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Mónica Oltra niega ante el juez que participara en el caso de los abusos de su marido a una menor

Mónica Oltra niega ante el juez que participara en el caso de los abusos de su marido a una menor

Mónica Oltra ha comenzado a declarar a las 9 de la mañana y niega ante el juez que diera instrucciones a su marido en el abuso a una menor,

Mónica Oltra niega ante el juez que participara en el caso de los abusos de su marido a una menor

Exhaustivo interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia está sometiendo a la ex vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra en torno al caso que investiga si cargos y/o personal de la Consejería que ella dirigida supuestamente ocultaron las denuncias de una menor por los abusos a que la sometía el marido, entonces, de la propia Oltra. En concreto, el juez ha preguntado a Oltra cómo técnicos expertos pudieron mantener una larga conversación con Teresa, la víctima de los abusos, y nadie le preguntó por esos abusos y, sobre todo, cómo es posible que no dieran credibilidad a la entonces menor cuando ella era la víctima.

Además, el juez ha cuestionado a Oltra acerca de cómo es posible también que si la menor contó los abusos a que la sometía el marido entonces de Oltra, éstos no fueran puestos en conocimiento de la fiscalía hasta junio de 2017, 4 meses después.

Con anterioridad, la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra había negado ante el juez que ella diera instrucciones sobre el caso sobre los abusos de su marido a la citada menor.

El juez ha preguntado también a Mónica Oltra acerca del ‘pliego de descargo’ que se le permitió efectuar al ex marido de la vicepresidenta y autor de los abusos a la menor tras ser acusado de hechos de la enorme gravedad que suponen esos abusos a una menor cuando fue reincorporado a su puesto. Y cómo éste solicitó supuestamente la ayuda de la directora del centro para conocer qué quitar o poner. Por su parte, Oltra ha negado conocer la petición de cambio de centro que realizó la menor.

Según ha publicado también el diario Levante EMV, en su declaración de hoy, la ex vicepresidenta valenciana en relación a cómo es posible que técnicos con experiencia pudieran mantener una larga conversación con la menor abusada y que nadie le pregunte por los abusos y por qué esos técnicos no concedieron credibilidad a la menor, ella ha sostenido que no podía valorarlo: «yo no soy psicóloga».

La causa que investiga por qué cargos y/o personal de la Consejería que entonces dirigía Mónica Oltra no denunció los abusos del que era su marido y por la que Oltra está declarando hoy ante el juez fue reabierta el pasado año. Actualmente, hay 14 personas imputadas. incluida la propia Mónica Oltra, que fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a instancias precisamente del juez que hoy la interroga al considerar que no podía avanzar más en la investigación si la ex vicepresidenta valenciana no comparecía en calidad de imputada.

El reproche del juez a los funcionarios de Oltra que deban proteger a la vctima de abusos: «Nadie hace nada?»

"Si hubiera hecho una investigaci

«Si hubiera hecho una investigacin as hace 38 aos me hubieran despedido como juez de instruccin». As de contundente fue el magistrado Vicente Ros a la hora de recriminar su actuacin a los funcionarios de la Conselleria de Igualdad imputados en el caso de los abusos a una menor tutelada por parte del ex marido de Mnica Oltra. En los 13 interrogatorios que ha practicado y en su exposicin razonada al Tribunal Superior de Justicia para pedir la imputacin de la vicepresidenta valenciana, el juez no sale de su asombro ante las pesquisas que se siguieron desde que, en febrero de 2017, la menor comunic por primera vez los abusos.

La instruccin y los testimonios de los 13 imputados han desvelado, en opinin del juez, que «en ningn momento existi una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la nia y atribuidos al marido de Mnica Oltra», pero tambin un comportamiento que considera inexcusable: «Ciertamente, siempre se podr aducir que cualquiera puede tener errores en su labor profesional. Pero todos los funcionarios y profesionales intervinientes, a la vez, no. No al menos errores de esta envergadura«. Entre estos empleados pblicos y tcnicos investigados estn la directora y la subdirectora general de Infancia, las dos directoras territoriales y el secretario, la jefa de Servicio de Infancia, la tcnico jurdico, el jefe de la seccin del menor, una tcnico y una psicloga, as como la directora del centro de menores, la psicloga y la especialista del Instituto Espill que examin a la nia.

El inicio de los errores lo enmarca el juez en febrero de 2017, cuando la menor relata «nada menos que ante seis personas, y nadie haba dudado de su credibilidad», los abusos. Comienzan a investigarse en el centro hasta concluirse que no tienen credibilidad. Se sorprende el juez de que la seccin del menor valore la necesidad de que la nia se vea con una psicloga de la direccin territorial tras una conversacin «en total discrecin» entre dos de los funcionarios. Ni en el centro ni la psicloga, que reconoce no ser especialistas en abusos, le preguntan a la menor por los hechos, algo que interes especialmente al juez en los interrogatorios. «Sin hacerse ni una sola pregunta se tom la decisin de no hacer nada ms. Si no se buscan, no hay manera de encontrar indicios. Y, en estos casos, normalmente solo se cuenta con la manifestacin del menor», sentenci.

Tambin cuestiona el magistrado Ros qu relacin tena la vicepresidenta Oltra con el educador cuando fue apartado y por qu fue reintegrado el educador al trabajo tras el «cierre en falso» de la investigacin sin tener «informacin slida para meter al zorro en el gallinero», le dijo a un interrogado. Tampoco entiende «por qu nada de lo relatado fue informado a la Fiscala de Menores, siquiera a efectos de constancia en el expediente de proteccin de la menor. Y, por ende, ante la supuesta inexistencia de indicio alguno -toda vez que se ignoraron los existentes y se omiti verificarlos- los hechos no fueron puestos en conocimiento ni de la Polica, ni de la Fiscala, ni del Juzgado de Instruccin». Concluye el juez que todas las actuaciones practicadas entonces no tenan «voluntad real de esclarecer los hechos, sino de ocultarlos con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos».

De febrero, la instruccin salta a julio, a la intervencin de la Fiscala y la respuesta que dio propiamente la Conselleria. Entre periodos de vacaciones, firmas por ausencia y la excusa del ingente trabajo por el problemtico traslado de un centro de acogida, los responsables tardaron en cumplir los oficios de la Fiscal, admitiendo que incluso desconocan la judicializacin de la denuncia y la orden de alejamiento. «Cmo funciona esta Conselleria para que un jefe de seccin no sepa que hay medidas cautelares a un educador? Se marchan de vacaciones y nadie hace nada? Me inquietara estar en un servicio en el que del 6 de julio al 11 de agosto no se hace nada en un tema tan serio», reflexion el juez a un imputado. La tnica general mantenida por todos es que la informacin flua de abajo a arriba.

Si nadie conoca que un juez ya investigaba a Ramrez Icardi en agosto (la subdirectora defendi que lo supo «aos despus»), tampoco encontraron extrao que se encargara un expediente informativo. Pero es que el juez cuestiona tambin la manera en que se elabor lo que se bautiz como informacin reservada. Hasta el punto de que la instructora del expediente, Mara Jos Navarro, se entrevist con el educador para tomarle declaracin en un interrogatorio sin garantas constitucionales.

Y ello porque quien ya era investigado testific sin abogado y sin haber sido informado de que tena derecho a no declarar en un interrogatorio con preguntas que podan ser incriminatorias. «Hay cosas bsicas», le record el juez a Navarro, quien se limit a justificar: «Lo hice lo mejor que supe». Eso s, ante el juez neg haber recibido directrices para orientar su informe en una determinada lnea. «Qu sentido tena si existan unas diligencias de investigacin penal de los hechos?», pregunt el juez a Navarro. «Yo no saba que existan. Y eso me pregunto yo, para qu me lo encargaron. Yo cumplo rdenes», argument ella.

Pese a la retahla de reproches velados a la tarea de proteccin de la menor que deban haber realizado los funcionarios, el instructor mantiene la tesis de que esa manera de proceder obedeci a una orden. Es decir, que la actuacin de los profesionales imputados «tuviera que ver con decisiones de la mxima responsable de la Conselleria en la que trabajaban o de la que dependan todos ellos». Y para beneficiar a la pareja de Oltra: «Haciendo caso omiso a la nia, incluso desacreditndola, el beneficiario directo del proceder de los funcionarios y profesionales hasta ahora citados era el seor Ramrez Icardi».

No desdea tampoco que los hechos denunciados por la adolescente podran, adems, haber afectado «de forma muy relevante» a la dirigente valenciana en el plano de sus responsabilidades polticas, «ante la carencia de cualquier protocolo en la Conselleria para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una nia tutelada y en tanto que, por esta actuacin de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido». Dicho con otras palabras, el juez desliza que Oltra era consciente de lo que se jugaba a nivel personal, pero tambin poltico.

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El juez acorrala a Oltra en el interrogatorio: ¿Por qué no dieron credibilidad a la menor?

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