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El Gobierno desbloquea la ley trans, que reconocerá la libre autodeterminación de género

El Gobierno desbloquea la ley trans, que reconocerá la libre autodeterminación de género

El texto, que irá previsiblemente al Consejo de Ministros el 29 de junio, acepta el cambio de nombre y sexo en el DNI solo con la voluntad de la persona que lo solicite tras un plazo de tres meses

El Gobierno desbloquea la ley trans, que reconocerá  la libre autodeterminación de género

La negociación para cerrar una ley trans, atascada desde febrero, ha desencallado. Fuentes de la negociación han confirmado que el Gobierno ha desbloqueado la tramitación de esta norma, que llegará previsiblemente al Consejo de Ministros el próximo 29 de junio, en plena celebración del Orgullo. El gran escollo era lo que se conoce como libre autodeterminación de género, que supone que baste la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de informes médicos ni de años de hormonación, como ocurre ahora. La solución de consenso ha sido incluir tres meses como plazo administrativo desde que se solicita el cambio registral hasta que la persona coge el documento.

Para el Ministerio de Igualdad, que lleva desde febrero negociando e intentando la aprobación de esta norma, la libre autodeterminación de género era irrenunciable, así como para los colectivos LGTBI y trans que han sido consultados y escuchados durante el proceso. Finalmente, quedará incluida en la ley, tal como ha adelantado El Periódico y ha confirmado EL PAÍS, pero con el añadido que propusieron tanto los colectivos como Igualdad: ese plazo máximo de tres meses. Esta tramitación administrativa ha convencido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la más reticente con esta norma, para la que pedía “seguridad jurídica”.

En la última semana ha habido encuentros a todos los niveles entre tres partes del Gobierno implicadas en la negociación: Igualdad, Justicia y Vicepresidencia Primera. Representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB), la asociación Chrysallis de familias con menores trans y la fundación Triángulo acudieron el lunes 7 de junio a La Moncloa para hacer sus propuestas e intentar desbloquear la negociación. La principal, el plazo de los tres meses. La previsión es fusionar en una sola ley las dos propuestas que habían acordado los dos socios de Gobierno, una sobre personas trans y otra Lgtbi. Aún faltan flecos para cerrar ese texto conjunto pero se ha salvado la que desde el principio fue la principal dificultad.

Cuando se conoció el borrador de la ley elaborado por Igualdad en febrero, Calvo rechazó que se pudiera cambiar de sexo solo con la voluntad y pidió “seguridad jurídica” en el texto para que no sea tumbado por el Tribunal Constitucional, al que esperan que lo llevarán seguro Vox o PP. Detrás de las palabras de Calvo y de parte del socialismo español está una representación del movimiento feminista, que teme que este cambio puede conllevar consecuencias irreparables para las legislaciones y avances conseguidos por las mujeres.

En la actualidad, la persona que quiera cambiar nombre y sexo en el DNI debe solicitar una cita médica, empezar un proceso de hormonación y conseguir un certificado psiquiátrico, lo que alarga el proceso entre dos y tres años, según los cálculos de las organizaciones.

Tanto los colectivos como Igualdad rechazaron que sea un testigo o tercera persona, como barajaba el PSOE, quien acreditara la petición de cambio registral. Igualdad propuso a Justicia una solución similar a la de los colectivos. Es decir, que la persona realice una primera comparecencia ante el encargado del registro y vuelva a comparecer tres meses después tras “agotar el plazo del trámite que indica la propia ley del registro civil”.

El texto está en sintonía con la propuesta que hizo el propio PSOE en el Congreso y que fue aprobada en la cámara en 2019. También con las normativas aprobadas en 13 comunidades autónomas, la última Canarias, que lo aprobó por unanimidad recientemente.

El borrador presentado en febrero por Igualdad incluía también la libre autodeterminación de género para los menores de edad, otro punto que despertó recelos. Las organizaciones habían propuesto que el cambio se dividiera en tres tramos. Los menores de 12 años podrán pedir el cambio del nombre con sus familias. De 12 a 16, también acompañados por la familia o tutores legales, el cambio en el registro de sexo y nombre. Y, a partir de 16, sin tutela ninguna. Según el borrador citado por El Periódico, la autorización para el cambio con las familias se permitirá a partir de los 14, no antes.

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