podrá suspender del servicio a ningún gran cliente con clientes indirectos, ni a dichos clientes indirectos, sin importar si se trata de un gran cliente regulado o un gran cliente que participa en el mercado mayorista de electricidad.

La Resolución también establece que en caso de que se ordene la cancelación del suministro eléctrico por parte de un propietario de inmueble será necesario que las empresas distribuidoras del servicio eléctrico realicen lectura del medidor para comprobar que el bien inmueble no registra consumo, previo a la cancelación y desconexión del servicio.

Por su parte, se ordena a los grandes clientes que, durante el estado de emergencia, no suspendan el suministro eléctrico a ningún cliente indirecto, salvo por razones demostradas y justificadas solo a requerimiento realizado por la autoridad competente o por motivos de seguridad demostrada.

Adicionalmente, las personas que ocupen inmuebles en calidad de arrendatarios y cuya cuenta del servicio público de electricidad no esté a su nombre, son instruidas a realizar el cambio de titularidad, siempre que exista la no objeción del dueño de la cuenta. El dueño deberá notificar al prestador el cambo de la titularidad, sin que esto lleve una desconexión del servicio.

La Autoridad atenderá consultas y/o quejas a través de la línea telefónica 800-3333 y del siguiente correo electrónico: atencionalusuario@asep.gob.pa.

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá informa a través de sus cuentas en redes sociales que luego de gestionar con las autoridades competentes y mientras la plataforma para la tramitación de los salvoconductos esté deshabilitada, los abogados se podrán movilizar con su idoneidad, cedula de identificación personal y justificando el motivo de su desplazamiento.

A la luz de las medidas sanitarias que han sido decretadas para la preservación de la salud y la vida de las personas por la pandemia del COVID-19 en Panamá, la economía y las relaciones de trabajo han sufrido afectaciones importantes por la paralización de actividades y disminución en la producción de bienes y servicios.  Por ello, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (el Ministerio) considera pertinente convocar una mesa de dialogo por la economía y el desarrollo de las actividades.

Para estos propósitos, el Ministerio emite Resolución DM-150-2020 de 2020 para convocar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Panamá, a una mesa de diálogo tripartita por la economía y desarrollo de las relaciones laborales, a partir del 1 de mayo de 2020.  Esto, con el objetivo de consensuar medidas que ayuden a recuperar y/o mejorar las relaciones laborales existentes ante la pandemia del COVID-19.

La mesa durará dos meses y deberá acordar lineamientos para ejecutar/recomendar acciones en los siguientes seis meses como mínimo en aras de contrarrestar los efectos de la pandemia en el sector laboral.

Adicionalmente, la Resolución establece que la mesa será moderada por la Universidad Especializada de las Américas y podrán asistir invitados que coadyuven a los objetivos de la misma. La agenda y norma por desarrollar en dichas reuniones deberán ser acordadas por los integrantes de la mesa. 

Debido a que a través de la Ley 144 de 2020 se modificaron ciertas disposiciones acerca del uso de los medios electrónicos para los trámites gubernamentales, lo cual le permite a la Autoridad e los Servicios Públicos (ASEP) modernizar el trámite de atención de reclamaciones y quejas, dicha entidad emitió la Resolución AN 1077-ADM de 2020 a fin de establecer el procedimiento transitorio por motivo de la emergencia nacional a causa del COVID-19; para la recepción, tramitación y decisión de las reclamaciones que presenten los clientes de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones y televisión pagada.

El procedimiento antes mencionado, está contenido y desarrollado en el Anexo A de la Resolución, en donde se incluyen detalles como definiciones, principios rectores del procedimiento, entre otros.

Adicionalmente, se establecen disposiciones para la presentación de reclamos ante: (i) los prestadores de servicios públicos; (ii) la Autoridad de los Servicios Públicos. Asimismo, se incluyen detalles sobre la tramitación de dichos reclamos, los plazos para los mismos y las decisiones de los reclamos.

Cae resaltar que, el procedimiento establecido en el Anexo A de la Resolución contiene disposiciones que buscan impulsar la utilización de los medios electrónicos para estos fines específicos, es decir, para la presentación de reclamos por esta vía considerando el confinamiento de los usuarios.

El Gobierno Nacional ha establecido un equipo de trabajo interinstitucional a fin de realizar las adquisiciones de bienes y servicios para contrarrestar los efectos del COVID-19 en los ciudadanos panameños. Por ello, es requerida la oportuna fiscalización y refrendo de las órdenes de compras y contratos, y sus respectivos ajustes o adendas, generados por el equipo de trabajo en cuestión.

Para estos propósitos, la Contraloría General de la República emite el Decreto 29-DFG que aumenta hasta doscientos mil dólares (USD200,000.00) el monto de delegación de refrendo por acto de manejo del Jefe de Fiscalización II asignado al Programa de Seguridad Alimentaria COVID-19, instalado en el Centro de Convenciones Atlapa.

La delegación durará hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional. 

La Dirección General de Ingresos emitió la Resolución N° 201-2420, de 24 de abril de 2020 a fin de suspender los términos respecto del uso exclusivo de la boleta de pago múltiple electrónica por parte de los contribuyentes y la red bancaria nacional para el pago de impuestos y establece que las actuales boletas de pago identificadas por colores y las boletas de pago múltiple electrónica emitida por el sistema e-tax 2.0, podrán utilizarse para el pago de los impuestos correspondientes.

La aceptación obligatoria de boleta de pago múltiple electrónica implica que se realicen cambios en los sistemas tecnológicos de los bancos recaudadores de los impuestos nacionales, lo cual se dificulta dada la situación actual del país por la pandemia del COVID-19.

Debe recordarse que mediante la Resolución N° 201-0283, de 31 de enero de 2019, se confirmó la utilización de la boleta de pago múltiple electrónica generada a través del sistema e-tax 2.0 y estableció su uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2020. Además, mediante la Resolución N° 201-9108, de 18 de diciembre de 2019, se estableció que las boletas de pago identificadas por colores según el tipo de impuesto podrán ser utilizadas hasta el 30 de abril de 2020.

Mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 2020, se suspendió temporalmente la actividad de la construcción en todos los tipos de proyectos en desarrollo en el territorio nacional por treinta días calendarios contados a partir del 25 de marzo de 2020.  En ese sentido, el Ministerio de Salud emitió Decreto Ejecutivo N° 548 de 2020, para prorrogar dicha suspensión por 30 días calendarios adicionales.

Cabe resaltar que, durante dicho periodo el Ministerio de Salud podrá ordenar la reactivación de la operación, actividad, movilización de empresas que desarrollen proyectos y presten servicios a alguna institución pública.

La información suministrada por las empresas exceptuadas del toque de queda, a través de la plataforma digital para la validación de salvoconductos es únicamente para proveer a sus colaboradores de la autorización necesaria para circular.  De ahí que, el Ministerio de Comercio e Industrias emitió la Resolución N° 34 de 2020 a efectos de clasificar de acceso restringido dicha información. 

La información clasificada de acceso restringido deberá ser remitida a la Policía Nacional a través del Ministerio de Seguridad Pública, los cuales tendrán acceso a la plataforma por razón de la alerta sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19. 

La Resolución establece que el funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, omita la medida de restricción respecto de la información suministrada será objeto de un proceso disciplinario incluido la destitución. 

Mediante la Ley N° 151 de 24 de abril de 2020, la Asamblea Nacional de Panamá modifica la Ley 59 de 2005, la cual adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativa que produzcan discapacidad laboral, adicionando a esta norma un artículo el cual busca reconocer los salarios dejados de percibir por parte del personal amparado por esta norma, ante la destitución o despidos injustificados por parte de su patrono.

En ese sentido, el recientemente adicionado artículo 4-A establece que todo trabajador, nacional o extranjero, que sea reintegrado por la autoridad nominadora, un tribunal administrativo o los tribunales de justicia, tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de percibir desde el día de su suspensión del cargo, despido o destitución hasta el momento de su reintegro y deberá ocupar el mismo cargo, salvo que acepte otro análogo en jerarquía, funciones y remuneración.

Debido al auge en la industria portuaria en el país, lo cual exige cada día a día más mano de obra calificada para estas laborales, la Asamblea Nacional ha aprobado la Ley N° 150 de 24 de abril de 2020 (la norma), publicada en Gaceta Oficial de misma fecha. La norma busca la unificación de normas que rigen esta materia, así como sus relaciones laborales.

En ese sentido, la norma establece que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral será la entidad competente de supervisar el cumplimiento de las normas legales laborales que establezcan condiciones contractuales, de seguridad y protección laboral de los trabajadores portuarios.

Por otra parte, la Autoridad Marítima de Panamá deberá velar que su política portuaria genere puestos de empleo congruente a los derecho y garantía en materia de salario y estabilidad laboral para los trabajadores portuarios conforme establezca la legislación marítima laboral.

De igual forma, la norma establece los siguientes deberes para la Autoridad Marítima de Panamá:

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que esta normativa comenzará a regir 6 meses después de su promulgación (i.e., 24 de octubre de 2020).

Mediante el artículo 4 del Acuerdo N° 2-2010 se estableció la periodicidad de las actualizaciones anuales de la calificación de riesgo dentro de los 150 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal anterior. Que, dada la situación actual del país por el COVID-19 la Superintendencia consideró pertinente prorrogar la presentación de los estados financieros auditados por 30 días adicionales.

En ese sentido, se emite la Resolución General de Junta Directiva N° SBP-GJD-003-2020 de 2020   de 2020 para prorrogar por 60 días adicionales la presentación de las actualizaciones anuales de la calificación de riesgo.

Ante la imposibilidad de las compañías avaluadoras de ofrecer sus servicios durante el periodo de la declaratoria de Emergencia Nacional, las entidades bancarias no podrán actualizar los informes de avalúos utilizados para la constitución de garantías sobre bienes muebles e inmuebles. Por lo que, la Superintendencia de Bancos de Panamá emite la Resolución General de Junta Directiva N° SBP-GJD-004-2020 de 2020 con el fin de prorrogar temporalmente los informes de avalúos y reconocer la vigencia de dichos informes, los cuales reposan en los expedientes del banco, hasta un año.

A la luz de la afectación colateral de distritos sectores de la economía, dentro de ellos el sector financiero, resulta imperante proteger la estabilidad financiera del sistema bancario en Panamá.

Por ello, la Superintendencia de Bancos emite la Resolución General de Junta Directiva N° SBP-GJD-005-2020 de 2020 para modificar temporalmente la ponderación de los activos de riesgo clasificados en las categorías 7 y 8, cuya ponderación es de 125% y 150% respectivamente.  El cambio atiende a que temporalmente ponderarán como parte de la categoría 6 cuya ponderación es de 100%.

La medida surtirá efectos hasta tanto la Superintendencia revoque los mismos.

Ante la declaración de Estado de Emergencia Nacional debido al brote de COVID-19 en Panamá, la Superintendencia de Mercado de Valores emite la Resolución SMV-142-20 de 3 de abril de 2020, la cual establece a partir del 6 de abril de 2020, un horario especial de trabajo y atención en la institución:

Es importante tener en cuenta que cualquier documento que ingrese en un horario posterior al indicado, se considerará recibido el día hábil siguiente a su ingreso.

En virtud de la declaración de Estado de Emergencia Nacional en Panamá por la pandemia de COVID-19, la Junta Directiva de la Superintendencia de Mercado de Valores ha emitido la Resolución SMV No. JD-4-20, la cual establece que, de manera especial y temporal, los sujetos regulados podrán cumplir con el requisito de autenticar firmas u otorgar declaraciones juradas ante Notario Público, las cuales se indiquen en los acuerdos y circulares vigentes a través del envío del respectivo documento electrónico, en formato PDF y con la firma electrónica calificada del otorgante.

En el caso de que el sujeto regulado no cuente con firma electrónica calificada, deberá enviar tales documentos con las firmas manuscritas de los otorgantes, escaneados y en formato PDF, sin embargo, quedarán sujetos a presentar posteriormente los documentos con las firmas auténticas y las declaraciones juradas otorgadas ante Notario Público, cuando lo requiera la superintendencia.

Cabe señalar, que indistintamente de la forma en que se envíen estos documentos, la información o declaración que en ella se registre se tendrá por hecha bajo la gravedad de juramento por parte de quienes intervengan en representación del sujeto regulado.

Para el envío de estos documentos, así como cualquier otro informe periódico deberán utilizarse los siguientes medios:

La Resolución también establece una extensión en el plazo de entrega de los siguientes informes:

Cabe destacar que, estas medidas no implican una eximente del deber de los sujetos regulados de informar inmediatamente cualquier hecho relevante, que afecte el desarrollo de sus operaciones o los intereses de los inversionistas.

Dado los potenciales efectos para la economía panameña debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19, se hace necesaria la implementación de un procedimiento que permita mantener medidas continuas de supervisión y monitoreo ante posibles deterioros de los indicadores financieros prudenciales de los sujetos regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores. Es por ello que, razón por la cual la institución ha emitido el Acuerdo No. 5-2020 de 23 de abril de 2020 (el Acuerdo), el cual realiza modificaciones a la normativa actual, en pros de la protección de los derechos de los inversionistas.

Administradoras de inversiones

El Acuerdo modifica el Acuerdo No. 5-2004 el cual reglamenta las sociedades de inversión y administradores de inversión, modificando el procedimiento en caso de que la administradora de inversiones sufra una disminución o menoscabo, al punto de no cumplir con los requisitos de capital mínimos ($150,000.00) establecidos en la normativa.

Casas de valores

El Acuerdo modifica el Acuerdo No. 4-2011, el cual dicta reglas sobre capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las casas de valores; modificando el procedimiento en caso de que la casas de valores sufran una disminución o menoscabo, al punto de no cumplir con los requisitos de capital mínimos ($350,000.00) establecidos en la normativa, o incurran en alguna de las causales de incumplimiento establecidas en la normativa que versa sobre este tema.

En caso de que el Plan de Acción no se esté cumpliendo o que peligren los activos financieros de los clientes de la entidad, la Superintendencia adoptará las medidas que estime conveniente para salvaguardas los intereses de los inversionistas

Asesores financieros

El Acuerdo modifica el Acuerdo No. 5-2015, el cual desarrolla las disposiciones sobre los asesores de inversión, determinando el procedimiento en caso de que los asesores de inversiones sufran una disminución o menoscabo, al punto de no cumplir con los requisitos de capital mínimos ($50,000.00) establecidos en la normativa.

Dichas medidas también serán aplicables a los sujetos regulados que, al momento de entrada en vigencia del Acuerdo, se encuentren con una disminución de su capital total mínimo requerido a causa de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional como consecuencia del COVID-19.

Mediante la Resolución de Gabinete No. 26 de 21 de abril de 2020, el Consejo de Gabinete panameño autorizó al Ministro de Comercio e Industrias a proponer, ante la Asamblea Nacional, un proyecto de Ley con la finalidad de crear el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA).

Este Régimen busca emular el esquema del régimen de las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), pero enfocándose en un sector económico que podría tener un alto impacto en la generación de empleos y transferencia de conocimientos tecnológicos, lo que resultaría como un mecanismo muy apropiado para la reactivación económica del país ante la recesión en la economía nacional consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El nuevo régimen amparará servicios como la manufactura, ensamblaje, remanufactura, acondicionamiento, mantenimiento y reparación de productos, además de servicios logísticos, entre otros. Amparando a los productos de las empresas EMMA establecidas en un área económica especial en el territorio nacional, zona libre, zona franca o en un área de control y vigilancia aduanera, brindándoles incentivos arancelarios.

Es importante tener en cuenta que las empresas bajo la licencia del régimen EMMA gozarán de forma automática de las garantías establecida en la Ley 54 de 1998 y el Decreto Ejecutivo 9 de 1999 sobre la Estabilidad Jurídica de las Inversiones.

Finalmente, en cuanto al tema ambiental, en las áreas o zonas donde se establezcan se aplicarán las disposiciones legales vigentes en esta materia.

Como consecuencia a la baja demanda de petróleo producto del establecimiento de las medidas de cuarentena y aislamiento social para mitigar la propagación del Covid-19 en la población panameña, la Secretaría Nacional de Energía de Panamá emitió la Resolución No. 4730 de 23 de abril de 2020 (La Resolución), la cual adopta el procedimiento para el cierre temporal de estaciones de servicio a nivel nacional, que así lo solicite. A pesar de encontrarse habilitadas para operar al encontrarse exentas del cumplimiento del Decreto Ejecutivo 500 de 19 de marzo de 2020, y sus modificaciones.

Para solicitar el cierre temporal, los interesados deberán enviar la solicitud debidamente justificada, escaneada y firmada por la persona natural o representante legal de la persona jurídica poseedora del Registro de la Estación de servicio al correo electrónico infoenergia@energia.gob.pa, misma que deberá contener la siguiente información:

Es importante tener en cuenta que La Resolución establece que el cierre temporal de estaciones de servicio se mantendrá vigente hasta que se revoque o finalice el Estado de Emergencia Nacional. Sin embargo, se podrá solicitar la reapertura de la estación de servicio, inclusive desde antes que finalice el Estado de Emergencia Nacional.

A la luz de lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 251 de 2020, mediante la cual se adoptaron medidas tributarias para aliviar el impacto económico producto del Estado de Emergencia, se autorizó a los contribuyentes a presentar electrónicamente documentación y solicitudes que tengan a bien presentar ante la DGI, incluyendo las solicitudes de No Aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto sobre la Renta.

El instructivo incluye de manera detallada, los pasos del procedimiento para la presentación de la solicitud en el sistema tributario e-tax 2.0.  Además, el instructivo se puede acceder a través de la página web de la Dirección General de Ingresos de Panamá: https://dgi.mef.gob.pa/Coronavirus/Instructivo20.html

A la luz de la crisis de salud pública en el país debido a la propagación del COVID-19, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud emitió la Resolución N° 280, de 06 de abril de 2020 (la Resolución), la cual implementa el procedimiento temporal para la recepción, trámite, evaluación y autorización de Importación de Medicamentos y otros productos para la salud humana.  La Resolución es emitida con el fin de garantizar el abastecimiento de medicamentos y productos para la salud humana.

Respecto al proceso de importación, en caso de que no se cuente con los documentos legalizados, se aceptarán los siguientes documentos procedentes de los países afectados por el COVID-19 sin la respectiva legalización:

Dicha documentación se estará recibiendo la versión original escaneada, procedentes de los países afectados por el COVID-19.  Además, deberán ir acompañados de una declaración jurada firmada por el regente farmacéutico o representante legal de la empresa.  Asimismo, la documentación original deberá estar a disposición de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas en caso de requerirla.

Cabe resaltar que, se estarán recibiendo documentos con firmas electrónicas, siempre y cuando incluya el link de verificación.

Por otra parte, respecto a la liberación de lotes de productos biológicos, se establece el siguiente correo electrónico: iabrego@minsa.gob.pa para la recepción de solicitudes de verificación de inventarios.  Las solicitudes deberán contar con:

Respecto de los permisos de uso personal, se establece el siguiente correo electrónico: jalveo@minsa.gob.pa, donde se recibirán los siguientes documentos:

Mediante comunicado 20 de 2020, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá anunció que para facilitar la validación de los salvoconductos a las empresas que, por su actividad, requieran movilizarse y están dentro de las excepciones contempladas en el Decreto Ejecutivo N° 507 de 2020 y su Fe de Errata, se tendrá habilitada la plataforma para la validación de sus salvoconductos hasta las 17:00 horas del 23 de abril.  Igualmente, las líneas telefónicas estarán disponibles para los usuarios que lo requieran.

A partir del 24 de abril, sólo podrán circular quienes cuenten con el respectivo salvoconducto debidamente validado. Además, se recuerda a los usuarios que adicionalmente al salvoconducto, los trabajadores deberán presentar su cédula de identificación personal, carné laboral, y de ser necesario, documentos en regla de la Autoridad de Transporte Terrestre.

Por el aumento del contagio de la enfermedad infecciosa ocasionada por el COVID-19, las autoridades panameñas se han visto en la necesidad de alargar las medidas establecidas en el Decreto Ejecutivo 81 de 2020, para contrarrestar los efectos de la enfermedad.

Para estos propósitos, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (el Ministerio) emite el Decreto Ejecutivo 95 de 2020 (el Decreto) a fin de prorrogar automáticamente por treinta días, la autorización de la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo respecto de aquellas empresas que hayan sido cerradas. La prórroga entrará en vigencia al día siguiente de la terminación de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo.

Las prórrogas a la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo correspondientes a las empresas no incluidas en el artículo 1 del Decreto, deberán presentar electrónicamente al Ministerio un memorial en el que se sustente la necesidad de dicha prorroga explicando con detalles la afectación y el termino por el cual se solicita, debidamente firmado por el representante legal o apoderado de la empresa. Esta presentación deberá hacerse dentro de los cinco días hábiles antes de la fecha de terminación de la suspensión original.

Para aquellas empresas cuya autorización de la suspensión temporal venza entre el 24 y 28 de abril de 2020, se entenderá que el término de cinco días hábiles para la presentación de la prorroga se contará a partir de la promulgación del Decreto, es decir, desde el 21 de abril de 2020.

La empresa que no presente la solicitud de la prorroga antes mencionada, deberán presentar una nueva solicitud de suspensión de los contratos de trabajo conforme con lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 81 de 2020.

El Ministerio tendrá la potestad de autorizar, negar o solicitar mayor información en caso de requerirla. En ese sentido, las empresas a las que se les niegue la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo quedarán obligadas a pagar los salarios de sus trabajadores desde la resolución de la solicitud.

El Decreto también establece que los trabajadores cuyos efectos de los contratos de trabajo se les hayan suspendido podrán consultar su inserción en el Plan Panamá Solidario, a través de las plataformas digitales de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental.

Adicionalmente, el Decreto indica que los empleadores podrán entregar a sus trabajadores, vales de alimentación, los cuales no se considerarán como salario ni ingreso en especie, por lo que no será objeto de deducciones ni cálculo de prestaciones. Dichos vales de alimentación podrán otorgarse hasta un máximo de cinco por ciento (5%) de su renta neta anual para el periodo fiscal 2019.

Como anteriormente fue publicado mediante el Decreto Ejecutivo 500 de 19 de marzo de 2020, se ordenó, por un período de 30 días, el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de personas naturales y jurídicas en todo el país, salvo ciertas excepciones. Sin embargo, en vista de la evolución de la Pandemia por COVID-19 en la República de Panamá, el Gobierno Nacional ha emitido el Decreto Ejecutivo 541 de 2020 (El Decreto), el cual amplia el marco regulatorio de la medida previamente mencionada, estableciendo que el cierre temporal decretado se mantendrá vigente mientras dure la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

Cabe resaltar que, el Decreto establece la potestad del Ministerio de Salud podrá ordenar la reactivación, operación y movilización de actividades específicas no contempladas actualmente, basado en la evolución de la situación sanitaria o el nivel de alerta.

De igual forma, el Decreto desarrolla la exención brindada a los abogados idóneos, con el fin de que los mismos ejerzan sus funciones. No solo la enmarca en la defensa de personas detenidas por incidencias que surjan dentro del toque de queda sino también incluye la realización de gestiones activas ante entidades gubernamentales que requieran la presencia del abogado.

Dada la situación actual en el país por la pandemia del COVID-19, se hace necesario habilitar la notificación por correo electrónico que los contribuyentes hayan brindado al inscribirse en el Registro único de Contribuyente, o en posterior actualización.

En ese sentido, la Dirección General de Ingresos (DGI) emitió la Resolución N° 201-2419 de 2020 (la Resolución), para ordenar la notificación de actos administrativos emanados de la institución, al correo electrónico registrado por los contribuyentes en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sistema e-tax 2.0, mientras que dure el Estado de Emergencia.

Adicionalmente, la Resolución establece que la notificación realizada al correo electrónico del contribuyente será remitida desde el correo electrónico notificando.dgi@mef.gob.pa; y surtirá los efectos de una notificación personal.  Esto significa que, se entenderá hecha la notificación, cinco días después de la fecha del envío del correo electrónico por parte de la DGI.

Conforme a lo estipulado con la Resolución, el término para interponer recursos administrativos en contra del acto notificado se empezará a computar una vez se levante el Estado de Emergencia.

Tal como se establece en el Decreto Ejecutivo N° 400 de 2020, las personas naturales y jurídicas podrán hacer donaciones voluntarias al Plan, las cuales podrán ser en dinero o en especie. Las donaciones estarán sujetas a ciertos beneficios establecidos en la legislación que rija la materia.

En ese sentido, la Dirección General de Ingresos emitió la Resolución N° 201-2418 de 2020 (la Resolución) a fin de reglamentar el proceso de donaciones establecidas en el Decreto Ejecutivo N° 400 de 2020 que crea el Plan Panamá Solidario (el Plan).  La Resolución autoriza como deducible el impuesto sobre la renta de personas naturales o jurídicas, los gastos o erogaciones en concepto de donaciones en dinero o especie realizadas al Plan, dentro del periodo fiscal que corresponda.

En ese sentido, las donaciones en dinero, para su deducibilidad, deberán ser realizadas a la cuenta bancaria asignada para ello por el Banco Nacional de Panamá. Mientras que, con respecto de las donaciones en especie se determinará de la siguiente manera según el tipo de bienes:

Además, las deducciones realizadas en la declaración jurada de rentas, podrán ser objeto de verificación por parte de la Autoridad Tributaria y las certificaciones correspondientes deberán estar a disposición de la entidad, cuando así se requieran.

El Concejo Municipal del Distrito de Arraiján emitió el Acuerdo Municipal N° 16 de 2020 a fin de exonerar del pago de tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, derechos, multas, recargos e intereses municipales, a todas actividades comerciales que se encuentren clausuradas como medida para el control de la propagación del COVID-19.  La medida aplicará desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Asimismo, se concede prorroga en el pago de tributos como impuestos, tasas, contribuciones y derechos municipales hasta el 30 de mayo de 2020 sin la imposición de multas, recargos e intereses adicionales.

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 244 de 2020, se ordenó, por razones de salud pública, la suspensión de los vuelos internacionales durante 30 días calendarios a partir del 22 de marzo de 2020. De igual forma, en dicho Decreto se estableció que el plazo antes mencionado podría ser prorrogado mediante resolución establecida por la Dirección General de la Autoridad Aeronáutica Civil (la Dirección), si así se requiriese.

En ese sentido, la Dirección emitió la Resolución N° 053-DG-DJ-AAC a fin de prorrogar la suspensión de vuelos internacionales por 30 días calendarios contados a partir del 22 de abril de 2020.

Se exceptúan de esta medida, los vuelos humanitarios y aquellos necesarios para transportar insumos, productos, equipos y demás artículos necesarios para afrontar el COVID-19.

Mediante el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 507 de 2020, se suspendieron los términos dentro de los procesos administrativos seguidos en diferentes instituciones del Estado, con excepción a aquellas que dada la naturaleza de sus actividades atiendan situaciones relacionadas con el Estado de Emergencia.

En ese sentido, el Ministerio de Salud emitió el Decreto Ejecutivo N° 534 de 2020 (el Decreto) para incluir un artículo al Decreto Ejecutivo N° 507 de 2020, con el fin de exceptuar de la suspensión de términos al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social y sus dependencias, por razón de su funcionamiento ordinario en el sistema de salud.

Además, el Decreto establece que, respecto de los trámites precontractuales y contractuales convocados para la adquisición de servicios, bienes, insumos; se podrán adecuar temporalmente los trámites y exigencias formales de participación establecidos en el Manual de Procedimiento que dicte la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Igualmente, se establece que el Ministerio de Salud podrá reactivar la operación y movilización de las entidades licitantes, cuando así lo requiera.

Mediante Comunicado N° 18, el Ministerio de Comercio e Industrias anunció la extensión de fecha para validación de salvoconductos con el fin de mejorar el proceso de atención de los usuarios y agilizar las validaciones de los salvoconductos de entidades que, dadas sus actividades, están exceptuadas del cumplimiento del toque de queda establecido en el Decreto Ejecutivo N° 507 de 2020.  La extensión del plazo para la recepción de solicitudes será hasta el 20 de abril a las 17:00 horas.

El Comunicado contiene un enlace para que las empresas ingresen y se registren directamente en el sistema: https://validacion.salvoconductos.mici.gob.pa/register. 

El 15 de abril de 2020 fue publicada en Gaceta Oficial la Resolución No. 384-2020-DG de 14 de abril de 2020 (La Resolución), misma que modifica la Resolución No. 382-2020-D.G. de 19 de marzo de 2020, la cual establecía la suspensión de los términos judiciales y legales de los procesos coactivos y administrativos ante la Caja de Seguro Social a partir del 20 de marzo hasta el 15 de abril de 2020.

Sin embargo, con la reciente modificación introducida por la Resolución, se extiende dicha suspensión hasta el 15 de mayo de 2020, medida que podrá ser prorrogada, conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

 

En respuesta a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y la adopción de diversas medidas sanitarias para mitigar sus efectos conllevó al cierre provisional de gran parte de las empresas usuarias de la Zona Libre de Colón (ZLC), por lo que se emite la Resolución JD No. 001-2020.  La misma fue publicada, el 15 de abril de 2020, en Gaceta Oficial, a fin de aprobar la suspensión del pago de los cánones de arrendamiento de las empresas usuarias de la ZLC correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este beneficio no aplicará a las empresas cuyas Declaraciones de Movimiento Comercial Electrónico muestren movimientos de exportación, lo que será verificado por la Dirección de Operaciones Comerciales de esta institución.

El Ministerio de Comercio e Industrias emitió la Resolución 33 de 15 de abril de 2020 (La Resolución) a fin de prorrogar nuevamente la suspensión de términos ya establecida mediante Resolución 27 de 16 de marzo de 2020 y su primera prorroga (i.e., Resolución 32 de 30 de marzo de 2020).  La Resolución suspende los términos administrativos y judiciales de procesos que versan ante el Ministerio, del 17 de abril hasta el 30 de abril de 2020.

Esta medida podrá ser extendida de acuerdo con recomendaciones del Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta que se hace necesario reforzar el sistema que fomenta el uso de medios electrónicos en tramites gubernamentales, el Gobierno Nacional panameño ha expedido la Ley 144 el 15 de abril de 2020, la cual hace énfasis en la modernización de las Notarías en cuanto a este tipo de tramites, y su ámbito de aplicación, abre la puerta para incluir acciones y recursos legales de la vía gubernativa haciendo uso de medios electrónicos. Esta Ley será aplicada de manera gradual y progresiva.

La sede administrativa electrónica será, en adelante, www.panamadigital.gob.pa y contendrá el portal único del ciudadano, el cual permitirá la integración de todos los canales, medios y plataformas que establezcan las entidades públicas para la realización de trámites en línea, además de su consulta y seguimiento por parte de los usuarios.

Según la Ley 144 de 2020, una vez habilitados los medios electrónicos para la realización de trámites gubernamentales en línea, no surtirá efecto ninguna disposición legal o reglamento, que exija que el trámite sea realizado presencialmente o a través de documentos impresos.

Es importante destacar que, la Ley 144 de 2020 toma en consideración las reglas de protección de datos personales y limita el acceso de los servidores públicos a la información sensible de los usuarios.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, colaborará con las diferentes entidades públicas, para establecer de forma progresiva un sistema de gestión documental estandarizado para el sector público. 

El Portal Nacional de Pagos se convertirá en la pasarela de pago electrónico estatal, la cual estará integrado al portal único del ciudadano, y mediante este portal las personas naturales y jurídicas podrán realizar pagos incluso de tasas e impuestos.

El Gobierno ha decidido crear organismos como la Dirección Nacional de Proyectos de Innovación Gubernamental y la Dirección de Innovación y Transformación Tecnológica, que serán entidades facilitadoras en el proyecto de modernización digital gubernamental y serán responsables de la formulación e implementación de los proyectos de innovación.

Las entidades públicas deberán incluir dentro de su presupuesto anual los fondos necesarios para el cumplimiento de su agenda digital. 

Mediante el Decreto Ejecutivo 400 de 2020 se establece el “Plan Panamá Solidario” (e Plan) como medida para contrarrestar la necesidad de alimentos y demás productos de higiene a los ciudadanos panameños. 

De acuerdo a lo establecido en dicha norma, se establece que las autoridades responsables de administrar y coordinar el Plan incluyen a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal Electoral; entre otras.  Además, se destaca a la empresa TELERED, S.A., como la empresa privada encargada de facilitar a las instituciones financieras locales el intercambio y procesamiento de transacciones electrónicas y de pagos electrónicos generados a nivel nacional.

En ese sentido, surge la necesidad de viabilizar de manera oportuna las transferencias de dinero a los beneficiarios del Plan Solidario, por lo que mediante la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0002-2020 de 2020 emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, se establecen los lineamientos que deberán seguir las entidades bancarias y la empresa TELERED, S.A. en la divulgación de la información necesaria para la implementación del Plan.

La Resolución establece que las entidades bancarias deberán suministrar temporalmente a la empresa TELERED, S.A. la información relativa de los clientes que hayan sido incluidos como beneficiarios del Plan por el Gobierno Nacional, los cuales mantengan cuenta bancaria de ahorros o corriente afiliada a una tarjeta de débito clave a fin de hacer posible el procesamiento de los pagos vinculados con dicho Plan.

La información por compartir comprenderá únicamente: (i) el número de cédula; (ii) tipo de cuenta; (iii) número de cuenta; (iv) número de tarjeta de débito clave de los clientes.

Además, se establece que las entidades bancarias y la empresa TELERED, S.A., deberán establecer mecanismos que permitan verificar dentro de sus bases de datos a todos los clientes que se encuentren en la lista de beneficiados del Plan a fin de comunicarlo al Gobierno Nacional.

Las entidades bancarias deberán mantener la confidencialidad de la información compartida por los clientes, permitiendo únicamente compartir dicha información a la empresa TELERED, S.A. y a la autoridad competente.  Es importante mencionar que el deber de confidencialidad de la información también recae sobre la entidad encargada de procesar los datos (TELERED, S.A.), la cual sólo podrá compartir dicha información con el Banco Nacional de Panamá, la autoridad competente y aquella autoridad encargada de fiscalizar los manejos de los fondos públicos.

La Resolución también establece que mientras el Gobierno Nacional mantenga las medidas implementadas por medio del Plan, las entidades bancarias deberán conservar la información de los clientes vinculados a los beneficios otorgados bajo el Plan.  Aún así, una vez culminado el Plan, se mantendrá dicha información por el tiempo establecido en regulaciones bancarias; incluyendo información relativa a las transferencias de dinero realizadas a clientes beneficiarios. 

En respuesta al aumento en la propagación del virus en la ciudadanía panameña, el Ministerio de Gobierno emite el Decreto Ejecutivo 266 de 11 de abril de 2020, el cual busca controlar y mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19,  a través de la adopción de medidas coercitivas aplicables a quienes, utilizando vehículos a motor, violen o contravengan las disposiciones adoptadas por las autoridades sanitarias competentes, conforme al toque de queda establecido y al estado de cuarentena que rige todo el territorio nacional.

En ese sentido, se adiciona un artículo transitorio al Decreto Ejecutivo No 640 de 2006, el cual establece el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá, estableciendo que durante el Estado de Emergencia Nacional, el conductor que viole las disposiciones expedidas por las autoridades competentes con el fin de restringir la movilidad serán sancionados con una multa de B/. 30.00, la adición de 2 puntos por infracciones de tránsito en su historial y la suspensión por 3 meses de la licencia de conducir, incluyendo la retención y remoción del vehículo con grúa.

Es importante tener en cuenta que esta norma entra en vigor de forma transitoria desde el 11 de abril de 2020 hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional.

Con base en lo estipulado en el Resolución 360 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud para restringir la movilidad ciudadana, se emite la Resolución 372 de 2020 a fines de restringir la movilidad de las personas en el territorio nacional durante las 24 horas del día sábado 11 de abril de 2020 en las cuales no se podrá circular, salvo por motivos de salud o por el ejercicio de actividades laborales, siempre que se cuente con el salvoconducto correspondiente.

Se mantendrán las excepciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 490 de 2020 y sus modificaciones, introducidas a través de los Decretos Ejecutivos 507 de 23 de marzo de 2020 y 513 de 27 de marzo de 2020. Esta medida sólo tiene efecto el día sábado 11 de abril de 2020.

Dada la situación actual del país y la cuarentena total decretada por el Gobierno Nacional, los contribuyentes se han visto afectados para cumplir con la presentación oportuna de sus obligaciones fiscales, incluyendo la presentación de las declaraciones juradas de ITBMS cuyas fechas de vencimiento están dentro del periodo de Estado de Emergencia Nacional decretado.

Por ello, la Dirección General de Ingresos emite la Resolución 201-2416 de 2020 a fin de extender hasta el 15 de julio de 2020 el plazo para presentar las declaraciones juradas de ITBMS cuyo periodo a reportar corresponda a los meses de marzo, abril, mayo del 2020.

Mediante la Resolución de Gabinete No. 23 de 7 de abril de 2020, el Consejo de Gabinete de Panamá autorizó al Ministro de Seguridad a proponer, ante la Asamblea Nacional, un proyecto de Ley que busque adicionar disposiciones relativas al delito de vandalismo, el cual no se encuentra actualmente tipificado en el Código Penal panameño, así como se busca incorporar la modificación a otras disposiciones de esta norma.

Mediante la Resolución de Gabinete No. 25 de 7 de abril de 2020, el Consejo de Gabinete de Panamá autorizó a la Ministra de Gobierno a proponer, ante la Asamblea Nacional, un proyecto de Ley que tipifique en el Código Penal de Panamá, la desobediencia de las medidas de aislamiento, toque de queda o cuarentena obligatoria; ordenada por las autoridades por motivo de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud. 

El Gobierno Nacional, a través de diversas normas ha adoptado medidas tendientes a controlar la propagación del COVID-19, lo que ha llevado a un detrimento en la actividad económica nacional y la consecuente disminución de los ingresos de gran parte de la población panameña.

En ese sentido, con el propósito de contrarrestar estos efectos, el Gobierno Nacional emite el Decreto Ejecutivo No. 400 de 2020, mediante el cual ha desarrollado el plan »Panamá Solidario» (el Plan), el cual brindará el apoyo integral que permita mitigar de manera solidaria las necesidades de alimentos, productos de higiene y medicamentos que registra gran parte de los ciudadanos en todo el territorio nacional durante el Estado de Emergencia Nacional decretado ante la crisis sanitaria que enfrenta el país.

Los apoyos del Plan se realizarán mediante la entrega de bolsas de comida, bono solidario y el vale digital. Sin embargo, se podrá implementar otro tipo de apoyo solidarios, según circunstancias generadas por el desarrollo de la pandemia.

Serán beneficiarios del plan ‘‘Panamá Solidario’’ las personas que se encuentren dentro de alguno de los siguientes grupos:

Y se exceptúan del plan ‘‘Panamá Solidario’’ los siguientes grupos:

El plan ‘‘Panamá Solidario’’ se financiará con recursos provenientes del presupuesto general del Estado. Para lo cual se apertura una cuenta bancaria en el Banco Nacional de Panamá con el propósito de darle viabilidad económica al Plan, así como su utilización como vehículo para recibir donaciones de personas naturales o jurídicas, destinadas a incrementar los recursos financieros del Plan.

Con el propósito de acrecentar los recursos del Plan, se establece el sitio web Panamasolidario.gob.pa como medio electrónico oficial para facilitar los donativos, en especie o dinero, que se deseen realizar.

Mediante este Plan se establecen las siguientes responsabilidades:

Los comercios que participen en el plan ‘‘Panamá Solidario’’ a nivel nacional, deberán estar registrados en la aplicación desarrollada por la AIG o en cualquier otro método que sea que se establezca para tal fin. Es importante tener en cuenta que los pagos o reembolsos que deben realizarse a los comercios registrados en El Plan serán objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, el uso incorrecto o no autorizado del plan ‘‘Panamá Solidario’’ generará la pérdida automática del apoyo solidario, en favor del beneficiario y la sanción correspondiente por parte de la autoridad competente, en el caso del comercio. Y, quién se apropie indebidamente de alguno de los beneficios en El Plan, será procesado de conformidad con la legislación judicial.

Mediante fe de errata publicada en Gaceta Oficial el 6 de abril de 2020, se incorpora un literal al artículo 16 del Decreto para incorporar al listado de entidades gubernamentales a cargo de la administración, coordinación y ejecución del Plan, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En ese sentido, el Comité Interministerial estará integrado por las siguientes entidades:

Por su parte, las demás instituciones del Gobierno Central y las entidades autónomas y semiautónomas del Estado deberán colaborar y atender las indicaciones de la Comisión, necesarias para la ejecución del plan ‘‘Panamá Solidario’’.

Mediante la Resolución AN 1072-AM de 2020 se estableció la suspensión de términos de todos los procesos administrativos tramitados ante la entidad hasta el 7 de abril de 2020, sin embargo, ante la situación actual del país, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) considera oportuno la extensión de dicho plazo.  En ese sentido, se emite la Resolución AN 1076-ADM de 2020 para prorrogar la suspensión de los términos de los procesos antes mencionados a partir del 8 de abril hasta el 30 de abril de 2020, sin que ello conlleve el cierre de las oficinas de la entidad.

Se comunica a los usuarios, la utilización de medios informáticos para intercambiar información en procesos o tramites con las distintas dependencias de la Autoridad. 

Mediante el artículo 6 de la Resolución 118 de 2020 se estableció su vigencia hasta el 7 de abril de 2020, sin embargo, ante la situación actual del país la Autoridad Nacional de Aduanas considera oportuno la extensión de dicho plazo.  En ese sentido, se emite la Resolución 121 de 2020 para prorrogar la vigencia de la Resolución 118 de 2020 por un término de dos meses que culminan el 7 de junio de 2020.

Debido a la situación actual por la pandemia del COVID-19 y atendiendo a la declaración de Estado de Emergencia Nacional en el país, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la Ley para adoptar medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en el país.

Los beneficios contenidos en la Ley serán aplicables a las personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, las personas a las que se les haya suspendido o cesado su contrato laboral, trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se haya visto afectada por las medidas sanitarias dictadas por las autoridades competentes.  En ese sentido, las personas que continúen percibiendo salario fijo o ingreso regular no podrán acogerse a la norma.

La Ley establece la suspensión de una serie de obligaciones y términos de los servicios a partir del 1 de marzo de 2020 por un periodo de noventa días. 

En adición, se suspenden el cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales por un término de noventa días a partir del 1 de marzo de 2020. 

De acuerdo con lo estipulado en la norma, los historiales de crédito de las personas, los cuales están registrados por la Asociación Panameña de Crédito no se verán afectados durante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y hasta sesenta días después de que esta se levante.

La norma establece que una vez vencido el término de la moratoria los acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor cliente pueda retomar y prorratear el pago de sus compromisos en un periodo de veinticuatro meses, sin que ello conlleve el cobro de intereses, recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en su referencia de crédito.

Adicionalmente, se establece que las entidades bancarias, cooperativas o financieras no efectuarán cobros ni devengarán intereses, recargos o cualquier tipo de cobro adicional por falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los créditos de consumo y tarjetas de crédito por el término de noventa días, contados a partir de la promulgación de la Ley. Esta medida sólo aplicará a las personas que han sufrido afectaciones en sus ingresos a partir de la crisis causada por la pandemia del COVID-19.

La norma tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de marzo de 2020, al ser una Ley de orden público.

A la luz del Estado de Emergencia Nacional decretado en Panamá desde el 13 de marzo de 2020, debido a la pandemia por COVID-19, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (la Dirección) emite la Resolución No. 187 de 2020 (la Resolución) contentiva de una serie de medidas con el fin de permitir el acceso de la población panameña a productos necesarios para la higiene durante la crisis sanitaria.

En ese sentido, la Resolución autoriza la importación de productos de higiene a establecimientos que cuenten con licencia de operación aprobada y vigente, siempre y cuando la empresa cumpla con ciertos requisitos. Para estos propósitos, el Representante legal de la empresa deberá presentar mediante declaración jurada notariada y firmada, la siguiente información:

Asimismo, la norma exonera, por un período de 60 días hábiles, el pago por la tasa de dicho servicio.

La Dirección contará con la potestad de evaluar cada una de las solicitudes presentadas, a fin de determinar que productos pueden ser utilizados o no para prevenir el COVID-19.

Ante la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional debido a la pandemia de COVID-19, la Asamblea Nacional panameña, promulgó la Ley N° 134 de 2020, que modifica la Ley N° 99 de 2019 (Ley de Amnistía Tributaria General). Cabe resaltar que la Ley N° 99 de 2019 fue reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo N° 553 de 2019, consecuentemente, al haberse modificado dicha Ley, la Dirección General de Ingresos se vio en la necesidad de emitir el Decreto Ejecutivo N° 257 de 2020 (el Decreto), para adaptar el reglamento a la Ley de Amnistía Tributaria. 

En ese sentido, el Decreto N° 257, introduce las siguientes modificaciones al Decreto Ejecutivo N° 553 de 2019:

Respecto al periodo de amnistía:

Respecto a los procedimientos para acogerse a los beneficios de la Ley 99 de 2019:

Respecto a la presentación de ciertos informes y declaraciones:

Los contribuyentes responsables afectados por el COVID-19, que debían presentar los formularios detallados debajo hasta el 29 de febrero de 2020 podrán hacerlo, hasta el 30 de junio de 2020, sin la imposición de multas.

Respecto a los convenios de arreglos de pago amnistía:

La Dirección General de Ingresos de Panamá emite la Resolución 201-2406 de 2020 a fin de exceptuar temporalmente y mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, el uso de equipos fiscales o cualquier otro sistema de facturación en todo el país, a los contribuyentes que no puedan hacer uso de dichos equipos o sistemas que reposen en los establecimientos comerciales u oficinas de negocios como consecuencia del cierre temporal de dichos establecimientos conforme lo decretado en el Decreto Ejecutivo 500 de 2020 en concordancia con el Decreto Ejecutivo 507 de 2020.

La Resolución establece que aun cuando los contribuyentes se encuentren exceptuados del uso de dichos equipos fiscales de manera temporal, deberán documentar sus operaciones de venta de bienes y/o prestación de servicios a través de documentos equivalentes como facturas manuales o preimpresas cumpliendo con los requisitos establecidos por ley.  Una vez transcurrido el periodo de Estado de Emergencia Nacional, se deberá expedir las facturas en sus respectivos equipos fiscales o sistemas de facturación.

Además, se establece que aquellos contribuyentes que continúen operando ininterrumpidamente en concordancia con lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 500 de 2020 y Decreto Ejecutivo 507 de 2020, deberán continuar documentando sus operaciones utilizando sus equipos fiscales o sistemas de facturación debidamente autorizados por la Autoridad Tributaria.

 

En virtud del Estado de Emergencia Nacional, es deber de cada una de las entidades gubernamentales establecer medidas tendientes a evitar la aglomeración de personas atendiendo lo dispuesto por las Autoridades Sanitarias. En ese sentido, la Dirección General de Ingresos emite la Resolución 201-2402 de 2020 (la Resolución) para suspender, mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, el servicio de plataforma de atención presencial para todos los trámites contenidos en el portafolio de servicios cuya formalización haya sido autorizada a través del sistema E-Tax 2.0.

Mediante la Resolución se autoriza a los obligados tributarios a presentar sus trámites o solicitudes vía electrónica mientras dure el Estado de Emergencia Nacional. Además, se indica que en los casos en los que los trámites requieran del aporte de certificados del Registro Público o cualquier otra documentación a la que la Autoridad Tributaria pueda acceder electrónicamente en otras instituciones estatales, dichos documentos no requerirán ser adjuntados en los respectivos trámites o solicitudes.

Respecto a los poderes que deban ser presentados, éstos deberán ser firmados por el representante legal y apoderado legal, y podrán ser enviados vía electrónica entendiéndose como presentados personalmente.  Además, se deberá adjuntar copia del certificado de idoneidad del apoderado legal. 

Las solicitudes que deban ser acompañadas de algún documento privado, certificaciones contables o informe del contribuyente, podrán ser presentados debidamente firmados por el representante legal y refrendados por la persona que elaboró el documento con copia de su idoneidad, ya sea para ejercer la abogacía en Panamá o ejercer como contador público autorizado, según sea el caso.

La Resolución establece que, se exceptuarán de la presentación vía electrónica los recursos de reconsideración que sean competencia de la Dirección General de Ingresos. 

La Asamblea Nacional de Panamá emite la Ley 139 de 2 de abril de 2020 (La Ley) a fin de adoptar temporalmente medidas de emergencia para proteger la vida de las personas, bienes y el patrimonio nacional ante el grave riesgo colectivo que representa la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19.

La Ley versa sobre las materias sobre las cuales se podrán emitir medidas o acciones regulatorias con la finalidad de proteger la salud y la vida de la población, incluyendo:

La Ley establece la implementación de un proceso de agilización especial que permita la contratación expedita y eficaz de todo tipo de obras, bienes y/o servicios necesarios para hacerle frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en el país.

Igualmente, se autoriza, previa autorización de la Asamblea Nacional, al Órgano Ejecutivo para la utilización los activos del Fondo de Ahorros de Panamá como medida urgente para mitigar la crisis sanitaria en el país.  Los recursos utilizados del Fondo de Ahorros de Panamá serán devueltos a éste, programando el reembolso en un plazo máximo de cinco años.

La Ley establece que, una vez decretada la emergencia nacional sanitaria, el Estado deberá abrir en el Banco Nacional, una cuenta bancaria con el propósito de dar viabilidad económica a las medidas para afrontar la pandemia, incluyendo el Plan Panamá Solidario.  Las personas naturales o jurídicas podrán aportar fondos a la cuenta, lo cual será 100% deducible dentro de la declaración de renta del año siguiente a su aporte.

La Ley tendrá duración limitada y solo podrá ser aplicada en la medida que sea necesaria para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

Con el propósito de solventar las inquietudes generadas en el sector trabajador ante las diversas medidas laborales que se han emitido como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral emitió el Decreto Ejecutivo 86 de 2020 para habilitar temporalmente, las plataformas digitales del Ministerio para recibir y atender denuncias o quejas de los trabajadores frente a posibles violaciones de sus derechos laborales.

El Decreto establece que, para la presentación de las quejas o denuncias se requiere que el trabajador indique, además de sus datos personales, el nombre del empleador, la dirección, un número telefónico de contacto y un correo electrónico; a fin de que el Ministerio se comunique con el empleador.

Las denuncias que se presenten serán atendidas mediante los mecanismos de inspección y los procedimientos que se estimen convenientes.  Consecuentemente, el Ministerio se comunicará con el empleador para establecer los mecanismos oportunos para evitar la vulneración de sus los derechos de los trabajadores.

Esta acción por parte del Ministerio no activará términos ni procesos en materia laboral, sin embargo, las autoridades laborales tendrán conocimiento del proceder de la empresa a través de informes y actas que se generen.

El Decreto se mantendrá vigente hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional.

Con motivo de la declaración de Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, diversos factores de producción de la economía panameña se han visto afectados, es por ello que la Caja de Seguro Social emite la Resolución No. 383-2020-DG del 3 de abril de 2020 (La Resolución), mediante la cual se  suspende la generación de multas, recargos e intereses por la presentación y/o pago tardío de la planilla mensual de declaración de trabajadores y salarios de los meses-cuotas de febrero, marzo, abril y mayo de 2020, de parte de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, sujetas al régimen obligatorio y voluntario de la Caja de Seguro Social.

La suspensión de la generación de multas, recargos e intereses que se detalla con anterioridad, será aplicable posterior a la presentación formal de la planilla regular o complementaria.

La Resolución establece que, el pago con cheques sin fondo de las cuotas descritas previamente dejará sin efecto el beneficio de la suspensión de la generación de multas, recargos e intereses.

A la luz de lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 217, de 16 marzo de 2020, en donde se establecen medidas temporales para el control migratorio en Panamá, el Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Seguridad Pública emite la Resolución N° 6518 de 2020 a fin de extender hasta el 30 de abril de 2020, la vigencia de los permisos de residencia de extranjeros vencidos a partir del 13 de  marzo de 2020.  Se extienden también los tramites de carné de permisos en trámite, carné de permisos provisionales, visas de no residentes, carné de estadía judicial, carné de regularización migratoria.

En adición a lo anterior, se suspenderán los términos en los procesos y actuaciones que se gestionen ante el Servicio Nacional de Migración y sedes regionales hasta el 30 de abril 2020. Asimismo, se suspende la atención al público en la sede principal y sedes regionales hasta dicha fecha.

La Resolución también establece que solo se permitirá el ingreso al territorio nacional de vuelos humanitarios y aquellos necesarios para transportar carga y productos, equipos médicos, medicamentos, vacunas y cualquier otro insumo relacionado con salud pública.  La tripulación o conductores de empresas de transporte aéreo, marítimo o terrestre podrán ingresar al territorio nacional siempre que estén debidamente autorizados para ello por las autoridades competentes.

A la luz del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno de Panamá, el Municipio del distrito de Panamá (el Municipio) estableció mediante el Acuerdo Municipal N° 67 de 17 de marzo de 2020, una prórroga hasta el 30 de abril de 2020 para la presentación de la Declaración Jurada Anual sin la imposición de sanciones.

En ese sentido y con el propósito de velar por la situación económica de los contribuyentes frente al fuerte impacto económico que ha provocado la situación actual por pandemia de COVID-19, el Municipio decretó una prórroga para el pago de tributos, lo cual incluye impuestos, tasas, contribuciones especiales, derechos y multas municipales. Por lo que, los pagos correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020 se podrán realizar hasta el 30 de junio sin ningún tipo de interés o recargo adicional.

Ante la situación actual del país por la pandemia del COVID-19 y el aumento de personas afectadas, el Ministerio de Salud emite Resolución 360 de 30 de marzo de 2020 para adoptar nuevas medidas que restringa la movilidad de personas en el territorio nacional.  La medida utiliza como base el sexo y número de cédula de identificación personal en el caso de nacionales y el sexo y número de pasaporte en el caso de extranjeros que se encuentren en Panamá.

En ese sentido, podrán circular dentro del horario que les corresponda de acuerdo al último número de su cédula o pasaporte de la siguiente manera:

La Resolución también establece que los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, sin importar su numero de cedula de identidad personal, podrán movilizarse exclusivamente para abastecerse de víveres o medicamentos en un horario determinado para este propósito, de 11:00am a 1:00pm. Aplicará el mismo parámetro especificado por sexo y día de la semana.

Conforme con lo establecido en la Resolución, se mantendrán las excepciones contenidas en las siguientes normas: Decreto Ejecutivo N° 490 de 2020, Decreto Ejecutivo N° 507 de 2020 y Decreto Ejecutivo N° 513 de 2020.

Conforme a la situación de Estado de Emergencia Nacional que vive el país, producto de la propagación del COVID-19 entre los ciudadanos, el Gobierno Panameño ha establecido una cuarentena total con el fin de mitigar la propagación de esta enfermedad.

Dado que, esta medida afecta el oportuno cumplimiento de la presentación de ciertos informes de cumplimiento tributario con fechas de vencimiento dentro del período de Estado de Emergencia Nacional, por parte de los contribuyentes.

En ese sentido, la Dirección General de ingresos emitió la Resolución N° 201-2401 de 2020 en donde extiende, hasta el 30 de junio de 2020, el plazo para la presentación de los siguientes informes reportables en febrero, marzo, y abril 2020:

La Resolución entra en vigencia a partir del 31 de marzo de 2020.

Debido a la situación actual por la pandemia del COVID-19 y atendiendo a la declaración de Estado de Emergencia Nacional en el país, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate una Ley para adoptar medidas sociales especiales dada la emergencia sanitaria decretada en el país por el Órgano Ejecutivo.

La Ley establece la suspensión de los servicios públicos de energía eléctrica, telefonía fija y móvil e internet, por el término de cuatro meses a partir del 1 de marzo de 2020. Se reanudará el pago de estos servicios cuando venza el plazo de cuatro meses y será prorrateado en tres años.

Las medidas contenidas en la Ley serán aplicables a personas que se hayan visto afectadas, específicamente a:

Asimismo, la Ley establece que el Estado asumirá el pago de un bono solidario a cada trabajador de aquellas personas naturales o jurídicas dedicadas a actos de comercio cuyos negocioshayan sido cerrados temporalmente y que hayan optado por la suspensión provisional de los efectos de los contratos de sus trabajadores por un máximo de 90 días.

La norma tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de marzo de 2020, al ser una Ley de orden público. Si bien la Ley ha sido aprobada por la Asamblea Nacional en tercer debate, la misma aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial.

El pasado 27 de marzo, el Presidente de la República de Panamá promulgó el Decreto Ejecuto N° 513, de esa misma fecha, con el fin de modificar el Decreto Ejecutivo N° 507 de 24 de marzo de 2020, que amplía el toque de queda decretado mediante Decreto Ejecutivo N° 490 de 17 de marzo de 2020 y dicta otras disposiciones.

El Decreto Ejecuto N° 513 de 27 de marzo de 2020 modifica el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 507 de 24 de marzo de 2020, exceptuando de la medida de suspensión de los términos de procesos administrativos seguidos en las diferentes instituciones de gobierno, a los procedimientos de selección de contratistas efectuados para la contratación de obras, compras de equipos, bienes e insumos hospitalarios, medicamento y otros bienes, servicios o artículos que hayan superado la etapa de presentación de propuestas

El 27 de marzo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial N° 28990-A, la Resolución Administrativa N° 032-2020, a través de la que la Agencia Panamá Pacífico decreta la suspensión de los términos y acciones de cualquier proceso administrativo llevado dentro de la Agencia, a partir del 26 de marzo de 2020 y hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional.

Asimismo, acordó reducir físicamente la atención al público en las áreas que se ajustan al sistema de teletrabajo, por lo que los usuarios deberán hacer uso del mecanismo de correo electrónico. Los trabajadores con sesenta años, así como aquellos con padecimientos crónicos y mujeres embarazadas, podrán hacer uso de su tiempo compensatorio, vacaciones vencidas o adelantadas, dado que ésta es la población más vulnerable al COVID-19.

En el caso de trámites dentro de la Agencia Panamá Pacífico, se implementará un horario de trabajo de las 8:00 horas hasta las 12:00 horas los días lunes, miércoles y viernes, sin que ello implique que, por extrema urgencia, se necesite algún trámite los días martes y jueves mientras dure el Estado de Emergencia Nacional.

Ante la declaración de Pandemia por COVID-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Estado de Emergencia Nacional decretado por el Órgano Ejecutivo, en respuesta a la creciente propagación del virus entre la ciudadanía panameña, la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)  emitió el Resolución No.118 de 23 de marzo de 2020, mediante la cual se decretó la implementación de un procedimiento temporal para la importación de mercancía bajo la modalidad especial de envío de socorro (ayuda y asistencia humanitaria).

Por lo tanto, se ha emitido la Resolución No. 118 de 23 de marzo de 2020, la cual contempla las siguientes medidas:

Igualmente, las vacunas y medicamentos; órganos, sangre y plasma humanos; aparatos médico-clínicos; material radioactivo y materias perecedera de uso inmediato o indispensable para una persona o centro hospitalario.

3.    La ANA se reserva la facultad de regular este procedimiento.

4.    El formulario que habilite la ANA para este procedimiento tendrá un término de duración de 6 meses.

Ante la situación actual del país por la pandemia COVID-19, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mediante Nota ORPAN-37/2020 de 16 de marzo de 2020, expresó a la República de Panamá, su sentimiento de solidaridad ante las perdidas humanas y materiales ocasionadas por el COVID-19. 

A fin de materializar los sentimientos expresados y en apoyo a todos los países centroamericanos, el BCIE aprobó el otorgamiento de una cooperación financiera no reembolsable por un monto de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000,000.00) por país.

En ese sentido, el Consejo de Gabinete del Gobierno Nacional emite el Decreto de Gabinete 8 de 2020 autorizando la suscripción del Convenio de Cooperación Financiera No Reembolsable entre el BCIE y la República de Panamá, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas.  El Convenio ayudaría a financiar las actividades relacionadas a enfrentar la emergencia que se presenta en el país ante la expansión del virus.

El Convenio estipularía los siguientes términos:

Ante la declaración de pandemia de COVID-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en respuesta a la creciente propagación del virus entre la ciudadanía panameña, el Ministerio de Salud de Panamá, mediante la Resolución No. 329 de 18 de marzo de 2020, aprueba el formato de “Consentimiento Informado”, para los tratamientos y administración de medicamentos que deben realizarse en los pacientes afectados por el virus COVID-19.

La infección por COVID-19 se caracteriza por fiebre, tos, dolor de cabeza y en casos graves, dificultad respiratoria.

El tratamiento médico recomendado utiliza la combinación de la Hidroxicloroquina, que tiene dos efectos ante el virus: por un lado, inhibe la vía de entrada del virus a la célula y por otro actúa contra su crecimiento dentro de la célula; y el LPVR/r, un antirretroviral del grupo de los inhibidores de la proteasa, utilizado en la terapia combinada antirretroviral activas de adultos y pacientes pediátricos con infección de VIH- 1 y sida. Sin embargo, la Hidroxicloroquina y el LPVR/r tienen efectos adversos, entre otros, dolor abdominal, cefalea, náuseas, vómitos, alteración del gusto, entre otros.

Además, el formato de “Consentimiento Informado” deberá contener los siguientes elementos:

Ante la situación actual del país por pandemia del COVID-19 y como método para mitigar su propagación, mediante Decreto Ejecutivo 490 de 2020 se estableció toque de queda a la población en todo el territorio nacional, desde las 9:00pm horas hasta las 5:00pm del 18 de marzo de 2020.  

Dado el aumento en los casos de personas contagiadas con el virus en Panamá, se emite el Decreto Ejecutivo 507 de 2020 el cual amplió el toque de queda decretado en el país durante las 24 horas del día, a partir de las 5:01 am del día 25 de marzo de 2020. 

Que en el Decreto Ejecutivo 490 de 2020 se incluían ciertas excepciones respecto del cumplimiento del toque de queda dada la naturaleza del trabajo de ciertas personas, las cuales no fueron incluidas en el Decreto Ejecutivo 507 de 2020.

Tras confusión generada en la población, el Ministerio de la Presidencia emite un comunicado para indicar que se mantendrán las excepciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 490 de 2020 (e.g., personal de restaurantes con autoservicio, personal de empresas que se dediquen al servicio a domicilio, diputados, representantes, alcaldes).  Igualmente, se mantendrán las excepciones que amplían y que están contenidas en el Decreto Ejecutivo 507 de 2020. 

Ante la emisión de diversas medidas temporales y preventivas que minimicen los riesgos de propagación del COVID-19, incluyendo la extensión del toque de queda decretado en el país durante las 24 horas del día, el Municipio de Panamá emitió el Acuerdo Municipal No. 67 de 17 de marzo de 2020 en donde se concede a los contribuyentes del municipio capitalino una prórroga hasta el 30 de abril de 2020 para la presentación de la Declaración Jurada Anual.

En ese sentido, el contribuyente podrá presentar, sin sanciones hasta el 30 de abril de 2020, la Declaración Jurada Anual del monto de sus ventas o ingresos brutos, obtenidos producto de sus operaciones en el distrito de Panamá y que conste en los registros contables del contribuyente, debidamente sustentados. 

Se exceptúan del requerimiento, aquellas empresas o establecimientos comerciales que se dediquen a actividades comerciales que tengan incidencia fuera del distrito de Panamá; o declaren sus impuestos, tasas o contribuciones sobre la base de una norma especial con rango de ley.

Como muestra de confianza a la economía de Panamá y el manejo de las finanzas públicas, se logró colocar con éxito en los mercados internacionales la cantidad de USD2,500 Millones de Bonos Soberanos, a un plazo de 35 años, vencimiento en el año 2056, a una tasa anual de 4.5%.

La oferta que colocó Panamá, primera de América Latina en mercados internacionales en tiempos de COVID-19, recibió una demanda tres veces mayor al monto ofertado.

Los fondos que recibió Panamá ayudarán al Gobierno de Panamá para afrontar la lucha contra la Pandemia y sus consecuencias sanitarias y económicas.

Ante la situación actual del país por la pandemia COVID-19 y a fin de mitigar la propagación del virus, la Dirección General de Ingresos emitió la Resolución No. 201-2353 de 20 de marzo de 2020 a fin de modificar la Resolución No. 201-2270 de 16 de marzo de 2020 que suspendía los términos respecto de los recursos administrativos competencia de la institución. 

Mediante Resolución No. 201-2353 de 2020, se ordena la suspensión de los términos en los recursos administrativos que versan ante la entidad, desde el 16 de marzo hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional. 

Asimismo, se ordena la suspensión de los términos respecto de los requerimientos, solicitudes o citaciones dispuestas por la Dirección General de Ingresos, desde el 16 de marzo hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional. 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 251, de 24 de marzo 2020, publicado en Gaceta Oficial Digital No. 28987-A (“El Decreto”), el Gobierno de la República de Panamá promulgó medidas tributarias con el fin de aliviar el impacto económico generado tras la declaración de Estado de Emergencia Nacional por pandemia de COVID-19.

En ese sentido, el Decreto establece que, durante el término de vigencia del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno de Panamá, se concede un plazo de 120 días calendarios para el pago de tributos que se causen o deban pagarse durante dicho periodo sin que ello conlleve el pago de intereses, recargos y multas.   El plazo de 120 días será contado a partir del 20 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 134 de 2020, que modifica la Ley N° 99 de 2020 sobre amnistía tributaria general.

Dentro de los tributos sujetos al beneficio se incluyen los impuestos nacionales directos e indirectos, tasas, contribuciones especiales y cualquier deuda de dinero liquida y exigible que, en cualquier concepto, deban pagar personas naturales, personas jurídicas y/o bienes inmuebles, exceptuando aquellos tributos cuya obligación nace de la calidad de agentes de retención, los cuales se detallan a continuación:

El Decreto establece que, por motivos del Estado de Emergencia Nacional, los contribuyentes podrán determinar para el año 2020, el impuesto estimado a pagar por un monto no menor al 70% del impuesto causado en sus declaraciones del periodo fiscal 2019, sin que dicha estimación esté sujeta a verificación por parte de la Dirección General de Ingresos.

En ese sentido, el impuesto así estimado deberá ser pagado en dos partidas durante el periodo fiscal 2020 de la siguiente manera:

El Decreto otorga un plazo definitivo para la presentación de las declaraciones juradas de rentas correspondientes al periodo fiscal 2019 de las personas naturales o jurídicas hasta el 30 de mayo de 2020.

Asimismo, se autoriza la presentación electrónica de todos los documentos originales y/o copias autenticadas, pruebas o requisitos para trámites y solicitudes ante la Dirección General de Ingresos.  La modalidad de presentación electrónica también aplicará a las solicitudes de No aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR). La Dirección General de Ingresos establecerá los procedimientos necesarios para el efectivo funcionamiento de esta modalidad.

El Decreto autoriza al Director General de Ingresos, por un plazo de 120 días calendario, para expedir paz y salvos refrendados a contribuyentes que presenten morosidad o inconsistencias en su cuenta corriente.  Los contribuyentes interesados deberán presentar una solicitud motivada y sustentada para acceder al beneficio.

También, aplicará un plazo de 120 días calendario para la presentación de paz y salvos de la Dirección General de Ingresos y la Caja de Seguro Social para todos los tramites que se realicen ante la Dirección General de Tesorería y la Dirección General de Ingresos.

De acuerdo con el Decreto, durante el periodo de Estado de Emergencia Nacional se autoriza a la Dirección General de Ingresos para emitir resoluciones que establezcan el aplazamiento de términos para la presentación de declaraciones e informes de cumplimiento tributario, sin que ello conlleve pago de multas.

Finalmente, los beneficios establecidos mediante el Decreto no podrán ser acogidos por contribuyentes que mantengan procesos por evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal.

Teniendo en cuenta que el MEF tiene la obligación de preservar la salud e higiene de sus empleados en el ámbito laboral y, tras la escalada a Pandemia del COVID-19 y la consecuente declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y con el fin de prevenir y atender el Coronavirus, el MEF ha creado el Comité Especial Salud e Higiene conformado por personal administrativo y de Recursos Humanos.

Todos los estamentos gubernamentales de la República de Panamá se están preparando de la mejor forma para afrontar todos los retos que trae consigo esta situación sin precedentes.

Ante la declaración de Pandemia por Coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en respuesta a la creciente propagación del virus entre la ciudadanía panameña, el Consejo de Gabinete del Gobierno de Panamá ha emitido la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, mediante la cual se ha decretado “Estado de emergencia nacional” con el propósito de facilitar recursos y promover acciones con la llegada y propagación del Coronavirus en Panamá.

Asimismo, se han emitido los Decretos Ejecutivos No. 472 y 489 del 13 y 16 de marzo de 2020, respectivamente, mediante el cual se ha ordenado extremar las medidas sanitarias ante la declaración de Pandemia por Coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, mediante Decreto Ejecutivo No. 490 de 17 de marzo de 2020, se establece Toque de Queda en todo el territorio nacional, a toda la población de la República de Panamá, en horario de las 21:00 horas a las 5:00 horas, exceptuando así, entre otros, al personal del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (por sus siglas, IDAAN), a la producción de energía, telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación incluyendo radio y televisión.

Por ello, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos como reguladora de los servicios públicos en el territorio nacional y en aras de salvaguardar el interés público, a fin de asegurar que los servicios públicos regulados sean prestados de la manera más eficiente, continua e ininterrumpida, hasta tanto se resuelva la situación sanitaria en la que se encuentra la República de Panamá, ha emitido la Resolución AN No. 1073-ADM de 18 de marzo de 2020.

En ese sentido, mediante la Resolución AN No. 1073-ADM de 18 de marzo de 2020, se resuelve lo siguiente:

Ante la declaración de Pandemia por Coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Estado de Emergencia decretado por el Órgano Ejecutivo, en respuesta a la creciente propagación del virus entre la ciudadanía panameña, el Ministerio de Ambiente emitió la Resolución DM-0127-2020 de 18 de marzo de 2020, la cual contempla las siguientes medidas:

Ante la declaración de Pandemia por Coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en respuesta a la creciente propagación del virus entre la ciudadanía panameña, el Consejo de Gabinete del Gobierno de Panamá ha emitido la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, mediante la cual se ha decretado “Estado de emergencia nacional” con el propósito de facilitar recursos y promover acciones con la llegada y propagación del Coronavirus en Panamá. En el marco de la referida Resolución de Gabinete No. 11, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá emitió la Resolución No. DG-SSRP-010 de marzo de 2020 la cual contempla las siguientes medidas:

Los corredores de seguros deberán constituir y mantener a favor de la Superintendencia una fianza de cumplimiento con el objetivo de responder por el importe de las pérdidas y para responder ante la Superintendencia por sanciones que se les impongan, delineado en la Ley No. 12 de 2012.

En respuesta a la creciente propagación del virus entre la ciudadanía panameña, situación que está afectando la economía a nivel mundial, incluyendo el sector financiero de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá ha emitido la Resolución No. 31 de 18 de marzo de 2020, mediante la cual se resolvió instar a las Empresas Financieras, reguladas por la Dirección General de Empresas Financiera del Ministerio de Comercio y Industrias, a colaborar con los usuarios o consumidores financieros, respecto a los compromisos adquiridos, y de común acuerdo, de oficio o a solicitud de parte, para que puedan modificar las condiciones y términos del contrato de préstamo, a fin de honrar sus obligaciones.

 En ese sentido, las Empresas Financieras tendrán que implementar o conceder las siguientes medidas:

Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas de Panamá emitió la Resolución No. 159 de febrero de 2020 la cual contempla las siguientes medidas:

La Resolución No. 159 rige a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, esto es, el 24 de marzo de 2020.

Ante la declaración de Pandemia por Coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Estado de Emergencia Nacional decretado por el Órgano Ejecutivo, en respuesta a la creciente propagación del virus entre la ciudadanía panameña, la Fiscalía General Electoral emitió la Resolución No. 002-FGE-DS de 18 de marzo de 2020, la cual contempla las siguientes medidas:

Por tanto, a partir del 19 de marzo de 2020, se establece nuevo horario laboral y se suspenden los términos judiciales dentro de los procesos y gestiones administrativas electorales y jurisdiccionales que se adelantan en la Fiscalía General Electoral en los 3 Distritos Jurisdiccionales.

Ante la declaración de Pandemia por Coronavirus (COVID-19) decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, en respuesta a la creciente propagación del virus entre la ciudadanía panameña, el Consejo de Gabinete del Gobierno de Panamá requiere adoptar medidas para garantizar el acceso de la población a ciertos productos de higiene personal a precios competitivos y en las cantidades necesarias.

De conformidad con el numeral 7 del artículo 200 de la Constitución Política de la República, son funciones del Consejo de Gabinete fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen aduanero, con sujeción a las normas previstas en las Leyes a que se refiere el numeral 11 del artículo 159 de la Constitución Política de la República de Panamá.

En ese sentido y a fin de evitar el desabastecimiento y especulación de precios, ha sido emitido el Decreto de Gabinete No. 7 de 18 de marzo de 2020, el cual crea los siguientes incisos arancelarios en el Arancel Nacional de Importación:

Mostrar recursos

Adicionalmente, mediante el Decreto de Gabinete No. 7 de 18 de marzo de 2020, se modifican los siguientes incisos arancelarios en el Arancel Nacional de Importación:

Mostrar recursos

Cabe destacar que las medidas decretadas no alcanzan a modificar el porcentaje impositivo correspondiente al impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS). Asimismo, las medidas decretadas respecto a los incisos arancelarios tendrán una vigencia de seis meses desde su promulgación en Gaceta Oficial.

Frente al brote del Coronavirus (COVID-19) en Panamá, el Gobierno Nacional ha estado tomando las medidas necesarias para evitar y mitigar la propagación del virus, emitiendo las correspondientes disposiciones para ello como la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, mediante la cual se decretó “Estado de emergencia nacional” con el propósito de facilitar recursos y promover acciones que eviten la propagación del Coronavirus en Panamá.

Con fundamento en las disposiciones antes indicadas, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros emitió la Resolución No. DG-SSRP-011 de 19 de marzo de 2020 la cual contempla las siguientes medidas

Además, deberán informar a sus clientes de la adopción de esta modalidad de trabajo y comunicarlos a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá a través del correo electrónico supervision@superseguros.gob.pa.

Todos los informes que deben ser entregados a la Dirección de Supervisión de Empresas de Seguro y Reaseguros, deberán entregarse vía electrónica hasta el 31 de mayo de 2020, entre ellos:

a.  Margen de Solvencia.

b.  Balance de Reserva e Inversiones.

c.  Resultados Técnicos.

d.  Estados Financieros Auditados.

e.  Informe Único de Seguros (INUSE).

f.   Designación de Auditores externos.

g.  Certificaciones de los reaseguros o notas de cobertura y estados financieros auditados de la reaseguradora traducidos en español.

Aquellos informes que según los Acuerdos vigentes deban ser entregados en físico ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, deberán enviarse escaneados en formato PDF, a través del correo electrónico: supervision@superseguros.gob.pa. Sin embargo, deberán hacer su entrega física en las oficinas de este Autoridad Administrativa, posteriormente.

Los regulados debe informar inmediatamente a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá cualquier hecho o circunstancia relevante que afecte o pueda afectar el desarrollo de sus operaciones o los derechos e intereses de los asegurados o los requerimientos establecidos por la Ley de Seguros.

Lo dispuesto en esta resolución aplicará hasta el 30 de abril de 2020. Una vez vencido este plazo, se reestablecerán los términos establecidos en la regulación vigente.

Ante la declaración de Estado de Emergencia Nacional debido al brote de COVID-19 en Panamá, decretado mediante Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, el Órgano Ejecutivo dictó el Decreto Ejecutivo No. 490 de 17 de marzo de 2020, por medio del cual estableció toque de queda en todo el territorio nacional dentro de un horario de 9:00 pm a 5:00 am. Sin embargo, ante el aumento de casos registrados de contagios y fallecimientos producto del brote de COVID-19, dicha normativa ha sido modificada por el Decreto Ejecutivo 505 de 23 de marzo de 2020, ampliando el toque de queda previamente impuesto, a un horario comprendido entre las 5:00 pm hasta las 5:00 am, a partir del 24 de marzo de 2020.

Es importante tener en cuenta que esta medida no modifica los sujetos previamente exentos del cumplimiento de esta medida, ni las sanciones por el incumplimiento de la mismas, las cuales aparecen listados en el Artículo 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 490 respectivamente.

Ante la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, el Órgano Ejecutivo dictó el Decreto Ejecutivo No. 490, de 17 de marzo de 2020, por medio del cual estableció toque de queda en todo el territorio nacional dentro de un horario de las 21:00 horas a las 5:00 horas. Sin embargo, ante el aumento de casos registrados de contagios y fallecimientos producto del brote de COVID-19, dicha normativa ha sido modificada por el Decreto Ejecutivo N° 505, de 23 de marzo de 2020, y se amplía el toque de queda previamente impuesto, a un horario comprendido entre las 17:00 horas hasta las 5:00 horas. La medida rige a partir del 24 de marzo de 2020

Es importante tener en cuenta que esta medida no modifica los sujetos previamente exentos del cumplimiento de esta medida, ni las sanciones por el incumplimiento de estas, las cuales aparecen listados en el artículo 2 y 3 del Decreto Ejecutivo N° 490 respectivamente.

Mediante Decreto Ejecutivo N° 81, de 20 de marzo de 2020, publicado en Gaceta Oficial No. 28985-C, el gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, en el marco de la Resolución de Gabinete Nro. 11 de 13 de marzo de 2020 que decretó el Estado de Emergencia Nacional como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus, así como por el incremento en el contagio de esta enfermedad que amenaza tanto a los habitantes del país, como a la economía nacional por razón de la alteración e interrupción de las condiciones normales de funcionamiento u operación de la empresa privada, se declara como caso fortuito y fuerza mayor, según el caso, la existencia de la pandemia del COVID-19 y la consecuente declaración de Estado de Emergencia Nacional, a efectos de la aplicación de las causas de suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo prevista en el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo de la República de Panamá.

En este sentido, los contratos de trabajo de los trabajadores de las empresas cuyas operaciones hayan sido cerradas, conforme a las medidas preventivas ordenadas por las autoridades gubernamentales dentro del Estado de Emergencia Nacional, se consideran suspendidos para todos los efectos laborales desde la fecha en que se ordenó el cierre. Dicha suspensión deberá ser autorizada por la Dirección General del Trabajo o las Direcciones Regionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 del Código de Trabajo.

La suspensión de los efectos laborales de los contratos de trabajo significa que los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario. Cabe destacar, que esta suspensión de contrato no implica su terminación, ni exime de las otras obligaciones de ambas partes surgidas con anterioridad en el contrato de trabajo, ni afectará la antigüedad de los trabajadores. Los trabajadores cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos de acuerdo con lo establecido en este Decreto Ejecutivo N° 81 de 20 de marzo de 2020, serán incluidos en las listas de beneficiarios de los programas que establezca el Poder Ejecutivo para mitigar la falta de ingresos regulares, mientras dure la suspensión.

Para la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo solicitada ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, corresponde al empleador enviar de manera electrónica los siguientes documentos:

Cabe señalar que el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Social notificará la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo al Sindicato o a la representación de los trabajadores de la empresa. Dicha notificación no suspende el término de tres (3) días a que se refiere el artículo 201 del Código de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral resolverá lo que resulte de la documentación presentada por el empleador, autorizando o rechazando la suspensión de los contratos de trabajo, dentro del término antes referido. La resolución que autoriza la suspensión de los contratos de trabajo podrá ser notificada mediante procesos electrónicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Código de Trabajo.

Si al término de los tres días hábiles que otorga el artículo 201 del Código de Trabajo para decidir sobre la solicitud de suspensión de los contratos el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no se ha pronunciado, la solicitud de suspensión se entenderá aprobada para todos los efectos legales.

Los salarios de los trabajadores de las empresas que hayan cerrado en forma distinta a las previstas en el Decreto Ejecutivo N° 84 de 20 de marzo de 2020, o sin contar con la autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, serán cubiertos en su totalidad por el empleador hasta que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral autorice dicha suspensión.

Las empresas podrán solicitar los beneficios económicos dictados por el Gobierno Nacional producto del Estado de Emergencia Nacional, transcurrido un mes desde la notificación de la autorización de suspensión de los contratos de trabajo emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Al terminar la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, los trabajadores retornarán a sus puestos de trabajo, en las mismas condiciones establecidas en el contrato de trabajo vigente al momento de la suspensión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 205 del Código de Trabajo.

Por último, se considerará despido verbal injustificado, el impedimento, por parte del empleador, del retorno del trabajador a su puesto de trabajo al día siguiente de culminar el Estado de Emergencia Nacional.

El Decreto Ejecutivo N° 84 de 20 de marzo de 2020 entrará a regir al día siguiente de su promulgación, esto es, a partir del 21 de marzo de 2020.

El 20 de marzo de 2020, fue publicada en Gaceta Oficial Nro. 28985-C la Ley N° 134 de 20 de marzo de 2020 que modifica la Ley de Amnistía Tributaria para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos, así como la Ley N° 76 de 2019, relativa al Código de Procedimiento Tributario y dicta otras disposiciones.

Como se recordará, el pasado 18 de marzo de 2020, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley N° 251 que siguiendo el proceso constitucional de creación de leyes fue remitido al Poder Ejecutivo para promulgación y publicación en Gaceta Oficial y así convertirla en Ley de la República.

En este sentido, La Ley N° 134 de 20 de marzo de 2020 modifica el artículo 5 de la Ley N° 99 de 2019 con el propósito de extender el período de la amnistía tributaria hasta el 30 de junio de 2020, proponiendo que ante el pago de tributos morosos administrados por la Dirección General de Ingresos (DGI) que se realicen con posterioridad al 29 de febrero y hasta el 30 de junio de 2020, se condonarán hasta el 85% de la totalidad de los intereses, recargos y multas.

De igual forma, se establece que el plazo para el cumplimiento total de arreglos de pago realizados hasta el 29 de febrero se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020, al igual que los arreglos de pago realizados dentro de esta nueva versión de la Ley amnistía.

Se establece que cuando los contribuyentes atrasados efectúen algún pago encaminado a saldar la deuda morosa, éstos se beneficiarán automáticamente con la Amnistía Tributaria, conforme a los términos establecidos en esta norma, sin la necesidad de una notificación formal ante la Dirección General de Ingresos, tal como fue inicialmente establecido.

De acuerdo con la norma, la DGI podrá declarar, previa solicitud, las deudas tributarias prescritas existentes en la cuenta corriente de los contribuyentes que al 30 de junio del 2019 se acojan a la amnistía. Cabe destacar que la declaratoria de prescripción se hará efectiva siempre que el contribuyente obligado tributario pague lo adeudado dentro del periodo de amnistía tributaria, o al vencimiento de su respectivo arreglo de pago, y que se hubiera cumplido el término de prescripción previsto en normas generales sobre prescripción de cada tributo vigente a la entrada en vigor la presente ley.

Adicionalmente, la Ley N° 134 de 20 de marzo de 2020 modifica el artículo 101 de la Ley 76 de 2019, que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá, el cual versa sobre los casos de notificación personal, agregando que, en caso declaración de estado de nacional de emergencia o estado nacional de urgencia, el procedimiento notificación previsto actualmente, podrá soslayarse, siempre que no versen de resoluciones que inician el procedimiento de cobro coactivo.

Con la entrada en vigencia de esta norma, se modifica el artículo 392 de la Ley N° 76 de 2019, entrando en vigencia de forma automática los artículos 1,2, 3,4, 5,6, 9, 11, 78, 100, 101, de la referida Ley, los cuales desarrollan el ámbito de aplicación, conceptos, las notificaciones en el ámbito tributario, las prórrogas y/o fraccionamientos de tributos por parte del Presidente y la excepción al principio de legalidad, entre otros, los cual estaban originalmente dispuestos para entrar en vigencia el 1 de enero de 2021.

A partir de la entrada en vigencia de esta norma y, siempre y cuando los contribuyentes cumplan con los compromisos del paquete de ayuda y estimulación económica emitido por el estado de emergencia a causa del COVID-19 o que estos contribuyentes mantengan operaciones, se prorrogará hasta el 30 de junio de 2020 sin causar multa, la presentación de los formularios que debieron presentarse ante la DGI al 29 de febrero de 2020 correspondientes a:

Es importante tener en cuenta que, para tales efectos, la DGI comprobará la veracidad de la información presentada por el contribuyente. Y en caso de que sean inexactas o falsas, se entenderá como no presentada y se procederá con la sanción correspondiente.

También se establece que el impuesto que resulte de una actualización o declaración de renta y que corresponde a periodos anteriores al 30 de junio 2019 recibirá los beneficios de la ley de Amnistía, aplicándolos en el estado de cuenta, de acuerdo con el período que se causaron, evitando el débito adicional. La Ley indica que aun cuando el contribuyente tenga omisos algunos impuestos, la deuda que tenía a junio 2019 puede pagarse de manera total o acogerse un arreglo de pago, disfrutando de los beneficios establecidos en la norma y evitando complicaciones en el estado de cuenta del contribuyente, facilitando el acceso tanto la prescripción, como al goce de la amnistía y arreglos de pago establecidos en esta normativa.

Finalmente, es importante tener en cuenta que, la Ley N° 134 de 20 de marzo de 2020 es de orden público y de interés social, y ordena el efecto retroactivo de las modificaciones a la Ley N° 99 de 2019 y la Ley N° 76 de 2019 contempladas en dicha norma hasta el 15 de octubre de 2019.

Ante el crecimiento en los casos de contagio por COVID-19 en Panamá se establecen las siguientes medidas sanitarias para cumplimiento a lo largo del territorio panameño:

El incumplimiento de estas medidas conllevará la aplicación de sanciones por parte de las autoridades competentes para ello.

Ante la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por el brote de COVID-19, la Caja de Seguro Social de Panamá emitió la Resolución No. 882-2020-D.G. de 2020, a través de la cual suspende, desde el 20 de marzo hasta el 15 de abril de 2020, los términos de todos los procesos judiciales de la jurisdicción coactiva y de los procesos administrativos que versan ante la institución.

Corte Suprema de Justicia suspende plazos de proced-imientos administrativos y judiciales

La Corte Suprema de Justicia emitió el Acuerdo No. 158 de 2020, con el fin de salvaguardar la salud de los servidores judiciales y usuarios del sistema de administración de justicia frene a la pandemia del virus.

El Acuerdo establece las siguientes medidas:

De dicha medida, se exceptúan:

La Autoridad Nacional de Aduanas emitió la Resolución N° 114, de 19 de marzo de 2020, que permite, temporalmente, la presentación de solicitudes y de documentos de sustento para trámites de los auxiliares de la gestión pública aduanera, agentes corredores de aduanas y usuarios en general, por medios electrónicos con identificación del correo electrónico habilitado para recibir comunicaciones ante las siguientes unidades:

tramites_zonanorte@ana.gob.pa tramites_zonaoriental@ana.gob.pa tramites_zonaaeropuertaria@ana.gob.pa tramites_zonapanamapacifico@ana.gob.pa tramites_zonacentralyazuero@ana.gob.pa tramites_zonaoccidental@ana.gob.pa tramites_zonanoroccidental@ana.gob.pa

Con motivo del rápido aumento de casos de personas contagiadas con el Coronavirus (COVID-19), el Gobierno de Panamá consideró inminente extremar las medidas sanitarias para la mitigación de la propagación del virus y decretó establecer toque de queda a la población en todo el territorio nacional, desde las 21:00 horas hasta las 5:00 horas.

Esta medida será aplicable desde el 18 de marzo de 2020. No obstante, se exceptuarán del toque de queda las siguientes personas:

El incumplimiento de esta medida acarreará las sanciones pertinentes.

Con el propósito de brindar auxilio tributario a los contribuyentes, mediante la flexibilización del régimen tributario, el 18 de marzo de 2020, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate un Proyecto de Ley que extiende el plazo de la amnistía tributaria y establece otras disposiciones.

En este sentido, el Proyecto de Ley aprobado modifica el artículo 5 de la Ley 99 de 2019, con el propósito de extender el período de la amnistía tributaria hasta el 30 de junio de 2020, proponiendo que ante el pago de tributos morosos administrados por la Dirección General de Ingresos (DGI) que se realicen posterior al 29 de febrero y hasta el 30 de junio de 2020, se condonarán hasta el 85% de la totalidad de los intereses, recargos y multas.

De igual forma, se establece que el plazo para el cumplimiento total de arreglos de pago realizados hasta el 29 de febrero se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020, al igual que los arreglos de pago realizados dentro de esta nueva versión de la Ley amnistía.

Asimismo establece que cuando los contribuyentes atrasados efectúen algún pago encaminado a saldar la deuda morosa, éstos se beneficiarán automáticamente con la Amnistía Tributaria, conforme a los términos establecidos en esta norma, sin la necesidad de una notificación formal ante la Dirección General de Ingresos, tal como fue inicialmente establecido.

De acuerdo con la norma, la DGI podrá declarar, previa solicitud, las deudas tributarias prescritas existentes en la cuenta corriente de los contribuyentes que al 30 de junio del 2019 se acojan a la amnistía. Cabe destacar que la declaratoria de prescripción se hará efectiva siempre que el contribuyente obligado tributario pague lo adeudado dentro del periodo de amnistía tributaria, o al vencimiento de su respectivo arreglo de pago, y que se hubiera cumplido el término de prescripción previsto en normas generales sobre prescripción de cada tributo vigente a la entrada en vigor la presente ley.

Adicionalmente, el Proyecto de Ley aprobado modifica el artículo 101 de la Ley 76 de 2019, que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá, el cual versa sobre los casos de notificación personal, agregando que, en caso declaración de estado de nacional de emergencia o estado nacional de urgencia, el procedimiento notificación previsto actualmente, podrá soslayarse, siempre que no versen de resoluciones que inician el procedimiento de cobro coactivo.

Con la entrada en vigencia de esta norma, se modifica el artículo 392 de la Ley 76 de 2019, entrando en vigencia de forma automática los artículos 1,2, 3,4, 5,6, 9, 11, 78, 100, 101, los cuales desarrollan el ámbito de aplicación, conceptos,

las notificaciones en el ámbito tributario, las prórrogas y/o fraccionamientos de tributos por parte del Presidente, la excepción al principio de legalidad, entre otros, los cual estaban originalmente dispuestos para entrar en vigencia el 1 de enero de 2021.

A partir de la entrada en vigencia de esta norma y, siempre y cuando los contribuyentes cumplan con los compromisos del paquete de ayuda y estimulación económica emitido por el estado de emergencia a causa del COVID-19 o que estos contribuyentes mantengan operaciones, se prorrogará hasta el 30 de junio de 2020 sin causar multa, la presentación de los formularios que debieron presentarse ante la DGI al 29 de febrero de 2020 correspondientes a:

Es importante tener en cuenta que, para tales efectos, la DGI comprobará la veracidad de la información presentada por el contribuyente. Y en caso de que sean inexactas o falsas, se entenderá como no presentada y se procederá con la sanción correspondiente.

También se establece que el impuesto que resulte de una actualización o declaración de renta y que corresponde a periodos anteriores al 30 de junio 2019 recibirá los beneficios de la ley de amnistía, aplicándolos en el estado de cuenta, de acuerdo con el período que se causaron, evitando el débito adicional, a pesar de que el contribuyente tenga omisos algunos impuestos, la deuda que tenía a junio 2019 puede pagarse de manera total o acogerse un arreglo de pago, disfrutando de los beneficios establecidos en la norma y evitando complicaciones en el estado de cuenta del contribuyente,  facilitando el acceso tanto la prescripción, como al goce de la amnistía y arreglos de pago establecidos en esta normativa.

Finalmente, es importante tener en cuenta que, al ser una ley es de orden público y de interés social, las modificaciones a la Ley 99, de 2019 y la Ley 76 de 2019 cuentan con efectos retroactivos.

Mediante alocución nacional, el Vicepresidente de la República de Panamá, Gabriel Carrizo, en compañía de Ministros del Gabinete, informó sobre una serie de medidas que el gobierno nacional está analizando, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos (DGI), con el propósito de apoyar la conservación de las plazas de trabajo y la continuidad y la dinámica de la economía nacional.  En este sentido, se anunciaron la implementación de las siguientes medidas:

Asimismo, se informó que se le solicitó a la Superintendencia de Bancos para que, preservando la estabilidad del sistema financiero, establezca medidas temporales que permitan a las instituciones bancarias disponer de mayores recursos para estimular facilidades crediticias de apoyo al sector privado, y otorgar mayor flexibilidad para apoyar a las empresas y a las personas en sus compromisos bancarios.

Se anunció que se va a reducir el plazo los ajustes de los precios de combustible lo que representaría una rebaja de 25% esta semana para poder brindar el inminente beneficio a la baja de una forma más expedita.

Con la disminución del precio de combustible para las termo eléctricas y su impacto en la tarifa eléctrica, el gobierno estima una reducción en las facturas de los clientes de aproximadamente 5%.

Debido a que el país está confrontando una pandemia sanitaria y en virtud de la propagación del virus conocido como COVID-19, que tiene como foco de expansión la concentración de personas en un sitio determinado, el Ministerio de Comercio e Industria actuando en el marco de la Resolución de Gabinete No. 11m del 13 de marzo de 2020, que declaró Estado de Emergencia Nacional, ordena la suspensión de los términos de todos los procesos administrativos ante cualquier dirección, departamento y/o unidad del Ministerio de Comercio e Industrias a partir del 17 hasta el 31 de marzo de 2020.

Cabe destacar que esta medida podrá ser podrá ser prorrogada según lo sugieran el Gobierno Nacional de la República de Panamá. Esta medida entra en vigencia a partir de la fecha de firma de la Resolución que contiene esta medida (Resolución 27 de 16 de marzo de 2020).

Debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, como consecuencia de los efectos generados por el  virus conocido como COVID-19, la Dirección General de Ingresos (DGI) a fin evitar aglomeraciones de personas en sus oficinas y dependencias, cumpliendo así las directrices y órdenes de las autoridades sanitarias, y sin perjuicio de que pueda tomar otras decisiones y acciones, ordenó la suspensión de los términos en los recursos administrativos competencia de la Dirección General de Ingresos.

Esta medida de suspensión de los términos en los recursos administrativos será aplicable desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 03 de abril de 2020. No obstante, esta medida podrá ser prorrogada según lo sugieran las autoridades sanitarias de la República de Panamá.

Esta medida entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial (Gaceta Oficial Nro. 28982-B del 17 de marzo de 2020) y contra la misma no procede ningún recurso en la vía administrativa.

El 17 de marzo de 2020, se publicó en Gaceta Oficial, la resolución No. 201-2221, del 13 de marzo de 2020, (“la Resolución”), que establece los procedimientos para la corrección y anulación de errores e inconsistencias en las transacciones de naturaleza débito o crédito que alimentan la cuenta corriente tributaria del contribuyente, de los impuestos administrados por la Dirección General de Ingresos (DGI).

Disposiciones generales

La Resolución establece que cuenta corriente en el sistema del e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos, manejará cuentas y subcuentas con la finalidad de mantener un control de los impuestos y los contribuyentes. De igual forma, se establece que las correcciones de cuentas corrientes podrán ser realizadas de oficio o por solicitud del contribuyente, tomando en cuenta que todas las solicitudes realizadas por petición del contribuyente deberán ser realizadas de manera electrónica según lo disponga la Dirección General de Ingresos.

Nuevas medidas

Se establecen las siguientes categorías de solicitud de corrección de errores e inconsistencias de las transacciones de naturaleza débito y crédito, con sus correspondientes subcategorías, en la cuenta corriente tributaria del contribuyente, del sistema informático tributario e-Tax 2.0:

Todos los requisitos, condiciones y forma de presentación de tos trámites listados previamente que serán realizados ante la DGI, se encuentran anexados a la Resolución para mayor detalle y facilidad del contribuyente.

Las correcciones de los errores e inconsistencias identificados en las declaraciones juradas y que no correspondan a las categorías o subcategorías reguladas en la Resolución, deberán hacerse por el propio contribuyente, si la ley lo permite, mediante la presentación de una declaración rectificativa. Así como las anulaciones de declaraciones, formularios o informes, solo se podrán solicitar en forma presencial, sujetas a la presentación de los requisitos y formalidades que señale la DGI.

Mediante resolución N° DM-137-2020, de 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ha emitido un protocolo para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral. El objetivo del protocolo es proporcionar a las empresas y a los trabajadores lineamientos y medidas específicas que se deberán acatar para la prevención del COVID-19 con el fin de evitar el contagio. El protocolo incluye también, el establecimiento de mecanismos de respuesta inmediata al existir alerta de un posible caso de contagio, dentro de la organización que se trate.

El protocolo desarrolla los siguientes aspectos:

El protocolo clasifica la exposición de trabajadores de acuerdo a las normas generales de la salud establecida por el Ministerio de Salud de Panamá.  Conforme dichas normas, existen tres grupos de trabajadores expuestos, considerando el riesgo y nivel de exposición:

En general, el Protocolo incluye medidas y acciones específicas dirigidas para cada una de las industrias que conforman los diversos sectores laborales del país, estableciendo que, en cada una de las empresas, se deberán constituir Comités Especiales de Salud para la Prevención y Atención del COVID-19 para velar por el cumplimiento de los procedimientos sanitarios correspondientes.

El Protocolo y sus medidas serán aplicables a partir del 17 de marzo de 2020 hasta que culmine la existencia del Estado de Emergencia Nacional.

Ante la declaración de pandemia por coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en respuesta al aumento en la propagación del virus entre la ciudadanía panameña, el Consejo de Gabinete del Gobierno de Panamá emitió la Resolución de Gabinete No. 11, de 13 de marzo de 2020, que decreta “Estado de Emergencia Nacional”, con el propósito de facilitar recursos y promover acciones con la llegada y propagación del coronavirus en Panamá.

En ese sentido y a fin de evitar el desabastecimiento y especulación de precios, ha sido emitido el Decreto Ejecutivo No. 114, de 13 de marzo de 2020, que contempla las siguientes medidas por un periodo de tres meses:

Adicionalmente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 71, de 13 de marzo de 2020, se establece la modificación temporal del artículo 159 del Código del Trabajo, con el fin de adecuar las jornadas laborales según la naturaleza del negocio de cara a evitar mayor propagación del virus.

De igual forma, mediante el Decreto Ejecutivo No. 472, de 13 de marzo de 2020, se extreman las medidas precauciones y sanitarias para la mitigación del virus, estableciendo la suspensión de todo tipo de actividades que conlleven aglomeración de personas, los embarques y desembarques de naves procedentes de áreas de riesgo, las visitas oficiales desde y hacia otros países, el proceso de incapacidad por cuarentena, entre otras.

En adición a las medidas previamente mencionadas, el Gobierno de Panamá está en proceso de evaluación respecto a la aplicación de otras medidas como:

Ante la situación de emergencia nacional debido a la pandemia del Coronavirus, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá ha emitido una serie de instrucciones y/o normas a fin de tomar acciones temporales a fin de evitar mayor propagación del virus en los espacios laborales.

El documento establece una serie de instrucciones dirigidas al sector laboral privado y público a fin de salvaguardar la salud de los colaboradores panameños. Las acciones deberán ser aplicadas de manera inmediata y temporal, hasta que el Órgano Ejecutivo levante la Emergencia Nacional declarado por el riesgo de contagio del virus.

Respecto al Sector Público, las normas incluyen las siguientes medidas:

Respecto al sector privado, las normas establecen las siguientes medidas:

El 16 de marzo de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial, el Decreto Ejecutivo No. 78 del 16 de marzo de 2020 (“el Decreto”), que busca establecer medidas de carácter laboral para evitar el contagio del COVID-19 en las empresas del país.

Las normas establecidas en el Decreto son de carácter obligatorio para los empleadores y los trabajadores que formen parte de la planilla preelaborada de la Caja de Seguro Social, al momento de la declaratoria de Estado de Emergencia, esto es, el día 13 de marzo de 2020, a lo largo de todo el territorio nacional.

Nuevas medidas emitidas:

Con el fin de tomar medidas que coadyuven a las autoridades sanitarias a evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en Panamá, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha emitido la Resolución N° DM-136-2020, de 16 de marzo de 2020 (“la Resolución).

La Resolución extiende la vigencia de los permisos de trabajos emitidos a trabajadores extranjeros, los cuales vencieron a partir del 12 de marzo de 2020, hasta el 7 de abril de 2020.  La Resolución establece que la medida podrá ser prorrogada según recomendaciones de las autoridades competentes.

En adición a lo anterior, se suspenderán los trámites de filiación, presentación, seguimiento, entrevistas matrimoniales, notificación, expedición de carné de permiso de trabajo a partir del 12 de marzo de 2020 hasta el 7 de abril de 2020.  Esta medida podrá igualmente ser prorrogada conforme recomendaciones de las autoridades del Ministerio de Salud.

Adicionalmente, la Resolución establece ordenar la suspensión de los términos judiciales en los procesos y actuaciones dentro del Departamento de Migración Laboral y en las Direcciones Regionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a partir del 12 de marzo de 2020 hasta el 7 de abril de 2020.

Por último, mediante la Resolución se autoriza a la Directora General de Empleo y Directores Regionales para que apliquen las medidas contenidas en las instrucciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de conformidad con la Resolución de Gabinete, 11 de 2020, que declara el Estado de Emergencia Nacional; la Ley N° 66 de 1947 que establece el control de todo factor insalubre a nivel nacional y el Decreto Ejecutivo  N° 72 de 2020 mediante el cual  se extreman las medidas precauciones y sanitarias para la mitigación del virus.

Dada la presencia del virus en Panamá y frente al aumento de casos de personas contagiadas, se ha considerado necesario la colaboración de la población y autoridades locales; por lo cual, el Gobierno de Panamá mediante Decreto Ejecutivo N° 489, de 16 de marzo de 2020, establecen medidas adicionales y específicas con el fin de mitigar y controlar la propagación del virus en el país.

A continuación, las medidas detalladas en el Decreto:

Frente al brote del Coronavirus (COVID-19) en Panamá, el Gobierno Nacional ha estado tomando las medidas necesarias para evitar y mitigar la propagación del virus, emitiendo las correspondientes disposiciones para ello.

Dentro de las normas emitidas, se encuentra el Decreto Ejecutivo N° 217, de 16 de marzo de 2020, por medio del cual se regula temporalmente el movimiento migratorio de entradas y salidas de las personas nacionales y extranjeras en Panamá.

La disposición normativa establece que se permite solamente el ingreso al territorio nacional a las personas de nacionalidad panameña y a personas extranjeras con residencia temporal, permanente o en trámite de un proceso migratorio en el país.  Esta medida será aplicable desde el 17 de marzo de 2020.

Dado esto, las personas que ingresen al territorio panameño estarán obligadas a cumplir con las medidas establecidas por la Autoridad Sanitaria, permaneciendo en observación y vigilancia de dichas autoridades y cumpliendo con la cuarentena domiciliaria de catorce (14) días calendarios, así como cualquier otra medida ya indicada por las autoridades antes mencionadas. Están exceptuados del cumplimiento de esta medida, las personas que ingresen a Panamá en tránsito internacional, únicamente para utilizar la zona de trasbordo internacional del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Adicionalmente, el Decreto establece que las empresas operadores de transporte internacional aéreo, marítimo o terrestre también deberán cumplir con todas las disposiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria, cuando sus tripulaciones requieran el ingreso al país.  Sin embargo, podrán reducir el tiempo en que deberán cumplir con la medida de cuarentena domiciliaria, limitándolo al que necesiten para retirarse del territorio nacional, siempre que sean autorizados por la autoridad competente previamente.

Mediante Resolución N° DM-137-2020, de 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha emitidos un protocolo para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral.  El objetivo del protocolo es proporcionar a las empresas y a los trabajadores lineamientos y medidas específicas que se deberán acatar para la prevención del COVID-19 a fin de evitar el contagio.  El protocolo incluye también, el establecimiento de mecanismos de respuesta inmediata al existir alerta de un posible caso de contagio, dentro de la organización que se trate.

El protocolo desarrolla los siguientes aspectos:

1. Trabajadores con riesgo de exposición directa

Incluye aquellos cuya labor implique contacto con individuos clasificados como casos sospechosos o confirmado principalmente para trabajadores del sector salud.

2. Trabajadores con riesgo de exposición inmediata.

Incluye aquellos trabajadores que pudiesen tener contacto o exposición con un caso sospechoso confirmado en un ambiente laboral en el cual se puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía.

3. Trabajadores con riesgos de exposición indirecta:

Aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos clasificados como sospechosos. En este caso la exposición es incidental, es decir la exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se pueden considerar los trabajadores cuyas funciones implique contacto o atención de personas de transporte aéreo, marítimo o fluvial y personas de aseo y servicios generales.

Adicionalmente, en el Protocolo se listan las medidas y acciones para la prevención, tales como:

En general, el Protocolo incluye medidas y acciones especificas dirigidas para cada una de las industrias que conforman los diversos sectores laborales del país.  Estableciendo que, en cada una de las empresas, se deberá constituir Comités Especiales de Salud para la Prevención y Atención del COVID-19 para velar por el cumplimiento de los procedimientos sanitarios correspondientes.

El Protocolo y sus medidas serán aplicables a partir del 17 de marzo de 2020, hasta que culmine la existencia del Estado de Emergencia Nacional.

El lunes 16 de marzo de 2020, fue publicada en la página web oficial de la Superintendencia de Bancos de Panamá, un comunicado, que busca preservar la estabilidad del sistema financiero y mitigar cualquier potencial deterioro que impacte la situación del sistema bancario nacional derivado de la propagación del COVID-19.

Disposiciones Generales

Las acciones adoptadas por la Superintendencia de Banco de Panamá permiten a los bancos contar con mecanismos necesarios para respaldar a sus clientes tanto de banca de personas como clientes comerciales y corporativos ante la situación que se deriva de la coyuntura de salud pública actual.

Nuevas medidas a tomar por parte de los Bancos en Panamá:

Capítulo 3

Emisión de nuevas Disposiciones Presidenciales para limitar la circulación de automóviles

El 14 de junio del 2020, fueron emitidas nuevas Disposiciones Presidenciales para combatir el contagio de la Pandemia COVID-19, las cuales establecen lo siguiente:

Normas básicas

Adicional a las normas básicas, cada sector deberá cumplir con las guías específicas elaboradas y aprobadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y por las demás autoridades públicas cuando corresponda.

Normas mínimas de prevención en los centros de trabajo

Estrategia de prevención y control para transporte de pasajeros público y privado

El 24 de mayo del 2020, el Organismo Ejecutivo emitió el Decreto Gubernativo 9-2020 en el cual se prorrogó por 30 días más el Estado de Calamidad Pública decretado para combatir el impacto de la Pandemia COVID-19. Asimismo, dicho Decreto Gubernativo fue ratificado por el Congreso de la República el 02 de junio del 2020 para que pueda surtir efectos legales en el país.

Por lo tanto, el Estado de Calamidad deberá estar vigente del 3 de junio hasta el 2 de julio del 2020, con posibilidad de encontrarse sujeto a futuras prórrogas.

Por otro lado, el 31 de mayo de 2020, fueron extendidas las Disposiciones Presidenciales emitidas el 24 de mayo del 2020 y se emitieron las siguientes modificaciones:

El 25 de mayo de 2020, fueron extendidas las Disposiciones Presidenciales emitidas el 17 de mayo del 2020, por lo que se mantiene el toque de queda de las 17:00 horas a las 5:00 horas del día siguiente y se decreta el cierre total de operaciones y confinamiento en la residencia del viernes 29 de mayo a las 17:00 horas al lunes 1 de junio a las 5:00 horas.

El 22 de mayo del 2020, entró en vigencia el Decreto 15-2020 del Congreso de la República que establece la prohibición de suspender los servicios básicos de electricidad, agua, teléfono, internet y cable durante la vigencia del estado de calamidad y sus potenciales prórrogas. Asimismo, el Decreto referido prohíbe que se apliquen multas, recargos o intereses por no realizar los pagos de dichos servicios durante el estado de calamidad.

Dicho Decreto entró en vigencia luego que el Congreso de Guatemala rechazara el veto planteado por el Organismo Ejecutivo. 

De conformidad con las nuevas Disposiciones Presidenciales para prevenir el contagio de la pandemia del COVID-19 aprobadas el 14 de mayo por el Gobierno, las siguientes medidas serán aplicables a partir del 18 de mayo:

El 15 de mayo del 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución N° SAT-DSI-404-2020, en la que se declaró el 15 de mayo como día inhábil para el cumplimiento de obligaciones tributarias y cómputo de plazos administrativos para dicha autoridad.

Reformas al Acuerdo Ministerial 140-2020 que contiene el proceso de autorización de suspensiones de contratos de trabajo El 18 de mayo del 2020, se emitió el Acuerdo Ministerial 202-2020 que incorpora las siguientes reformas al Acuerdo Ministerial 140-2020 que determina el proceso de registro y autorización de las suspensiones de contratos de trabajo:

Iniciativa de la Ley de Contribución Extraordinaria para la Crisis

En mayo 2020, se presentó ante el Congreso de Guatemala la iniciativa de la Ley de Contribución Extraordinaria para la Crisis, la cual pretende incorporar las siguientes reformas sobre los tipos impositivos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se encuentran establecidos en a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 del Congreso de la República:

Es importante tomar en consideración que se trata de una iniciativa de ley que aún no se encuentra vigente y que podría ser rechazada o encontrarse sujeta a modificaciones por parte del Congreso de Guatemala.

Iniciativa de Ley para extender el plazo del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos

El 12 de mayo del 2020, se presentó ante el Congreso de Guatemala la iniciativa de ley en la que se establece que las personas individuales o jurídicas que no puedan realizar el pago del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos que vence en julio del 2020, se encontrarán habilitado por ésta única vez a efectuar el pago en el mes de agosto, septiembre u octubre dependiendo del modelo anual del vehículo.

No obstante, es importante tomar en consideración que se trata de una iniciativa de ley que aún no se encuentra vigente y que podría ser rechazada o encontrarse sujeta a modificaciones por parte del Congreso de Guatemala.

Iniciativa de Ley para derogar el Impuesto de Solidaridad (ISO)

Asimismo, el 12 de mayo del 2020, se presentó ante el Congreso de Guatemala la iniciativa de ley que pretende derogar totalmente la Ley del Impuesto de Solidaridad, Decreto 73-2008 del Congreso, con el objeto de eliminar dicho impuesto del sistema tributario guatemalteco.

Sin embargo, es importante tomar en consideración que se trata de una iniciativa de ley que aún no se encuentra vigente y que podría ser rechazada o encontrarse sujeta a modificaciones por parte del Congreso de Guatemala.

El 10 de mayo del 2020, se prorrogaron por una semana más las disposiciones presidenciales previamente emitidas, por lo que las restricciones establecidas en dichas disposiciones aplicarán hasta el 17 de mayo del 2020. 

El 30 de abril del 2020, el Congreso de la República aprobó el Decreto 15-2020 que contiene las “Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia COVID-19” y que fue vetado por el Organismo Ejecutivo el 28 de abril del 2020. En este sentido, el veto fue rechazado por el Congreso y dicho Organismo Ejecutivo se encuentra obligado a sancionar y publicar el Decreto referido en el plazo establecido en la Constitución de Guatemala para que el mismo entre en vigencia en el país.

En caso que el Decreto no sea publicado dentro del plazo establecido, el Congreso se encuentra habilitado para ordenar directamente su publicación y entrada en vigencia.

Derivado de lo establecido en el Decreto 15-2020 que aún no se encuentra vigente, el 3 de mayo del 2020, el Presidente de Guatemala llegó a un acuerdo con las empresas de electricidad, agua, telefonía e internet para que dichos servicios básicos no sean suspendidos por la falta de pago de los usuarios correspondientes.

En este sentido, la falta de pago no generará cobros moratorios, intereses, penalizaciones ni gastos administrativos, y los usuarios podrán hacer convenios de pago para diferir las cuotas de mayo, junio y julio en un plazo no mayor de 12 meses.

El 3 de mayo del 2020, se prorrogaron por una semana más las disposiciones presidenciales previamente emitidas, por lo que las restricciones establecidas en dichas disposiciones aplicarán hasta el lunes 11 de mayo.

Asimismo, las disposiciones presidenciales determinan que se permitirá la reapertura de Centros de Conveniencia, los cuales deberán cumplir con las reglas sanitarias correspondientes para poder operar.

El 29 de abril de 2020, se publicó en el Diario de Centro América, el Decreto Gubernativo N° 8-2020, a través del cual se prorroga por 30 días adicionales el Estado de Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo N° 5-2020. Por lo tanto, la vigencia del Estado de Calamidad continuará hasta el 5 de junio del 2020, con posibilidad de encontrarse sujeto a extensiones posteriores.

La prórroga del Estado de Calamidad se decreta en razón de que a la fecha, los efectos, consecuencias y propagación del COVID-19 persisten y van en aumento, y por ello resulta necesario que se sigan tomando medidas para evitar consecuencias graves.

Este Decreto deberá ser ratificado, modificado o improbado por el Congreso de la República.

El 28 de abril del 2020, el Organismo Ejecutivo de Guatemala vetó el Decreto N° 15-2020 emitido por el Congreso de la República que contenía las “Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia COVID-19”, y en el cual se prohibía la interrupción de los servicios de agua, electricidad, cable, teléfono e internet durante el plazo que dure el Estado de Calamidad y sus potenciales extensiones debido a la emergencia del COVID-19.

El Decreto N° 15-2020 deberá ser devuelto al Congreso para que se analicen las consideraciones del Organismo Ejecutivo y determinar la viabilidad de seguir el proceso de aprobación de dicho Decreto aún y cuando haya sido vetado.

El 27 de abril del 2020 fueron ampliadas por una semana más las Disposiciones Presidenciales emitidas el 20 de abril de 2020, por lo que dichas regulaciones se encontrarán vigentes hasta el 3 de mayo del 2020.

Los contribuyentes que busquen efectuar un convenio de pago de impuestos con la Administración Tributaria podrán realizarlo mediante el Formulario SAT-821, el cual deberá ser enviado al correo electrónico que la Administración Tributaria habilite para tales efectos y deberá adjuntarse la documentación que sea requerida por dichas autoridades.

Sin embargo, cabe mencionar que la Administración Tributaria no concederá convenio de pago en los siguientes casos:

El 27 de abril de 2020 se emitió la iniciativa de la Ley del Impuesto Temporal de Apoyo para la Cobertura de la Pandemia COVID-19, que deberá ser conocida y aprobada por el Congreso. La iniciativa contiene las siguientes disposiciones:

Es importante tomar en consideración que la iniciativa de ley deberá ser aprobada formalmente por el Congreso y podría ser sujeta a modificaciones.  

El 16 de abril se emitió el Acuerdo Gubernativo N° 58-2020, en el que se establecen las condiciones y requisitos para acceder al beneficio económico que el Estado otorgará a los trabajadores del sector privado, cuyos contratos de trabajo hayan sido debidamente suspendidos con autorización del Ministerio de Trabajo durante el Estado de Calamidad derivado por la pandemia COVID-19.

Para tal efecto, aplicarán las siguientes disposiciones:

El 20 de abril del 2020, el Gobierno de Guatemala emitió las siguientes modificaciones a las Disposiciones Presidenciales emitidas el 12 de abril del 2020:

El 20 de abril del 2020, se publicó el Acuerdo N° 1472 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el que se le concede a los patronos del sector privado la suspensión de las cuotas patronales del seguro social durante los meses de marzo, abril y mayo, para que puedan ser pagadas de la siguiente manera:

Asimismo, el IGSS emitió la Resolución N° 672-SGF/2020 en la cual se establece el “Instructivo para el pago en forma diferida de las cuotas patronales del IGSS, IRTRA e INTECAP”. En este sentido, dicho instructivo determina que el pago diferido de las cuotas de marzo, abril y mayo deberá realizarse a más tardar el día 20 para el caso de julio y agosto del 2020 y, para el caso específico de septiembre, el pago deberá ser efectuado a más tardar el día 21.

De igual forma, el instructivo indica que el pago de las cuotas de IRTRA podrá diferirse en un máximo de 18 meses y las cuotas de INTECAP en un máximo de 6 meses.

Derivado de las Disposiciones Presidenciales emitidas el 20 de abril del 2020, la Administración Tributaria emitió un comunicado oficial en el que informa a su personal que reanudará labores en algunas oficinas, departamentos y agencias tributarias de acuerdo con las siguientes disposiciones:

El 7 de abril del 2020, se emitió el Acuerdo Ministerial 140-2020 en el que se crea el procedimiento electrónico para registro, control y autorización de suspensiones de contratos de trabajo, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

El 12 de abril del 2020, el Organismo Judicial emitió un comunicado en el que se establece la ampliación de suspensión de labores del 13 de abril al 20 de abril del 2020, con excepción de los órganos jurisdiccionales y dependencias establecidas en comunicados anteriores.

El 12 de abril del 2020, el Gobierno de Guatemala emitió nuevas disposiciones presidenciales aplicables durante el estado de calamidad por la pandemia COVID-19, las cuales contienen las siguientes modificaciones a las disposiciones presidenciales emitidas anteriormente:

El 13 de abril del 2020, la Administración Tributaria emitió un comunicado en el que le otorga a los agentes de retención de IVA y a los contribuyentes especiales una extensión hasta el 29 de abril del 2020, para que presenten estados financieros auditados por contador público y auditor independiente.

El 03 de abril del 2020, el Congreso aprobó el Decreto N° 15-2020 en el que se prohíbe la interrupción de los servicios de agua, electricidad, cable, teléfono e internet durante el plazo que dure el Estado de Calamidad y sus potenciales extensiones debido a la emergencia del COVID-19.

La falta de pago no generará moras, intereses o cargos adicionales, y los usuarios podrán celebrar convenios de pago cuando no cuenten con la capacidad económica para cubrir dichos servicios.

Es importante mencionar que dicho Decreto aún se encuentra pendiente de ser sancionado por el Organismo Ejecutivo.​

 

El 29 de marzo de 2020, se publicaron en el Diario de Centroamérica, nuevas disposiciones presidenciales que aplicarán durante el estado de calamidad pública declarado en Guatemala. Entre otras, las siguientes medidas rigen a partir del 30 de marzo:

Medios de comunicación están obligados a evitar publicaciones que puedan causar confusión o pánico o que agraven la situación, asumiendo las responsabilidades que de ellos deriven

El 25 de marzo del año 2020, el Congreso de Guatemala emitió el Decreto N° 12-2020, denominado Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, que determina medidas de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia COVID-19.

En este sentido, la Ley establece lo siguiente:

El 24 de marzo, el Gobierno de Guatemala emitió el Decreto Gubernativo N° 7-2020 en el que se acordó ampliar por 30 días más el “Estado de Calamidad Pública” declarado mediante el Decreto Gubernativo N° 5-2020, de 5 de marzo del 2020.

El 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Resolución N° SAT-DSI-280-2020, emitida por el Superintendente de Administración Tributaria Interino, misma que entró en vigencia inmediatamente. Esta resolución declara inhábiles los días del 24 de marzo al 14 de abril.

Durante este plazo, la Administración Tributaria no podrá realizar procedimientos de fiscalización ni exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias. En virtud de esta resolución, el calendario de vencimientos para cumplir con las obligaciones tributarias próximas a vencer, queda de la siguiente manera:

Los plazos judiciales se rigen según establecido en el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 de Congreso de la República.

La Administración Tributaria deja abierta la posibilidad de diferir los plazos por más días, en caso se mantengan las circunstancias actuales.

El 21 de marzo del 2020, el gobierno de Guatemala emitió el Decreto Gubernativo 6-2020 para reformar ciertas disposiciones del Decreto Gubernativo 5-2020 y se emitieron modificaciones y ampliaciones a las disposiciones presidenciales que entraron en vigencia el 16 de marzo del 2020.

En este sentido, las reformas y modificaciones mencionadas establecen lo siguiente:

El 23 de marzo del 2020, la Junta Monetaria emitió las siguientes medidas temporales especiales para atender el impacto de la pandemia COVID-19 y que pueden ser implementadas por las instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos que otorgan financiamientos:

El 23 de marzo del 2020, la Administración Tributaria emitió un comunicado oficial en el que declara la suspensión de todas las oficinas y agencias tributarias en el país con excepción de la unidad de recepción de documentos que se encuentra constituida en las oficinas centrales de la Administración Tributaria. Asimismo, en concordancia con comunicados anteriores, se determina que la comunicación con dichas autoridades deberá ser mantenida mediante correo electrónico.

El 23 de marzo del 2020 se emitieron los acuerdos correspondientes en los que se le concede a los patronos del sector privado la suspensión de las cuotas de IRTRA, INTECAP e IGSS durante los meses de marzo, abril y mayo para que puedan ser diferidas en el segundo semestre del año 2020. Para el caso específico del IGSS, los patronos pueden optar por las siguientes opciones de pago:

El 14 de marzo del 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución número SAT-DSI-280-2020 en la que declara como días inhábiles para dichas autoridades los días comprendidos del 24 al 31 de marzo y del 1 al 14 de abril del 2020, para efectos de diferir el cómputo de los plazos administrativos. Asimismo, durante este plazo la Administración Tributaria no podrá realizar procedimientos de fiscalización ni exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Derivado de lo anterior, los nuevos plazos para el pago y declaración de impuestos serían los siguientes:

La Administración Tributaria ha establecido que los plazos podrían extenderse en caso de que las circunstancias actuales se mantengan.

El 17 de marzo del 2020 se presentó la iniciativa de Ley No. 5716, que tiene como objetivo apoyar a la población guatemalteca garantizando los servicios básicos a través de estrategias económicas, técnicas y administrativas durante 90 días por la emergencia del COVID-19. La iniciativa propone:

El 17 de marzo del 2020, se presentó ante el Congreso la iniciativa de Ley No. 5717, denominada “Ley de Flexibilización Tributaria Temporal para Conservación de Empleo”, cuyo fin es conservar el empleo de los guatemaltecos a través de la reducción del impacto económico que tendrán las empresas sujetas al Impuesto de Solidaridad, únicamente durante el pago del segundo trimestre del año 2020.

Para tal efecto, la iniciativa establece:

El 19 de marzo del año 2020, se presentó en el Congreso la iniciativa de Ley No. 5721, que persigue apoyar a las personas y familias guatemaltecas que se vean imposibilitadas o afectadas económicamente por los efectos derivados del COVID-19.

En este sentido, el contenido de esta iniciativa es similar a la Iniciativa de Ley No. 5716, y establece lo siguiente:

A partir del 19 de marzo del 2020, la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala retendrá y enviará a un depósito los buses o vehículos similares que transporten personal de empresas privadas que no cumplan con tener: (i) la identificación de la empresa en un lugar visible y (ii) que todos los pasajeros a bordo, incluyendo el piloto, lleven uniforme o gafete de la empresa a la que pertenecen.

Desde el 18 de marzo del 2020, la Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos de la Administración Tributaria, ha contactado progresivamente a los contribuyentes calificados como Especiales Medianos para comunicarles que, debido al estado de emergencia nacional y las disposiciones emitidas por la Presidencia de Guatemala, la atención de consultas tributarias, del 18 de marzo al 31 de marzo, será únicamente vía correo electrónico.

Asimismo, dichas autoridades hacen la aclaración que los vencimientos para la presentación de declaraciones de impuestos se mantienen vigentes, ya que a la fecha no existe ninguna extensión o exención de cualquier tipo.

Adicionalmente, la Administración Tributaria informa que la presentación de expedientes documentales, evacuaciones de audiencias o recursos de revocatoria pueden ser presentados en la oficina de recepción de documentos ubicada en las oficinas de la Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos.

El 18 de marzo del año 2020, Alejandro Giammattei, Presidente de la República de Guatemala, se presentó en la Sesión Solemne del Congreso de la República para dar a conocer el plan de recuperación económica que pretende implementar para incentivar la economía del país ante la pandemia del COVID-19.

En su presentación, comentó los siguientes puntos:

4. Comunicó el siguiente paquete de acciones:

5. Solicitó al Congreso de la República:

a) La ampliación presupuestaria de 7 mil millones de quetzales para el apoyo directo a la actividad económica, lo cual implica:

b) Comentó que las acciones propuestas buscan mantener el país a flote y que se minimice el impacto en la economía para evitar mayores inconvenientes.

c) Hizo un llamado a los diputados a que dejen las diferencias políticas y se unan para sacar adelante a Guatemala en estos momentos de emergencia.

d) Concluyó diciendo que el sistema de salud se está preparando para el peor escenario, por lo cual las medidas propuestas pretenden salir adelante con el mejor escenario económico y social para la ciudadanía.

Ante el “Estado de Calamidad” declarado por el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial acordaron suspender las labores de las dependencias de las áreas jurisdiccionales y administrativa del Organismo Judicial, exceptuando las que por la naturaleza del servicio resultan indispensables.

En el área jurisdiccional, continuarán laborando:

Adicionalmente, se suspenden las labores de las dependencias del área administrativa del Organismo Judicial, exceptuándose por la naturaleza del servicio:

Según comunicado del Registro Mercantil General y del Registro de la Propiedad Intelectual, ambos del Ministerio de Economía, se suspenden todas las actividades concernientes al funcionamiento de los registros, así como plazos legales, por un plazo de 15 días desde la entrada en vigencia de la disposición presidencial este 17 de marzo de 2020.

El 17 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial, la declaratoria de “Estado de Calamidad” así como las medidas de observancia general en razón de la declaratoria de pandemia del COVID-19. Estas medidas incluyen, entre otras:

Estas medidas aplican por quince días contados a partir de las 00:00 horas del 17 de marzo y serán revisadas en una semana, con posibilidad de modificación. 

Capítulo 4

Dirección General de Impuestos Internos publica Norma General 05-20 para la aplicación de las disposiciones de la Ley núm. 46-20 sobre transparencia y revalorización patrimonial y sus modificaciones

Este 8 de octubre de 2020 la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó la Norma General 05-20 (NG 05-20) para aplicación de las disposiciones de la Ley núm. 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial y sus modificaciones (Ley núm. 46-20). Esta nueva norma deroga la Norma General 04-20 que previamente regulaba el régimen fiscal de la Ley núm. 04-20.

La NG 05-20 establece nuevos y más amplios lineamientos con relación a la forma, formularios, tratamientos contables, procedimientos y condiciones que deberán ser observados por los contribuyentes para acogerse y aplicar este régimen tributario especial.

Entre estos lineamientos, la NG 05-20 establece que los contribuyentes podrán acogerse de manera conjunta o separada, y de manera independiente una de las otras, a los siguientes beneficios tributarios: declarar y revaluar activos no declarados ante la DGII, incluyendo nuevos inventarios; pagar deudas determinadas o no; eliminar pasivos inexistentes; declarar e integrar pasivos no registrados en los libros de contabilidad; y amnistiarse para considerar cerrados y con condición firme e irrevocable, los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, así como cualquier otro ejercicio anterior a estos que por efectos de interrupciones o suspensiones de la prescripción se encuentre vigente. Asimismo, se regulan los procedimientos y mecanismos para solicitar el saldo de deudas tributarias.

De igual forma, esta norma detalla la documentación probatoria requerida para acogerse al régimen de declaración y/o revalorización de activos, así como los nuevos mecanismos y procedimientos relacionados con las disposiciones introducidas por la Ley núm. 222-20 que modifica el régimen de la Ley núm. 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial.

El lunes 20 de julio de 2020, el Poder Ejecutivo declaró Estado de Emergencia en todo el territorio nacional por 45 días mediante Decreto 265-20, como medida frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, de conformidad con la Resolución 70-20 emitida por el Congreso Nacional el 19 de julio de 2020.

De igual forma, mediante Decreto 266-20 de fecha 20 de julio de 2020, el Poder Ejecutivo establece Toque de Queda en todo el territorio nacional por un periodo de 20 días contados a partir del martes 21 de julio de 2020.

El horario de toque de queda aplicará como se establece a continuación, según la demarcación geográfica:

De lunes a viernes de 7:00pm a 5:00am y sábados y domingos de 5:00pm a 5:00am para las siguientes provincias:

Todos los días de la semana de 8:00pm a 5:00am para las siguientes provincias:

Mediante Resolución núm. 67-20 de fecha 14 de junio de 2020, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo a prorrogar el Estado de Emergencia por 17 días adicionales. Mediante Decreto 213-20 de fecha 12 de junio de 2020, el presidente decretó la prórroga del estado de emergencia por 17 días contados a partir del 14 de junio de 2020.

De igual forma, mediante Decreto 214-20 de fecha 12 de junio de 2020 el Poder Ejecutivo ratificó la vigencia de todas las medidas de distanciamiento social adoptadas el 17 de marzo, incluyendo las implementadas por la Comisión de Alto Nivel para la prevención y Control del Coronavirus, con sus modificaciones, así como la reapertura gradual de las actividades económicas.

Asimismo, se extiende el toque de queda en todo el territorio nacional hasta el 27 de junio del año en curso en horario de las 20:00hrs a las 5:00hrs todos los días.

Luego de haber culminado este 2 de junio la Fase 1 de reapertura de las actividades económicas tras las medidas de distanciamiento social tomadas como consecuencia del COVI-19, el Gobierno de la República Dominicana dio inicio a la Fase 2 este miércoles 3 de junio, con las siguientes medidas:

La Fase 3 está pautada para iniciar el 17 de junio en caso de que sean exitosas las medidas tomadas en la presente Fase

Mediante Resolución núm. 66-20 de fecha 1ero de junio de 2020, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo a prorrogar el estado de emergencia por 12 días adicionales. Mediante Decreto 187-20 de fecha 1ero de junio de 2020, el presidente decretó la prórroga del estado de emergencia por 12 días contados a partir del 2 de junio de 2020.

De igual forma, mediante Decreto 188-20 de fecha 1ero de junio de 2020 el Poder Ejecutivo ratificó la vigencia de todas las medidas de distanciamiento social adoptadas el 17 de marzo, incluyendo las implementadas por la Comisión de Alto Nivel para la prevención y Control del Coronavirus, con sus modificaciones, así como la reapertura gradual de las actividades económicas.

Asimismo, se extiende el toque de queda en todo el territorio nacional hasta el 13 de junio del año en curso de la manera siguiente:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este martes 26 de mayo mediante Aviso 66-20 que, que para facilitar el cumplimiento tributario ante la pandemia provocada por el COVID-19, a partir del 26 del mes de mayo de 2020, se podrá realizar las modificaciones a las declaraciones juradas a través de la Oficina Virtual (OFV), siempre que se encuentren dentro de la fecha hábil para su declaración, sin tener que desplazarse a las Administraciones Locales.

En ese sentido, si el contribuyente ha presentado su declaración jurada a través de la Oficina Virtual (OFV) y debe corregir algún error cometido en el registro, podrá eliminarla y volver a presentarla por esta vía.

La presente facilidad está disponible para las declaraciones juradas del Impuesto Sobre la Renta Sociedades (IR2), Impuesto sobre la Renta Personas Físicas (IR1) e Impuesto Sobre Activos (ACT) a partir del cierre fiscal 31 de diciembre 2019, y para el caso del ITBIS a partir del periodo fiscal mayo 2020. En los casos en que se requiera eliminar la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta Sociedades (IR2) primero deberá ser eliminada la declaración del Impuesto Sobre los Activos y esta deberá ser presentada nuevamente, conjuntamente con el IR2 modificado.

Las declaraciones juradas que han sido objeto de pagos parciales, fruto de un acuerdo de pago, deberán ser modificadas a través de la Administración Local correspondiente.

 

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este miércoles 20 de mayo mediante Aviso 63-20 que, a partir del 25 del mes de mayo de 2020, las Administraciones Locales estarán retomando la prestación de algunos servicios que se encontraban suspendidos debido a la pandemia provocada por el COVID-19. A continuación se detallan dichos servicios y la modalidad en que se estarán ofreciendo a partir de la fecha señalada:

A.     Servicios que serán atendidos de manera presencial, mediante citas realizadas vía telefónica o correo electrónico

B.     Servicios que deberán ser solicitados a través del correo electrónico habilitado para las Administraciones Locales

C.    Servicios que únicamente son ofrecidos a través de Oficina Virtual (OFV)

Para solicitar los servicios arriba indicados en la Administración Local que le corresponde, la DGII ha habilitado determinados correos electrónicos. Para aquellos servicios solicitados por correo electrónico, y que deban ser complementados con alguna gestión presencial, la Administración Local correspondiente informará al contribuyente, a través del mismo mecanismo, el día y hora en que deberá presentarse para completar dicho trámite

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este miércoles 20 de mayo mediante Aviso 64-20 que, la Sede Central estará retomando la prestación de servicios a través de canales

presenciales, las cuales se encontraban suspendidas conforme al estado de emergencia nacional emitido por el Poder Ejecutivo ante el COVID-19.

En este sentido han dispuesto las siguientes medidas para el retorno gradual a las labores presenciales:

Prórroga del 29 de mayo 2020 hasta el 29 de junio 2020 para la presentación y pago de siguientes obligaciones tributarias:

Todos los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta (ISR), personas físicas, jurídicas o negocios de único dueño, podrán liquidar el impuesto mediante el pago de cuatro cuotas iguales y consecutivas, tal como había sido dispuesto mediante Avisos los 23-20 y 58-20.

El 29 de mayo de 2020 permanece como fecha límite para el pago de la 2da. cuota Impuesto sobre los Activos de Sociedades con fecha de cierre 30 de junio.

 El 29 de junio de 2020 continúa siendo la fecha límite para la presentación de la Declaración Informativa de Operaciones efectuadas con partes Relacionadas (DIOR), con fecha de cierre 31 de diciembre.

Se aplazan las fechas límites de pago de los Anticipos generados con la declaración jurada de Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (IR1) y las cuotas de las distintas modalidades del Régimen Simplificado de Tributación (RST), de acuerdo con la siguiente tabla:

Obligación

Fecha límite actual

Nueva fecha límite

1er. Anticipo ISR Personas Físicas y Sucesiones Indivisas con actividades no comerciales e industriales.

2da. cuota de los contribuyentes 2020 acogidos al RST basado ingresos personas jurídicas (RS2) y compras (RS3)

30 de junio de 2020

31 de agosto de 2020

2do. Anticipo ISR Personas Físicas y Sucesiones Indivisas con actividades no comerciales e industriales.

3ra. cuota de los contribuyentes 2020 acogidos al RST basado ingresos personas jurídicas (RS2) y compras (RS3)

30 de septiembre de 2020

30 de octubre de 2020

2da. cuota de los contribuyentes acogidos al RST basado ingresos personas físicas (RS1) y sector agropecuario (RS4)

4ta. cuota de los contribuyentes acogidos al RST basado ingresos personas jurídicas (RS2) y compras (RS3)

31 de agosto de 2020

30 de septiembre de 2020

31 de diciembre de 2020

Se mantiene lo dispuesto en los Avisos 37-20 y 58-20, por lo que todos los contribuyentes del ISR, personas jurídicas o negocios de único dueño, que a la fecha tienen obligación mensual de Anticipos de ISR, quedan exonerados del pago de esta obligación para el período fiscal mayo 2020, cuya fecha de vencimiento es el 15 de junio 2020.

Al igual que para los pagos de abril y mayo 2020, los grandes contribuyentes nacionales que se mantienen operando quedan sujetos al pago del Anticipo de ISR. Los contribuyentes con cierre fiscal diciembre y que aún no han efectuado la declaración jurada IR-2 deberán pagar el Anticipo del mes anterior, sin considerar cualquier reducción parcial que se le haya autorizado.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este lunes 18 de mayo mediante Aviso 60-20  a todos los contribuyentes del Impuesto sobre Activos con fecha de cierre 31 de diciembre, personas jurídicas o negocios de único dueño, clasificados como micro y pequeñas empresas según los parámetros establecidos en la Ley núm. 187-17 sobre el Régimen Regulatorio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que quedan exonerados del pago de la primera cuota de este impuesto, cuya fecha de vencimiento es el 29 de junio 2020.

La presente medida será de aplicación para los contribuyentes que presenten hasta RD$58,314,600 anuales de ingresos en la casilla total de ingresos de su declaración jurada de Impuesto Sobre la Renta (IR-2) correspondiente al periodo fiscal 2019. En adición a este criterio, este beneficio solo será de aplicación para los micro y pequeños contribuyentes que realicen operaciones comerciales, es decir, que quedan excluidas de la presente disposición:

Los contribuyentes clasificados como micro y pequeñas empresas que apliquen para esta facilidad y que a la fecha de publicación del presente Aviso hayan pagado la primera cuota del Impuesto Sobre Activos, quedan exonerados de la segunda cuota del pago de este impuesto, cuya fecha de vencimiento es el 30 de octubre de 2020. Esta exención también aplicará para los micro y pequeños contribuyentes con fecha de cierre 30 de junio de 2019 que cumplan con las características indicadas, sujetos al pago de la segunda cuota del Impuesto Sobre Activos este 29 de mayo de 2020.

Para el resto de los contribuyentes del Impuesto sobre Activos con fecha de cierre 31 de diciembre, el pago de la primera cuota del impuesto se efectuará mediante un acuerdo de tres cuotas iguales y consecutivas a ser pagadas en el trimestre junio – agosto del presente año. Las cuotas del acuerdo no estarán sujetas al interés indemnizatorio y serán generadas automáticamente al momento de presentar la Declaración Jurada del citado impuesto.

El presidente de la República Dominicana informó mediante discurso este domingo 17 de mayo de 2020, el inicio de las medidas de reapertura escalonada de la economía dominicana frente a la pandemia del COVID-19, iniciando la primera fase el miércoles 20 de mayo de 2020, con las siguientes medidas:

En caso de que la primera fase de reapertura sea exitosa y no se extienda la propagación del COVID-19, la fase número 2 está agendada para el 3 de junio de 2020.

Mediante Decreto 161-20 del 17 de mayo 2020, el Poder Ejecutivo de la República Dominicana informó la extensión de las medidas de distanciamiento social y toque de queda para evitar la propagación de la pandemia COVID-19. La nueva extensión se mantendrá vigente en todo el territorio nacional hasta el 1ero de junio de 2020 de la manera siguiente:

Mediante Resolución No. 65-20 de fecha 15 de mayo de 2020, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo a prorrogar el estado de emergencia por 15 días adicionales. Mediante Decreto 160-20 de fecha 17 de mayo de 2020, el Presidente decretó la prórroga del estado de emergencia por 15 días contados a partir del 18 de mayo de 2020, hasta el 1ro de junio de 2020.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó a todos los contribuyentes que ha tomado las siguientes medidas respecto a las obligaciones tributarias correspondientes al mes de mayo 2020 para reducir los efectos relacionados a la pandemia del COVID-19:

De igual forma, para el pago de abril 2020, los grandes contribuyentes nacionales que se mantienen operando quedan sujetos al pago del Anticipo de ISR. En caso de presentar circunstancias que les impida realizar el pago, podrán solicitar la exención total o parcial adjuntando los documentos que sustenten la disminución de ingresos por causa de fuerza mayor o de carácter extraordinario, y remitiendo la solicitud vía correo electrónico a la DGII.

El Congreso Nacional aprobó el 29 de abril, el Proyecto de Resolución que autoriza al presidente de la República a prorrogar el Estado de Emergencia.

El Proyecto de Resolución buscaba prorrogar el Estado de Emergencia por 25 días más en ocasión de la pandemia COVID-19. Sin embargo, la Cámara de Diputados solo aprobó la prórroga por una extensión de 17 días, que luego fue confirmado por el Senado.

Por instrucciones del Ministerio de Hacienda, durante el periodo de Estado de Emergencia no se estará aplicando el ITBIS a la importación por parte de las empresas amparadas en la Ley número 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial (PROINDUSTRIA), a los bienes que estén gravados con un 0% de arancel, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de dicha Ley, no a otros bienes industriales, ni a bienes gravados con arancel o que, a causa de la aplicación de un acuerdo de libre comercio, disfruten de una preferencia arancelaria del 0%.

En adición a lo anterior, se suspende el cobro de ITBIS a las importaciones de los sectores pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorios, pieles, fabricación de calzados de manufactura cuero, que operan bajo la Ley 56-07 que declara de prioridad y crea un régimen nacional regulatorio para estas industrias.  

La  Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este 23 de abril 2020 a todos los contribuyentes que tienen impedimento para operar durante el estado de emergencia ordenado por el Poder Ejecutivo, mediante sucesivos decretos desde el 19 de marzo de 2020, que concede un aplazamiento de 30 días calendario contados a partir del reinicio de sus operaciones, para la remisión de los formatos de envíos y presentación de las declaraciones juradas mensuales correspondientes a los períodos fiscales afectados por el cese de operaciones.

De igual forma, reitera a los contribuyentes que mantienen sus operaciones que deben cumplir con los deberes formales de remisión de información y presentación de sus declaraciones juradas dentro de las fechas límites establecidas para ello.

En el marco de las medidas de facilitación para apoyar a los diferentes sectores económicos por la pandemia del COVID-19, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) puso a disposición de las personas jurídicas la solicitud de certificaciones de inmuebles a través de la Oficina Virtual. Este nuevo trámite permite a las personas jurídicas propietarias de inmuebles, que estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre Activos (ISA), generar las certificaciones de los inmuebles, sin tener que trasladarse a las oficinas de la DGII.  

Esta certificación está disponible a partir del miércoles 22 de abril de 2020, a través de la Oficina Virtual: dgii.gov.do/ofv, sección “Solicitudes”, opción “Solicitar Certificación”, tipo certificación “De inmuebles”, concepto “Inmuebles Sociedades”.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó el 21 de abril a los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que disponen de un aplazamiento hasta el viernes 24 de abril para el pago de la segunda cuota del periodo febrero 2020 y la primera cuota del periodo marzo 2020.

Recordando que las cuotas correspondientes a estos acuerdos de pago se generan de manera automática al momento de efectuar la declaración jurada, sin considerar intereses indemnizatorios, como parte de las medidas tomadas en el marco de lucha contra el COVID-19.

El Gobierno de la República Dominicana estableció este 21 de abril 2020 la reanudación de algunos de los trámites de las Cámaras de Comercio y Producción de todo el territorio nacional, específicamente para renovación simple, duplicados, certificaciones, actualizaciones de datos y copias registradas del Registro Mercantil, con el propósito de que las empresas puedan continuar ofreciendo los productos y servicios que demanda la población.

Estas operaciones serán supervisadas, bajo estricto protocolo de seguridad e higiene, con un mínimo de colaboradores en planta, y todos, con menos de 35 años. Los turnos serán solicitados en línea con un máximo de 20 personas por hora, uso de mascarilla obligatorio y mantenimiento del distanciamiento.

El Poder Ejecutivo de la República Dominicana informó el 17 de abril 2020, mediante Decreto N° 151-20, la extensión de las medidas de distanciamiento social y toque de queda establecido previamente en el Decreto N° 142-20, del 2 de abril de 2020, para evitar la propagación de la pandemia COVID-19.

La nueva extensión se mantendrá vigente en todo el territorio nacional hasta el 30 de abril de 2020.

En aras de facilitar el flujo de despacho de mercancías en puertos, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó que el horario para el despacho de mercancía discurrirá para los puertos de los sectores de Caucedo, Haina y Santo Domingo de las 7:00 a las 20:00 horas.

Asimismo, informó que si bien el transporte de mercancía no está incluido en el horario del toque de queda como parte de la garantía de la cadena de abastecimiento, las autoridades toman las medidas de previsión necesarias para favorecer el libre tránsito de quienes intervienen en estas tareas mientras efectúen las labores correspondientes.

La Junta Monetaria de la República Dominicana informó el 16 de abril 2020, las nuevas medidas aprobadas para enfrentar los efectos económicos de la pandemia COVID-19. Entre las medidas establecidas se encuentran las siguientes:

Asimismo, se están evaluando alternativas de acceso a liquidez a través de otros bancos y organismos multilaterales con los cuales el Banco Central mantiene relaciones institucionales, como es el caso del Banco Internacional de Pagos (BIS), para fines de mantener abiertos mecanismos de acceso de liquidez de contingencia en caso de que las condiciones actuales se extiendan más allá de lo previsto.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó a todos los contribuyentes este 16 de abril de 2020 los lineamientos tributarios para la aplicación de los beneficios otorgados a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE).

Los pagos complementarios llevados a cabo por los empleadores bajo el Programa FASE, siempre que hayan cumplido con los requisitos dispuestos por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, serán deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Código Tributario. 

La DGII estableció la deducibilidad de estos pagos en base a que la suspensión laboral es una figura establecida en el artículo 49 del Código de Trabajo, que no implica una terminación del contrato de trabajo ni compromete la responsabilidad de las partes, por lo que los pagos complementarios a FASE que realiza el contribuyente, en calidad de empleador, a sus empleados, gozarán de un tratamiento tributario similar a los salarios pagados.

Para estos fines, en la declaración jurada de Impuesto sobre la Renta para personas jurídicas (Formulario IR2), los contribuyentes deberán registrar estos aportes en la cuenta “otros gastos de personal”, del anexo B-1 de la citada declaración jurada. Para el control de la Administración Tributaria, los contribuyentes deberán pagar el aporte adicional en la misma cuenta donde el empleado recibe el aporte FASE y conservar todos los documentos que sustenten estos pagos.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó a todos los contribuyentes del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) la suspensión temporal de este impuesto en la transferencia en el mercado local, a título gratuito u oneroso, de los siguientes productos:

Subpartida arancelaria |  Descripción del producto 2847.00.00 | Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea 4015.11.00 | Guantes de caucho para cirugía 4015.19.11 | Guantes desechables para uso de exámenes médicos y laboratorios 6307.90.30 | Mascarillas de tela sin tejer 6210.10.10 | Prendas y complementos de vestir (“utilizadas exclusivamente en clínicas y hospitales, incluidas las desechables”) 8419.20.00 | Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorios 9018.90.19 | Los demás 9019.20.00 | Aparatos respiratorios de reanimación 9022.12.00 | Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos 9025.11.10 | Termómetros de uso clínico

Esta medida aplicará a partir del 14 de abril de 2020 para la transferencia de estos bienes durante el proceso de comercialización y venta hasta el consumidor final, independientemente de que estos hayan sido importados o producidos localmente; manteniéndose vigente mientras dure el estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo con la autorización del Congreso Nacional.

El 13 de abril, la República Dominicana adoptó medidas adicionales en relación con la pandemia por COVID-19. Entre las medidas se incluyen:

El Congreso aprobó el 11 de abril, el Proyecto de Resolución que autoriza al Presidente de la República a prorrogar el Estado de Emergencia por un plazo de 17 días adicionales. En ese sentido, el plazo de Estado de Emergencia se extenderá hasta el 30 de abril de 2020.  

Con autorización del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas (DGA) estableció la liberación temporal del pago de impuestos arancelarios e Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los artículos contenidos en partidas específicas referentes a lo siguiente:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció el 8 de abril de 2020 las nuevas facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante la pandemia del COVID-19, a saber:

El Senado de la República Dominicana aprobó el 6 de abril de 2020, la extensión del plazo del Estado de Emergencia por 25 días adicionales, en respuesta a la situación de emergencia creada por la pandemia COVID-19.

El proyecto de ley ha sido enviado a la Cámara de Diputados para votación.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) avisa mediante aviso informativo a las empresas de zonas francas y operadoras de parques de zonas francas acogidas a la Ley 8-90 sobre Fomento a Zonas Francas, que se extiende hasta el 20 de junio de 2020 el plazo de vigencia del carnet de exención del Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para los que tengan fecha de vencimiento a partir del 19 de marzo de 2020.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) puso a disposición a partir del 03 de abril 2020 la posibilidad de solicitar rectificativas del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para los periodos 2019 y 2020 a través de la Oficina Virtual.

Este trámite permite que el contribuyente corrija los errores de inconsistencias de manera voluntaria que sean detectados en las declaraciones juradas relativos al incremento de ingresos, disminución de adelantos o saldos a favor, sin tener que trasladarse a las oficinas de la DGII.

El Poder Ejecutivo de la República Dominicana solicitó este 2 de abril de 2020 al Congreso Nacional, la extensión del plazo del Estado de Emergencia por 25 días más, en respuesta a la situación de emergencia creada por la pandemia COVID-19.

La Estado de Emergencia nacional establecida por el Congreso Nacional a solicitud del presidente de la República vence este próximo 13 de abril. Ante esta nueva petición, se extendería hasta el jueves 7 de mayo.

Mediante el Decreto N° 142-20, del 2 de abril de 2020, el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, extiende todas las medidas de aislamiento social adoptadas el 17 de marzo de 2020, así como las medidas adicionales que ha implementado la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, en respuesta a la situación de emergencia creada por la pandemia COVID-19.

De igual forma, se extiende a partir del 3 de abril el toque de queda a nivel nacional de 17:00 a las 6:00 horas por 15 días más, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 137-2020.

Mediante el Decreto N° 143-20 del 2 de abril de 2020, el Poder Ejecutivo estableció los lineamientos para la aplicación del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE):

La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo publicaron los pasos y requisitos para acogerse al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), un programa administrado por el Estado para apoyar a los trabajadores formales suspendidos debido a los efectos del COVID-19 con una transferencia monetaria a través de sus empresas.

Para acogerse a estos beneficios el empleador deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

Para un empleado que reciba un salario igual o inferior a RD$5,000 (USD95 aprox.) mensuales el Gobierno cubrirá la totalidad de su salario. Aquellos empleados con salarios superiores a los RD$5,000 recibirán un aporte mensual que será cubierto un 70% por el Gobierno y un 30% por el empleador. En este caso, el Estado aportará un máximo de RD$8,500 (USD160 aprox.).

Para que una empresa pueda acogerse al programa deberá cumplir con lo siguiente:

La Tesorería de la Seguridad Social informó a los empleadores públicos y privados que podrán realizar sus pagos por los canales establecidos sin recargos o moras, de manera transitoria, mientras esté vigente el “Estado de Emergencia” para prevenir la propagación del COVID-19 y hasta 30 días posteriores al levantamiento del mismo.

Aplazamiento de acuerdos de pago

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó a todos los contribuyentes con acuerdos de pago vigentes al 1ero de abril de 2020, el aplazamiento del pago de las cuotas con fecha de vencimiento en los meses de abril, mayo y junio 2020. Por tal motivo, extienden de manera automática por tres meses el plazo de vigencia de todos los acuerdos de pago.   La mencionada medida de facilitación surge en seguimiento a la comunicada mediante el Aviso publicado en fecha 19 de marzo de 2020, que reduce a la mitad el valor de las cuotas de todos los acuerdos de pago.

Esta facilidad no aplica para los acuerdos de pago generados con la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Transferencias, Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) (IT-1) del periodo febrero 2020, así como tampoco para el que se genere con la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas (IR-2) con fecha de cierre 31 de diciembre.

Exención del pago de anticipos del Impuesto sobre la Renta (ISR)

La DGIII informa a todos los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que sean personas jurídicas o negocios de único dueño que a la fecha tengan obligación mensual de Anticipos del ISR, que quedan exonerados del pago de esta obligación para el período fiscal marzo 2020, cuya fecha de vencimiento es el 15 de abril 2020.

Esta disposición se enmarca en lo establecido en el Párrafo IV del Artículo 314 del Código Tributario dominicano, que permite a la Administración Tributaria aplicar la exención del Anticipo cuando existan causas de fuerza mayor o de carácter extraordinario como las actuales.

Esta disposición no aplica para los grandes contribuyentes nacionales, cuya gestión realiza la DGII a través de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, excepto aquellos con impedimento para operar durante el estado de emergencia ordenado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N° 134-20 de 19 de marzo de 2020, a saber:

Los grandes contribuyentes nacionales que queden sujetos al pago de Anticipos de ISR, que por circunstancias particulares no puedan realizar el pago correspondiente al periodo fiscal marzo 2020, podrán solicitar la exención total o parcial de esta obligación al correo electrónico creditosycompensacionesggc@dgii.gov.do.

Para dar cumplimiento a las medidas de prevención de contagio por el virus COVID-19, la Dirección General de Impuestos Internos ha dispuesto a través de su página web un formulario virtual para las solicitudes de inscripción de registrados al RNC (Registro Nacional de Contribuyente).

Asimismo, ya se encuentran disponibles las cuatro cuotas correspondientes al acuerdo de pago de la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) (IT-1) del periodo febrero 2020, para todos aquellos que a la fecha han presentado su declaración. La fecha límite para presentar la declaración jurada de ITBIS es el 30 de marzo. A los diez (10) minutos de que esta sea presentada vía la Oficina Virtual (OFV), estará disponible el acuerdo de pago correspondiente.

Por último, para facilitar la asistencia no presencial se puso a disposición del contribuyente un listado de correos electrónicos donde podrá comunicarse según la Administración Local a la que pertenezca.

La §Superintendencia de Electricidad emitió instrucción a empresas distribuidoras, sistemas aislados y propietarios de redes eléctricas que sirven a usuarios regulados, de no suspender el suministro eléctrico por falta de pago durante periodo de declaratoria de Estado de Emergencia en territorio nacional.

El Alcalde de Santo Domingo, Distrito Nacional, dispuso la suspensión por dos meses del pago de la recogida de basura de 11,000 negocios con facturas mensuales de RD$4,000 (USD75 aprox.) o menos para brindar apoyo a pequeñas y medianas empresas ante la situación del COVID-19.

En atención a las nuevas medidas de incremento del horario de toque de queda, la Dirección General de Aduanas informa que el despecho de contenedores cesará a las 17:00 horas.

Asimismo, informa que las inspecciones para el despacho de productos cárnicos y lácteos deberá de ser agendado en las administraciones de Haina y Caucedo entre las 7:00 horas y las 14:30 horas, a los siguientes números telefónicos:

Haina: (809) 910-0855

Caucedo: (809) 910-0854.

La presencia física no será necesaria para el cierre de No Objeción en puerto. Las solicitudes de No Objeción para productos de origen animal deberán solicitarse a los números de teléfono indicados por vía de Whatsapp. Es imprescindible adjuntar a la solicitud toda la documentación necesaria para su cierre.

Como parte del conjunto de medidas de facilitación tomadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en el marco de las disposiciones para apoyar los diferentes sectores económicos por la circulación del virus COVID-19, se concedió una prórroga para la presentación y pago en los próximos tres periodos fiscales de las siguientes obligaciones:

Esta disposición obedece a que los juegos de azar forman parte de las actividades económicas con impedimento para operar durante el Estado de Emergencia ordenado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto No. 134-20, de 19 de marzo de 2019, y será de aplicación para los períodos fiscales de marzo, abril y mayo del 2020

En atención a la ampliación del toque de queda, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió un aviso sobre reducción de la jornada laboral a través de sus canales digitales.

A partir del viernes 27 de marzo, estará a disposición de los contribuyentes en los siguientes horarios:

Se mantiene la suspensión temporal de la atención presencial en las Administraciones Locales, Centros de Servicios, Colecturías, Estafetas de Pago y Oficinas de Vehículos de Motor. Con el objetivo de continuar con las solicitudes en proceso, las Administraciones Locales se encuentran laborando de manera remota.

Por medio de Avisos Informativos del 24 de marzo de 2020, la Dirección General de Aduanas informó sobre la implementación de las siguientes medidas:

Estas solicitudes y sus soportes documentales estarán siendo recibidas al correo electrónico info.correspondenciayarchivo@aduanas.gob.do.

Adicionalmente, informo sobre:

Por medio del Decreto N° 138-20, del 26 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo anunció que se ampliaría el toque de queda desde las 17:00 horas a las 6:00 horas. Esta medida regirá del 27 de marzo hasta el 3 de abril del año en curso.

El toque de queda fue inicialmente adoptado por medio del Decreto N° 135-20, que establecía el toque de queda desde las 20:00 horas hasta las 6:00 horas; y posteriormente modificado por Decreto N° 136-20, que amplió las excepciones del toque de queda a circulación de personas y vehículos vinculados a las industrias y el comercio de alimentos, energía, agua, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y otros servicios básicos.

La ampliación del toque de queda se suma a la disposición adoptada por el Congreso Nacional el 19 de marzo, que aprobó la declaratoria de emergencia nacional por un plazo de 25 días prorrogable.

Estas informaciones fueron anunciadas en el día de ayer 25 de marzo 2020 por el Presidente de la República vía discurso. Sin embargo, todavía las autoridades no han publicado los comunicados oficiales detallando su forma de aplicación.

Medidas de aspecto social:

Medidas de aspecto económico:

Estas medidas surtirán efecto desde el 1 de abril hasta el 30 de mayo 2020.

De igual forma, por medio del Decreto 138-20 de fecha 26 de marzo de 2020, se aumenta el horario de Toque de Queda de 5:00pm a 6:00am a partir del 27 de marzo al 3 de abril de 2020.

Por medio de Decreto N° 132-20, el Gobierno suspendió, durante la vigencia del Estado de Emergencia, el cómputo de los plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados ante los órganos que integran la Administración Pública y desconcentrada. Asimismo, se incluyen los organismos autónomos y descentralizados del Estado instituidos por leyes o adscritos a los Ministerios.

Por su parte, la Junta Monetaria estableció algunas medidas orientadas a garantizar la estabilidad económica y la provisión de liquidez para las empresas del país, entre las cuales se encuentran -entre otras- las siguientes:

Como apoyo a las medidas de prevención ante el COVID-19, y conforme a lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario dominicano, la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda han emitido por medio de Avisos Informativos las siguientes medidas:

En relación al ISR, se concederán prórrogas para el cumplimiento del ISR de las personas físicas del período fiscal 2019 y del ISR para los contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST). La nueva fecha límite de pago será el 30 de abril del año 2020 para lo siguiente:

Asimismo, se concede una prórroga para la presentación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas (IR-2) con fecha de cierre 31 de diciembre, aplazando la fecha límite hasta el 29 de mayo de 2020. Este aplazamiento aplica para las siguientes obligaciones:

Los contribuyentes que presenten un total a pagar podrán liquidar el ISR mediante el pago de cuatro cuotas iguales y consecutivas, las cuales no estarán sujetas al interés indemnizatorio mensual.

De igual forma, en relación al Impuesto Sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) los contribuyentes podrán solicitar acuerdos de pago hasta 4 cuotas para el correspondiente al periodo fiscal febrero de 2020, cuya fecha límite de declaración de pago se prorroga al 30 de marzo de 2020.

Las cuotas de todos los acuerdos de pago quedan reducidas a la mitad de su valor actual, duplicando el plazo de vigencia de las cuotas pendientes de pago, y se darán facilidades de regularización para aquellos contribuyentes que tengan cuotas atrasadas a la fecha, sin cobro de penalidades.

El Gobierno estableció un toque de queda en todo el territorio nacional, quedando prohibido el tránsito y circulación de personas desde las 20:00 horas hasta 6:00 horas desde el 20 de marzo hasta el 03 de abril.

Se exceptúan de esta medida:

Por medio de aviso, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció la implementación de las siguientes de facilidades para el cumplimiento de obligaciones tributarias:

Adicionalmente, se informó que los contribuyentes que presenten un total a pagar podrán liquidar el Impuesto Sobre la Renta mediante el pago de cuatro cuotas iguales y consecutivas, las cuales no estarán sujetas al interés indemnizatorio mensual.

Estas medidas entrarán en vigencia a las 6:00 de la mañana del jueves 19 de marzo del año 2020. Se estableció un período de excepción de 15 días en aislamiento domiciliario a todas las personas que hayan estado en las últimas dos semanas en alguno de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos.

Adicionalmente, el 18 de marzo se envió al Congreso Nacional la solicitud de declaratoria de emergencia nacional. También se solicitó a todos los sectores productivos que implementen el trabajo a distancia por al menos 15 días.

 Medidas fiscales

Con el propósito de garantizar el empleo y los ingresos de todos los trabajadores, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica ante cualquier eventualidad, el gobierno ha tomado las siguientes medidas:

Por su parte, la Junta Monetaria, que está desde hoy en sesión permanente, hará público el 19 de marzo un primer paquete de medidas orientadas a garantizar la estabilidad económica y la provisión de liquidez para las empresas del país, de manera que éstas puedan hacer frente a la situación y proteger igualmente los empleos de la población dominicana.

Capítulo 4

Asamblea Legislativa aprobó extensión de los plazos para dar cumplimiento a obligaciones tributarias y otorga facilidades para el pago de tributos

 

El 14 de mayo de 2020, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo 643, publicado en el Diario Oficial 98, Tomo 427, de fecha 15 de mayo de 2020, el cual contiene la Ley Transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias en virtud de la emergencia nacional ocasionada por la pandemia de COVID-19 (“la Ley transitoria”). A través de la Ley transitoria se otorgan beneficios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que se detallan a continuación:

Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo 2019

Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, correspondiente al ejercicio impositivo 2019.

Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta

Remanentes o excedentes declarados

Informes tributarios y otras obligaciones formales.

Otras disposiciones

La Administración Tributaria ha emitido la Guía de Orientación para aplicar la Ley Transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias en virtud de la emergencia nacional ocasionada por la pandemia por COVID-19, la cual puede ser consultada en el siguiente vínculo: https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-GA-2020-22121.pdf

El Órgano Ejecutivo en el ramo de salud emitió el Decreto Ejecutivo No. 21 (“el Decreto”) el cual establece las medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la Pandemia por COVID-19. El Decreto estará en vigor durante el período comprendido del 29 de abril al 16 de mayo, ambas fechas de 2020.

Las medidas comprendidas son las mismas mencionadas en la Decimo Séptima Edición de este Comunicado, y comprende resguardo domiciliar obligatorio, limitaciones a la circulación con excepciones, utilización obligatoria de mascarillas, entre otras.

Es importante mencionar, que de conformidad con el Decreto, es necesario que se realicen los cambios respectivos en las cartas de circulación de cada empleado para aquellas empresas que continúan laborando dentro del marco de excepción reconocido en dicho documento

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) puso a disposición de los pequeños contribuyentes y contribuyentes del sector turismo, energía eléctrica, servicios de televisión, internet y telefonía y sobre la contribución especial para la promoción de turismo, los formularios a través de los cuales se puede solicitar la extensión del plazo para efectuar el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) del periodo fiscal 2019, así como para realizar el pago del ISR de los periodos fiscales de marzo, abril y mayo 2020.

A efecto de solicitar los respectivos beneficios, los contribuyentes deberán presentar previamente sus declaraciones y posteriormente remitir los formularios debidamente firmados por el contribuyente, representante legal o apoderado a la siguiente dirección de correo electrónico: cobranzas.dgt@mh.gob.sv.

Los formularios habilitados para tal efecto, pueden ser descargados en la siguiente dirección electrónica: https://www.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/12912-Solicitudes-de-pago-a-plazo-para-Renta-2019-y-Pago-a-Cuenta-segun-D.L.-598.html   

El 16 de abril de 2020, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo 631, publicado en el Diario Oficial 77, Tomo 427, de esa misma fecha, a través del cual se prorrogó por el plazo 15 días adicionales que finalizarán el 1 de mayo de 2020, la vigencia del Decreto Legislativo N° 593, en virtud del cual y en atención a la pandemia COVID-19, se declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural, estableciéndose como medidas inmediatas para la atención de la emergencia, entre otras, las siguientes:

Asimismo, a través del citado Decreto Legislativo, han sido suspendido por el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia del mismo, los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia e instancia en la que se encuentren.

Es importante mencionar que el Decreto establece que no podrán ser objeto de despido ni de descuentos, los trabajadores que sean sometidos a cuarentena ordenada por autoridad competente, así como todas aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en el extranjero. La referida garantía de estabilidad laborar comenzará a partir de haberse ordenado la cuarentena correspondiente y se extenderá por 3 meses después de haberse concluido la misma.

Por otra parte, a través del Decreto se ha autorizado a la Administración Pública para suspender las labores de sus empleados, siempre que el servicio prestado por éstos no se considere vital para brindar el auxilio y ayuda necesaria para superar la emergencia, teniendo derecho los empleados a la remuneración ordinaria durante el tiempo que dure la suspensión.

De igual manera se establece que no incurrirán en incumplimiento de obligaciones contractuales y tampoco penalidades civiles y mercantiles, todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas aplicadas en el Decreto.

El día lunes 13 de abril de 2020 se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 19, que establece medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia por COVID-19.

El Decreto tendrá una vigencia de quince días, contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Las principales medidas incluyen:

Medidas extraordinarias

Personas autorizadas para circular

Servicios de Call Center

Industrias y Servicios autorizados para funcionar

Circulación de vehículos

Servicios a instituciones públicas

Servicios financieros

Cumplimiento de normas

Funerales y entierros

Trabajadores prioritarios y medidas de aislamiento para su seguridad

El 12 de abril de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto No. 622, a través del cual se prorroga el Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Nacional ante el riesgo de la Pandemia por COVID-19 por un periodo de cuatro días adicionales. Con esta ampliación, la extensión del Estado de Emergencia finalizará el 16 de abril de 2020.

Las implicaciones de dicha amplificación son las siguientes:

El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía emitió el Acuerdo Ejecutivo N° 511 (“el Acuerdo”), a través del cual estableció los requisitos y el procedimiento para que los sujetos interesados presenten las solicitudes de importación de mercancías, a efecto de que éstas apliquen a la modificación temporal del arancel centroamericano de importación contenida en el Decreto Legislativo N°604, el cual reduce al cero por ciento (0%) el arancel de importación de productos alimenticios esenciales, así como de medicamentos para enfermedades respiratorias, productos higiénicos y limpieza.

A efecto de obtener la autorización correspondiente, los interesados deberán remitir vía electrónica a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales (“DATCO”) una solicitud previa al registro de la primera operación de importación, la cual deberá efectuarse con al menos tres días calendario de anticipación y en el formulario que se ponga a disposición para tal efecto, al cual deberá incorporarse la siguiente información: (a) identificación del solicitante o del representante legal en el caso de las personas jurídicas, incluyendo una descripción de su actividad económica; (b) Número de Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria del solicitante y del representante legal en el caso de las personas jurídicas; c) detallar la descripción comercial de los productos que desea importar, precisando los códigos arancelarios de importación; y, (d) dirección, teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones. El formulario debe remitirse firmado y sellado por el solicitante.

En el caso de importaciones de frijol rojo del inciso arancelario 0713.33.40.00 y de arroz blanco procesado del inciso arancelario 1006.30.90.00, los solicitantes además de los requisitos previamente señalados también deberán indicar el volumen de importación que se solicita, expresado en toneladas métricas. Únicamente se autorizará la importación hasta de un veinte por ciento (20%) del volumen total del contingente de los referidos productos por cada solicitante.

La autorización que se otorgue será válida para amparar varias operaciones de importación, siempre que se trate del mismo código arancelario. En caso de que el interesado requiera importar mercancías de códigos arancelarios cubiertos por el Decreto Legislativo 604 para los que no cuente con una autorización previa, deberá solicitar una nueva autorización a la DATCO.

Al respecto, el Acuerdo establece que las autorizaciones de importación serán otorgadas a través de Acuerdos Ejecutivos suscritos por el titular del Ministerio de Economía, los cuales serán notificados por medios electrónicos. Los documentos originales se entregarán a los solicitantes autorizados, a partir de que cese el estado de emergencia nacional derivado de la pandemia por COVID-19. Es importante mencionar, que de conformidad con el Acuerdo, la Dirección General de Aduanas deberá aceptar la copia de los Acuerdos Ejecutivos correspondientes mientras los originales no hayan sido otorgados por la Autoridad Competente.

El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía emitió el Acuerdo Ejecutivo N° 512 (“el Acuerdo”), a través del cual restringió hasta el día 31 de diciembre de 2020, las exportaciones y reexportaciones de frijol rojo en grano de la fracción arancelaria 0713.33.40.00 “–Rojos”.

La restricción en comento no será aplicable a las personas naturales o jurídicas que comprueben tener contratos u obligaciones formalmente adquiridas para exportar o reexportar a países fuera del área centroamericana, los cuales podrán ser autorizados siempre que presenten una solicitud al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) junto con la documentación debidamente certificada por notario que se detalla a continuación:

a) Para exportaciones: 1) Número de Identificación Tributaria de la empresa o persona natural; 2) Copia del contrato u orden de compra o el documento formal en el que conste la obligación adquirida con el importador; 3) Orden o Conocimiento de Embarque; 4) Copia de factura o comprobante de crédito fiscal de la exportación; 5) El detalle del volumen a exportar y programación de envíos; 6) País de destino; y,  7) Declaración jurada sobre la existencia de la obligación por parte del exportador que el producto no ha sido importado al país en beneficio del Decreto Legislativo No. 604 publicado en el Diario Oficial 58 Tomo 426, del 20 de marzo de 2020; y,

b) Para reexportaciones, además de los documentos señalados en el literal anterior, deberá presentar los siguientes: 1) Certificado fitosanitario del país exportador; 2) La Declaración Única Centroamericana (DUCA); 3) Autorización fitosanitaria de importación emitida por el MAG; y, 4) Factura de compra en la que se detallen las cantidades importadas.

Asamblea legislativa aprueba nuevas medidas para aliviar la afectación que genera el COVID-19

El 01 de abril de 2020, se aprobaron por la Asamblea Legislativa una serie de Decretos y Disposiciones Transitorias para aliviar la afectación por la pandemia COVID-19. A continuación les presentamos los decretos a ser tomados en cuenta:

I. Decreto Transitorio para el retorno de los salvadoreños que al momento de decretar el Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19, se encontraban en el extranjero y, debido al cierre de las fronteras no pudieron entrar al país.

II. Disposiciones Transitorias para que las personas que han perdido su trabajo durante el período de emergencia sigan siendo atendidos por el ISSS.

III. Reforma a la Ley Transitoria para diferir el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones (teléfono, cable e internet).

IV. Disposiciones Transitorias cuyo propósito es adoptar medidas urgentes y de carácter temporal, tendientes a asegurar el cumplimiento de las medidas por la pandemia COVID-19.

V. Reforma al Decreto Legislativo No. 593, del 14 de marzo de 2020, que establece el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, a fin de que las empresas que se dedican a la producción, distribución, abasto y suministro de alimentos y bebidas mantengan sus operaciones.

VI. Decreto Legislativo de la Ley para Facilitar el Acceso al Crédito, con el fin de establecer las condiciones que permitan el otorgamiento de créditos para actividades productivas.

Es necesario mencionar que los decretos mencionados han sido aprobados por la Asamblea Legislativa pero para su vigencia y aplicación habrá que esperar que los mismos sean sancionados por el Presidente de la República y publicados en el Diario Oficial. Estaremos informando más adelante su correspondiente sanción y publicación, así como las implicaciones legales de cada uno de estos decretos y disposiciones transitorias.

Por otro lado, este día el Presidente de la República publicó en las redes sociales el Decreto Ejecutivo No. 14 en el Ramo de la Salud que contiene las MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL COMO ZONA SUJETA A CONTROL SANITARIO, A FIN DE CONTENER LA PANDEMIA COVID-19 que por el momento rigen en nuestro país, quedando así derogados el Decreto Ejecutivo No. 12 de fecha 21 de marzo de 2020 y el No. 13 de fecha 26 de marzo de 2020.

El nuevo Decreto establece modificaciones a las medidas adoptadas anteriormente, dentro de las que podemos mencionar las siguientes:

Personas que pueden circular

Las personas autorizadas para circular en el periodo de cuarentena serán:

La Dirección General de Impuestos Internos informó que, en cumplimiento al Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus COVID-19, han sido suspendidos hasta el día 12 de abril de 2020, los siguientes plazos y procedimientos administrativos:

Únicamente podrán funcionar los Call Center de atención de medicamentos, alimentos a domicilio, servicios de electricidad, telecomunicaciones, servicios bancarios, financieros y servicios médicos, guardando además todas las medidas de distanciamiento, lavado de manos, colocación de alcohol gel y entrega de mascarillas.

Podrán funcionar únicamente las siguientes industrias y servicios: industria de elaboración de alimentos y bebidas y su cadena de distribución, exceptuando aquellos alimentos de productos considerados como boquitas, snack, golosinas y similares; industria del agua y su distribución a través de pipas botellas o garrafones; industria de productos de limpieza e higiene de superficies y productos de higiene personal; industria farmacéutica y su cadena de distribución; industria de envases y etiquetas; el sector agropecuario, agroindustria, apicultura y pesca y su cadena de distribución; industria de insumos para la agricultura; industrias de hilanderías relacionadas a la laboración de tela que es necesaria para sábanas, gabachas, mascarillas, gorros y otros implementos demandados en hospitales y red de salud; industria de panadería en lo fundamental y básico para la familia.

Queda autorizada toda industria de confección de ropa exclusivamente relacionada a la elaboración de gabachas y ropa vinculadas al combate de la pandemia y personal de salud. La industria cosmética solo podrá operar si se transforma en industria de medicamentos.

Los talleres automotrices previa autorización del Ministerio de Salud, que den servicio por demanda y en exclusiva a compañías de seguros, patrullas y vehículos de la PNC, ISSS, MINSAL, ANDA, MOP, empresas de telecomunicaciones y empresas de electricidad quedan autorizados, siempre y cuando sean requeridos por dichas instituciones, estando únicamente dedicados a tal servicio y a ninguna otra solicitud.

Las ferreterías estarán con el 30% de su capacidad instalada y atendiendo las demandas única y exclusivamente de la PNC, ISSS, MINSAL, FOSALUD, ANDA, MOP, empresas de telecomunicaciones y empresas de electricidad, que serán casos muy particulares que están relacionados con reparaciones o construcción de instalaciones dedicadas a la atención de la pandemia COVID-19.

Los servicios financieros como banca y cajas de crédito, financieras, sociedades de ahorro y préstamo, servicios de seguros, servicios de titularización, cajas de mercado bursátil, casas de bolsa, bolsa de productos y las empresas que manejan fondos de pensiones (AFPs) deberán trabajar al 50% de su capacidad instalada, guardando todas las medidas de distanciamiento, colocación de alcohol gel, mascarillas, aislamiento inmediato ante síntomas sospechoso de un trabajador o cliente y otras medidas que eviten el contagio masivo de personas.

Los bancos, clínicas, farmacias, supermercados, mercados y establecimientos, que este decreto permite seguir funcionando, deben cumplir las normas de higiene y aplicar medidas de protección eficaces para los empleados y los visitantes, lo cual implica entre otras cosas: alcohol gel a la vista para uso de los que llegan, garantizar el distanciamiento entre las personas, obligación de limpiar las manos una vez se tenga contacto con billetes tanto para cajeras como para clientes, uso de mascarillas, aislar a quienes tosen o estornudan constantemente y de ser necesario llamar al 132 por si es requerida atención o traslado de alguna persona con síntomas sospechosos.

En el caso de entierros, los grupos dolientes no podrán exceder de veinte personas y tanto en la vela como en el sepelio, deberán guardarse las medidas de distanciamiento y las preventivas ya señaladas en este decreto.

Obligación de identificación: Al asistir a las actividades en este decreto permitidas, los trabajadores y trabajadoras deberán portar su carné e identificación y una carta cuyo contenido será: la actividad y nombre de la empresa, datos generales del trabajador y sus funciones, cargo dentro de la empresa, horarios de entrada y salida del trabajador y dirección y contacto del empleador. Dicha carta será conferida por el empleador o el jefe de recursos humanos de su empresa a fin de comprobar la actividad que se encamina a realizar.

Para realizar las actividades permitidas y evitar inconvenientes, se deberá portar los documentos probatorios de la gestión a realizar.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de las Direcciones Generales de Inspección de Trabajo y de Previsión Social, verificará el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud ocupacional aplicables para las empresas que puedan continuar con el ejercicio de sus actividades, en los lugares de trabajo que corresponda.

Los servicios de seguridad, gasolineras, transporte privado, servicios de taxi, transporte de carga de los rubros autorizados o los que ingresan por intercambio comercial en aduanas están permitidos con la limitación de que no puede ir más de un pasajero y, solo en casos excepcionales de acompañamiento de personas adultas a sus consultas y (o) tratamiento médico, llevar a horas muy tempranas o recoger a altas horas a un familiar de su centro de trabajo o casos debidamente justificados, podrá ser más de un pasajero.

La industria y actividades relacionadas en los artículos anteriores deberán enviar a sus casas a los empleados mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como insuficiencia renal crónica o trasplantados, cáncer en proceso de radioterapias o quimioterapias, lupus, diabetes mellitus y enfermedades pulmonares crónicas.

Sin perjuicio de su seguridad laboral y estableciendo en su funcionamiento limitado todas las medidas necesarias para resguardar a sus empleados de un posible contagio: distanciamiento interpersonal y, en caso de que la actividad implique cercanía, deberá proveerse de mascarillas, colocación alcohol gel y lavado constante de manos, entre otras.

Colaboración y obligaciones. Es necesario que todas las personas colaboren y acaten las restricciones antes indicadas, sin perjuicio de incurrir en las responsabilidades penales y civiles pertinentes.

Las personas que no brinden la justificación y autorización respectiva conforme a este decreto serán conducidas por las autoridades de seguridad pública a los centros que el Ministerio de Salud establezca, el cual efectuará la evaluación médica por ser persona sospechosa y expuesta a contagio

del COVID-19, determinando posteriormente la cuarentena obligatoria o el envío a su lugar de residencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.

En los procedimientos practicados por la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada de verificación de transeúntes, aquellos quienes manifiesten estar en actividades permitidas que no puedan acreditar deberán firmar una declaración jurada, que el afecto le proporcionará la autoridad actuante.

A las empresas que realicen cualquier actividad sin autorización y conforme a las leyes respectivas, se determinará el cierre temporal de la empresa que esté realizando una actividad no autorizada en el presente decreto;

El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y su vigencia será de quince días a partir su publicación.

A través del Boletín Informativo N° DGA 07-2020, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó que los términos y plazos legales relacionados con los procedimientos administrativos de liquidación oficiosa de tributos e imposición de sanciones, determinación del valor en aduana y verificaciones de origen y recurso de revisión, desarrollados por dicha Institución y las diferentes Administraciones y Delegaciones de Aduanas, han sido suspendidos por un período de 30 días, contados a partir de la aprobación del Decreto Legislativo N° 593, del 14 de marzo de 2020.

La suspensión en referencia no será aplicable a los plazos para el cumplimiento de obligaciones aduaneras tributarias y no tributarias, presentación de declaraciones de mercancías y cancelación de los regímenes aduaneros temporales o suspensivos, salvo para los casos siguientes:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que los plazos para la presentación de las declaraciones e informes tributarios no han sido modificados, por lo que se mantienen los establecidos en el calendario, Código Tributario y Leyes correspondientes.

A efecto de dar cumplimiento a las obligaciones correspondientes, la DGII comunicó que la presentación de Declaraciones e Informes Tributarios deberá realizarse a través de los servicios en línea en la página web del Ministerio de Hacienda www.mh.gob.sv. 

El día 23 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo N° 606, que incorpora el artículo 11-A al Decreto Legislativo N° 593, del14 del marzo, a través del cual se declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en la República de El Salvador.

La norma otorga una exención del pago de derechos arancelarios a la importación, Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y cualquier otro tipo de gravámenes de naturaleza fiscal o municipal, que pudiera recaer sobre todos aquellos bienes que se internen al territorio de la República como ayuda humanitaria y cuya internación sea materializada por cualquier persona, organismo o entidad y que sean entregadas al Gobierno de la República o Concejos Municipales, en concepto de donación para ser destinados a la población que ha resultado afectada con la emergencia.

El 20 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo N° 598, que contiene la Ley Especial y Transitoria sobre la modalidad de pago del Impuesto sobre la Renta, aplicable a pequeños contribuyentes, turismo, energía eléctrica, servicios de televisión, internet y telefonía y sobre la contribución especial para la promoción del turismo. Dicha Ley otorga a ciertos contribuyentes, los beneficios fiscales que se detallan a continuación:

a)   Exención del pago de la contribución especial para la promoción del turismo durante el plazo de tres meses contados a partir del día 24 de marzo de 2020;

b)    Los sujetos pasivos que se dediquen al sector turístico y cuyo Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo 2019 sea igual o inferior a USD$ 25,000.00, podrán realizar el pago correspondiente hasta el día 31 de mayo de 2020, exentos de intereses, recargos y/o multas. No podrán gozar de dicha extensión, los sujetos pasivos que se encuentren gozando de algún incentivo fiscal, total o parcial, otorgado de conformidad con la Ley de Turismo;

c)    Los sujetos pasivos cuyo Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo 2019 sea igual o inferior a USD$ 10,000.00, podrán realizar el pago correspondiente por medio de ocho cuotas mensuales, exentos de intereses, recargos y/o multas, siendo requisito indispensable para gozar de dicho beneficio, que éstos soliciten autorización a la Dirección General de Tesorería y que paguen en el mes de mayo de 2020, el diez por ciento (10%) del impuesto autoliquidado;

d)   Los sujetos pasivos que se dediquen a se dediquen a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, podrán realizar el pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo 2019, por medio de ocho cuotas mensuales, exentos de intereses, recargos y/o multas, debiendo solicitar la correspondiente autorización a la Dirección General de Tesorería y pagar en el mes de mayo de 2020, el diez por ciento (10%) del impuesto autoliquidado;

e)   Los sujetos pasivos que presten al menos 2 de los siguientes servicios: televisión por suscripción, internet residencial y comercial y telefonía fija y móvil, podrán efectuar el pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo 2019, por medio de ocho cuotas mensuales, exento de intereses, recargos y/o multas, debiendo solicitar la autorización respectiva a la Dirección General de Tesorería y pagar en el mes de mayo de 2020, el diez por ciento (10%) del impuesto autoliquidado; y,

f)    Los sujetos pasivos que presten al menos 2 de los siguientes servicios: televisión por suscripción, internet residencial y comercial y telefonía fija y móvil, podrán efectuar el pago del anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta de los períodos tributarios de marzo, abril y mayo de 2020, por medio de seis cuotas mensuales, exentos de intereses, recargos y/o multas, debiendo pagar la primera de ellas en el mes de julio de 2020, la cual corresponderá al diez por ciento (10%) del total de los enteros de los citados períodos.

En el caso de los literales comprendidos del (b) al (e), la declaración de Impuesto sobre la Renta deberá ser presentada a más tardar el día 30 de abril de 2020, mientras que en el caso del literal (f), las declaraciones respectivas deberán ser presentadas dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre del período tributario correspondiente.

El 20 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo N° 599, a través del cual se reformó el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 593, de 14 de marzo de 2020, el cual contiene la declaratoria de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural, como consecuencia del riesgo e inminente afectación por la pandemia COVID-19.

En virtud de la citada reforma, se suspenden por 30 días los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren.

Asimismo, de conformidad con la citada disposición, no incurrirán en incumplimientos de obligaciones contractuales y tampoco penalidades civiles y mercantiles, todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas aplicadas en cumplimiento de este decreto. En lo que corresponde al sistema financiero, el comité de normas del Banco Central de Reserva de El Salvador dictará la normativa correspondiente.

Se excluyen de la aplicación de dicha disposición, entre otros supuestos, los plazos previstos por la Constitución de la República para la detención administrativa, las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar, así como los plazos y procedimientos establecidos en la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Medicamentos y la materia electoral.

El 20 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo N° 603, a través del cual se otorgó exención del pago derechos arancelarios a la importación, Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y otros gravámenes de naturaleza fiscal o municipal, que pudieran ser aplicables a la importación de bienes que realicen beneficiarios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, para ser donados al Gobierno de la República, Concejos Municipales, instituciones públicas y privadas, entidades sin fines de lucro, de carácter humanitario, educativas, que presten servicios a la comunidad, entidades de socorro o que presten asistencia pública, tales como Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento y cualquier otra entidad de naturaleza similar, para beneficiar o distribuir entre las personas que pudieran ser afectadas por la emergencia nacional del COVID-19.

El citado Decreto establece, que el Ministerio de Economía deberá extender la constancia de donación a favor de la entidad beneficiada y el comprobante será la declaración de mercancías a régimen de franquicia, liquidada por la Dirección General de Aduanas, la que se podrá realizar de manera electrónica.

Por otra parte, a través del Decreto Legislativo N° 604, la Asamblea Legislativa modificó el Arancel Centroamericano de Importación, a efecto de tomar medidas urgentes y de carácter temporal, tendentes a asegurar el abastecimiento de productos alimenticios esenciales, así como de medicamentos para enfermedades respiratorias, productos higiénicos y limpieza, para que puedan adquirirse a precios adecuados y razonables, de manera que no se cause perjuicio a los consumidores ni a la producción local.

A través de la modificación en referencia se reduce al cero por ciento (0%) el arancel a la importación aplicable, entre otras, a las siguientes mercancías: frijol rojo, harinas de trigo, maíz y arroz, hortalizas, jabón, jabón líquido medicinal y preparaciones para lavar y para limpieza.

El día 22 de marzo de 2020, a través del Decreto Ejecutivo N° 12 (“el Decreto”), el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud declaró el territorio de la República de El Salvador como zona sujeta a control sanitario y tomó medidas extraordinarias para prevenir el riesgo y propagación del COVID-19.

A partir de esa fecha y por el plazo de 30 días, se declara cuarentena nacional, por lo que ninguna persona natural podrá circular ni reunirse en el territorio de la República, salvo las excepciones expresamente establecidas en el Decreto.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto, se exceptúan de su aplicación, los siguientes supuestos:

A efecto de que acreditar las excepciones antes descritas, los trabajadores del sector privado cuyas empresas estén autorizadas para realizar labores, deberán portar el carnet de identificación de su empresa más una carta de su patrono autorizando su movilidad desde su casa hasta el sitio de trabajo.

Las personas que se dediquen a la asistencia y cuidado a niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables por enfermedades crónicas, deberán portar una carta de autorización de su empleador debidamente identificado con nombre, firma, número de DUI, dirección y teléfono de contacto del empleador.

Asimismo, el Decreto establece en su artículo 3, que se exceptúan de la aplicación de las restricciones en comento, las empresas que se dediquen a las siguientes actividades económicas:

Las empresas que desarrollen las citadas actividades deberán establecer las medidas necesarias para resguardar a sus empleados de un posible contagio, entre ellas, el distanciamiento social, debiendo mantener un perímetro no menor a un metro cuadrado de distancia interpersonal, evitando el contacto físico y en caso de que éste sea necesario por razones operativas, éste se realizará con los implementos correspondientes para evitar el contagio, incluyendo permanentes labores de antisepsia y asepsia, entre otras medidas proporcionales.

Es importante hacer notar, que las personas que se encuentren en cualquier lugar sin la justificación respectiva serán conducidas por las autoridades de seguridad pública a los centros de contención de la pandemia o al establecimiento que indica el Ministerio de Salud, donde se determinará su cuarentena o la remisión obligatoria a su lugar de residencia sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.

Cuando una persona sea detenida por la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada, y la misma indique que se dirige a un lugar y alguna actividad de las autorizadas que no puede acreditar, firmará una declaración jurada, que al efecto le proporcionen las autoridades.

Asimismo, el Decreto dispone, que las empresas que realicen cualquier actividad sin autorización y conforme a las leyes respectivas, se determinará el cierre temporal de la empresa que esté realizando la misma.

Finalmente, el Decreto establece que como medida de compensación se dará un bono de compensación mensual de USD$300.00, a las personas que no tengan un vínculo laboral, ningún ingreso permanente y que se vean afectados económicamente por la Pandemia, siempre y cuando dichas personas no incumplan las medidas establecidas en el Decreto, como el permanecer los treinta días en casa.

El día 19 de marzo de 2020, el Presidente de la República de El Salvador presentó los siguientes Proyectos de Ley con el fin de combatir los efectos del COVID-19:

Por medio de este Proyecto se busca suspender los términos y plazos procesales de los procedimientos administrativos y judiciales, así como la celebración de audiencias de la jurisdicción penal común, jurisdicción especializada en materia penal, audiencias en sede administrativa y lo relativo a las medidas de protección en materia de la violencia intrafamiliar.

2. Proyecto de suspensión de la ley de Responsabilidad fiscal por la emergencia.

Con el citado Proyecto se busca suspender temporalmente, mientras dura el efecto de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, y en consecuencia, la aplicación de los parámetros y metas fiscales requeridas en dicha Ley.

Asimismo, en el citado Proyecto se establece, que en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que se hayan cumplido los efectos del estado de Emergencia Nacional por la Pandemia, el Ministerio de Hacienda lanzará un plan de regularización que permita retomar el proceso de consolidación y sostenibilidad fiscal, en coherencia con el marco fiscal de mediano y largo plazo, el cual deberá ser actualizado con las condiciones económicas y sociales que se determinen, una vez que el país se recupere de los impactos de la pandemia.

3. Proyecto de suspensión de derechos de pagos de contribuciones, de promoción de turismo y suspensión del pago del impuesto sobre la renta por contribución

A través del citado Decreto se buscan otorgar los siguientes beneficios fiscales, a las personas naturales y jurídicas que se dedican a la industria turística:

a) Se amplía hasta por 30 días, el plazo para que las personas naturales y jurídicas que se dedican a la industria turística efectúen el pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo 2019, sin que incurran en intereses, multas o recargos, toda vez que el impuesto a pagar no sea mayor a USD$25,000.00.

b) Se amplía hasta por 30 días, el plazo para que las personas naturales y jurídicas que se dedican a la industria turística efectúen el pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo 2019, reconociéndoseles el derecho a solicitar el pago hasta en ocho cuotas, sin que incurran en intereses, multas o recargos, toda vez que el impuesto a pagar no sea mayor a USD$5,000.00;

c) Se suspende el pago de la contribución especial al turismo del cinco por ciento (5%) por 3 meses;

d) Se amplía el plazo para realizar el pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de los meses de marzo, abril y mayo y se otorgarán hasta seis cuotas sin intereses ni recargos; y,

4. Proyecto de reducción de aranceles por emergencia COVID-19

Por medio de dicho Proyecto se busca disminuir los aranceles que gravan la importación de mercancías e insumos necesarios para la atención de la pandemia del COVID-19.

5. Proyecto de ley de facilitación de compras en línea.

Con dicho Proyecto se busca promover y facilitar las compras y la importación de bienes de bajo valor, sin carácter comercial y procedentes de los Estados Unidos de América, que realicen personas naturales en El Salvador.

6. Proyecto de decreto legislativo para autorizar al ministro de Hacienda para contraer una deuda de $2,000 millones por emergencia del COVID-19 con el Fondo Monetario Internacional.

A través del citado Decreto se busca autorizar al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos, hasta por un monto de DOS MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$2,000,000,000.00), para atender el financiamiento integral que se demande para cubrir la Emergencia Nacional declarada por la pandemia COVID-19 y la recuperación económica del país por los efectos de ésta.

Parte de los fondos que serán gestionados, tendrán el siguiente destino:

a) La cantidad de CINCUENTA MILLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$50,000,000.00) se destinará a la recuperación de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) mediante la creación de un fondo de inversión para la ampliación de capacidades y encadenamientos productivos;

b) La cantidad de OCHENTA MILLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$80,000,000.00) se destinará al sector agropecuario y asegurar la seguridad alimentaria;

7. Disposiciones transitorias por medio de las cuales se simplificará el procedimiento de donaciones de bienes por parte de empresas reguladas en la ley de zonas francas, industriales y comercialización.

El citado Decreto busca establecer mecanismos para simplificar el procedimiento para que empresas amparadas a regímenes aduaneros especiales puedan realizar donaciones al Gobierno para atender la emergencia nacional declarada por la pandemia del COVID-19.

Los Proyectos presentados están siendo discutidos por la Asamblea Legislativa, los cuales se espera que sean aprobados en los próximos días.

8. Medidas ordenadas por el Presidente de la República

El día 19 de marzo de 2020, el Presidente de la República emitió nuevas medidas económicas para paliar las consecuencias derivadas la pandemia COVID-19, siendo éstas las siguientes:

Además, como parte de una estrategia económica que pueda asegurar medidas financieras para que los afectados por el coronavirus puedan tener menos impacto en sus economías familiares, se ha determinado lo siguiente:

a) La Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva deberán aumentar la disponibilidad de fondos para el Sistema Financiero pueda dar créditos productos, durante el período de emergencia;

b) Los salvadoreños podrán tener acceso a soluciones que faciliten el pago de sus deudas, el otorgamiento de créditos, la consolidación, la reestructuración y el refinanciamiento de deudas, en condiciones favorables en las instituciones bancarias de gobierno o las instituciones financieras del país;

c) Las personas naturales y jurídicas, con dificultades de pago de las primas de seguro, derivado de la pandemia, no perderán la cobertura de seguro durante el período que dure la emergencia;

d) Con el propósito de facilitar el flujo de mercancías para abastecer las necesidades de la población, se ha acordado trabajar en las siguientes medidas:

a) Se identificarán los recursos dentro del Presupuesto General de la Nación 2020 y se reasignará eficientemente el gasto público, para la atención a la emergencia. Asimismo, se destinarán las fuentes de financiamiento que aseguren la cobertura de dichas necesidades;

b) Refinanciamiento de las Letras del Tesoro emitidas, trasladando deuda de corto plazo a largo plazo, para inyectarle liquidez al Sistema Financiero y afrontar el desequilibrio económico de la población; y,

c) Otorgamiento de un bono de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$150.00) a todas las personas de las instituciones de Gobierno que trabajan en la crisis.

El día 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República de El Salvador emitió las siguientes medidas económicas dirigidas a las personas naturales y jurídicas que se vean afectadas directamente por la pandemia COVID-19:

Únicamente podrán aplicar a las citadas medidas económicas, todas las personas, empresas y sociedades que hayan visto disminuidos sus ingresos como producto de las restricciones y/o prohibiciones previamente emitidas, entre las cuales se encuentran: bares, discotecas, gimnasios, restaurantes, cines, odontólogos y empresas cuyo cierre ha sido ordenado a raíz de la declaratoria de emergencia. Dicho listado será actualizado a medida que se emitan restricciones adicionales.

Finalmente, el Presidente de la República ordenó el cierre de todos los call centers y maquilas del país por un plazo de quince días prorrogables, conservando los empleados de dichos establecimientos, el derecho a remuneración.

El día 14 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo N° 593, a través del cual y en atención a la pandemia COVID-19, se declaró por el plazo de 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural, estableciéndose como medidas inmediatas para la atención de la emergencia, entre otras, las siguientes:

Asimismo, a través del citado Decreto Legislativo, han sido suspendido por el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia del mismo, los términos y plazos legales concedidos a los particulares y a los entes de la Administración Pública en los procedimientos administrativos y judiciales en los que participan, salvo en materia penal, procesal penal y electoral.

Es importante mencionar que el Decreto establece que no podrán ser objeto de despido ni de descuentos, los trabajadores que sean sometidos a cuarentena ordenada por autoridad competente, así como todas aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar

de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en el extranjero. La referida garantía de estabilidad laborar comenzará a partir de haberse ordenado la cuarentena correspondiente y se extenderá por 3 meses después de haberse concluido la misma.

Por otra parte, a través del Decreto se ha autorizado a la Administración Pública para suspender las labores de sus empleados, siempre que el servicio prestado por éstos no se considere vital para brindar el auxilio y ayuda necesaria para superar la emergencia, teniendo derecho los empleados a la remuneración ordinaria durante el tiempo que dure la suspensión.

De igual manera se establece que no incurrirán en incumplimiento de obligaciones contractuales y tampoco penalidades civiles y mercantiles, todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas aplicadas en el Decreto.

Finalmente, debe señalarse que en atención a instrucciones giradas por el Presidente de la República, a raíz de la declaratoria de emergencia nacional, a partir del día 16 de marzo de 2020, los trabajadores de los sectores público y privado deberán dejar de presentarse a sus centros de trabajo y laborar desde sus casas, conservando su derecho a remuneración, toda vez que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones,: (a) mayores de 60 años; (b) mujeres embarazadas; (c) trabajadores con insuficiencia renal, inmunodeprimidos y con afecciones cardíacas serias; y, (d) todos los demás casos que sean indicados por el Ministerio de Trabajo.

El día 14 de marzo de 2020, el Congreso salvadoreño emitió el Decreto Legislativo N° 594, a través del cual se aprobó la restricción temporal de los derechos constitucionales de libertad de tránsito, reunión pacífica y a no ser obligado a cambiar de domicilio, como consecuencia de la pandemia COVID-19.

La restricción a la libertad de tránsito será aplicada mediante resolución o Decreto Ejecutivo en el ramo de Salud, en casos específicos y con referencia concreta a las zonas que se verán afectadas. Dicha restricción puede referirse al ingreso de extranjeros al país, así como la circulación en zonas consideradas de riesgo.

Respecto a la restricción al derecho de los habitantes a reunirse pacíficamente y sin armas, mediante resolución emitida por las autoridades de salud, podrán prohibirse las reuniones de habitantes, salvo que las mismas tengan fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, autorizadas previamente por dichas autoridades. A la fecha, el Presidente de la República ha limitado por medio de comunicados las aglomeraciones de más de 50 personas.

El citado Decreto temporal no comprende la libertad de ingresar al territorio de toda persona salvadoreña, quien deberá cumplir con las medidas sanitarias que dicten las autoridades de salud pública, ni la libertad de salir del territorio de toda persona.

Asimismo, no se restringe la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, el derecho de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia, ni la interferencia o intervención de las telecomunicaciones, así como ningún otro derecho o libertad fundamental no comprendido en el Decreto. 

Capítulo 6

SAR amplía suspensión de plazos hasta el 27 de julio

Según comunicado del Servicio de Administración de Rentas (SAR), se amplió la suspensión de plazos legales hasta el 27 de julio de 2020, para todos aquellos plazos legales que hayan comenzado a surtir efecto en los trámites iniciados a instancia de parte interesada o de oficio en el SAR. Lo anterior, como parte de las medidas tendientes a contener y evitar la propagación del COVID-19. 

Por medio de comunicado de prensa de 14 de junio de 2020, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras y en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), anunció que para lograr un mayor control preventivo del contagio de COVID-19, se determinó ampliar el toque de queda absoluto vigente desde el domingo 14 de junio hasta el domingo 28 de junio de 2020.

Asimismo, por comunicado de 15 de junio de 2020, la Secretaría de Administración de Rentas (SAR) anunció la ampliación de suspensión de plazos de trámites iniciados a instancia de parte y oficio en el SAR, hasta el lunes 28 de junio de 2020. 

Por medio de comunicado institucional, el Instituto Nacional de Migración (INM) comunicó las siguientes disposiciones en atención a la reapertura gradual de actividades en el país:

Por medio de comunicado del 08 de junio de 2020, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) anunció que los plazos legales que hayan comenzado a surtir efecto en los trámites iniciados a instancia de parte interesada y de oficio en el SAR, continuarán suspendidos hasta el 15 de junio de 2020, en virtud de que se decretó una detención de labores en todas las oficias públicas a nivel nacional, producto del toque de queda absoluto declarado para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio hondureño. 

Por medio de comunicado de 01 de junio de 2020, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) comunicó a los obligados tributarios, representantes procesales, apoderados legales y público en general, que se amplía la suspensión de los plazos legales que hayan comenzado a surtir efectos en los trámites iniciados a instancia de parte interesada o de oficio en el SAR, hasta el 08 de junio de 2020. Lo anterior, como respuesta a las medidas adoptadas a nivel nacional para evitar la propagación del COVID-19.

Por medio de comunicado de la Administración Aduanera de Honduras, se anuncia que en cumplimiento del Acuerdo Ministerial N° 52-2020 de fecha 26 de mayo de 2020 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico y en el marco de sus competencias, no permitirá el registro e inicio en Honduras de las Declaraciones Únicas Centroamericanas de Tránsito (DUCA-T) iniciadas con códigos de transportistas de Costa Rica y con destino a Costa Rica. 

Por medio de comunicado de prensa de 25 de mayo de 2020, el Instituto Nacional de Migración comunicó que a partir del 25 de mayo de 2020 quedó reaperturada la Delegación Migratoria Fronteriza de El Amatillo, para registros migratorios de hondureños, extranjeros residentes y diplomáticos, desde las 08:00 horas a las 16:00 horas. El horario de atención para el transporte de carga es las 24 horas de lunes a domingo.

La Corte Suprema de Justicia acordó ampliar el plazo de suspensión de labores en el poder judicial a nivel nacional, del lunes 18 al domingo 24 de mayo de 2020, con el fin de que funcionarios y empleados judiciales permanezcan en sus casas, limitándose a circular sólo si es de extrema necesidad o urgencia, por razones laborales o personales. Aplican excepciones para ciertos despachos y dependencias judiciales.

Se declaran inhábiles para efectos de actuaciones y plazos procesales, los transcurridos entre las 00:00 horas del 18 de mayo de 2020 hasta las 23:59:50 del 24 de mayo.  

Por medio de Decreto Ejecutivo N° PCM-043-2020, el Gobierno dispuso que los trabajadores y las empresas autorizadas por el Poder Ejecutivo para operar, están obligados a aplicar y cumplir con los protocolos de bioseguridad por motivo del COVID-19, aprobados por el Gobierno, con el fin de garantizar la salud de los trabajadores y la población en general.

A través del Decreto se crea una Comisión Interinstitucional encargada de verificar y garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad correspondientes. En caso de incumplimiento en la aplicación de los protocolos de bioseguridad, la Comisión deberá ordenar el cierre inmediato de la empresa por el periodo de duración de la emergencia sanitaria o de considerarlo oportuno podrán requerir al empleador por una única vez para que subsane los incumplimientos. 

El Gobierno de Honduras acordó ampliar el toque de queda absoluto vigente desde el 17 de mayo a las 23:00 horas hasta el domingo 24 de mayo de 2020 a las 23:00. La población será segmentada conforme a la terminación del último dígito de su cédula de identidad, pasaporte o carnet de residentes para extranjeros para que puedan abastecerse de alimentos, medicinas, combustibles e insumos en ferreterías, realizando sus trámites de forma ordenada de lunes a viernes, en horario de las 7:00 a las 17:00 horas

Por medio de comunicado, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) informó que se amplía la suspensión de los plazos en los trámites iniciados a instancia de parte interesada y de oficio en el SAR hasta el próximo 25 de mayo de 2020, en virtud de la atención de la situación de emergencia consecuencia del COVID-19.

De acuerdo al comunicado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, se hace de conocimiento las siguientes disposiciones en relación con el aporte solidario temporal para las empresas del sector turismo del país:

En el caso de las empresas del Sector Turismo afiliadas al RAP deberán consignar, además:

La información antes descrita deberá ser remitida en un cuadro Excel de acuerdo al formato Indicado.

5.  Planilla de Empleados del mes de febrero o marzo del 2020 junto a la Declaración Jurada que se indica en el numeral 1 del presente comunicado.

6.  Cualquier otra información que la STSS requiera en los casos que así lo considere.  Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la Secretaría General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social emitirá una constancia, misma que será remitida de forma electrónica al solicitante, habilitando a las empresas a acceder a los beneficios.

La constancia que al efecto se emita, no constituye en ningún caso la autorización para suspender los contratos de trabajo. 

Todas las solicitudes de autorización de suspensión de contratos de trabajo en el marco de lo establecido en el Código de Trabajo, deberán presentarse en tiempo y forma ante la Secretaría General en el término establecido posteriormente a la terminación del Toque de Queda derivado de la Emergencia Nacional decretada; cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo junto con los requisitos ya establecidos por ésta Secretaría de Estado, debiendo acreditar además, el pago de la aportación solidaria temporal otorgada a los trabajadores durante el periodo de Emergencia decretada por el Poder Ejecutivo.

Por medio de Decreto PCM-042-2020, se autorizó la prestación de manera presencial de los servicios a los usuarios del Sistema de Administración de Propiedad. En ese sentido, se comunicó a todos los colaboradores del Instituto que se procederá a la apertura de la Institución procurando las más estrictas medidas de bioseguridad, con el acompañamiento de un experto en la materia, proporcionando a los colaboradores todo el equipo de protección personal y la socialización de un protocolo de cuidado personal, entre otros requerimientos para las operaciones.

La apertura se realizará de forma progresiva, anunciando a cada dependencia las fechas de apertura e incorporación según los esquemas de trabajo que proponga cada Dirección. 

El Instituto de la Propiedad comunicó que está trabajando en el plan de reapertura de los centros de atención a nivel nacional y oportunamente informará sobre los servicios que e prestarán y las fechas de reapertura en cada una de las oficinas del Instituto.

A partir del jueves 14 de mayo, se habilitan las Oficinas Registrales Periféricas (ORP), ubicadas en BANHPROVI, BANPAIS, FICOHSA y BAC, en Tegucigalpa. Igualmente, a partir de esa fecha se habilita el Registro Mercantil ubicado en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.

Según comunicado de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Centro Asociado al Instituto de la Propiedad, condición bajo la cual administra el Registro Mercantil de Francisco Morazán estará reiniciando la prestación de los servicios de forma presencial para la inscripción de documentos, solicitudes de certificaciones y constancias a partir del jueves 14 de mayo en un horario de 8:00 a 12:00 horas y de las 13:00 a las 17:00 horas. La atención se brinda con cita previa. 

Por medio de comunicado a los obligados tributarios, auxiliares de la función pública aduanera y usuarios en general, la Administración Aduanera de Honduras comunicó que se prorroga hasta el 01 de octubre de 2020, la implementación obligatoria de la Declaración de Mercancías Anticipada para los Regímenes de Importación Definitiva código 4000 y Régimen de Tránsito Interno de Aduana a Aduana con código 8000, así como para el Tránsito Interno de Aduana a Zona Libre (ZOLI) con código 8100.

Según comunicado de 11 de mayo de 2020, la Administración Aduanera de Honduras en coordinación con la Intendencia de Aduana de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, comunicó a los usuarios y población general que a partir del 12 de mayo de 2020, se retoman las operaciones en el despacho de mercancías y operaciones aduaneras correspondientes a importación, exportación y tránsito de transportistas de carga terrestre en la Aduana Integrada El Florido. 

La Administración Aduanera hondureña comunica a la población en general y usuarios que debido a la detección de un caso positivo de COVID-19 en la Aduana El Florido, ubicado en el municipio de Copan Ruinas, en el departamento de Copan, las operaciones aduaneras y migratorias en dicha Aduana permanecerán temporalmente cerradas.

Se ha puesto a disposición la Aduana de Agua Caliente en Ocotepeque y PFI El Corinto en Cortés, para que los medios de transporte y usuarios en general desvíen sus rutas y realicen las operaciones correspondientes de forma temporal. 

Por medio de Decreto Legislativo 40-2020, se reformaron varios artículos de la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, destinadas a aliviar el impacto de esta en el sector turismo.

Las medidas incluyen:

Las empresas que ya hayan suspendido a sus empleados sin acogerse al Programa de Aportación Solidaria podrán hacer la transición de sus empleados para que éstos gocen de este beneficio.

Asimismo, se modificó el artículo 27 de la Ley sobre Firmas Electrónicas, para que en adelante disponga:

La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras comunicó el 06 de mayo, las siguientes medidas aplicables al Departamento de Cortés y los municipios de El Progreso, Yoro, Las Vegas y Santa Bárbara. Las medidas incluyen:

Por medio de Decreto Legislativo N° 40-2020, se publicó una modificación al Decreto Legislativo N° 33-2020, denominado Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, con el fin de introducir medidas específicas para mitigar el impacto de la pandemia en la industria del turismo. 

Por medio de Acuerdo N° PCSJ 28-2020, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, tomó la decisión de ampliar la suspensión de labores en el Poder Judicial a nivel nacional, del lunes 4 al domingo 17 de mayo de 2020, con el fin de que los funcionarios y empleados judiciales de todo el país permanezcan en sus hogares, limitándose a circular sólo si es de extrema necesidad o urgencia, por razones personales o laborales.

Los días de suspensión mencionados, desde las 00:00horas del lunes 4 de mayo hasta las 23:59:59 horas del domingo 17 de mayo, se declaran inhábiles para efectos de actuaciones y plazos procesales, quedando en suspenso hasta las 00:00 horas del lunes 18 de mayo de 2020, fecha en que se reanudarán los mismos y en que los funcionarios y empleados judiciales de todo el país deberán reincorporarse a sus labores.

Esta disposición podrá ser ampliada con el fin de evitar el contagio y propagación del COVID-19, según lo determinen las autoridades competentes. 

A través de comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, comunico las siguientes medidas como parte del plan para reducir el contagio de COVID-19:

Por medio de comunicado del 4 de mayo de 2020, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) dio a conocer una nueva ampliación de la suspensión de plazos legales que hayan comenzado a surtir efecto en los trámites iniciados a instancia de parte interesada y de oficio ante el SAR. Esta suspensión de plazos se extiende hasta el 18 de mayo de 2020.

Por medio de comunicado de 27 de abril de 2020, el Servicio Administración Renta (SAR) dio aviso de que los plazos legales que hayan comenzado a surtir efecto en los trámites iniciados a instancia de parte interesada y de oficio en el SAR, estarán suspendidos hasta el 04 de mayo de 2020, en virtud de que se decretó la detención de labores en todas las oficinas públicas a nivel nacional, así como que se estableció un toque de queda absoluto como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19. 

Por medio de Acuerdo del Servicio de Administración de Rentas (SAR) N° SAR-191-2020, de 16 de abril de 2020, se dispuso habilitar días y horas inhábiles a nivel nacional, del periodo comprendido entre el 19 de abril al 19 de julio de 2020, para el cumplimiento de las facultades de fiscalización, control, verificación, comprobación, notificación, recuperación de deudas, así como aquellas actuaciones que en el marco de sus competencias lleve a cabo el SAR a nivel nacional.

No obstante lo anterior, por medio de aclaración pública de 25 de abril de 2020, el SAR aclaró que la habilitación de días y horas inhábiles a las que se hace referencia en el Acuerdo anteriormente mencionado es únicamente para efectos de:

§  Protección al Consumidor, debido a abusos en altos precios a productos básicos; y,

§  Colaborar con los entes contralores e investigadores en las denuncias de casos de corrupción en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El Instituto de la Propiedad informó a los titulares de derechos de propiedad intelectual, representantes, apoderados legales y al público en general, que se habilitó la presentación por medios electrónicos de solicitudes para Signos Distintivos y Firma Electrónica a partir del lunes 27 de abril de 2020, con un horario de lunes a viernes, de las 8:00 horas a las 16:00 horas.

A cada solicitud deberá adjuntarse un archivo digital con las siguientes especificaciones:

Una vez recibida la solicitud de signos distintivos o firma electrónica se enviará contestación informando el número de recepción asignado a la solicitud, el cual será la fecha en que e recibió el correo electrónico.

Igualmente, se indicará a los interesados el procedimiento a seguir una vez que el Poder Ejecutivo habilite los plazos para las actuaciones administrativas; asimismo, respecto de los plazos y términos legales se recuerda en el comunicado que los mismos empezarán a correr una vez que sea suspendido el estado de excepción.  

Por medio de Decreto Ejecutivo N° PCM-033-2020, el Gobierno de la República de Honduras determinó extender por un plazo de siete días adicionales, contados a partir del 19 de abril de 2020, la restricción a nivel nacional de varios derechos fundamentales, como el derecho de reunión.

Por medio de comunicado de 22 de abril de 2020, el Instituto de la Propiedad de Honduras, informó que los términos y plazos de todas las actuaciones administrativas del Instituto de la Propiedad se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo del año en curso.

Esta suspensión se mantendrá según las prórrogas decretadas por el SINAGER y los términos y plazos comenzarán a correr nuevamente a partir del primer día hábil, según lo disponga el Gobierno.

En ese entendido, se extiende de manera automática la vigencia de los permisos provisionales para circular sin placas durante el estado de excepción. 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo N° PCSJ 18-2020, de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se dispuso ampliar la suspensión de labores en el Poder Judicial a nivel nacional, del 20 al 26 de abril de 2020, con el objeto de que los funcionarios y empleados judiciales permanezcan en sus viviendas, debiendo circular sólo en casos de extrema necesidad o urgencia, o por razones laborales o personales. La suspensión de labores se ha dado con el fin de restringir el trabajo presencial a lo mínimo indispensable.

Los días anteriormente mencionados se declaran inhábiles para efectos de actuaciones y plazos procesales, quedando suspendidos desde las 00:00 horas del lunes 20 de abril de 2020, hasta las 23:59:59 horas del domingo 26 de abril de 2020. Los plazos se reanudarían a las 00:00 horas del 27 de abril de 2020.

Por medio de comunicado de fecha 19 de abril de 2020, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, recordó a las empresas interesadas en acceder a los beneficios de la Ley de auxilio a las empresas y trabajadores por la pandemia del COVID-19, que deberán notificar por escrito las razones 

Por medio de comunicado del 20 de abril de 2020, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) anunció que los plazos legales que hayan comenzado a surtir efecto en los trámites iniciados a instancia de parte interesada y de oficio en el SAR, continuarán suspendidos hasta el 27 de abril de 2020, en virtud de que se decretó una detención de labores en todas las oficias públicas a nivel nacional, producto del toque de queda absoluto declarado para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio hondureño.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, informó sobre las siguientes disposiciones relacionadas con la Sección Séptima del Decreto Legislativo N° 33-2020, relativa a que los trabajadores que sean objeto de una suspensión de contratos por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria nacional, puedan recibir una aportación solidaria temporal.

Las empresas que decidan acogerse a las disposiciones de la Sección Séptima del Decreto Legislativo No. 33-2020, deberán enviar una nota al correo electrónico secretariageneralstss@gmail.com la cual debe contener los requisitos siguientes: 

La información antes descrita deberá ser remitida según las formalidades establecidas.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la Secretaría General de la Secretaría de Estado emitirá una constancia, misma que será remitida de forma electrónica al solicitante, habilitando a las empresas a acceder a los beneficios. Dicha Constancia no constituye en ningún caso la autorización para suspender los contratos de trabajo. 

Por medio de Acuerdo N° 231-2020, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se autoriza de forma transitoria durante el resto del 2020, la impresión de documentos fiscales a todos aquellos obligados tributarios que tengan limitados o condicionados dichos documentos. Estos obligados podrán solicitar los mismos a la Administración Tributaria a través de su Oficina Virtual: www.oficinavirtual.sar.gob.hn.  

De igual forma, se acordó que los documentos fiscales autorizados por la Administración Tributaria, cuya fecha límite de emisión venza durante el periodo de tiempo en el que se encuentre decretado el Estado de Emergencia, podrán utilizarse durante todo el periodo fiscal 2020. Estos documentos son válidos para los efectos legales que correspondan. 

Según comunicado del Régimen de Aportaciones Solidarias (RAP), de conformidad con lo establecido en la Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, aprobada el 3 de abril, se decidió:

Por medio del Decreto Legislativo N° 32-2020, publicado en La Gaceta el 03 de abril de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la restricción de ciertas garantías constitucionales, como por ejemplo, libertad de tránsito y libertad de reunión.

Adicionalmente, se adoptaron las siguientes medidas específicas:

La norma contiene excepciones para supuestos e industrias específicas.

En La Gaceta del 03 de abril de 2020, se publicó el Decreto Legislativo N° 33-2020, denominado “Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19”. La Ley contiene varias de las medidas anunciadas por el Presidente de la República en cadena nacional del 30 de marzo de 2020.

Las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa incluyen:

Rige a partir del 03 de abril de 2020.

Por medio de comunicado del 01 de abril de 2020, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, realizó las siguientes aclaraciones a la población en general:

Según comunicado de prensa de 29 de marzo de 2020, el Gobierno anunció una serie de medidas adicionales que se tomarán para mitigar y controlar la pandemia del COVID-19. Las medidas incluyen:

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en aras de garantizar el mantenimiento de los empleos y la sostenibilidad productiva de las empresas, adoptó las siguientes medidas:

El Instituto Hondureño de Seguridad Social, en atención a la emergencia vivida por el COVID-19 y  el cumplimiento de las medidas establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), actualizó el comunicado 08-2020, de 19 de marzo, y dispuso lo siguiente:

El Servicio de Administración de Rentas anunció a los obligados tributarios que utilizan documentos fiscales bajo la Modalidad de Impresión por Imprenta, con fecha de vencimiento entre el 15 y 29 de marzo de 2020, que se amplía la fecha límite de emisión hasta el lunes 30 de marzo.

Por resolución N° DGCFA-ISV-00001-2020, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se exonera del Impuesto sobre Ventas para la compra dentro del territorio nacional, las mascarillas y gel de mano. La medida rige desde el 12 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Mediante Decreto N° 29-2020, se decreta que las personas naturales y jurídicas no están sujetas al Impuesto sobre las Ventas e Impuesto de Producción y Consumo, en la compra local e importaciones de materias primas, insumos, material de empaque y envases necesarios para la fabricación de productos sanitizantes y medicamentos para atender la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) emitió un comunicado en el que hace del conocimiento de los obligados tributarios, representantes procesales, apoderados legales y público en general, que a efectos de los plazos legales que hayan comenzado a surtir efectos en los trámites iniciados a instancia de parte o de oficio en el SAR, se amplía la suspensión de los plazos legales hasta el lunes 30 de marzo de 2020.

Instituto Nacional de Migración informa, en relación con los flujos migratorios ante la pandemia del COVID-19, lo siguiente:

Por medio de Acuerdo Ministerio N° 023-2020, de 18 de marzo, el Gobierno acordó el establecimiento de una determinación en el precio máximo de venta de los 30 productos de la canasta básica alimentaria esencial, debido a la emergencia sanitaria declarada.

El Acuerdo es de ejecución inmediata y tendrá una vigencia de un mes, prorrogable por un mes más mientras persistan las causas que lo originaron.

En razón de la Alerta de Emergencia Nacional y la medida obligatoria de suspender labores del 16 al 20 de marzo de 2020, el Servicio Nacional de Rentas (SAR) comunicó a los obligados tributarios que se otorga prórroga hasta el 23 de marzo para el cumplimiento de las siguientes declaraciones:

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) emitió un comunicado en el que indica que con el fin de continuar atendiendo las consultas y asesoría a los obligados tributarios, el “Contact Center” (2216-5800) se encuentra operando en su horario habitual, de lunes a viernes, de 8:00 am a 4:00pm durante la temporada de prevención y suspensión de labores en las oficinas a nivel nacional.

Adicionalmente, indican que se puso a disposición los siguientes servicios para atenderlos vía telefónica:

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) anunció por medio de comunicado, que sus oficina suspenderán labores a partir del lunes 16 y hasta el viernes 20 de marzo de 2020, como parte de las medidas que se encuentran adoptando con el fin de prevenir la propagación del COVID-19.

No obstante, algunos canales digitales se encuentran disponibles con el fin de que se puedan realizar las gestiones ante el SAR.

Por medio de comunicación de 16 de marzo de 2020, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) comunicó a los obligados tributarios, representantes procesales, apoderados legales y público en general, que los plazos legales que hayan comenzado a surtir efecto en los trámites iniciados a instancia y de oficio en el SAR, se suspenderán durante el periodo del 16 de marzo al 20 de marzo de 2020, debido a que por la Alerta de Emergencia emitida por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), las oficinas públicas y el comercio en general cerraran puertas para evitar la propagación del COVID-19.

Capítulo 7

Medidas de COVID-19

Sobre el caso particular de Nicaragua, es importante resaltar que el Gobierno no ha dispuesto medidas especiales a la fecha, por lo que las obligaciones tributarias formales y materiales, se mantienen según lo dispuesto en la normativa; de igual forma, todo plazo se encuentra corriendo a la fecha.

En ese sentido, es necesario que las Compañías tomen las medidas necesarias con el fin de atender cualquier notificación o requerimiento de información por parte de las Autoridades, especialmente en aquellas donde se hayan dispuesto medidas de teletrabajo o similares. 

A continuación encontrará los principales contactos por país 

Costa Rica:

Panamá

Guatemala

República Dominicana

El Salvador

Honduras

Nicaragua

El artículo resume las principales medidas que están tomando los gobiernos de Centroamérica por el tema de COVID-19. El mismo está en constante actualización según se vayan sumando nuevas disposiciones de los gobiernos. 

Acerca de este artículo

Tax Managing Partner EY Latin America North and Tax & Legal Managing Partner EY Central America

Líder de Impuestos para Latinoamérica Norte y Líder de EY Law en Centroamérica, Panamá y Rep. Dominicana

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Las trabes de acero vencidas hacia adentro

La evidencia inicial sugiere que el soporte que sostenía las trabes cedió.

Zona de detalle

Anillo de cerámica

sin retirar

Colocación descuidada de

los pernos.

Anillo de cerámica

sin retirar

Los pernos se degollaron en donde estaban soldados en el acero.

Rotura de tajo en la soldadura

Colocación descuidada

de los pernos.

Rotura de tajo en la soldadura

Las trabes de acero vencidas hacia adentro

La evidencia inicial sugiere que el soporte que sostenía las trabes cedió.

Zona de detalle

Anillo de cerámica

sin retirar

Colocación descuidada de los pernos.

Anillo de cerámica

sin retirar

Los pernos se degollaron en donde estaban soldados en el acero.

Rotura de tajo en la soldadura

Colocación descuidada de

los pernos.

Las trabes de acero vencidas hacia adentro

La evidencia inicial sugiere que el soporte que sostenía las trabes cedió.

Zona de detalle

Anillo de cerámica

sin retirar

Colocación descuidada de

los pernos.

Anillo de cerámica

sin retirar

Los pernos se degollaron en donde estaban soldados en el acero.

Rotura de tajo

en la soldadura

Colocación descuidada

de los pernos.

Rotura de tajo

en la soldadura

Las trabes de acero vencidas hacia adentro

La evidencia inicial sugiere que el soporte que sostenía las trabes cedió.

Zona de detalle

Anillo de cerámica

sin retirar

Colocación descuidada

de los pernos.

Anillo de cerámica

sin retirar

Los pernos se degollaron en donde estaban soldados en el acero.

Rotura de tajo

en la soldadura

Colocación descuidada

de los pernos.

Rotura de tajo

en la soldadura

referencia:
www.ey.com
www.nytimes.com

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