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España evitará la multa de Bruselas con un plan de proveedores de 2.000 millones para ayuntamientos

España evitará la multa de Bruselas con un plan de proveedores de 2.000 millones para ayuntamientos

El Gobierno ha incluido en los Presupuestos un plan de proveedores de 2.000 millones para ayuntamientos para evitar la sanción de Bruselas por la morosidad de las administraciones

España evitará la multa de Bruselas con un plan de proveedores de 2.000 millones para ayuntamientos

El Gobierno ha diseñado un mecanismo de pago a proveedores dotado con 2.000 millones de euros destinado a 1.670 ayuntamientos con problemas financieros en aras de evitar la sanción de la Comisión Europea por la morosidad de las administraciones públicas tras el ultimátum dado por Bruselas a España.

Así figura en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, recogido por Economía Digital, en el que se recogen medidas destinadas a entidades locales que han incumplido en diciembre de 2020 o marzo o junio de 2021 el plazo máximo de pago a proveedores.

Las medidas se concretan en un mecanismo de pago a proveedores adaptado a las actuales circunstancias, con el objetivo de cancelar la deuda comercial anterior a 1 de julio de 2021. Es obligatoria para las entidades locales incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado cuyo período medio de pago a proveedores exceda de 30 días en alguno de los períodos contemplados (diciembre 2020 o marzo o junio de 2021).

En todo caso, requiere la aceptación de los proveedores para percibir el importe de sus derechos de cobro por este mecanismo, que se limitarán al principal de la deuda, ya que aquella aceptación implicará la renuncia a la percepción y exigencia de intereses de demora, costas y conceptos accesorios.

La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, precisó que a través del mecanismo se pondrán 2.000 millones a disposición de 1.670 entidades, mayoritariamente ayuntamientos y “alguna diputación”, para financiar su dificultad para cumplir los periodos de pago a proveedores. 

“Permitirá el saneamiento de estas entidades y que fluya esta liquidez hacia los proveedores”, enfatizó Barcón, quien apuntó que estas entidades tendrán que hacer un plan de ajuste, como con cualquier financiación, para garantizar la devolución en “tiempo y forma”. 

Según afirma el Gobierno, la medida, junto a otras de carácter ejecutivo, “permitirán al Reino de España adecuarse al dictamen motivado de la Comisión Europea dirigido a España, publicado el 9 de junio de 2021, que indicaba los incumplimientos de la normativa de medidas de lucha contra la morosidad por las corporaciones locales”.

No obstante, destaca que “no existe un problema generalizado de morosidad de las administraciones públicas españolas”, ni de las entidades locales, ya que el 80% de ayuntamientos y diputaciones provinciales presentan un período medio de pago a proveedores que se sitúa en el entorno de 30 días.

Bruselas volvió a a apercibir a España en junio a España por no pagar a tiempo a las empresas que contratan sus servicios con la administración, y le dio un plazo de apenas dos meses al país para que pusiese al día sus deudas y reduzca los altos niveles de morosidad que acumula el sector público o de lo contrario iniciaría un proceso de sanción.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a Economía Digital que el Gobierno solicitó una prórroga para contestar y la Comisión la aceptó. “Se trata de un procedimiento habitual dentro de la interlocución con Bruselas”, destacaron desde Hacienda.

La Comisión Europea no veía hasta ahora con buenos ojos las medidas y documentos que ha podido cotejar hasta ahora implementados por España para atajar la morosidad pública.

El Ejecutivo ya ha ido trabajando e intercambiando algunos documentos con Bruselas en este tiempo, con un primer informe enviado a mediados de agosto con datos sobre la reducción de los plazos de pago a proveedores en el Estado y las comunidades autónomas, aunque no ha dado una respuesta plenamente oficial.

Desde el área de Mercado Interior de la Comisión Europea altos cargos han solicitado información adicional también a distintos organismos tras ese primer informe insuficiente remitido por España a mediados de agosto con medidas correctoras para esquivar el proceso sancionador.

Fuentes conocedoras del proceso señalan que Bruselas no ve suficiente las medidas de la nueva ley ‘Crea y Crece’ que impulsa el Gobierno y sigue estudiando el expediente abierto a España. Con las nuevas medidas aprobadas el Gobierno podría lograr evitar la sanción y cerrar el expediente.

Periodista. Redactor de macroeconomía, fiscal y laboral procedente de agencias, informando desde Economía Digital para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones.

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